Asturias
Asturias dejará de reclamar deudas inabordables a personas beneficiarias de su renta mínima

El pasado jueves 28 de mayo se votaba en la Junta del Principado de Asturias algo que cientos de personas llevan esperando mucho tiempo: un cambio en la normativa autonómica que permitirá evitar que perceptores del salario social básico, renta mínima autonómica, tengan que pagar deudas por cobros indebidos de la prestación. La propuesta, presentada los Grupos Parlamentarios Socialista y Convocatoria por Asturies IU-Más País-IASy Asturias, aliviará a muchas personas en situación precaria que se enfrentan a deudas que pueden llegar hasta a los 30.000 euros, en muchos casos como efecto del  solapamiento entre el Salario Social Básico, autonómico y el Ingreso Mínimo Vital, de carácter estatal, o la tardanza en actualizar los datos por parte de la administración, a pesar de que las personas perceptoras cumplieran con la obligación de notificar los cambios en su situación. 

En la proposición de ley para la modificación de la ley 3/2021 de 30 de junio, de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, para la protección de las personas frente al reintegro de prestaciones percibidas por actuaciones imputables a la administración, discutida durante la jornada del jueves, se insiste en la urgencia para aprobar la normativa, al entender que las personas afectadas se encuentran en una situación que requiere una rápida acción. No obstante, tendrán que esperar un poco más. Tras no superar el trámite de Lectura Única, dada la negativa de los partidos de derecha a  asumir esta vía, la reforma de la normativa será aprobada por trámite de urgencia, en razón a lo que en el texto se denomina “necesidad social inmediata” aludiendo a la gravedad del impacto de estas deudas en la realidad de las personas afectadas. 

Fue en abril cuando se anunció que los partidos que conforman el Gobierno del Principado habrían llegado a un acuerdo para promover este cambio normativo. Bajo el titular: “Solución a las deudas del salario social que el Principado reclama a un millar de asturianos: serán perdonadas gracias a un cambio legal”, el periódico La Nueva España, recogía esta iniciativa, que exoneraría  el pago de las cuantías reclamadas, siempre que la administración haya cometido un error.  

Así, en los casos en los que la persona perceptora haya trasladado la información de cambios en su situación en tiempo y forma, y no haya actuado de mala fe, o cuando los errores en el pago sean imputables a la administración o a retrasos en la actualización de las cuantías, no se reclamará la deuda. La proposición para la modificación de la ley asume que las cantidades percibidas son destinadas a los gastos básicos de las personas beneficiarias, una presunción que sólo podrá ser rebatida presentando pruebas.

Colectivos y personas afectadas llevan tiempo reivindicando que se aplique la doctrina Čakarević c. Croacia ante las reclamaciones de deudas por cobros indebidos 

En la exposición de motivos del documento, se relaciona la propuesta con la aplicación de la doctrina “del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fijada en la sentencia de 26 de abril de 2018, caso Čakarević c. Croacia, y en la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo español”, que ha ido aplicando esta doctrina, proveniente del caso de una ciudadana croata que denunció a su país después de que se le exigieran la devolución de una deuda por cobros indebidos del subsidio de desempleo que había sido generada por un error de la administración. 

El texto recuerda que esta doctrina excluye “el reintegro de prestaciones indebidamente percibidas cuando la persona beneficiaria no proporcionó datos falsos o inexactos, no contribuyó a la demora administrativa y las cantidades abonadas, por su naturaleza y cuantía, se presumen destinadas a atender necesidades básicas”. Colectivos y personas afectadas, llevan tiempo reivindicando que se aplique esta doctrina ante las reclamaciones de deudas por rentas mínimas o Ingreso Mínimo Vital, algo que no siempre sucede. 

La reforma pone además plazos a la administración que dispondrá de seis meses para solicitar reintegros, desde el momento en el que se comunica el cambio de circunstancias. Un extremo que terminaría con las enormes deudas acumuladas durante años por falta de actualización de la administración.  En los casos en los que no proceda la exoneración total de la deuda pero no haya fraude ni mala fe por parte de la persona afectada, la administración deberá facilitar un marco de devolución que se ajuste a la situación económica de las familias, sin sumar recargos o intereses. Por último la norma introduce la retroactividad, es decir, aquellas personas que se hayan visto afectadas por expedientes de cobros indebidos antes de la aprobación de la modificación de ley, podrán ver cómo se les devuelve la deuda abonada si cumplen los requisitos, contando con un año para hacer el trámite. 

Una batalla desde abajo

Vanesa Izquierdo es integrante de la Asociación Contra la Exclusión Alambique, radicada en Asturias, entidad que denunció el pasado marzo a la Dirección General de Gestión de Derechos Sociales ante la Fiscalía General del Tribunal Superior del Principado de Asturias por la gestión del Salario Básico Social, y en concreto por su decisión, tomada en 2019, de reclamar los cobros indebidos.  El escrito, firmado por Izquierdo, incluye una lista de treinta expedientes en los que la administración reclama miles de euros a personas perceptoras de esta renta mínima, superando la deuda mayor, los 34.000 euros. La mayoría de los nombres que aparecen son femeninos, revelando una situación de feminización de la pobreza que certifican los números. Todas esas mujeres y hombres recibieron en los últimos tiempos una carta en la que se les decía que debían abonar esas cantidades, una losa económica que les llevó a buscar ayuda.

