Caja Mágica
La Fiscalía niega que Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer prevaricaran cuando investigaron las irregularidades del Open de Tenis

Sánchez Mato, Mayer y Ana Varela serán juzgados el lunes en la Audiencia Provincial por investigar las irregularidades en el convenio del Open de Tenis de Madrid. El PP les acusa de prevaricación por encargar un informe externo a pesar de que, como explican desde la asesoría jurídica del Ayuntamiento, ellos mismos llevan años usando el mismo procedimiento de contratación directa.
Open de Tenis 2016
Uno de los partidos del Open de Tenis de Madrid de 2016, en la Caja Mágica. Juan Carlos Rojas
22 abr 2022 13:00

El próximo lunes, la Audiencia Provincial de Madrid juzgará al exconcejal de Economía madrileño, Calos Sánchez Mato, a Celia Mayer, entonces delegada de Cultura y Deporte y a Ana Varela, coordinadora general de la misma área, acusados de prevaricación y malversación de fondos por el Grupo Municipal Popular y la asociación Transparencia y Justicia, vinculada al comisario Villarejo, aunque esta última entidad finalmente ha retirado su acusación. ¿Su delito? Haber encargado un informe jurídico sobre las contrataciones entre el Ayuntamiento y la sociedad Madrid Trophy Promotion (MTP) por explotar el complejo deportivo de la parte norte de la Caja Mágica y celebrar el Open de Tenis. Una competición que a Madrid en 2016 le costó más de 14 millones de euros de coste mientras y que hasta la finalización del convenio, en 2021, según los cálculos de entonces, supondría un desembolso al ayuntamiento de 136 millones de euros, mientras en otras ciudades, como Roma, se celebra sin ningún coste para las arcas públicas, ni siquiera la cesión del espacio. En septiembre de 2021,Martínez-Almeida ha firmado la renovación del convenio hasta 2030.

“¿Qué eso tan ‘grave’ que hicimos? Contratamos dos informes jurídicos —administrativo y penal— a dos despachos para estudiar las vías de acción ante un nuevo pago a realizar a la empresa organizadora del Open de tenis porque las irregularidades se acumulaban y la Asesoría jurídica del Ayuntamiento no podía asesorar a la empresa pública al no existir convenio. Se hizo todo siguiendo escrupulosamente la ley de contratos del sector público y las normas de contratación de Madrid Destino, adjudicándose los informes al bufete Alemany, Escalona y Fuentes. El coste fue de 26.000 el primero y 24.000 euros el segundo. Al no exceder la cifra total del contrato los 50.000 euros, la normativa permite no hacer públicos los pliegos de la licitación. Se podía contratar así, se había hecho antes en repetidas ocasiones por parte del PP y se sigue haciendo en la actualidad por el partido que nos acusa”, detalla Carlos Sánchez Mato.

“Se hizo todo siguiendo escrupulosamente la ley de contratos del sector público y las normas de contratación de Madrid Destino. Se podía contratar así, se había hecho antes en repetidas ocasiones por parte del PP y se sigue haciendo en la actualidad por el partido que nos acusa”, detalla Carlos Sánchez Mato

La causa contra Mato, Mayer y Varela fue impulsada en 2017 por el Grupo Municipal Popular y la asociación Transparencia y Justicia, organismo dirigido por David Macías, letrado del despacho de abogados de José Manuel Villarejo. Les acusaban de prevaricación, malversación de caudales públicos y de delitos societarios por que los tres cargos de Ahora Madrid habían presentado una denuncia ante Fiscalía sobre el convenio que sostiene la celebración del Mutua Madrid Open, para lo que se encargaron dos informes jurídicos sobre este convenio a una entidad externa por un valor de 50.000 euros, sin publicidad y sin buscar más ofertas. Hoy, en su informe de calificaciones, la Fiscalía de Madrid echa por tierra estas acusaciones y pide el sobreseimiento de la causa.

