Crisis climática
BMW, Mercedes y Volkswagen podrían ir al banquillo por alimentar la crisis climática

Nuevo proyectil legal lanzado al corazón de la industria contaminante, esta vez en Alemania. Las organizaciones ecologistas Greenpeace Germany y Deutsche Umwelthilfe (DUH), junto a activistas de Fridays for Future, han anunciado acciones legales contra el corazón del sector automovilístico del país. El objetivo es conseguir que los fabricantes aceleren sus planes para dejar de fabricar motores de combustión interna y paren de fabricarlos antes de 2030 para descarbonizar las empresas en un 65% en dicho año.

Las organizaciones ecologistas han puesto la mira fija en el segundo mayor constructor de automóviles del planeta, Volkswagen, así como en los otros dos grandes gigantes del sector en el país: BMW y Mercedes-Benz. “Cualquiera que retrase la protección del clima daña a otros y, por lo tanto, actúa ilegalmente”, señalaba la abogada de los demandantes, Roda Verheten.

“Si bien la gente sufre inundaciones y sequías provocadas por la crisis climática, la industria automotriz, a pesar de su enorme contribución al calentamiento global, parece no verse afectada“, denuncia Martin Kaiser

Los colectivos defensores del clima hacen uso así de una vía que ya les ha dado frutos: en abril el Tribunal Constitucional alemán obligó al Ejecutivo de Angela Merkel ha mejorar su ley climática, declarándola parcialmente inconstitucional, un hecho que se produjo tras la demanda de nueve jóvenes por la que afirmaban que la insuficiente protección del clima viola directamente las libertades y los derechos fundamentales de la ciudadanía. “El derecho civil puede y debe ayudarnos a evitar que las corporaciones destruyan nuestros medios de subsistencia y priven a nuestros hijos y nietos del derecho a un futuro seguro”, continuaba la letrada.

Sin darse por aludidos

Los demandantes denuncian que, a pesar de los compromisos internacionales, el consenso científico y el evidente aumento de fenómenos climáticos extremos, la industria automovilística alemana continúa vendiendo millones de vehículos diésel y gasolina. Los datos que maneja la Unión Europea responsabilizan al sector del transporte de más del 30% de las emisiones de CO₂ en la UE. De ellas, un 72% proviene del tráfico rodado.

Las cuatro corporaciones que se enfrentan a las acciones legales “contradicen los objetivos climáticos de París”, denuncian los activistas

“Con nuestras demandas, queremos lograr la salida del motor de combustión interna”, apuntaba  Barbara Metz, de DUH. Son medidas que los ecologistas consideran clave para que Alemania se mantenga dentro de sus compromisos internacionales y cumplir así su parte para que la temperatura global del planeta no supere los 1,5ºC de aumento respecto a los niveles preindustriales.

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“Si bien la gente sufre inundaciones y sequías provocadas por la crisis climática, la industria automotriz, a pesar de su enorme contribución al calentamiento global, parece no verse afectada“, denunciaba Martin Kaiser, director ejecutivo de Greenpeace Alemania. Para el responsable, el fallo del Constitucional alemán “representa un mandato para hacer cumplir de manera rápida y efectiva la protección legal de nuestros medios de vida comunes”.

Frenar los yacimientos

Los gigantes automovilísticos no son los únicos los únicos señalados. Las organizaciones ecologistas alemanas Greenpeace y DUH también emprenderán acciones judiciales contra la petrolera Wintershall Dea, a la que pretenden forzar a que deje de abrir nuevas explotaciones de petróleo y gas para el año 2026. Las organizaciones ecologistas acusan a la multinacional fósil de ser responsable de 80 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero cada año y de tener como objetivo aumentar su producción de combustibles fósiles en un 30 por ciento más durante los próximos dos años.

Precisamente, este lunes la petrolera alemana ha anunciado el hallazgo de una nueva acumulación de gas en el campo de Bergknapp (mar de Noruega) con entre 13 y 56 millones de barriles de petróleo equivalente.

Las cuatro corporaciones que se enfrentan a las acciones legales “contradicen los objetivos climáticos de París”, denuncian los activistas, remarcando que, según la sentencia del Constitucional, esos objetivos serían ilegales”.

Las compañías podrían sufrir el mismo varapalo que Royal Dutch Shell tuvo en mayo en los Países Bajos, cuando un tribunal de La Haya declaró culpable a la petrolera holandesa de la crisis climática, considerándola culpable del 2% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero a nivel global y obligándola a reducir sus emisiones un 45% en diez años.