Capitalismo
Urkullu, deja alguna discoteca

La noche bilbaína ha cambiado radicalmente. Lejos quedan las noches de pogos en El Garaje o una década después en Kukutza. Más remotas aún son las veladas de varieté Palanca arriba. Los locales más nocheros de la villa han sobrevivido a duras penas una década de multas, cierres y persecución municipal. El virus incluso se ha llevado por delante algunos de los pubs de moda en Mazarredo o Indautxu donde los cachorros jeltzales echaban las horas, con el trágico desenlace para quienes les tienen que aguantar con más frecuencia en el Kafe Antzokia. Y qué decir de la Mao Mao Beach, pues la cuna del reggaeton ha sido la primera víctima de la especulación en Zorrozaurre: se ha despertado del confinamiento en Idealista; la discoteca está a la venta por 1,5 millones de euros y se acepta el pago en bitcoins.

Lendakaris Muertos y las letras radicales del rock and roll vasco que se inspiraban en las acciones de ETA a fin de ilustrar las contradicciones de la estrategia contra el estado opresor han desaparecido al mismo ritmo que el terrorismo. En cambio, las drogas y el alcohol siguen más presentes que nunca durante los fines de semana, junto a los cócteles contra la ansiedad que acompañan a cada vez más jóvenes durante los día lectivos (Fluoxetine, Citalopram, Sertraline, Paroxetine, Escitalopram…). Tampoco se ha ido el coronavirus, una realidad que ha dejado durante demasiado tiempo a un partido anquilosado hasta la médula, el PNV, en la difícil tarea de gobernar a jóvenes sin apenas oportunidades laborales, llenos de rabia, incertidumbres y precariedad, al mismo tiempo que impulsados hacia la socialización tras pasar dos de los mejores años de sus vidas confinados.

Dado que acabar con el modelo capitalista vasco y entregar a los jóvenes su derecho a transformar las relaciones de producción (es decir, la forma más pura de socialización, el socialismo) no es una opción, el discurso dominante trata de imponer la siguiente idea: la juventud solamente es gobernable entre las cuatro paredes de la noche, o del botellón en el parque, donde naturalmente se contagia el virus. Así, se ha tratado de imponer la idea de que existe una crisis de gobernabilidad y, por tanto, se requiere mano dura también. A su vez, ello ha implicado grandes campañas mediáticas de criminalización y demonización mucho más fuertes que los esfuerzos políticos de hace una década por presentar a los jóvenes de la margen izquierda como canis peligrosos que no quieren estudiar ni trabajar.

En este contexto, llega un nuevo viejo estreno a la cartelera política vasca: “el retorno del LABI”, como titulaba El Correo. El grupo de expertos, cada vez más medrado porque el órgano consultivo eliminó por completo a expertos en epidemias y profesionales de Osakidetza, acaba de anunciar por tercera vez en dos años de pandemia la “situación de emergencia”. Más allá de sus connotaciones pandémicas, los filósofos han mostrado la manera en que los gobernantes utilizan estados de excepción, como una crisis sanitaria, para imponer medidas de shock que no serían aceptadas en ningún otro contexto. Bueno, pues el PNV se ha marcado un hat trick del shock. ¿Qué futuro trata de implementar la élite vasca, cómo tratan de hacerlo y a quién se dirige? De nuevo, una historia de farándula y discotecas.

Al trapero se la suda la criminalización en el Teleberri, al trapero se la suda el pasaporte covid

Desde el último viernes de noviembre, la única forma de acceder a los restaurantes de más de 50 comensales y a establecimientos de ocio — es decir, de noche— es a través del llamado pasaporte covid. Cada persona debe identificarse mostrando la pauta de vacunación completada o atestiguar haber pasado la enfermedad de manera reciente. Un documento que se deberá actualizar constantemente, lo cual trata de matar dos pájaros de un tiro e introducir a la ciudadanía en el bucle de la vacunación. La medida ha sido implantada en Francia, Grecia, Reino Unido y en otros países del mundo con el objetivo de reducir los contagios. Requiere una plataforma tecnológica que, a través de códigos QR, recopila información sobre toda la población. No obstante, las implicaciones para la privacidad y las leyes de protección de datos no han sido debatidas en ningún informativo.

