Desigualdad
Casas embargadas y deudas impagables: la gestión del IMV sigue castigando la vulnerabilidad

“La situación que están viviendo miles de familias vulnerables en todo el país es ya moral, social y políticamente insostenible”. Así comienza el comunicado que el Colectivo de Afectados y Afectadas por el Ingreso Mínimo Vital publicó el pasado 15 de mayo. El texto, que señala la negativa por parte del gobierno de aceptar las recomendaciones del Defensor del Pueblo respecto a la reclamación de cobros indebidos de esta ayuda, se suma a una larga letanía de comunicados y reclamaciones que ponen de manifiesto cómo la que fuera medida estrella de protección social durante la pandemia, ha ido dejando a lo largo de los años un cúmulo de dificultades y quebraderos de cabeza entre las personas beneficiarias. 

En este sentido, el Colectivo de Afectados y Afectadas por el Ingreso Mínimo Vital recordaba en su comunicado que “el propio Ángel Gabilondo —la máxima institución encargada de velar por los derechos de la ciudadanía frente a la Administración— ha advertido formalmente del daño que está causando el actual sistema y ha recomendado modificar la normativa para limitar estos perjuicios tras detectar consecuencias reales y devastadoras sobre miles de familias vulnerables”.

El colectivo conoce bien estas “consecuencias reales y devastadoras”, pues brega diariamente con estas situaciones. Situaciones que, denuncian, dan cuenta de cómo “hoy existen miles de familias que sienten que esta prestación se ha convertido en una trampa burocrática de la que no pueden escapar”. Desde Canarias, Ana, una de las integrantes del Colectivo, lleva semanas intentando dar visibilidad a una de estas situaciones. Parece que ha suscitado finalmente cierta atención por parte de la prensa, pues es de una gravedad que a esta activista, que ha visto todo tipo de casos, le ha parecido inédita.  Se trata del caso de dos hermanas de Córdoba, ambas discapacitadas, a las que han embargado la casa después de reclamarles una deuda que supera los 20.000 euros. 

Ana, que ha leído el expediente completo, considera que el caso es escandaloso: “he visto la carta que le han mandado a la hermana mayor, que es la beneficiaria, para comunicarle la deuda que se les reclama. Es terrible la forma  en la que la tratan, como si ella fuera culpable de sus  circunstancias, cuando la realidad no es esa”. Por eso cuando el caso llegó a sus manos, la activista se dijo “esto no se puede quedar así”: Primero llamó al Defensor del Pueblo andaluz, con quien pudo hablar personalmente y a quien le remitió el expediente. Por otro lado tiró de sus contactos en prensa: “para que salga a la luz pública y que la gente vea lo que realmente está pasando con nosotros, que esto es un desastre”.

“Somos personas, no somos números. No estamos aquí por gusto. No han hecho bien las cosas”

Perdidas en la trampa burocrática

Desde Córdoba, María (no es su nombre real) explica que está sufriendo mucho estrés y ansiedad. “Me reclaman una deuda de veintiun mil y pico euros por el cobro indebido del ingreso mínimo vital”, enuncia, antes de desarrollar una historia en la que la composición de la unidad de convivencia desata un cúmulo de fatalidades. Con 45 años y una discapacidad del 45%, María comparte con su hermana menor, quien tiene una discapacidad del 67% la que fuera la casa de sus padres.

A María le dan primero el IMV de oficio, en él incluyen a un menor, que aunque lleva tiempo sin vivir allí, sigue empadronado en la vivienda, algo que la afectada dice desconocer. Aunque avisa del cambio de situación, los tiempos de la administración son lentos y la primera deuda ya se ha generado. La segunda se genera cuando, por recomendación de un conocido, María incluye a su hermana en su unidad de convivencia, la administración tarda de nuevo en actualizar la información, se genera otra deuda. “Ellos dicen que yo incumplí una ley, pero yo no sé qué leyes, no entiendo, yo no tenía ni idea de cómo iba eso”.

