Barcelona
Condenada la subcontrata de Facebook por discriminar salarialmente según la nacionalidad de sus trabajadores

Barcelona Digital Services divide a los 1.800 moderadores de contenido de la red social según su nacionalidad: el Grupo B (pasaporte español, portugués e italiano) percibe hasta un 28% menos que el Grupo A (franceses, holandeses y nórdicos).

El Juzgado de lo Social nº 31 de Barcelona ha condenado a la subcontrata de Facebook responsable de la moderación de contenidos de la red social a equiparar los salarios de sus 1.800 trabajadores. Diecinueve de ellos demandaron a la subcontrata CCC Barcelona Digital Services, filial del grupo canadiense Telus International, por vulnerar el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación. Tal y como queda acreditado en la sentencia, que no es firme y la subcontrata ha recurrido, los alrededor de 800 trabajadores del grupo denominado B (trabajadores con pasaporte español, italiano y portugués) perciben un salario hasta un 28% más bajo que los del Grupo A (con pasaportes francés, holandés, israelí y países nórdicos).

La empresa reconoce la diferencia salarial y argumenta que se debe a los idiomas de uso en la moderación del contenido de Facebook y, en segundo lugar, esgrime una supuesta dificultad de contratar en Barcelona a trabajadores del grupo A, dos premisas que las pruebas periciales desmontan. Hay trabajadores nórdicos que traducen al portugués que cobran más que los propios trabajadores portugueses y, según el INE, en Catalunya residen 65.346 franceses, frente a 27.351 portugueses, advierte la sentencia, de 20 páginas. 

En el fallo, condena a la subcontrata al “abordaje de las decisiones y políticas empresariales necesarias para proceder al inmediato cese de la política discriminatoria en el marco de su política empresarial” y a indemnizar a cada uno de los demandantes con 10.001 euros, la cantidad mínima. “Un signo de prudencia, dada la novedad de este tipo de demanda en el Estado español, según valora nuestro abogado”, explica Horacio Espinosa, uno de los demandantes. 

La demanda la interpuso el gabinete jurídico del sindicato Fist, el cual ya había conseguido una sentencia similar en el contact center WebHelp hace un año, donde trabajan más de 5.000 personas. El secretario general de esta organización anarquista, Miguel Ángel Bachs, señala que estas sentencias “traerñan repercusiones”, dado que reflejan una “situación endémica” del sector. Fist está dispuesto a llegar hasta el tribunal europeo. Bachs advierte también de que los sindicatos CC OO y UGT han obstaculizado el proceso desde el principio y, una vez conocido el fallo, han intentado apropiárselo. “Estos dos sindicatos que avalan y amparan las necesidades e intereses de la empresa, trataron de cortar las alas a sus propios afiliados, que viven una situación discriminatoria, disuadiéndoles de incorporarse a la querella, sosteniendo que ganar era imposible y que la discriminación no existía”.

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Esta valoración ha creado tensión en el grupo B de trabajadores: “Comisiones Obreras empezó a mandar mails y ha hecho que, trabajadores que cobran menos, se posicionen en nuestra contra diciendo que somos idiotas y unos comunistas que no sabemos cómo funciona el capitalismo”, explica un trabajador desde el anonimato en una llamada grupal con El Salto. Otro empleado, el cual se declara “orgullosamente de derechas”, añade que su ideología no le impide “luchar por los derechos de los compañeros”, y que él ya sufrió discriminación salarial cuando trabajaba en WebHelp. Define el proceso y la tensión con los compañeros como “frustrantes” y espera que la sentencia tenga trascendencia social. Recuerda que en la torre Agbar de Barcelona, donde la subcontrata de Meta tiene su sede, no existe solo discriminación salarial, también hay discriminación en las condiciones laborales —el Grupo B trabaja más fines de semanas y noches, tal y como remarca la sentencia— y segregación física: “Los que somos más indios que escandinavos, más bajitos que altos, trabajamos en plantas inferiores al Grupo A”. La segregación empieza en el ascensor.

Carlos Vicente, delegado de Fist, deseaba que la demanda fuera colectiva, pero el magistrado consideró que no habían llegado a una representación lo suficientemente elevada para considerarla como tal. Además de los obstáculos de CC OO y UGT, añade el “miedo que tenía la gente”. “Es duro que los compañeros no quieran cambiar las cosas, pero estamos contentos porque se ha reconocido la desigualdad de trato”, resume.  

Horacio Espinosa valora el acompañamiento de este sindicato, que ha fomentado tomar “decisiones consensuadas mediante votaciones” y evitar el “miedo a unas hipotéticas represalias por parte de la empresa, colocando el foco en la confianza en el ejercicio de nuestros derechos”. 

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