Esta tendencia global hacia la gestión de la pandemia mediante pasaportes sanitarios ha sido fuertemente cuestionada, especialmente por los científicos políticos, porque puede desencadenar actuaciones autoritarias y represivas por parte de los gobernantes. Un estudio reciente, aún no publicado, ofrece algunas conclusiones sobre el caso danés: si bien las nuevas vacunas aumentaron durante las semanas posteriores a la conferencia de prensa que anunciaba el pasaporte covid, el incremento de la presión sobre la opinión pública para que se vacunara también disminuyó la confianza entre los no vacunados.

En Dinamarca, incluso una presión leve sobre este segmento poblacional disminuyó la confianza entre los no vacunados en un 11%. Además, argumentaba el estudio, esta estrategia reduce el cumplimiento de otros consejos sanitarios, fundamentales para asegurar el bienestar colectivo, y alimenta la disidencia hacia medidas científicamente mucho más útiles que el pasaporte covid, como el uso de mascarillas, que puede reducir la transmisión a la mitad.

'Neoliberalismo Basque Country'

Ekaitz Cancela Miguel Virizuela

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Consultoras

consultoras 'Neoliberalismo Basque Country'

Ekaitz Cancela ,  Miguel Virizuela

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La economía política vasca se asienta en una serie de firmas de consultoría, testaferros del capital que hacen las labores del Gobierno Vasco

En Reino Unido, quienes tratan de legitimitar estos pasaportes antes la opinión pública son los ideólogos de la Tercera Vía neoliberal, como el Instituto Tony Blair. James Meadway, antiguo asesor del canciller en la sombra en Reino Unido, ha cargado duramente contra estos esquemas porque son ineficientes, existen pocas evidencias de que supriman los brotes y, en cambio, solo fomentan la discriminación o la extensión de la vigilancia masiva. Respecto al primer argumento, documentos filtrados por el medio digital Politico sobre los pronósticos internos del grupo de trabajo británico para afrontar el coronavirus muestran que los pasaportes Covid tendrán un “impacto moderado en la reducción de la transmisión”. De hecho, las cifras que maneja el Gobierno británico sugieren que este certificado reducirá la transmisión general tan sólo entre un 1 y un 5 por ciento.

Meadway cita otro estudio reciente de varios expertos, publicado en la prestigiosa British Medical Journal (BMJ), que ponen el foco sobre cómo los pasaportes sanitarios fomentan la discriminación contra los habitantes. “Si los países comienzan a usar pasaportes para la participación en eventos, actividades y viajes, solo aquellas personas que estén dispuestas y puedan o tengan acceso a pruebas aceptadas en diferentes países podrán participar, lo que agravará las desigualdades de acceso a pruebas y vacunas”. Ciertamente, esto suena bastante en consonancia con la retórica racista del fundador del PNV, Sabino Arana, quien aún nos vigila desde una estatua frente a la sede del partido en Bilbao.

Por último, el reputado Ada Lovelace Institute alertaba en un informe publicado hace varios meses sobre los distintos riesgos asociados con el incremento de la represión a través de tecnologías digitales y comparaba la implementación de los certificados covid con lo ocurrido en Estados Unidos tras los ataques del 11S. En primer lugar, resulta poco probable que estos sistemas y su infraestructura se eliminen una vez que la crisis haya pasado. Más bien al contrario, cualquier emergencia futura, aunque nada tenga que ver con una situación sanitaria, será utilizada para desplegar sistemas similares orientados a ejercer un mayor control sobre la población. Además, otros conjuntos de datos podrán integrarse en estas aplicaciones en los próximos años, como registros de salud física y mental, resultados de pruebas genéticas, mecanismos de predicción y medición de riesgo más sofisticada o sistemas para la inclusión y exclusión de personas en función del riesgo que supongan para la salud. De este modo, la ciudadanía de los países pobres que no tenga acceso a sistemas sanitarios fuertes será vista como peligrosa, de igual modo que ha pasado recientemente en África. Pero también existen grandes peligros para los estratos sociales más pobres, o sencillamente racializados, a quienes se ha comenzado a excluir de manera sistemática de la cobertura en los servicios públicos de salud.

