Renta básica
La causa contra los fallos del Ingreso Mínimo Vital sigue su curso en Europa

A pocos meses de que el Ingreso Mínimo Vital cumpla su sexto aniversario, los ecos de los problemas que rodean  a esta prestación de la seguridad social han llegado a Europa. En junio de 2024, tras un proceso colectivo, la organización ATD Cuarto Mundo, junto a la Oficina Jurídica de Derechos Sociales (OJDS),  presentaron una reclamación colectiva a partir del trabajo conjunto con las personas perjudicadas por las disfunciones de la ayuda, articuladas en colectivos como la Plataforma de afectadas por el IMV. 

El destinatario del extenso documento presentado era el Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea (CEDS). En la Reclamación Colectiva nº 241/2024, admitida a trámite un año después, en junio de 2025, las organizaciones acusaban al gobierno de no cumplir con la Carta Social Europea, en varios de sus artículos. En octubre, tras haber pedido dos prórrogas, llegaría la réplica del gobierno, una respuesta que las organizaciones encontraban insatisfactoria. En febrero  de 2026 presentaron su propia respuesta. Hace una semana, el 19 de marzo, el Comité hizo público el intercambio entre organizaciones y gobierno. La pelota está ahora en el tejado de este último, que debería contestar a finales de marzo, o pedir una nueva prórroga. 

En una nota de prensa difundida poco después de que el CEDS hiciera público el intercambio de reclamaciones, réplicas y contrarréplicas, tanto ATD Cuarto Mundo como la OJDS dejaban de nuevo constancia de “su profunda preocupación por el contenido de las observaciones remitidas por la Abogacía General del Estado, en representación del Gobierno de España”. En particular señalan la falta de “evidencias sustantivas de cumplimiento de los artículos 13 y 30 de la Carta —derecho a la asistencia social y protección contra la pobreza—, limitándose a afirmar que el IMV forma parte de un conjunto de políticas públicas”, y denuncian la falta de “explicaciones verificables sobre la adecuación de las cantidades, la continuidad real de las prestaciones, ni sobre los criterios restrictivos que excluyen a ciertos grupos, como jóvenes, personas sin residencia legal o familias numerosas”.

En especial, la integrante de ATD Cuarto Mundo, Hontanares Arranz, achaca a la réplica del gobierno “falta de sensibilidad hacia los miles de personas que están viéndose afectadas por los cobros indebidos. No hay ni un indicio de que vayan a cambiar nada, es muy fuerte”, lamenta, en referencia a las personas que, tras haber sido beneficiarias del IMV, vienen recibiendo años después comunicaciones en las que se les exige la devolución de altas cantidades, tras ajustes tardíos y a menudo no explicados, en base a la actualización de sus ingresos, “hemos vuelto a insistir al Comité con la petición de medidas urgentes que paralicen los cobros indebidos. Es más, nos parece tan importante que lo hemos puesto en el primer punto”, apunta Arranz. 

Cuenta la activista, cuya organización, pertenece a la Plataforma RMI tu derecho —que viene históricamente denunciando las fallas de la madrileña Renta Mínima de Inserción, y que desde que se aprobara el Ingreso Mínimo Vital, ha fiscalizado el desempeño de esta nueva prestación y sus efectos en las vidas de las personas que lo perciben—, que la publicación de las comunicaciones por parte del Comité, les ha permitido hacer público un documento nuevo: el informe sobre el Ingreso Mínimo Vital al que se remite el Abogado del Estado para responder a la Reclamación admitida en Junio.

“Hemos vuelto a insistir al Comité en la petición de medidas urgentes que paralicen los cobros indebidos”

Profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Barcelona, Pepa Burriel Rodríguez-Diosdado, es una de las personas que se implicó en la elaboración de la reclamación colectiva. Como el resto de sus compañeros, que ejercen distintas profesiones, desde el trabajo social a la medicina familiar, esta docente colabora en su tiempo libre para participar en un proceso que tiene por objetivo visibilizar cómo esta política de protección social está teniendo efectos adversos en parte de la población a la que pretendía ayudar. 