La Asociación Alambique lleva años luchando contra esta situación, e intentando reunir a la gente afectada por las reclamaciones de deuda. La gente venía inicialmente pero al final se echaba para atrás, explica Izquierdo a El Salto, pero la preocupación era enorme: “ya lo único que atendemos son alegaciones a la reclamación de los cobros indebidos de salario social o de ingreso mínimo vital”. En base a esta realidad, desde septiembre empezaron a organizarse de nuevo con las personas afectadas.

Son dos administraciones las que reclaman cobros indebidos, la autonómica y la estatal, para dar la batalla contra las deudas derivadas del IMV, la asociación se sumó a la campaña de ATD Cuarto Mundo, organización que ha liderado la denuncia al gobierno español por el reclamo de cobros indebidos ante el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, un proceso que sigue su curso.  Desde Asturias, Alambique hace de puente sumando los casos que registra en el Principado. 

Para el frente autonómico, en la asociación han realizado acciones durante todo el año, la última el pasado miércoles 27 de mayo. La denuncia ante la Fiscalía por parte de Alambique, fue el factor al origen del cambio en la normativa que deberá de efectuarse en las próximas semanas. Izquierdo evoca el proceso que les ha llevado hasta aquí: “En un principio lo que lanzamos como propuesta a la gente fue recoger las situaciones de las personas”, situaciones que incluían tanto la deuda que se les reclamaba, como las alegaciones presentadas, la respuesta de la administración y las consecuencias en sus vidas. Un histórico de una secuencia que condena a cientos de personas a la desesperación. 

“Desde ahí intentamos armar una denuncia, nos planteamos ir a Fiscalía con la intención de que se pudieran abrir diligencias contra la Administración, ya que individualmente no podemos ir porque no hay recursos para poder enfrentarnos a un contencioso administrativo”, explica la activista. De manera paralela, el escrito se presentó ante el Defensor del Pueblo. Mientras que desde la Fiscalía se les contestó que a partir de ese texto no podía plantear diligencias, el Defensor del Pueblo sí que les escuchó.

“El Defensor del Pueblo nos contestó que estaba de acuerdo, que había instado a la Consejería a tomar medidas, que no podía hacer la reclamación de deuda como la estaba haciendo y que había que ofrecerle a las personas una posibilidad de devolución de la deuda adecuada a las circunstancias e incluso, si era error de la administración, no reclamarles la deuda”, narra Izquierdo, con este apoyo, intensificaron la campaña para visibilizar el problema, ante la dificultad de conseguir que un tema que afecta a tantas familias acabara en la prensa.  En este proceso, activaron un recurso de la política autonómica: el derecho de petición ante la Junta del Principado. Allá se presentaron muchas personas a pedir individualmente que las formaciones políticas pusieran la cuestión de las deudas a debate. Las solicitudes se admitieron a trámite, y algunos medios empezaron finalmente a poner el foco en la problemática. 

“Nosotros todo el rato hablamos de condonación de la deuda porque entendemos que las personas han hecho las cosas en tiempo y forma y han obrado como dicta la ley”

El mecanismo funcionó: un reportaje en La Nueva España, en el que se incluían historias de las personas afectadas, activó el siguiente paso: gracias a esa visibilidad, desde Alambique forzaron una reunión con la Consejera. “En principio pensamos que iba a ser algo nefasto, porque no nos la iban a dar”, pero tras algunas anulaciones o atrasos finalmente el encuentro se dio. “Siempre fuimos escépticos y cuando íbamos a la reunión no íbamos con vistas de que fuese nada positivo. Pero justo a la víspera nos cambian el sitio y nos trasladan que será en la sede de Hacienda, contando con la presencia del Consejero”, relata Izquierdo. 

La reunión pintaba bien, pero limitada: se habló de revisar los expedientes, de modificar la ley del salario social, impedir que, como viene sucediendo, a las personas se les reclame deuda por los últimos cuatro años. “Nosotros todo el rato hablamos de condonación de la deuda porque entendemos que las personas han hecho las cosas en tiempo y forma y han obrado como dicta la ley y no es responsabilidad de ellos el no haber parado los cobros”, explica Izquierdo, que recuerda que la gente no recibe ninguna comunicación para avisarles de su situación. Ante la petición de condonación, las autoridades compartieron su temor de que esto implicara un agravio comparativo para la gente que ya había pagado total o íntegramente la deuda. Aún así, la impresión fue positiva: “la gente salió relativamente contenta porque sí que se veía un atisbo de luz. Y nuestra sorpresa es que luego, en la nota de prensa que lanzan ellos, van mucho más allá de lo que habíamos hablado en la reunión”.

