Antifascismo
Cinco décadas de antifascismo en el País Valencià: de Miquel Grau a Benimaclet

El lanzamiento en televisiones públicas de la película sobre Guillem Agulló y los hechos acontecidos recientemente en el barrio valenciano y en Pego han dotado de mayor visibilidad a un movimiento antifascista que, sin embargo, nunca ha estado ausente en el País Valencià.

Era 6 de octubre de 1977 y faltaban pocos días para que Alicante pudiera acoger la primera manifestación en el País Valencià tras un largo periodo en el que la dictadura había arrasado con cualquier posibilidad de hacerlo. Cuatro jóvenes se encontraban en la céntrica plaza de los Luceros pegando unos carteles que Llum Quiñonero, una de las presentes, recuerda como “insulsos”. “9 d’Octubre Dia Nacional del País Valencià. Dia 8 celebració a Alacant” rezaba el escueto texto.

“Era estrictamente eso: cuatro barras, un fondo amarillo y esa convocatoria unitaria”, recuerda Quiñonero, autora del libro Miquel Grau 53/1977. Pero ese cartel, su llamamiento, le costó la vida aquel día a su amigo Miquel Grau cuando un joven, miembro de un grupo de extrema derecha, arrojó desde su vivienda un ladrillo que impactó en la cabeza de Grau y que le llevó a un coma tras el cual moriría diez días más tarde. El alicantino se convertía en una de las víctimas mortales del fascismo posterior a la dictadura más reconocidas a día de hoy, aunque no fue hasta 2015 cuando el Ayuntamiento de Alicante instaló, en el lugar de los hechos, una placa conmemorativa que, por otra parte, ha resultado vandalizada hasta en ocho ocasiones. 

Contexto

“El País Valencià fue un laboratorio de pruebas durante la Transición por parte de los artífices del cambio de régimen”, arranca Miquel Ramos. El periodista afincado en València y especializado en antifascismo hace referencia a los vínculos probados entre artífices de la Transición y grupos de la extrema derecha de ese periodo, pero incide en la “cuestión identitaria” para explicar la pervivencia de estas ideologías: en un momento en el que el franquismo encontraba un potencial punto de desestabilización en las reivindicaciones nacionales de territorios con lengua y cultura propias —con la experiencia previa en Catalunya y Euskadi—, el tejido asociativo valenciano y su reivindicación obrera también asustaba al régimen.

“Los valencianos sufrimos una de estas estrategias del establishment, que fue fabricar un conflicto identitario falso basado en el anticatalanismo”, defiende Ramos. El objetivo: “Neutralizar cualquier tipo de reivindicación que el pueblo valenciano pudiera tener de cara al nuevo modelo de Estado”, algo que se vio muy claro, prosigue el experto, en la redacción del Estatuto de Autonomía y lo que se ha venido a conocer como la Batalla de Valencia.

“Los valencianos sufrimos una de estas estrategias del establishment, que fue fabricar un conflicto identitario falso basado en el anticatalanismo”, explica Miquel Ramos, “para neutralizar cualquier tipo de reivindicación que se pudiera tener de cara al nuevo modelo de Estado”

La fecha de inicio de este conflicto se fija en 1976, un año antes del asesinato de Miquel Grau, cuando Franco había muerto pero el anticatalanismo más violento estaba en un punto álgido, abriendo una brecha que 45 años después no se ha cerrado. Llum Quiñonero tenía 23 años y era una cabeza visible del Movimiento Comunista del País Valencià (MCPV) cuando mataron a su amigo: “Era un momento especial porque era un primer momento del cambio. No se podía esconder esa violencia, y menos en un escenario y en un punto tan público”, defiende la que también fue diputada en Les Corts.

Aquiles Rubio, profesor de instituto y miembro del Casal Popular Tio Cuc de Alicante, concuerda: “El 77 fue un año de mucha movilización y lucha política, de alta tensión social: tres días después del ataque a Miquel Grau se celebró una manifestación de medio millón de personas en València por el 9 de octubre, y unos meses antes habían sido las primeras elecciones democráticas”.

Para evitar una mayor agitación, en un primer momento se intentó desvincular el ataque al joven con un asunto político y, a pesar de su muerte cerebral, también se procuró extender en el tiempo, narra Quiñonero, el proceso de desconectar a Miquel Grau, para “alejar el atentado de la fecha de su muerte y tratar de que la gente se calmara”. Pero esos días la ciudad se llenaba de flores, poemas y velas: “Hasta que murió Miquel había una movilización permanente”, resume la periodista. “Esa misma noche en el País Valencià había miles de personas colgando ese cartel y todo el mundo sintió que la cabeza de Miquel podría haber sido la suya”. 