“Yo me dedicaba, entre otras cosas, a investigar el IMV y a poner de manifiesto todas las barbaridades que a nivel técnico iba encontrando. En una conferencia en noviembre del 2022 una profesora me dijo: tienes que hablar con ATD Cuarto Mundo, porque están siguiendo este mismo problema”.  Tras contactar con la organización, Burriel se sumaba a la reclamación colectiva, un proceso colaborativo, que la experta califica de “éxito total”. Un trabajo minucioso que, sin embargo, habría sido replicado de manera vaga y decepcionante por parte del gobierno, lamenta.

Propaganda sin datos

Frente a los anexos presentados por los firmantes de la reclamación, que incluyen informes de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el Consejo de Trabajo Social o la Asociación Alambique, centrada en esta temática, Arranz califica el informe que figura como anexo de la respuesta del Ministerio como “una vergüenza” y se pregunta por qué no lo han publicado, dado que parece ser la base en la que se fundamenta la Abogacía del Estado para defender la gestión del Ingreso Mínimo Vital. ATD Cuarto Mundo ha optado por publicarlo todo en su web, pues reclaman transparencia sobre el proceso.

“Nosotros hemos utilizado toda la artillería que ha llegado desde junio a febrero, que ha sido mucha”, Arranz se refiere a sendos informes publicados por el Tribunal de Cuentas y por el AiREF, ambos muy críticos con la gestión del IMV. Y explica que su réplica a la primera respuesta del gobierno estaba llena de datos después de que este considerara que no constaba información suficiente que justificara la aplicación de medidas cautelares como el cese inmediato de los cobros indebidos. La activista considera que es el gobierno el que no responde con datos a los puntos planteados en la reclamación. 

El comunicado de las organizaciones hace patente la decepción respecto a la respuesta del gobierno que, según explican “sostiene en su defensa que la normativa y la gestión del IMV se ajustan a la Carta Social Europea Revisada, refiriéndose al Ingreso Mínimo Vital como una medida “modélica, única en el mundo’ y alineada con el Pilar Europeo de Derechos Sociales”. Una actitud que Arranz define como “pavoneo” con respecto  a la medida, que se presenta “como octava maravilla mundial”, ironiza. 

En la nota de prensa, califican “las afirmaciones de las autoridades españolas”, como “insuficientes, inexactas y alejadas de la realidad social que viven las personas beneficiarias del IMV”. Además consideran que “no explican las razones por las que consideran que el Estado cumple los estándares de la Carta Social ante cada una de las críticas denunciadas en la queja, y tampoco rebate ninguno de los incumplimientos concretos denunciados”.

“Tanto el AiREF como el Tribunal de Cuentas se han quejado también de esta falta de transparencia”

Burriel también manifiesta su decepción: “Estábamos esperando al menos una respuesta jurídica. Algo ante lo que pudieses decir, ‘no estoy de acuerdo, pero hay un razonamiento detrás’. Pero aquí no hay un razonamiento lógico. Lo que nos encontramos es una propaganda con datos inexactos”. La docente destaca especialmente la falta de respuestas concretas ante los argumentos con los que, en la Reclamación inicial, se acusa al Ingreso Mínimo Vital de ser “contrario a la Carta Europea Social Europea”. 

A pesar de que el informe del ministerio está jalonado de números, las organizaciones reclaman la dificultad para acceder a la información concreta que han ido solicitando respecto a la gestión de la prestación. No están solas en el descontento. “Tanto el AiREF como el Tribunal de Cuentas se han quejado también de esta falta de transparencia”, recuerda Burriel. Algo que vienen reclamando sin éxito es “el informe de litigiosidad con respecto al reintegro de prestaciones indebidas”. La profesora tiene una hipótesis sobre qué podría haber detrás de estas fallas de gestión y comunicación, y que se deberían a una falta de dirección: “No se quiere reconocer que hay errores, puesto que el IMV tampoco es un proyecto del INSS. Es un proyecto del anterior Ministro de Seguridad Social, que era el ex presidente de la AIReF y que lo llevó de una manera solitaria, sin interlocución social”, reflexiona respecto al trabajo de Jose Luis Escrivá, antiguo titular de la cartera.  

