Ayuntamiento de Madrid
PP y Vox cierran un campo de softball frecuentado por personas migrantes tras meses de criminalizar el espacio

El softball es un deporte desconocido para muchos en España, popularmente se le denomina el “hermano pequeño del baseball” y se juega con una pelota blanda en un espacio algo inferior. Aunque en Europa no es un juego excesivamente practicado, sí lo es en muchos países de América Latina y el Caribe, que han seguido manteniéndolo vivo tras migrar. De hecho, la Liga Élite de softball de Madrid, conformada por 35 equipos con jugadores venezolanos, dominicanos, cubanos y puertorriqueños, así como españoles y de otras nacionalidades europeas, ha ganado fuerza en los últimos años con más de 700 integrantes.

Pese a que la práctica de este deporte cohesiona las comunidades y brinda formas intergeneracionales de ocio saludable en todo el Estado, el pasado 2 de octubre Vox reclamó con éxito en el Pleno de la Junta Municipal del Distrito el cierre de uno de sus campos en el distrito de Latina. Se trata de unas instalaciones deportivas ubicadas en el barrio madrileño de Cuatro Vientos que en su día costaron 800.000 euros tras inaugurarse oficialmente en julio de 2024 y que ahora han quedado precintadas indefinidamente. Los jugadores disponen tan solo de un permiso provisional de cesión de uso para menores de 12 años que finalizará antes de febrero.

“El cierre constituye un intento de criminalizar un espacio público deportivo que, desde su inauguración, ha sido ejemplo de vida social y comunitaria”: IU Latina

Izquierda Unida Latina, el único grupo municipal que se ha alzado contra esta medida, ha denunciado públicamente la clausura como parte de una campaña racista orquestada por la ultraderecha en el distrito. “El cierre constituye un intento de criminalizar un espacio público deportivo que, desde su inauguración, ha sido ejemplo de vida social y comunitaria. PP y Vox no quieren que se haga uso de estas instalaciones porque la mayoría de quienes juegan y disfrutan del softball son personas migrantes o descendientes de migrantes, especialmente de origen latinoamericano. Recurren a estereotipos racistas vinculados a las llamadas ‘bandas latinas’ para criminalizar a jóvenes que practican un ocio sano, comunitario y perfectamente legítimo”, destaca la formación en un comunicado. Vox alude a unas supuestas quejas vecinales por ruidos que, a su juicio, afectarían a las viviendas colindantes, si bien estas están situadas a una distancia considerable del campo.

Ya el pasado 10 de abril la agrupación ultra intentó poner trabas a la actividad de los usuarios del campo en el Ayuntamiento. Ese día, presentaron una proposición para aumentar la presencia policial en la zona del campo, la cual fue aprobada finalmente con los votos favorables del Partido Popular. La moción respondía a un supuesto aumento de la “actividad delictiva” en la zona desde la apertura. No obstante, hasta la fecha no han conseguido probar que la delincuencia haya aumentado a raíz de la utilización del campo.

En la moción presentada, Vox instaba a “tomar las medidas necesarias para solucionar la problemática existente en el campo de softball” debido a “los ruidos y campamentos que se asientan en la zona, sillas y mesas de camping con neveras portátiles llenas de bebidas y comidas, música sonando a todo volumen desde los campamentos instalados y desde los coches aparcados hacen que los vecinos no concilien la tranquilidad en sus hogares incrementándose esta situación los fines de semana”.

Uno de los jugadores afectados por el cierre, que ha confesado sentirse arropado todo este tiempo por la mayoría de vecinos del barrio, realizó una encuesta casera para conocer si realmente existía tal descontento de forma generalizado. Preguntó a 22 personas sobre las molestias ocasionadas por el uso del campo, de las cuales 17 afirmaron sentirse contentas con la utilización y solo tres molestas. “Más bien les alegra que esté el barrio más vivo y activo porque eso le da más movimiento al vecindario, hay muchas personas que nos ven y se acercan a preguntar en qué consiste el juego porque no lo conocen, hay incluso un señor que todas las tardes agarraba su silla y se sentaba afuera a ver el juego y se reía con nosotros”, cuenta a este medio Adrián Pérez, coordinador de los juegos en el campo recién clausurado y afectado por las medidas de cierre indefinido.