Así, de los certificados covid pronto pasaremos a los certificados sobre la salud en general, con los mecanismos de exclusión y vigilancia digital asociados a ellos. Por último, las empresas privadas que ofrecen los pasaportes de vacunas u otras tecnologías similares pueden tener incentivos comerciales para monetizar los datos personales y venderlos a los sistemas de salud. Como ocurrió en Escocia, existe el riesgo de que los datos se compartan con los capitalistas tecnológicos que gestionan dichas plataformas, como Google, Microsoft o Amazon, y se reutilicen para usos distintos a los que las personas han dado su consentimiento. 

Beltzas 2.0: vigilancia digital y datos biométricos

En efecto, al lehendakari Iñigo Urkullu le importa poco la evidencia científica, sólo quiere implementar políticas que generen algo de discusión para ocupar los minutos en el Teleberri y justificar una agenda caciquista, neoliberal y autoritaria, in crescendo a medida que avanza la pandemia. A este respecto, el negacionismo absoluto de los medios de comunicación vascos sobre la gestión del PNV es un germen de antivacunas mucho mayor que cualquier video viral de la ultraderecha en las redes sociales. Mencionemos, además, que la cifra de personas sin vacunar en Euskadi es de 400.000, aunque más de la mitad son menores de 12 años. Además, un 91% del target al que estas medidas se destinan tiene la pauta completa.

De estos argumentos se deriva una conclusión natural: las políticas públicas del PNV no están diseñadas para reforzar la noción de la salud como derecho universal, sino para controlar cada esfera de la vida social, con la consecuente merma para los derechos y libertades colectivas. Recordemos que el Gobierno Vasco, hace tan sólo un año, destinó 855.000 euros a que las patrullas de la Ertzaintza se equiparan con cámaras corporales para grabar imágenes de las actuaciones policiales de los agentes. Este proyecto piloto, en fase de prueba en Bilbao, Irún y Gasteiz, ha ido acompañado de la implantación de cámaras CCTV en el Casco Viejo de la capital bizkaina. Casi siempre, estas situaciones de excepción se justifican bajo apelaciones a “gestionar mejor el tráfico,” aunque las cámaras estén orientadas hacia zonas peatonales.

De acuerdo a los estudios académicos más recientes, las cámaras corporales están involucradas en el acto de “no ver” la violencia estatal, racializan a las comunidades excluidas del sostén público y las hace más vulnerables a la brutalidad policial. En lugar de reducir el grado de dureza en las intervenciones policiales, otros trabajos académicos alertan de que el aumento de la vigilancia biométrica mediante tecnologías de reconocimiento corporal sobre los grupos marginados, o simplemente contra la población en general, imprime una vuelta de tuerca, mucho más sutil, hacia la criminalización de la protesta social. Todo ello ocurre en un momento donde las promesas sobre la recuperación económica post-covid se muestran como lo que son, una farsa, y cada vez existe más hartazgo social entre la población.

Fase beta del experimento neoliberal vasco

Ekaitz Cancela Aitor Jiménez

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PNV

Fase beta del experimento neoliberal vasco

Ekaitz Cancela ,  Aitor Jiménez

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La segunda ola refleja la farsa de la gestión tecnocrática de la pandemia en la política vasca, supresión del estado del bienestar y militarización del espacio público. Un experimento del PNV para avanzar hacia su paraíso neoliberal.