Miles de denuncias

Para Burriel, una de las muestras más evidentes de que la gestión del IMV está generando sufrimiento en muchas de las personas afectadas es la elevada litigiosidad respecto a los cobros indebidos. “Cuando trabajamos sobre las medidas inmediatas a reclamar, investigué cuántas sentencias pueden existir sobre el IMV. En un periodo acotado de tiempo me salen como más de 4000 resultados. Y eso que seguramente el número es incompleto, y que la base de datos del Consejo General del Poder Judicial tampoco es completa”. La profesora buscó con “doctrina Čakarević” un enfoque que se refiere a un antecedente en el que una ciudadana croata consiguió, tras recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se condenara a su país por obligarle a devolver prestaciones que se le habían abonado indebidamente como resultado de un error de la administración. Esta doctrina se viene aplicando en casos de cobros indebidos pero su uso es irregular y no todas las personas afectadas consiguen revisar su situación en virtud de este principio.

Pero la impugnación del IMV va aún más allá, sus críticos consideran que en general no funciona. “Tanto desde el punto de vista de ATD Cuarto Mundo, como desde mi punto de vista, a nivel técnico es una prestación que debería eliminarse. Ahora bien, los efectos tan graves que está generando en la población más vulnerable deberían cesar de inmediato”, explica Burriel refiriéndose a los procedimientos abiertos sobre cobros indebidos, instando, como han hecho en la reclamación, a que se suspendan estas medidas, y lamentando que no se pueda exigir de manera retroactiva. 

Y es que, recuerda, que según afirman en su segunda réplica, lejos de ser casos aislados, el problema de los cobros indebidos (o los pagos indebidos, como se les califica desde las organizaciones haciendo énfasis en que el fallo está en la administración que paga indebidamente) “es un efecto general causado por la norma”. Un efecto de consecuencias particularmente nocivas para las personas, que pueden ver embargada la totalidad de su IMV para cubrir la deuda con el INSS, y aún así figurar como perceptores del IMV con una prestación de cero euros, falseando las estadísticas. 

En el caso de que los beneficiarios tengan a personas menores a cargo, se establece un límite de 65% a la retención de la prestación. Sin embargo, otro de los efectos nocivos es que la deuda afecta a la unidad de convivencia, por lo que también se puede embargar los salarios de los hijos e hijas que comiencen a trabajar, aunque en el momento de la solicitud de la ayuda fueran menores de edad, explica Burriel: “Es la mayor barbarie que yo he visto. Creo que es la única prestación que contempla esto”.

Ante esta situación, los firmantes de la reclamación buscan la adhesión pública de más entidades que han mostrado su simpatía con la iniciativa. “Lo que nos gustaría es que otras organizaciones, como por ejemplo EAPN España, o los sindicatos, apoyaran enviando informes y mostrando su interés en el proceso a la secretaría del Comité antes de que tomen una decisión”. Antes de ello, habrá que ver cuál será la respuesta del Gobierno, un proceso que, estima Burriel, no debería tardar más de seis meses. 

La Carta Social contra la aporofobia 

En su escrito publicado el 19 de marzo, las organizaciones promotoras de la Reclamación señalaban una cuestión que consideraban particularmente grave: “el intento de diluir las obligaciones jurídicas derivadas de la Carta Social Europea confundiéndolas con compromisos políticos no vinculantes del Pilar Social”. ATD Cuarto Mundo y la OJDS explicaban cómo, a diferencia del Pilar Social, “la Carta Social Europea es un Tratado internacional de obligado cumplimiento, y España está legalmente vinculada a respetar los derechos contenidos en ella, formando parte del ordenamiento jurídico que puede ser reclamado en tribunales como últimas medidas de efectividad del derecho si España se negara al acatamiento de la decisión de fondo”, desarrollan.

En el pulso para reclamar los derechos garantizados por la Carta Social, ATD Cuarto Mundo reivindica “el ejemplo de las personas que viven en la pobreza, que resisten y no se resignan ante su fatalidad”. En una última reflexión que comparte con El Salto, Burriel afirma que este proceso le ha puesto de frente ante la aporofobia generalizada, que se manifestaría no solo en la falta de sensibilidad de las instituciones sino en unos medios de comunicación poco interesados en mostrar cómo medidas como el IMV están afectando a las poblaciones a las que deberían ayudar: “es fuerte que desde el ámbito técnico, que es el mío, llegue a la misma conclusión que desde el ámbito de la concienciación social y del apoyo social”.