“El softball es lo que me hace despejar la mente después de toda una semana de trabajo acumulado como repartidor. No somos máquinas, necesitamos tener momentos de distracción y de diversión”, cuenta Adrián

Además, no existe ningún criterio técnico que obligue a precintar si la instalación no es peligrosa o inadecuada. Adrián jugaba al softball cuando vivía en Venezuela, su país de origen, y comenzó a organizar a equipos cuando llegó a España ya que este deporte le permite conectar con sus raíces. El juego también supone una vía de escape para muchos vecinos que, como él, atraviesan situaciones de precariedad laboral: “El softball es lo que me hace despejar la mente después de toda una semana de trabajo acumulado como repartidor. No somos máquinas, necesitamos tener momentos de distracción y de diversión, por ejemplo a mi esposa le gusta verme jugar, se ríe y compartimos en familia el amor por este deporte”, alega.

Hace menos de un año inauguraba la instalación, todo ello se financió con dinero público sin que a penas haya podido disfrutarse, protestan desde IU Latina

El concejal de Latina, Alberto González Díaz (Partido Popular) anunció a bombo y plantillo la inauguración del campo hace a penas un año para, según los denunciantes, congraciarse con la comunidad latina y captar el voto migrante. “Resulta especialmente llamativo que el Partido Popular, que hace menos de un año inauguraba la instalación y que este mismo curso político asistía al Torneo de las Naciones 2024 celebrado en este mismo campo, participe ahora en su cierre y estigmatización”, protestan desde IU Latina. Su construcción trajo consigo la instalación de césped artificial, el cerramiento metálico perimetral de la parcela, sistema de alumbrado e instalaciones de mobiliario urbano, además de equipamientos varios. Todo ello se financió con dinero público sin que a penas haya podido disfrutarse.

En un contexto de creciente privatización del ocio, estos espacios abiertos ofrecen alternativas al entretenimiento basado en el consumo y permiten socializar de forma sana e inclusiva. No obstante, las instituciones a menudo rehúsan mantenerlas adecuadamente, como sostienen varios usuarios del campo de softball: “Tenemos unas canchas que están hechas polvo, otras en el Parque de Aluche que están muy ruinosas en condiciones lamentables donde se junta muchísima gente a jugar”, inciden. A su juicio, el cierre y degradación de estos lugares convivenciales expulsa de forma sistemática a los vecinos para abocarlos al consumo o “que se tengan que pagar una pista de baloncesto, de fútbol sala, que además el ayuntamiento cobra por acceder”, infieren.

El vecindario cada vez cuenta con menos áreas deportivas y verdes donde tejer redes colectivas en la ciudad, mientras que aquellos lugares frecuentados por vecinas racializadas están sufriendo un incremento significativo de la presencia policial. Actualmente no disponen de alternativas donde seguir desarrollando la actividad deportiva en el barrio, por lo que exigen la reapertura inmediata: “El barrio merece instalaciones deportivas abiertas, vivas y puestas al servicio de la comunidad, no cerradas por prejuicios y decisiones arbitrarias”, reclaman desde IU Latina.

Al racismo institucional y la estigmatización de los jugadores a través de esta prohibición se ha sumado este último mes la vandalización de las pistas por parte de personas vinculadas a grupos de ultraderecha. Grupos que, se sospecha, también han sido los autores de una campaña de odio racista en redes contra Adrián por estar detrás de la coordinación de los juegos. “Hay una página en Instagram en la que han puesto mi cara, han pegado muchas pegatinas por el barrio señalándome y diciendo que soy el que organiza el softball para generar discriminación”, explica. En este sentido, el cierre ha abierto la veda a una persecución cada vez más agravada de las personas migrantes del barrio, que hoy dicen sentirse abandonadas a su suerte por parte de los grupos políticos mayoritarios.