“Esa misma noche en el País Valencià había miles de personas colgando ese cartel y todo el mundo sintió que la cabeza de Miquel Grau podría haber sido la suya”, expone Llum Quiñonero, presente el día de los hechos

Quizás este momento tan convulso influyó en que la figura de Miquel Grau haya quedado más diluida en el tiempo que la de otras víctimas del fascismo como Guillem Agulló, cuya figura ha saltado a la opinión pública recientemente tras el estreno simultáneo en las televisiones catalana, valenciana y balear de un documental sobre su historia, pero que Rubio valora que de por sí logró un eco mediático mayor por el contexto: “Agulló se sitúa en un momento en el que hay una democracia más normalizada y una cierta paz, así que fue un golpe diferente”.

Guillem Agulló, nacido en Burjassot, murió la madrugada del 11 de abril de 1993 en Montanejos (Castelló) cuando un grupo de jóvenes de extrema derecha le propinaron una cuchillada. Núria Cadenes, activista y escritora que reconstruyó en la novela Guillem la historia del joven, dudó sobre si identificar o no en su texto a quienes fueron juzgados por el asesinato: “Los peones ejecutores son ellos, pero en la lucha antifascista nos entretenemos demasiado en el nombre, y en ese proceso no nos fijamos tanto en las manos blancas que mataron: quiénes protegen a los asesinos, quiénes permiten que esa violencia siga impune, qué estructura hace que suceda”. 

Impunidad

A pesar del intervalo de 16 años entre un asesinato y otro, Miquel Grau y Guillem Agulló tienen algo en común: la falta de justicia en sus casos. “El asesino de Miquel tiene una condena de 12 años, una reducción a seis y después un indulto parcial. En el 81 ya estaba fuera de prisión”, destaca Rubio, quien añade que, teniendo en cuenta el contexto, sí que se hizo justicia, pues se celebró un juicio con una acusación popular y se dictó una condena. Pero, matiza, “la política permitió entonces, si no que quedara impune, que su castigo fuera bastante limitado”.

El asesino confeso de Guillem Agulló, por su parte, salió de la cárcel a los cuatro años por buena conducta y, de hecho, se presentó a elecciones municipales en 2007. Miquel Ramos vuelve a la Batalla de València cuando valora la impunidad de estos crímenes: “De aquella ultraderecha más violenta y más activa, que ponía bombas contra escritores, contra librerías, nunca se detuvo a nadie. La herencia de todo esto fue esa permisibilidad, durante los años 90, hacia los grupos nazis; el asesinato de Guillem Agulló, el blanqueamiento de la extrema derecha, los atentados impunes de nuevo... Y eso hasta la actualidad”, defiende. “Si además cuentan con cierta complicidad, inacción o indolencia, por parte de las instituciones o de los responsables policiales y jurídicos, ya tenemos el escenario perfecto para que estos grupos puedan hacer lo que les dé la gana sin apenas consecuencias”. 

“De aquella ultraderecha más violenta y más activa, que ponía bombas contra escritores y contra librerías, nunca se detuvo a nadie. La herencia de todo esto fue esa permisibilidad hacia los grupos nazis”, defiende Miquel Ramos

Llum Quiñonero se remonta a los años 80: “Los responsables de las detenciones entonces venían de la Brigada Político-Social, y eran los mismos que nos tenían que defender. Muchos de los miembros de la Brigada Político-Social pasaron entonces a ser responsables de las nuevas comisarías, no se produjo ningún cambio”, asevera. “En los años 80 no había una institucionalidad democrática porque ni en el Ejército ni en la policía ni en los juzgados ni mucho menos en los estamentos económicos había personas que podíamos considerar demócratas, porque eran los mismos que habían estado durante el franquismo”, apoya Rubio. Aunque esas personas ya no continúan ahí, “sí han impregnado todas las instituciones”, defiende el profesor. 

Andreu Moreno es abogado y lleva casi una década actuando como defensa de jóvenes antifascistas. Además de opinar que existe una politización en la Fiscalía, recuerda la ausencia de renovación en el poder judicial: “Muchos jueces estudiaron Derecho durante el franquismo, lo que supone que tienen una educación franquista y que sus familias podían permitírselo, por lo que es probable que fueran de la oligarquía”, defiende.