Si bien en el texto votado el pasado jueves no aparece la palabra “condonación”, la apertura a que se revisen los expedientes de todas las personas que han sido afectadas, abre la posibilidad a una aplicación retroactiva de los cambios, celebran desde Alambique: “Todas las personas que ya pagaron, están pagando o que deberían de pagar pueden pedir la revisión de sus expedientes, y si finalmente son exoneradas de la deuda, la gente que pagó puede pedir que le devuelvan el dinero”, explica Izquierdo para que quede clara la amplitud de una conquista que no se esperaban.

El jueves la Asociación Alambique ya sabía lo que iba a pasar: un primer intento de pasar la reforma por Lectura Rápida que no hay fructificado, y una redirección hacia el procedimiento de urgencia.  Para que no afloje la presión y se haga efectivo el cambio, los activistas y afectados estuvieron el día antes en la Junta General del Principado, “realizando una acción para visibilizar y poner en el foco, y asegurarnos de que ningún partido se eche para atrás”. Para el trámite de urgencia, una mayoría simple bastará.

Sí se puede

Después de tantos años luchando para que las disfunciones en la gestión del Salario Social Básico no se convirtieran en un quebradero de cabeza para una población ya empobrecida, Izquierdo define estas últimas semanas como “un subidón”. Tras numerosas asambleas en Gijón y Avilés, en las que, detalla, se juntan una media de 30 personas cada dos o tres semanas, “el volumen de personas ha ido subiendo, ahora mismo, pues igual tenemos 200 personas entre las más activas”. Esta descripción pormenorizada de la gente que se suma refleja el esfuerzo que pone la asociación para dar volumen y perseverancia a un pulso que muchas veces carece de apoyo.

Además de un núcleo de personas que empujan en Alambique, no hay muchas entidades que hayan acompañado a las personas que vienen afrontando este duelo contra la administración, Izquierdo menciona a las organizaciones más próximas: “Fundación Mujeres ha sido un activo como medio para llegar a más personas afectadas, sobre todo porque la gran mayoría son madres solteras, muchas víctimas de violencia de género”. Izquierdo lamenta la falta de apoyo de otras entidades, “algunas incluso consideran que está bien que se cobren estas deudas”, comenta sorprendida. 

La activista valora que hay algunos factores que en último término han posibilitado que se esté por conseguir el objetivo de acabar con el problema de las deudas. De un lado, el hecho de que ya haya otras administraciones que han tomado cartas en el asunto:  “Nosotros siempre hemos puesto como referencia a Cataluña y Galicia porque son las únicas comunidades autónomas que han abordado este tema”. En definitiva, insiste la activista: “se trata de tener la voluntad política para cambiar la situación”. 

“Las personas han pasado de ver su problema de manera individual a entender que es algo colectivo, que no es algo que les pasa a ellas solas y que no es su responsabilidad”

Ayuda también un contexto político en el que se acercan unas elecciones, una Consejería de Derechos Sociales con unos cuantos frentes abiertos —que incluyen también retrasos en las valoraciones de la ley de dependencia, o problemas con el bono térmico, sintetiza Izquierdo— y la progresiva judicialización de las deudas. Una judicialización que se da a pesar de la dificultad de las personas para acceder a abogados, dada la falta de recursos, o a la negativa de los abogados de oficio a defenderles.  Con todo, Izquierdo habla de más de cincuenta casos en los tribunales, una judicialización, considera, que deja en evidencia a la Consejería y asienta precedentes. “Va habiendo sentencias que empiezan a fallar a favor de las personas, como ha pasado en otros sitios”.

Pero si hay algo clave para esta activista es que las personas hayan empezado a juntarse, que haya continuidad en su pulso. “Nosotros, como Alambique, si la gente no está, no podemos hacer nada. Somos muy poquitos, somos muy pequeños”, se trata de juntarse e ir haciendo cosas poco a poco, no parar, “las personas han pasado de ver su problema de manera individual a entender que es algo colectivo, que no es algo que les pasa solo a ellas y que no es su responsabilidad”.  Juntarse también permite hacer “una pequeña red que sirve para compartir los problemas”, apunta la activista.

Dinámicas  de apoyo mutuo similares, se dan a nivel estatal, entre las personas afectadas por el Ingreso Mínimo Vital, un subsidio por el que también se reclaman cobros indebidos a las mismas personas afectadas por las deudas derivadas del Salario Social. Para Izquierdo, combatir la mala gestión del IMV parece más difícil: “nadie toma decisiones sobre el Ingreso Mínimo Vital aquí en las autonomías, que es donde estamos. Es difícil saber dónde confrontarlo porque está muy deslocalizado”. 

En este marco, denunciarlo en Europa tiene todo el sentido, pero “la burocracia es muy lenta, la respuesta está siendo muy lenta. El gobierno está demasiado lejos para que podamos hacer incidencia”. Así que siguen siendo puente, con ATD Cuarto Mundo, para sentir, al menos, que algo se está moviendo, pues: “a veces la sensación es que aquí con el salario social estamos consiguiendo mucho, pero que el ingreso mínimo se nos escapa: el hecho de que el IMV sea algo a nivel estatal lo aleja mucho de lo cotidiano, de la gente”.