Barcelona
Una mujer es deportada tras haber denunciado una agresión en el CIE de Barcelona

Vanessa Cevallos es una mujer de 41 años que tiene cuatro hijos y que vivía en España desde el año 2000. El 19 de mayo de 2026, el Tribunal de Instancia de Vilanova i la Geltrú autorizó el ingreso de Vanessa Cevallos en el CIE de Barcelona por una orden de expulsión del 16 de junio de 2023. Cinco días después de entrar en el CIE, la mujer de origen ecuatoriano sufrió una agresión por parte de un funcionario de la Policía Nacional en el módulo R-5 de este centro.

Había cubierto su litera con una toalla para poder dormir bien y tapar la luz del pasillo. A las 23 horas, un funcionario empezó a dar golpes con la porra en la puerta de la celda, mientras le pedía que quitara la toalla de la litera. A pesar de que trataba de explicarse, el policía empezó a gritar lo siguiente: “Tú que mierda te crees”, “no eres nadie, no sois nadie aquí” o “poned las quejas que queráis que me la suda, me lo paso por el forro de los cojones”. A las 2 de la mañana, estos mismos gritos y golpes se repitieron. Esta situación provocó que Vanessa Cevallos sufriera una crisis de ansiedad y taquicardias, y se orinase encima por el miedo.

A pesar de que su compañera de celda, Liliana Pamela López, pidió en reiteradas ocasiones un médico para atender a Vanessa Cevallos, el funcionario contestó: “Llamar las veces que queráis, que ya sabéis que hoy no hay médico”. Debido a la desesperación causada, Vanessa se autolesionó y se dio un cabezazo contra el espejo para poder ser atendida.

Finalmente, a las 2:30 de la mañana, los funcionarios llevaron a las dos internas al patio para tratar de tranquilizarlas. Mientras ambas se encontraban en el patio, el funcionario que amedrentó a Vanessa siguió riéndose de ella. La ambulancia no llegó al CIE hasta las 3 de la mañana y el funcionario que había originado el incidente quería acompañar a Vanessa al Hospital Universitario de Bellvitge. A raíz de estos hechos, el 27 de mayo, Vanessa volvió a tener una crisis de taquicardias y ansiedad que derivó en autolesiones.

La presentación de la denuncia y la deportación de Vanessa

La asociación antirracista t.i.c.t.a.c. ha ofrecido asesoría jurídica a Vanessa Cevallos desde que ocurrió la agresión. Altamira Guelbenzu, abogada y miembro de la cooperativa jurídica IACTA, presentó una denuncia por estos hechos el 2 de junio de 2026. La letrada, en representación de Vanessa Cevallos y Liliana Pamela López, exigía al CIE de Barcelona la identificación de los funcionarios de Policía Nacional que habían prestado servicio esa noche. El funcionario que cometió esta agresión no portaba su número de placa y Vanessa le describió como un “señor alto, fuerte y calvo”. “Yo pedí varias veces el número de placa al funcionario, pero nunca me lo dio”, afirma Vanessa Cevallos.

Además, Guelbenzu también pidió las grabaciones de las cámaras existentes en el módulo y patio desde las 20 horas del 24 de mayo hasta las 5 de la mañana del día siguiente. También se reclama al CIE una explicación de los motivos por los que Vanessa no recibió atención médica hasta que llegó la ambulancia a las 3 de la mañana.

A pesar de que la única testigo de la agresión fue expulsada del país, la Sección de Instrucción nº23 del Tribunal de Instancia de Barcelona admitió a trámite la denuncia

“Cuatro días después de poner la denuncia, se deporta a la compañera de Vanessa (Liliana Pamela López)”, explica Altamira Guelbenzu. A pesar de que la única testigo de la agresión fue expulsada del país, la Sección de Instrucción nº23 del Tribunal de Instancia de Barcelona admitió a trámite la denuncia. Guelbenzu declara que “fue una sorpresa porque nos hacen caso muy pocas veces.”

Vanessa se sometió a un examen médico forense que confirmó la crisis de ansiedad que había sufrido aquella noche del 24 de mayo. Además, pudo declarar ante la jueza del caso el miércoles 1 de julio. Incluso, “la jueza afirmó que iba a preguntar al CIE sobre la identidad del funcionario implicado”, destaca la abogada. Sin embargo, en la mañana del 6 de julio, Altamira Guelbenzu recibe una llamada de la actual pareja de Vanessa. “A las siete y media de la mañana, me llama su pareja diciéndome que se la han llevado. El CIE había mandado un e-mail al juzgado el domingo diciendo que el lunes a las nueve tenía un vuelo hacia Quito. No teníamos margen de actuación alguno”, explica Altamira Guelbenzu.