Otro punto que critica el abogado es la falta de cuestionamiento que el cuerpo judicial muestra ante la policía en los tribunales: “Es cierto que prevalece el principio de veracidad con respecto a la policía, pero ningún juez piensa nunca que se han inventado un atestado”. Miquel Ramos añade que las fuerzas de seguridad funcionan bajo la premisa de orden público, pero que el problema radica precisamente en esa visión que no admite matices y pone en un mismo plano a neonazis y antifascistas: “Mientras haya un marco legal o unas órdenes políticas que ayuden a que la policía haga estas interpretaciones y, además, trate por igual a quienes defienden los derechos humanos y a quienes quieren acabar con ellos, el relato ya viene dado por los propias instituciones”.

Frente al inmovilismo de las instituciones, Núria Cadenes aporta algo que sí considera que ha cambiado en los últimos 50 años: el conocimiento y la conciencia colectiva. “No debemos perder eso de vista: ellos no cambian, pero nosotros sí” 

Pero en medio de este inmovilismo, Núria Cadenes aporta algo que sí considera que ha cambiado en los últimos 50 años: “Si hay algo que ha evolucionado desde entonces hasta ahora es el conocimiento y la conciencia colectiva. No debemos perder eso de vista: ellos no cambian, pero nosotros sí”.

Respuesta popular

En perspectiva temporal, todavía hoy resuenan los ecos de las manifestaciones multitudinarias y la respuesta de la sociedad civil valenciana, que llenó las calles de Alicante durante aquel octubre del 77. La sociedad alicantina hizo una colecta para sufragar los gastos del entierro y acudió en miles al funeral en un acto colectivo que fue interrumpido por los antidisturbios por orden del gobernador civil. Denunciaban el asesinato de Miquel Grau, vehiculizando también los reclamos por la democracia y las libertades, rompiendo con el miedo y la violencia que llevaba décadas acallando a una parte de la población. “No teníamos el miedo ni el silencio que habían tenido que guardar nuestros padres. Teníamos una relación con la historia porque habíamos recibido información y tratábamos de deshacer todos aquellos nudos. Éramos herederas de toda esa denuncia y de todo ese silencio”, reconoce Quiñonero. 

Desde esos años hasta la actualidad, con un punto de inflexión marcado por el asesinato de Guillem Agulló, la respuesta de condena y de rechazo público a los discursos violentos y de odio ha sido protagonizada en gran medida por una sociedad civil cada vez más organizada. Miquel Ramos destaca en ese sentido la creciente legitimación social de una respuesta antifascista “cada vez más trasversal”: “Existe una reacción democrática, pro derechos humanos y antifascista al fin y al cabo, frente a todo esto”, explica. Hace referencia a la respuesta social que volvió a emerger con los ataques violentos ocurridos el 9 de octubre de 2017: “Fue espectacular, estamos hablando de que más de 15.000 antifascistas salieron a la calle en València, en la que podría ser una de las manifestaciones antifascistas más grande de los últimos años en todo el Estado español”, resalta Ramos.

Una respuesta que volvió a ocupar las calles el pasado 12 de octubre, cuando un grupo de ultraderecha desfilaba, en el marco de una manifestación autorizada, por el barrio de Benimaclet. Ese día, exhibieron públicamente diversos símbolos fascistas y anticonstitucionales, pero recibieron una respuesta multitudinaria de manifestantes antifascistas que se sumó al abucheo de los vecinos y vecinas que, desde los balcones y las azoteas, les expulsaban del barrio. En la jornada hubo tres detenidos, los tres antifascistas.

Antifascismo
El barrio de Benimaclet planta cara al odio en una jornada histórica

Cerca de mil antifascistas se concentran en el barrio de Benimaclet mientras una convocatoria de la ultraderecha apenas logra reunir a medio centenar de personas que han sido abucheadas desde los balcones durante todo su desfile.

El abogado que llevó su defensa valoró como exagerada la detención al narrar que los tres manifestantes tuvieron que permanecer tres días en la comisaría, acusados de delitos del odio, desobediencia y robo con violencia ante una supuesta sustracción de un móvil que niegan haber cometido. Uno de los detenidos, afirmó el abogado, tuvo que estar unas horas en el hospital por un porrazo en la cabeza. Cuando Llum Quiñonero fue a denunciar junto a sus amigos los hechos de aquella noche de 1977, cuenta que ellos mismos resultaron ser los primeros señalados por el crimen. “El trato que recibieron los compañeros de Miquel Grau en la comisaría en 1977 fue el mismo que recibieron los detenidos de Benimaclet recientemente. El mismo trato. Eso es lo que denunciamos”, expone Rubio.

