Comunidad de Madrid
España, condenada por vulnerar derechos humanos básicos en la Cañada Real

El 2 de octubre de 2020 los sectores 5 y 6 del barrio de la Cañada Real se apagaron. Las compañías eléctricas decidieron cortar con el suministro, con la connivencia de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, que no han tomado ninguna medida efectiva para reestablecer la situación. Tampoco el Gobierno central, mientras 4.500 personas, entre ellos 1.800 niños y niñas, carecen de electricidad desde hace más de cuatro años. Este miércoles 27 de febrero el Comité Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha condenado al Estado en su conjunto por vulnerar hasta 10 derecho básicos de la población.

Un quinto invierno sin luz agrava la vulneración de derechos en la Cañada Real

Selena Pizarro

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La población de la Cañada continúa a la espera de medidas inmediatas tras la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, que condena a España por la vulneración a sus derechos a la vivienda y a la salud.

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La resolución, a la que ha tenido acceso El Salto, considera que España no está cumpliendo con la Carta Social Europea, ratificada por este país, y es respuesta a una reclamación colectiva planteada por cinco organizaciones: Defence for Children International (DCI), la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con las Personas Sin Hogar (FEANTSA), Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo. La demanda fue el fruto del trabajo conjunto de Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana, CAES y Gentium.

“Es la primera vez que un órgano declara que se están vulnerando los derechos de las vecinas y vecinos. Supone un reconocimiento jurídico importante para solucionar su problema desde la perspectiva del derecho aplicable”

Las organizaciones informan de que desde que existe el mecanismo de reclamaciones colectivas, ya se han resuelto 181 y solo en una ocasión se ha encontrado un mayor número de vulneraciones. Rafael del Cid, abogado y director de Estrategia Jurídica de Gentium, habla de una sentencia “histórica” por varios motivos. “A nivel de los vecinos y vecinas, es la primera vez que un órgano declara que se están vulnerando sus derechos desde hace más de cuatro años. Supone un reconocimiento jurídico importante para solucionar su problema desde la perspectiva del derecho aplicable”, expresa.

Una decisión ejecutable

Por la parte del Estado, explica Cid, es la primera decisión del comité en materia social, existe otra resolución pero fue en materia laboral. “Es realmente muy contundente en la declaración de las vulneraciones y es un caso paradigmático para el futuro de las causas sociales de este país”, relata.

“Si no lo cumplen, se intentará solicitar la ejecución por medios jurídicos. Esto es una decisión que ya es ejecutable”, insisten desde Gentium

Este abogado detalla que desde este momento las administraciones tienen la obligación de implementar medidas para reestablecer el suministro eléctrico ya que es una decisión del órgano que este Estado reconoce y ha considerado que es el encargado de declarar cuando hay vulneraciones de los tratados. “El artículo 96 de la constitución los considera como derecho interno”, precisa. “Si no lo cumplen, se intentará solicitar la ejecución por medios jurídicos. Esto es una decisión que ya es ejecutable”, insiste.

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En cuanto a las competencias de las administraciones que intervienen en Cañada Real, el Estado es el representante ante el Consejo de Europea y deberá ser este el que exija y garantice que la Comunidad de Madrid, y el resto de administraciones que intervienen, cumplan, desarrolla el letrado, quien destaca que hay una declaración de vulneración y que el comité ha concluido que las medidas que el Estado ha justificado como medidas implementadas han sido insuficientes. Desde España se ha argumentado, por un lado que fue una decisión de una entidad privada, y la capacidad es limitada para responder, y del otro que se están tomando medidas, fundamentalmente el plan de realojo, “insuficiente e inadecuado” para las organizaciones, así como algunas medidas complementarias.

Derechos que se han vulnerado

En octubre de 2022, el Comité admitió la demanda de las organizaciones, señaló los riesgos para la vida y la integridad física y moral que los cortes de electricidad suponían para las vecinas y vecinos, y exigió al Estado medidas inmediatas para el restablecimiento de la luz y la calefacción, con objeto de evitar “daños graves e irreparables”.

La resolución dictamina que, dentro de los derechos vulnerados reconocidos en la Carta Social Europea está el derecho a la vivienda, el derecho de la familia a una protección social y económica, el derecho a la protección de la salud, el derecho de niños y jóvenes a la protección social, jurídica y económica, el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social, el derecho de las personas de edad avanzada a protección social y el derecho de las personas discapacitadas a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad.

Por otro lado, y tal y como informan las organizaciones, la decisión, si bien no concluye la vulneración de los artículos 20 y 27 que tienen que ver con la igualdad y no discriminación por razón de sexo, “reconoce el impacto de género que generan los cortes de electricidad al crear un mayor riesgo para las mujeres, quienes asumen mayoritariamente las responsabilidades de cuidado y las tareas domésticas”.