“Estamos en exclusión social, tenemos los documentos”, apunta María a quien la situación le ha forzado a aprender de todo: ha ido presentando todos los documentos que se le iban requiriendo y ha interpuesto un recurso de alzada a través de un trabajador social, también ha solicitado un abogado de oficio para judicializar su caso. Ahora tiene que esperar a ver qué pasa, y aunque aún no han recibido una orden de desahucio, sienten que la casa se les viene encima: las termitas están devorando las vigas y amenazan con que el techo se caiga, pero el embargo les impide actuar.

“No tenemos familia que nos ayude”, explica María, quien agradece al menos haber encontrado al Colectivo de Afectados y Afectadas por el IMV y a la asociación ATD Cuarto Mundo en su búsqueda desesperada de apoyo. “Todo esto me está trayendo mucho dolor de cabeza, mucha ansiedad, me está generando estrés y me aprieta el estómago. He perdido el apetito. He tenido que ir al médico”. María ha perdido ya la cuenta de los papeles que ha enviado. Tiene un mensaje para la administración. “Somos personas, no somos números. No estamos aquí por gusto. No han hecho bien las cosas”. 

Apoyo mutuo frente al cansancio

Desde Canarias Ana coincide en que el apoyo de la organización ATD Cuarto Mundo ha sido fundamental para dar peleas como la de María y tantas otras. Durante estos años, algunos de los casos que han acompañado en su batalla contra la burocracia no han acabado bien, “pero después otras personas que nos han pasado sus casos han logrado ganar y sus sentencias han hecho jurisprudencia”. 

No haberse quedado paradas, explica Ana, poder ayudarse unas a otras, ha marcado una diferencia enorme, algo facilitado por internet: “Por ejemplo, yo estoy en Canarias y me siento sola aquí en mi comunidad con mi caso. Otra persona está en Barcelona, otra en Asturias...  pero hemos podido ir formando red. Sabemos que no estamos solas”.

A lo largo de estos años, han presenciado cómo se han ido poniendo “parches” en la gestión y normativa del IMV.  “Pero el problema todavía no está solucionado. Siguen saliendo casos, siguen saliendo reclamaciones, siguen saliendo cobros indebidos”. Aunque admite que quizás pueda darse alguna pequeña mejora, valora que si lo que se desea es poner fin a disfunciones que ponen en vilo vidas como la de María: “Tendrán que revisar toda la ley, tumbarla y hacerla de nuevo, o reformarla”.

La judicialización de la desgracia

Hontanares Arranz está cansada, lleva años mapeando “desgracias”, los muchos casos de personas en situación de vulnerabilidad que acuden a la asociación ATD Cuarto Mundo para buscar orientación que las ayude a salir del laberinto burocrático. El año pasado, el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa aceptó una reclamación colectiva en la que denunciaban a España por su gestión del IMV. Destacaba, entre las disfunciones señaladas, la de los cobros indebidos: que implica perseguir a perceptoras y perceptores con deudas inabordables. Se trata de deudas derivadas, en la mayoría de los casos, de una mala praxis de la administración: en concreto por la lentitud en la actualización de las cuantías, o la concesión de prestaciones de oficio —es decir sin que las beneficiarias las pidan siquiera— cuando no se cumplen los requisitos, y cuya revisión posterior genera deudas. 

“Mientras esto no se cambie, se van a acelerar estas consecuencias. Y encima ya empiezo a ver titulares un poco tendenciosos”.  Arranz se refiere, por ejemplo, a piezas que comienzan con un titular como este: “Hacienda destapa el cobro indebido del Ingreso Mínimo Vital al revisar las rentas de una beneficiaria y detectar ingresos superiores al límite permitido”. La activista muestra su hartazgo con este tipo de titulares: “lo dicen de una manera como si alguien hubiese ocultado algo, pero aquí nadie oculta nada”. Arranz lamenta que, mientras la nota explica que a la mujer le fue dado el IMV de oficio y en ningún momento ocultó sus datos, el titular parece avalar un relato que “culpabiliza a los perceptores”. 

