Ayuntamiento de Madrid
La justicia condena a un jefe de urbanismo de Madrid por prevaricación en un derribo de Cañada Real

Julio César Santos, jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación administrativa por la demolición de una vivienda en el sector seis de la Cañada Real Galiana en julio de 2022, cuando su propietario se encontraba de vacaciones.

En la sentencia, el tribunal califica de “arbitraria” y “deliberadamente injusta” la actuación del alto cargo municipal, y le condena por un delito de prevaricación administrativa. El fallo considera probado que Santos actuó a pesar de ser consciente de que se estaba cometiendo una injusticia.

El caso arranca en 2021, cuando Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid iniciaron el expediente para demolición de obras no legalizables, entre las que se encontraba la parcela de Abdessadek C., que vivía en la parcela de la Cañada Real desde 2006. Su vivienda, construida con ladrillo, agua y suministro eléctrico, fue derribada el 19 de julio de 2022 mientras él se encontraba de vacaciones en Marruecos.

Como señala la sentencia, el expediente administrativo aún estaba en tramitación y había sido recurrido formalmente.

Carlos Castillo y Javier Rubio, del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (Caes), encargados de la acusación particular, celebran una sentencia que demuestra que las “prácticas administrativas arbitrarias e ilegales por parte de las administraciones públicas no quedan impunes”.

No obstante, el alto cargo de la Comunidad Markel Gorbea, en su momento comisionado para la Cañada Real, queda absuelto por la Audiencia Provincial pese a que, como señalan desde este despacho de abogados, desde su oficina comenzó el proceso para el derribo ilegal de la vivienda de Abdessadek C.

“Aunque celebramos la condena al funcionario que ejecutó la orden, creemos que el tribunal ha sido indulgente con quienes han colaborado activamente desde sus cargos políticos en esta estrategia de desalojo encubierto, destinada a despejar el terreno para los intereses urbanísticos del sureste”, señala Castillo, de Caes.