Castilla y León
Los movimientos sociales resisten en Castilla y León mientras crece la desconfianza en las instituciones

Cerca de 15.000 personas asistieron a las manifestaciones por la sanidad pública el pasado 21 de febrero en Valladolid. Entre el 26 de enero y el 2 de febrero 8.000 tractores paralizaron las calles contra los acuerdos de Mercosur. 3.000 personas salieron a la calle por la gestión de los incendios el 13 de febrero. Castilla y León no es una comunidad desmovilizada, sino un escenario en el que, siguiendo la tendencia estatal e internacional, crece la desconfianza en las instituciones y su capacidad para mejorar las condiciones de su ciudadanía.

Ignorando la acelerada agenda electoral, medio centenar de personas se reunieron el 7 de marzo a las puertas del recién inaugurado centro antiaborto de la organización Mujer y Vida, en Valladolid, convocadas por la Coordinadora Juvenil Socialista. Frente a un centenar de creyentes arrodillados, las personas manifestantes denunciaban la ausencia de reacción de la Junta ante la apertura de este centro, próximo a la única clínica que practica abortos en la provincia y de las escasas que lo hacen en Castilla y León. “Esto es fruto de la lógica de un sistema que siempre ha utilizado el control sobre los cuerpos de las mujeres como herramienta de dominación”, gritaba su portavoz al leer el comunicado. 

El acceso a un aborto seguro y gratuito es una de las demandas históricas del feminismo que se mantienen sin respuesta en Castilla y León

El acceso a un aborto seguro y gratuito es una de las demandas históricas del feminismo que se mantienen, sin respuesta, en la comunidad. Las pasadas elecciones autonómicas dieron fruto a un pacto entre partidos, el PP y Vox, responsables de una batería de polémicas medidas antiabortistas como la relacionada con ofrecer escuchar el latido fetal a las mujeres que quieran soliciten una interrupción voluntaria del embarazo y el anuncio de una Ley de violencia intrafamiliar, que negaba la violencia de género y que no llegó a existir jurídicamente. “Yo es que no sé mucho de embarazos”, se justificó al ser interrogado por estas medidas el entonces vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, en 2023. 

En las últimas elecciones autonómicas de Castilla y León, celebradas el 13 de febrero de 2022, la tasa de abstención fue del 36,56%. Esto significó un aumento de 1,47 puntos en relación con los pasados comicios y de 4,06 si se compara con la última década. Es un crecimiento solo equiparable con el aumento del partido de ultraderecha, Vox, que se vio reforzado con el 17,64% de los votos y 13 asientos en el parlamento en 2022. Las encuestas del CIS le otorgan nuevamente el poder de pactar para lograr mayoría en las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo, con un 16,1% de los votos, aunque otras encuestas le auguran un 20%. 

Ambas tendencias buscan respuestas en lugares diferentes, pero parecen partir de un análisis común: la desconfianza en las instituciones y sus partidos tradicionales para poner respuesta a un convulso escenario internacional, nacional y regional. “Defendemos la lucha desde los movimientos sociales, las asociaciones vecinales, los sindicatos y colectivos de base y las diferentes redes de apoyo mutuo que existen en nuestro territorio, independientemente de quien gobierne”, afirma Silvia, en nombre de las organizaciones que componen el Bloque Crítico Transfeminista. 

Vox y el Partido Popular han anunciado una paralización de sus agendas tras el triple asesinato machista en el municipio burgalés de Miranda de Ebro mientras la Ley contra la Violencia de Género en Castilla y León continúa sin actualizarse desde 2010 por la negativa de ambos partidos

Las organizaciones que conforman esta plataforma —CGT, CNT, Camada Queer Castellana, Marabunta y Respuesta Valladolid— denuncian un aumento de la violencia machista y la violencia lgtbifóbica. Castilla y León ha invertido menos en prevención de la violencia de género por habitante que otras comunidades autónomas con población similar, como Castilla La-Mancha. Fruto del pacto obtenido en las pasadas elecciones, la Junta ha suprimido la contratación de agentes de igualdad en municipios de más de 20.000 habitantes. 

Con estos datos en la palestra, Vox y el Partido Popular han anunciado una paralización de sus agendas electorales debido al triple asesinato machista acontecido esta semana en el municipio burgalés de Miranda de Ebro. Mientras tanto, la Ley contra la Violencia de Género en Castilla y León continúa sin actualizarse desde 2010 por la negativa de ambos partidos, pese a las demandas de los movimientos sociales por aplicar las medidas que marca el Pacto de Estado contra la violencia de género. “No creemos que en Castilla y León haya una situación muy diferente al resto del Estado, hay una tendencia hacia posiciones ultraderechistas evidentes, pero quizás la lectura es que si se cabrean tanto es porque algo bien estamos haciendo, no tenemos miedo”, afirma Silvia. 