Para evitar estas situaciones, la Reclamación Colectiva presentada por ATD Cuarto Mundo y la Oficina Jurídica de Derechos Sociales —con numerosos colectivos adheridos— solicitaba ante el Comité una medida inmediata, explica Arranz, la suspensión de todos los procesos de cobros indebidos, algo que el gobierno no ha considerado. Mientras la organización espera a que el Gobierno responda, la situación, considera Arranz, ha ido a peor: “ahora mismo, por ejemplo, se está haciendo un cruce masivo de datos con el Instituto Nacional de Estadística y cuando se encuentran un expediente que no coincide la unidad de convivencia con la que tiene registrada la Seguridad Social para el Ingreso Mínimo Vital, escriben cartas a la gente para que informen”.

“Quizás hay gente que no está comunicando variaciones en sus unidades de convivencia porque sabe que esto le puede implicar un largo trecho ante la administración”

Estas personas precisarán de un informe de servicios sociales para acreditar que no tienen vínculos económicos con quienes conviven y que están en situación de vulnerabilidad. Es decir, se enfrentan al requisito de pasar por unos servicios sociales saturados, que además carecen de estimaciones sobre cuántas personas están siendo afectadas por este cruce de datos. Una información necesaria para poder organizarse, denuncia Arranz, que trabajan en los servicios sociales de un ayuntamiento. También le preocupa la falta de unificación de criterios respecto a esta situación, algo que genera desigualdad a la hora de responder a las necesidades de las personas.

Todo ello en un contexto de gran inestabilidad habitacional donde las personas perceptoras ven a menudo modificadas sus condiciones de convivencia, con cambios frecuentes en la composición de las casas. Mientras, la emisión de los certificados exige cierta constancia: “hay que renovarlas, hay que rehacerlos: Implica un proceso de bastante continuidad que no todo el mundo conoce. Quizás hay gente que no está comunicando variaciones en sus unidades de convivencia porque sabe que eso le puede implicar un largo trecho ante la administración, y eso les paraliza”. 

A la activista también le preocupa que aunque algunas fuerzas políticas estén recogiendo estos malestares respecto a las disfunciones del IMV, hablando con las personas afectadas, “al final nadie está haciendo realmente nada eficaz con este tema”. Hay partidos que se reúnen con ellos, pero luego no hacen seguimiento ni cumplen sus compromisos, “claro, oyeron cosas que no quisieron sobre sus rentas autonómicas. Querían cargar contra el gobierno por esto, y se dieron cuenta de que mejor se callaban”. Arranz pone como ejemplo el que tiene más a mano, el de una Comunidad de Madrid que directamente ha acabado con la Renta Mínima de Inserción.  Mientras, son las personas en situación de exclusión, que reciben las cartas reclamando miles de euros, quienes acaban asumiendo la tarea de confrontar con la administración. Un pulso en el que se están obteniendo victorias, pero con un gran coste: “no todo el mundo tiene ni la posibilidad ni la fuerza para dar esta lucha”.

“Me siento estafada”

A más de cuarenta mil euros asciende la deuda que la Seguridad Social le dijo a Inés (no es su nombre real) que tenía, en la carta que recibió hace unas semanas. Residente de la Comunidad de Madrid, ella fue una de las miles de personas que se vieron forzadas, en 2020, a pasar de la Renta Mínima de Inserción al IMV. Allí se llevó el primer susto: mientras aún cobraba la Renta Mínima, el IMV le llegó con atrasos meses después, por lo que la Comunidad de Madrid le reclamó entonces por cobros indebidos. En aquella ocasión pudo devolverlo íntegro. Y en los años siguientes siguió cobrando el IMV. Pero el hecho de que viviese con su abuela y la pareja de esta empezó a ser fuente de problemas: según los criterios del IMV, distintos a los de la Renta Mínima, Inés formaba una unidad de convivencia con las personas residentes en la casa. Y aunque en el padrón figuraba esta información desde el principio, en la administración no repararon en su situación hasta años después.