Por último, pocas semanas antes de que el lehendakari anunciase el estado de excepción, Urkullu se negó a volver a llamar a los 4.000 profesionales sanitarios contratados temporalmente durante la fase más intensa de la pandemia. Podemos comprender la reciente decisión del Gobierno Vasco, suspender cirugías programadas y consultas no urgentes en hospitales y ambulatorios de toda la red de Osakidetza, como una prioridad política: la seguridad como única norma, la salud como un servicio privado para los vascos que tengan acceso a IMQ.

Paralelamente, hace un año, el presupuesto del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ascendió a 691,6 millones, un 3,1% más que el anterior ejercicio. En líneas generales, el presupuesto se distribuye en siete programas, de los cuales el 95% de esta cifra corresponden al Programa Ertzaintza en Servicio. Asimismo, la Academia Vasca de Policía y Emergencias recibió 24,5 millones, con un incremento del 15,3%.

Cabe añadir al respecto que, en los proyectos de digitalización presentados en el marco de los fondos de recuperación posteriores al covid, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco introdujo una partida de 5,1 millones para la digitalización del sistema de inteligencia de la Ertzaintza, así como para innovaciones en el sistema de información policial. De acuerdo al documento, el objetivo es “instaurar un nuevo modelo basado en el análisis avanzado y geoespacial, junto con capacidades de Inteligencia Artificial para el procesamiento de los datos recogidos y almacenados en cualquier punto de la plataforma que posibilite la predicción del comportamiento delictivo... con el fin de tomar las medidas necesarias para mejorar la seguridad en las calles”

También incluyó un presupuesto destinado a equipamiento, justo después de que  Hordago-El Salto publicará que Gobierno Vasco, Ertzaintza y una docena de ayuntamientos, incluido el de Bilbao, han gastado más de un millón y medio de euros en contratar a la empresa de un exagente de la inteligencia israelí y a sus distribuidoras para equiparse con material antidisturbios, externalizando así funciones de seguridad pública.

Para la juventud vasca, el llamado Rock Radical Vasco (RVV) no existe. Atrás han quedado los cánticos anti policiales de los Lehendakaris Muertos, pero también los atentados de ETA en discotecas como La Nuba, en la localidad de Urdax, o la discoteca Bordatxo de Doneztebe, ambas en el Valle de Baztán. A escasos kilómetros, la corriente estética de nuestro tiempo comienza a emerger y unos jóvenes navarros graban canciones con letras como “muevo el culo, gora ETA” sin que la Audiencia Nacional (¡o Internacional!) pueda considerarlo apología al terrorismo. Y, curiosamente, tampoco los movimientos de la izquierda tradicional vasca han sido capaces de instrumentalizar a estas bandas como hicieron en el pasado con Hertzainak, Kortatu o Barricada. Ahora que se puede hablar de todo sin matarnos, y si observamos tanto los movimientos del PNV como las expresiones culturales de la farándula vasca, podemos afirmar que el sentido común de época ha cambiado radicalmente. De qué lado se decante dependerá, en buena medida, de la lucha organizada, no sólo contra la militarización de la vida social y política, sino contra el sistema capitalista vasco. Las condiciones de posibilidad existen, ¿acaso no escuchan el auto-tune?

La estrategia  de control social y represión de la disidencia de los hijos terribles de Sabino Arana irá en incremento, aunque de manera mucho más sutil a cuando operaba ETA, y posiblemente utilizando las más avanzadas tecnologías digitales. La razón no es otra que la incapacidad del PNV para gobernar Euskadi, es decir, mantener la legitimidad del Estado y garantizar la acumulación de capital. Agarrotados en un nacionalismo políticamente senil, el modelo vasco camina hacia su última expresión, un autoritarismo de nuevo cuño. Si los viejos rockeros volvieran a escribir letras políticas, tal vez ahora gritáramos “Urkullu, deja alguna discoteca”.