Vanessa Cevallos fue avisada de su deportación esa misma mañana del 6 de julio. “A las 7 menos 10 de la mañana, me levantaron de la habitación 191 y me dijeron que tenía que recoger mis cosas. Me sacaron en pijama. No me dejaron coger el teléfono en ningún instante, ni avisar a Altamira o al padre de mis hijos. A duras penas, cogí el teléfono y pude decirle a mi novia que me deportaban”, sostiene Vanessa.

Esta deportación tuvo lugar a pesar de que Altamira Guelbenzu había solicitado el 15 de junio unas medidas cautelarísimas para evitar que se deportara a Vanessa. Además, debido a que Vanessa y su expareja estaban muy cerca de recuperar la custodia de sus dos hijos menores, Guelbenzu pedía también el fin del internamiento de Vanessa en el CIE. La Sección de lo Contencioso-Administrativo nº9 del Tribunal de Instancia de Barcelona denegó ambas medidas el 2 de julio, solo cuatro días antes de la deportación de Vanessa.

El proceso de reunificación de Vanessa con sus hijos

Vanessa Cevallos es madre de cuatro hijos y dos de ellos son menores de edad (tienen 8 y 7 años). “En pleno COVID, discutí con mi ex y nos separamos. La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA, organismo dependiente de la Generalitat de Cataluña) nos quitó a los niños en ese momento porque no tenía medios económicos ni documentación en regla, y el piso de protección oficial en el que vivía estaba en nombre de mi expareja”, recuerda Vanessa Cevallos.

En principio, los niños estuvieron en una residencia de Aldeas Infantiles en Sant Feliu de Codines. Hoy en día, los menores se encuentran en la Casa d'Infants del Vendrell. Tanto los niños como los padres han recibido la atención psicóloga de Rosa Rabbani, psicóloga y terapeuta familiar de la asociación El Turó Salut Mental. “Al principio, Vanessa estaba totalmente destruida y tuve que trabajar con ella el trauma que supone que te quiten unos hijos”, resalta Rabbani.

Durante estos seis años, la familia estaba trabajando en un proceso de retorno familiar junto a los profesionales de la asociación El Turó Salut Mental. De hecho, el Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de l'Alt Penedés iba a decretar el regreso de los hijos con sus padres

No obstante, “desde 2022, empecé a hablar con mi ex para tratar de volver a reunirme con mis hijos. Anteponemos la crianza, la felicidad y la seguridad de nuestros hijos a nuestros problemas como adultos”, desvela Vanessa Cevallos. Según Rosa Rabbani, “la evolución de Vanessa y su expareja como padres ha sido buenísima. He visto un enorme esfuerzo por parte de los dos de reconducir las cosas, de reconstruir una vida en la que puedan tener cabida dos niños”.

Durante estos seis años, la familia estaba trabajando en un proceso de retorno familiar junto a los profesionales de la asociación El Turó Salut Mental. De hecho, el Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de l'Alt Penedés iba a decretar el regreso de los hijos con sus padres. “Estaba decidido ya que los niños iban a volver con sus padres. Durante el último curso, los niños han ido a un colegio cercano a la casa donde viven sus padres. Los padres estaban todas las tardes con ellos. Cuando salían del colegio, los iban a buscar, los llevaban al centro y estaban con ellos haciendo los deberes. Por la mañana, volvían a ir al centro para buscarlos y llevarlos al colegio”, detalla Rosa Rabbani.

Esto mismo aparece recogido en un informe psicológico elaborado por Rosa Rabbani que fue incorporado a la solicitud de medidas cautelarísimas ejercida por Altamira Guelbenzu. En el propio informe, se explica que “una interrupción o ruptura del vínculo con su madre podría tener consecuencias gravemente perjudiciales para los dos menores, tanto a nivel emocional como en la estabilidad del proceso de reunificación familiar”.

La Sección de lo Contencioso-Administrativo nº9 del Tribunal de Instancia de Barcelona considera que este proceso de retorno familiar no es suficiente y que la deportación de Vanessa no vulnera el interés superior del menor ni la protección de la vida familiar

Además, Altamira Guelbenzu afirma en esa solicitud de medidas cautelarísimas que “la administración pretende ejecutar una orden de deportación basada en una realidad de 2023 (cuando Vanessa no tenía contacto diario con sus hijos), ignorando los hechos nuevos de 2026”. Guelbenzu considera que no se debe deportar a Vanessa porque mantiene un arraigo familiar sólido en España y se provocaría una vulneración del artículo 135 de la Ley 29/1998 (situación de especial urgencia) y el artículo 2 de la Ley de Protección Jurídica del Menor (interés superior del menor).