“Yo empecé cobrando como unos 600 y ya terminé cobrando, unos 900€”, explica, apuntando a que cada tanto el gobierno salía anunciando la subida de la cuantía. Separada y con dos hijos a su cargo, esta ciudadana no podía imaginar el problema que esta prestación le iba a suponer después: “Entiendo que si cobraba aquello era porque me correspondía”. Inés piensa que fue hace tres años, cuando nació su segundo hijo y ella lo comunicó, cuando la Seguridad Social empezó a revisar su caso, y al ver que convivía con su abuela y la pareja, empezó a reclamarle documentación, que ella fue entregando. Durante los últimos meses notó que le iban reduciendo la ayuda, hasta su total extinción a principios de este año. Fue después cuando le llegó una carta en la que se le notificaba que se había incluido a su abuela —una mujer de más de noventa años con una pensión no contributiva— en la unidad de convivencia, “así me enteré de que por consanguinidad de segundo grado dan por hecho que compartes economía, yo no lo sabía”. 

“Un funcionario de la Seguridad Social me dijo que el hecho de no saber no te exime de la culpa. Pero qué delito he cometido yo, ellos ya habían visto los papeles”

“Un funcionario de la Seguridad Social que me atendió una de las veces que fui a entregar toda la documentación me dijo que el hecho de no saber no te exime de la culpa. Pero qué delito he cometido yo, ellos ya habían visto los papeles”, explica Inés que no acaba de entender que se le penalice sin que se le informara desde el principio de que el hecho de vivir con su abuela, ante la imposibilidad de conseguir en el mercado inmobiliario una vivienda para ella y sus hijos, afectaba a su derecho de percibir el IMV. 

“Ahora me reclaman desde el 2020 hasta el 2025, más de 40.000 euros, con cantidades distintas cada año”, cantidades que no alcanza a comprender. Tras conversar con Arranz de ATD Cuarto Mundo ahora sabe que en realidad parte de esa deuda ha prescrito, no pueden reclamárselo: “hasta esa carta la han hecho mal”. Inés ha conseguido un trabajo temporal por la tarde, y por la mañana su trabajo es recopilar documentos e información para defenderse ante la administración, y contarle la misma historia a cada funcionario que le atiende, “algunos son más comprensivos que otros”, valora.  

También lamenta que, mientras ella tiene que cumplir estrictamente con los plazos para cumplimentar la documentación que se le exige, la administración se toma su tiempo para hacer lo propio. Ahora Inés está más enfadada que deprimida: “me siento estafada porque si llego a saber que va a pasar todo esto, me hubiese quedado en la renta mínima, u otra ayuda que me hubiese correspondido”. 

“Hablamos de personas”

El comunicado publicado el 15 de mayo por el colectivo de afectadas por el IMV exige: “responsabilidad política, humanidad y voluntad real de corregir esta situación”, demandando “protección social real”, frente a una “maquinaria burocrática” que destroza la vida de miles de personas. Además, mientras reclaman al gobierno, y en particular al PSOE que actúe, instan a las demás fuerzas políticas a “que dejen de utilizar nuestro sufrimiento como arma partidista y registren de manera inmediata iniciativas legislativas concretas, modificaciones legales y enmiendas destinadas a blindar jurídicamente a las personas perceptoras del IMV frente a estos abusos”.

El colectivo exige así que el gobierno rectifique su postura respecto a los cobros indebidos y acepte “las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo”. Una acción que debería traducirse con urgencia en una reforma de la Ley del IMV “que elimine de forma definitiva la retroactividad punitiva de las revisiones y garantice seguridad jurídica a las familias afectadas”, para que mujeres como María o Nieves no vean sus existencias en vilo entre carta y carta de la administración.