Villarejo, a través de su abogado, ofreció a Sánchez Mato retirar los cargos contra él si, a cambio, se retiraban como acusación popular en el caso Tándem. “Le dije que yo no negociaba con cloacas”, afirma el exconcejal

“Finalmente Villarejo no ha formulado escrito de acusación y solo lo hace el Partido Popular, que pide cinco años de prisión, 24 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y 56.900 euros de indemnización”, explica Sánchez Mato. “Fiscalía considera que no hay delito y así lo ha manifestado al final de la instrucción. No es de ahora. Lo que acaban de hacer es ratificarse en que no hubo transgresión de ley alguna”, añade. Sánchez Mato señala que, Villarejo, a través de su abogado, le ofreció retirar los cargos contra él si, a cambio, se retiraban como acusación popular en el caso Tándem. “Le dije que yo no negociaba con cloacas, concluye. 

“Fue la directora de la Asesoría Jurídica de Madrid Destino quien indicó a Carlos Sánchez Mato y Ana Varela que la contratación de despachos de abogados o de dictámenes jurídicos se ha venido realizando durante años mediante adjudicación directa, tal y como se hizo en este caso”, señala Fiscalía

“Fue A.Y., en calidad de directora de la Asesoría Jurídica de Madrid Destino, quien indicó a los investigados Carlos Sánchez Mato y Ana Varela que la contratación de despachos de abogados o de dictámenes jurídicos se ha venido realizando durante años mediante adjudicación directa, tal y como se hizo en este caso”, señala Fiscalía en su escrito de calificaciones, al que ha tenido acceso El Salto. “Es ella, además, quien elabora la memoria justificativa del gasto para encargar los dictámenes de penal y de civil/mercantil”, añade el escrito, que resalta que esta persona, sin embargo, nunca ha sido investigada ya que no forma parte de la denuncia impulsada por los populares madrileños y por el abogado del despacho de Villarejo.

La celebración del Open de Tenis de 2016 le costó a las arcas madrileñas la friolera de 14,3 millones de euros y, hasta el fin de convenio, en 2021, 136 millones de euros. En septiembre, Martínez-Almeida firmó la renovación del convenio hasta 2030
Corrupción
Madrid, la única que paga por celebrar el Open de Tenis
La celebración del Open de Tenis costó al Ayuntamiento de Madrid 14,3 millones de euros en 2016. El coste hasta la finalización del convenio, en 2021, ascendería a 136 millones.

Varela, directora hasta principios de abril de 2017 de la empresa pública, y los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer denunciaron en marzo ante la Fiscalía a la empresa organizadora del evento, Madrid Trophy Promotions (MTP), y a varios miembros del Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón por prevaricación y malversación de caudales públicos. El más destacado, Manuel Cobo, durante años mano derecha del exalcalde.

El convenio bajo el que se celebró la cita deportiva supuso en 2016 el pago a la empresa MTP de 3,3 millones más IVA por parte del Consistorio en concepto de patrocinio más 4,6 millones por derechos de sede pagados por la empresa municipal Madrid Destino, un concepto que no quedaba clarificado en el convenio ni en las diferentes facturas remitidas por la empresa al Ayuntamiento. A estos cerca de ocho millones se añadieron otros 6,16 millones en lucro cesante –por lo que se dejó de ingresar por la Caja Mágica al quedar su uso hipotecado al torneo de tenis–, otros 23.340 euros –por la oficina que se cede sin coste ninguno a MTP– y 136.897 más por los gastos de la carpa que se mantiene durante todo el año en el pabellón. En total: 14.307.630 euros de coste sólo en 2016, frente al millón y medio anual que costó el torneo en sus primeros años en Madrid y el coste cero que supone para ciudades como Roma.

En 2017, tras la salida de Varela de la empresa municipal, el nuevo delegado de Madrid Destino, Joaquín Fernández Segura, firmó una nueva factura de MTP relativa a los derechos de sede por un importe de 5 millones de dólares más IVA –6,05 millones de dólares o 5,55 millones de euros al cambio de entonces–.

Madrid Trophy Promotion, propiedad del jugador de tenis rumano Ion Tiriac –una de las grandes fortunas del país balcánico–, es el organizador del torneo de tenis Masters de Madrid, que comenzó a celebrarse en 2002 a través de un convenio con el Ayuntamiento por el que este último pagaba a la citada empresa 1,5 millones de euros anuales en concepto de “compra de derechos de sede”, según explica el informe realizado por el despacho Nazaret 6 abogados, encargado por Mato, Mayer y Varela.