“El trato que recibieron los compañeros de Miquel Grau en la comisaría en 1977 fue el mismo que recibieron los detenidos de Benimaclet recientemente. El mismo trato. Eso es lo que denunciamos”, expone Rubio

Algo similar a lo acontecido en Benimaclet ocurría casi una semana después, el domingo 18 de octubre, en la localidad de Pego. Aprovechando un encuentro futbolístico del CF Gandia, un grupo de unos 30 ultras recorrieron el pueblo haciendo apología del nazismo. Tan solo un par de horas después, más de 100 antifascistas del pueblo y de poblaciones cercanas de la Marina Alta y La Safor se reunían en la puerta del campo de fútbol para repudiar estos hechos, una respuesta que se saldó con siete detenciones que fueron públicamente denunciadas públicamente el pasado miércoles 11 de noviembre por Acció Antifeixista País Valencià.

“El pueblo y sus propios vecinos se manifestaron en contra de estos grupos, demostrando que las instituciones padecen una falta grave de perspectiva democrática y una peligrosa equidistancia”, destaca Ramos, quien resalta el contexto histórico de este municipio: no fueron tres —como decía la canción de la Gossa Sorda—, sino cinco los vecinos de este pueblo que fueron llevados a los campos de concentración nazis en Mauthausen. 

Memoria histórica
La memoria alicantina que escapa de los campos nazis

Al menos 188 alicantinos fueron deportados y más de un centenar murieron en los campos de concentración del nazismo entre 1941 y 1945. Ante la falta de iniciativa de las instituciones, algunos familiares, investigadores y colectivos trabajan para recordar lo que sucedió y para honrar la memoria de quienes fueron represaliados por sus ideales.

(Re)construcción

“La esperanza pasa por exigir continuamente. [Joan] Fuster decía que toda política que no hagamos nosotros será hecha contra nosotros, y [Ramón] Barnils, que si tú no te ocupas de la política, lo harán los políticos”, parafrasea Núria Cadenes al ser preguntada sobre el papel de las instituciones en la lucha contra el antifascismo. Para ella, no hay que perder de vista que “los buenos políticos van por detrás de la ley”, y valida su hipótesis con la respuesta dada por las administraciones tras la respuesta popular de Benimaclet: “La indignación pública fue tan grande que en esa ocasión tuvieron que decir: identificaremos [a las personas que exhibieron símbolos antidemocráticos] y tomaremos medidas”. Fue la Conselleria de Calidad Democrática, dirigida por Rosa Pérez, quien lo hizo: “Al poco tiempo de los hechos de Benimaclet, solicitamos a Delegación de Gobierno información para identificar a estas personas y proceder al proceso sancionador”, cuenta la consellera a El Salto.

“La indignación pública fue tan grande que en esa ocasión las administraciones tuvieron que decir: identificaremos [a las personas que exhibieron símbolos antidemocráticos] y tomaremos medidas”, recuerda Cadenes

Pero al tiempo que aplaude la “cívica y ejemplar” respuesta del barrio de Benimaclet, Cadenes carga contra las administraciones: “¿Cómo se permite que un grupo conocido por sus ideas fascistas vaya a hacer su provocación a Benimaclet”, cuestiona, en referencia a la consolidación del movimiento antifascista, feminista y antirracista de ese barrio valenciano. Susana Gisbert, delegada de Delictes de Odio de la Fiscalía provincial, explicitaba en una entrevista publicada poco después de los hechos que la manifestación de la ultraderecha en València partió de una convocatoria que se presentó como una manifestación contra el Gobierno de España: “No permitirla habría sido censura”.

“Desde el momento en que un partido que convoca una concentración, bajo el lema que sea, es legal, la Delegación de Gobierno está obligada a dar ese permiso: es una cuestión administrativa”, corrobora Miquel Ramos. “Ahora bien, delegación debería haber mostrado cierta habilidad para valorar si este era el sitio más idóneo para que este grupo por motivos de seguridad y de orden público, porque está demostrando que no sabe ni dónde está ni lo que tiene delante”, resalta el periodista. “Además, el dispositivo policial de aquel día apoyaba ese relato de protección de un colectivo que, como se ve en las fotos, estaban exhibiendo banderas nazis delante de la policía, y no pasó nada”. Rosa Pérez hace alusión a la propuesta de la Conselleria en formar a la Policía Nacional en la ley valenciana de memoria histórica, aprobada en 2017, para que pueda velar por su cumplimiento, pues en su artículo 40 explicita la prohibición de exhibir estos símbolos.