Sin embargo, la Sección de lo Contencioso-Administrativo nº9 del Tribunal de Instancia de Barcelona considera que este proceso de retorno familiar no es suficiente y que la deportación de Vanessa no vulnera el interés superior del menor ni la protección de la vida familiar. “Esto solamente ocurre cuando la decisión la toman personas tremendamente crueles. Es una forma de acallar a las personas que se atreven a denunciar”, sostiene Rosa Rabbani. Para Altamira Guelbenzu, “la Administración y la Justicia no han tenido en cuenta el interés de los menores. Es una brutalidad y algo muy cruel”.

No es el primer caso en el CIE de Barcelona

El CIE de Barcelona, también conocido como CIE de la Zona Franca, cuenta con varias agresiones y casos de malos tratos en su historial. El 21 de julio de 2026, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió a trámite una demanda por una agresión ocurrida en el centro el 12 de enero de 2020. El Gobierno de España no realizó la investigación correspondiente en su momento. Un agente de policía golpeó con el puño al demandante, que se dirigía a su habitación, y le hizo caer. Posteriormente, el interno (una persona afectada por el síndrome de abstinencia de cocaína) fue inmovilizado y varios agentes le trasladaron a la enfermería, donde le suministraron Diazepam.

Esa misma noche del día de la agresión, el demandante trató de suicidarse. Esta persona no pudo relatar estos hechos ante ningún tribunal porque fue expulsado del país 11 días después. Cuando volvió a España para declarar (febrero de 2021), las autoridades policiales no aportaron la totalidad de las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto. Tras presentarse un recurso ante la Audiencia Provincial, el caso fue sobreseído en junio de 2024.

El caso de Idrissa Diallo es otro ejemplo de actuación negligente por parte del CIE de Barcelona. Tras haber saltado la valla de Melilla, Idrissa Diallo fue detenido y permanecía en el CIE de Barcelona desde el 20 de diciembre de 2011. El 5 de enero de 2012, Diallo fue trasladado de urgencia a un hospital por una insuficiencia cardiaca, muriendo horas después. Compañeros de celda de Idrissa Diallo denunciaron una omisión del deber de socorro por parte de los agentes policiales del CIE. La familia de Idrissa Diallo desveló que no se les comunicó su muerte y su cuerpo fue localizado cinco años después de su fallecimiento. Tras la recogida de 17.840 firmas, la plaza barcelonesa Antonio López dejó de portar el nombre y la estatua de este esclavista para pasar a denominarse la plaza Idrissa Diallo.

La actual vida de Vanessa en Ecuador

Cuando el vuelo de Vanessa aterrizó en Quito, las autoridades españolas no le prestaron ningún tipo de ayuda. “Me dejaron tirada en Quito y me dijeron “Bueno, qué tengas suerte”. Solo tenía 20 euros y tuve que coger un autobús que tardó 9 horas hasta Guayaquil”, cuenta Vanessa. Ella vive actualmente con su abuela en Guayaquil y trata de mantener el máximo contacto posible con sus hijos. “No hay un día que yo no hable con ellos por teléfono, pero siempre acabamos llorando”, lamenta Vanessa.

La deportación de Vanessa ha provocado que el proceso de retorno familiar haya quedado paralizado. “El proceso está ahora en pausa. De pronto, la mitad de las dos personas que tienen que hacerse cargo de dos niños ya no está. Ahora tienen que valorar si el papá solo va a poder hacerse cargo de los niños”, comenta Rosa Rabbani. La psicóloga también observa que “los niños están fatal y tristes. Lloran mucho cada vez que se les saca el tema porque quieren ver a su mamá”.

La ausencia de Liliana Pamela López y Vanessa Cevallos complica en gran medida el futuro de la denuncia contra el funcionario del CIE de Barcelona. Según Altamira Guelbenzu, “en el proceso penal, nos estamos quedando sin pruebas porque se ha expulsado a las dos únicas testigos

A nivel judicial, la ausencia de Liliana Pamela López y Vanessa Cevallos complica en gran medida el futuro de la denuncia contra el funcionario del CIE de Barcelona. Según Altamira Guelbenzu, “en el proceso penal, nos estamos quedando sin pruebas porque se ha expulsado a las dos únicas testigos y perjudicadas”. Guelbenzu, como miembro del Grupo de Apoyo al Módulo de Mujeres, sigue asesorando a Vanessa tras su deportación a Ecuador.

“Yo voy a volver. Y si tengo que estar cinco años en la sombra, voy a estar cinco años en la sombra. Pero, me parece injusto que, llevando más de 25 años en España y teniendo cuatro hijos aquí, se me haya deportado sin considerar el daño psicológico irreversible que pueden sufrir mis hijos”, concluye Vanessa Cevallos. En el momento de publicación del reportaje, El Salto ha tratado de ponerse en contacto con el CIE de Barcelona, pero no ha recibido respuesta.