El primer convenio, de 2002 a 2006, fue seguido por un nuevo contrato, al que el despacho no ha podido tener acceso, y a otro más, en vigor entre 2009 y 2012, con el que se estableció que los derechos sobre el convenio pasaban del Ayuntamiento a la empresa municipal Madrid Destino, que se comprometía entonces a pagar un 65% del prize money, cuya cantidad debería ser establecida, año a año, por la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), mezclando los términos ‘prize money’ con el de ‘derechos de sede’ y sin clarificar a qué correspondían estos.

A este convenio le siguió, un mes después, otro más entre el Ayuntamiento y MTP, por el que la Corporación Municipal se comprometía a aportar los recintos para el evento y la publicidad en la propia ciudad. El último convenio relativo al Open de Tenis, firmado por el entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, el 29 de diciembre de 2011 –un día antes de que renunciara a su cargo en el Consistorio para entrar como alto directivo en Ifema– entró en vigor en 2012 y estuvo vigente hasta 2021. Este contemplaba la cesión por parte del Ayuntamiento de la Caja Mágica durante dos meses, una oficina de 261 metros cuadrados durante todo el año y el pago, por parte del Ayuntamiento en concepto de patrocinio de cantidades que iban de los 2,73 millones anuales —para los años 2012 al 2014—, a los 3,28 —2015-2017— y los 4,1 millones anuales entre 2018 y 2021 más IVA.

Además de la abultada financiación pública, el Open de Tenis ingresa al menos 13 millones de euros por el alquiler de los 400 palcos que tiene, cuyo precio oscilaba en 2016 entre los 30.000 y los 50.000 euros. A esto se añaden patrocinios por un importe que superaba los 15 millones de euros, según se desprende de un documento al que ha tenido acceso El Salto en el que se detallan las invitaciones VIP destinadas a las empresas patrocinadoras en 2013, entre las que se contaban El Corte Inglés. Cepsa, Telefónica o Grupo Barceló.

“Aquí por perseguir la corrupción del PP te meten cinco años de instrucción en la que no se ha aportado prueba alguna de irregularidad, pero nos comeremos un juicio para que los medios más importantes puedan decir ‘todos son iguales’”, lamenta Sánchez Mato.

Más de 160 millones de euros de sobrecoste de la Caja Mágica, por pedido de Tiriac

Además de las abultadas cifras en costes que la celebración del Open de Tenis supone para el Ayuntamiento madrileño, ya en la construcción de la Caja Mágica, recinto en el que se celebra desde su comienzo en la capital, las exigencias de la empresa MTP, con Ion Tiriac al mando, y el mal planteamiento inicial de la construcción provocaron un sobrecoste en la infraestructura de más de 160 millones de euros. Una carta remitida a Madridec desde Mutua Madrileña Masters Madrid muestra como el jefe de MTP seguía y decidía sobre el desarrollo de la infraestructura, cuyo coste pasó de los 128,6 a más de 294 millones de euros.

La carta enviada desde Mutua Madrileña Masters Madrid en abril de 2008 reunía una serie de exigencias, entre las que se incluía la instalación de unas gradas retráctiles, entre otros cambios, y se preguntaba sobre la posibilidad de que MTP pudiera usar espacios en la estructura como oficina durante el resto del año —lo que finalmente se concedió sin ningún tipo de coste para la empresa del tenista—.

Ayuntamiento de Madrid
Sobrecostes en la Caja Mágica por exigencias de Ion Tiriac

Una carta remitida a Madridec desde Mutua Madrileña Masters Madrid muestra como el jefe de MTP seguía y decidía sobre el desarrollo de la infraestructura, cuyo coste pasó de los 128,6 a más de 294 millones de euros.

Madrid
50.000 euros al año por 33.000 metros cuadrados de Caja Mágica

La empresa que gestiona el Open de Tenis que se celebra cada año en la Caja Mágica tiene, desde 2012, los derechos de explotación del complejo deportivo de estas instalaciones. Una superficie de más de 33.360 metros cuadrados por la que paga un alquiler de 5.000 euros mensuales.

 

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