Esta ley prevé la creación de un Instituto Valenciano de Memoria Democrática que debe encargarse de analizar y sancionar estas infracciones a través de un expediente iniciado y gestionado por él. Pero tres años más tarde, no existe y se ha avanzado poco en su creación. Pérez matiza que el organismo “no es un fin, sino un instrumento” y que hasta su puesta en marcha las competencias se están asumiendo desde la Dirección General de Reformas Democráticas.

Rubio critica, no obstante, que no es la primera vez que se exhiben símbolos franquistas en territorio valenciano con impunidad: “Está muy bien que se diga que van a iniciar una investigación, pero en estos tres años esa ley existía y no se ha hecho nada”, valora. “No podemos cambiar el pasado, pero que se haga ahora, realmente, delante de quien corresponda”, añade. Andreu Moreno apunta en la misma dirección: “Que exista una norma que permita sancionar estos hechos y no se aplique nunca evidencia dos cosas: o hay una falta de voluntad o implicación política para aplicarla [por parte de Delegació del Govern] o la policía y judicatura no está por la labor de denunciar este tipo de actuaciones”. 

Cinc Dècades Antifeixisme País Valencià 2

Rosa Pérez alude a que, desde su nombramiento como consellera el año pasado, la ley se aplica cuando se tiene constancia: por eso la denuncia pública de lo acontecido en Benimaclet fue fundamental para esa respuesta desde las administraciones, del mismo modo que la efervescencia del movimiento antifascista puede marcar el camino. Ramos opina que este fortalecimiento surge como respuesta al auge de la extrema derecha en Europa: “Ahora existe una normalización e incluso un blanqueamiento de este tipo de discursos, porque el éxito de la extrema derecha no es tanto conseguir escaños como que sus mensajes sean aceptados como una opinión respetable más, y esto genera una reacción sana de los demócratas”.

Las instituciones, valora Ramos, “deben tomar nota para saber en qué están fallando para que sea la propia sociedad civil la que bajo su cuenta y riesgo salga a la calle a defender la democracia que ellas no son capaces de defender”

Moreno valora que quizás el movimiento antifascista también ha ganado más visibilidad por las redes sociales, que permiten informarse de hechos de los que no necesariamente se hacen eco los telediarios, si bien critica a las instituciones que todavía sea difícil encontrar una que se declare abiertamente antifascista, en parte por el relato de “tribus urbanas” con el que se han tratado, reseña Ramos, estos conflictos políticos. En cualquier caso, Ramos insiste en que las instituciones “deben tomar nota para saber en qué están fallando para que sea la propia sociedad civil la que bajo su cuenta y riesgo salga a la calle a defender la democracia que ellas no son capaces de defender”. Hace alusión a que, antes de la manifestación de la ultraderecha en València el pasado 12 de octubre, una pancarta que rezaba “Guillem Agulló ni oblit ni perdó” fue retirada por orden del Ayuntamiento de València. 

Aunque la pancarta fuera retirada, la memoria de Guillem Agulló perdura en esas acciones, en libros y documentales, en las consignas de los manifestantes del pasado 9 d’Octubre. Del mismo modo que Miquel Grau es recordado cada aniversario de su muerte en Luceros, cuando el Casal Tio Cuc organiza un nuevo homenaje delante de la placa conmemorativa que tantos años costó conseguir. Llum Quiñonero cuenta que le sobraban los motivos para escribir el libro sobre Miquel Grau: era su amigo, cercano a su familia, compartían ideales, “quería llegar a viejo”, conquistar espacios en esa democracia que asomaba. Pero también cree que la obligación trascendía de lo personal: “Debemos justicia y reconocimiento a quienes han perdido la vida por una sociedad democrática y libre de fascismo. Y tenemos que hacer todo lo que podamos para que un hecho así, tan esencial en nuestras vidas, en la historia de nuestro país y de nuestra ciudad, deje de estar en los márgenes. En caso contrario, nunca seremos una sociedad madura”.

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