El voto enfadado del campo

“Hay mucha incertidumbre en el campo y la gente quiere cambios, el voto de Vox es el voto del cabreo”, afirma Jesús Manuel González Palacín, coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León. Los gráficos de tendencia de voto en la comunidad son claros: el PP domina la intención de voto en los municipios de menos de 500 habitantes, que son la mayoría (1.800 de 2.246), según el portal abierto de la Junta de Castilla y León. Actualmente, este voto está siendo disputado por Vox. 

“La impresión que tienen muchos agricultores es que el gobierno autonómico traslada una normativa que viene de Madrid, que a su vez viene de Europa, que se hace a miles de kilómetros sin ninguna noción de la realidad”, afirma Palacín. Según la asociación agraria que representa, la Junta no cuenta con una política agraria propia ni voluntad de hacer algo más allá de lo que marca la PAC (Política Agrícola Común de la Unión Europea). 

En Castilla y León, el modelo de agricultura y ganadería está en riesgo por varias amenazas que provienen del papel que se le quiere otorgar a la comunidad dentro del panorama nacional e internacional. Palacín señala como prioridad urgente el aumento de costes de producción debido a los recientes ataques de Estados Unidos a Irán, situación ante la que demandan a la Junta una ley contra la especulación. También los polémicos acuerdos de Mercosur, contra los que ni el PP del gobierno central ni el autonómico han mostrado oposición hasta el momento. Y, finalmente, la PAC, que se ha anunciado con un 22% de recortes en ayudas directas y otro tantos en desarrollo rural. 

Pese a la desconfianza en la política institucional, el campo de Castilla y León ha demostrado estar organizado y movilizado en los últimos años

“El campo está harto y la ultraderecha promete que va a hacer algo que no puede hacer, porque es una normativa europea, pero a la gente le convence, se hace un voto emocional mucho más que racional”, afirma Palacín. A todas las problemáticas señaladas como prioritarias por la UCCL se suma la competencia desleal de los macroproyectos energéticos y los fondos de inversión. 

Pese a la desconfianza en la política institucional, el campo de Castilla y León ha demostrado estar organizado y movilizado en los últimos años. “Estamos muy animados porque tenemos el respaldo de la sociedad, de la ciudadanía, fue impresionante como salieron a aplaudirnos en Madrid el 11 de febrero, hemos pasado de ser los terroristas ambientales a ser productores de alimentos”, afirma Palacín. 

Sin embargo, el miedo a que el modelo de producción agrario de Castilla y León desaparezca continúa marcando las decisiones del campo. “Es que es nuestra vida, un fondo de inversión no tiene raíz, pero toda nuestra vida está metida ahí”, declara Palacín. 

Propuestas políticas y ciudadanas más allá de las urnas

Cerca de 150.000 jóvenes han abandonado Castilla y León en la última década. Según las estimaciones, en 2050 Castilla y León se convertirá en la comunidad más envejecida de la Unión Europea, si continúa la tendencia. “Cuando hablamos de precariedad laboral y expulsión juvenil, del encarecimiento de la vivienda, del deterioro del transporte y los servicios o de la subordinación del campo, estamos describiendo el papel que cumple la comunidad dentro del capitalismo europeo”, afirma Alba, portavoz de la Coordinadora Juvenil Socialista. 

La organización coincide con el análisis de la asociación agraria en señalar una lógica estructural detrás de la deriva de la comunidad y la desconfianza de la ciudadanía. Señalan que el llamado “abandono” de la comunidad es en realidad una intención de relegar a Castilla y León a un espacio logístico, reserva de recursos y responsable de formar mano de obra, que luego expulsa hacia las capitales donde se concentra la inversión. 

“La Junta no define el marco en el que se mueve la economía regional, sino que lo administra”, afirma Alba. Para la organización, la abstención electoral en Castilla y León es una expresión de la incapacidad de los partidos tradicionales de representar y defender los intereses de la ciudadanía en los últimos años. “La ilusión política no surgirá de una nueva combinación parlamentaria, sino de la construcción paciente de una alternativa de clase”, afirma Alba. Mientras el voto en las urnas definirá, según todas las previsiones, un nuevo pacto de las derechas, la organización social no se detiene en Castilla y León.