Catalunya
Más de 206.000 euros en sanciones de ley mordaza por intentar parar desahucios en Catalunya

Agentes de la unidad ARRP de antidisturbios de los Mossos d’Esquadra aprovechan que sale espantada una vecina menor de edad para empujar la puerta del número 5 de la calle Argemí de Manresa (Bages), se abalanzan sobre un grupo de activistas y las golpean. La escena se produjo el 25 de marzo de 2019, día en que los juzgados decidieron seguir adelante con el desahucio de Rachida, su marido y su hija de veinte años, que esperaban un piso de la mesa de emergencia desde hacía seis meses. Las activistas de la PAHC Bages que intentaron pararlo fueron identificadas pero, a diferencia de otras ocasiones, en diciembre recibieron sanciones en sus domicilios. Solo con las multas interpuestas a raíz de aquel desahucio, en aplicación de la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, suman 20.000 euros.

Entre el desahucio de Rachida en Manresa y el 10 de octubre de este año ha transcurrido un año y siete meses, un periodo de tiempo en el cual los Mossos han impuesto, como mínimo, 351 multas por ley mordaza contra personas que participaron en acciones para frenar desahucios (364, si se suman los procedimientos abiertos en casos de okupaciones). Los procedimientos sancionadores suman un total de 206.141 euros, repartidos en las localidades de Manresa, Barcelona, Mataró, Sant Cugat y Salou, y afectan a diferentes plataformas, grupos y sindicatos de vivienda. 

Los procedimientos sancionadores suman un total de 206.141 euros, repartidos en las localidades de Manresa, Barcelona, Mataró, Sant Cugat y Salou

El precio por intentar frenar un desahucio en Barcelona: 18.030 euros en multas “mordaza”

Gessamí Forner

1

Catalunya

El precio por intentar frenar un desahucio en Barcelona: 18.030 euros en multas “mordaza”

Gessamí Forner

1

Los Mossos d’Esquadra inician una nueva estrategia para intentar desarticular el fuerte movimiento por la vivienda de Catalunya a través de la aplicación masiva de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Los datos se han conseguido recopilar gracias a la labor realizada por un grupo de trabajo del movimiento por el derecho a la vivienda y el apoyo de la organización antirrepresiva de la izquierda independentista Alerta Solidària, la cual se encarga del asesoramiento y los trámites para recurrir las multas. En una rueda de prensa delante del Departamento del Interior, reclamaron ayer la retirada de las multas, un compromiso por parte del Govern catalán de no aplicar más la ley mordaza —aprobada por el PP en 2015—, y la no intervención del Àrea de Brigada Mòbil de los Mossos d’Esquadra (Brimo) en los desahucios, una medida que forma parte del pacto de investidura de la CUP con ERC.

Desde que se constituyó el nuevo Gobierno en Catalunya, las sanciones tramitadas se han acelerado: 220 por un importe total inicial de 137.719 euros, entre los meses de junio, julio y septiembre. De hecho, ni 24 horas después de la toma de posesión de Pere Aragonès como presidente del Govern catalán, y aún con Miquel Sàmper como a consejero de Interior en funciones, se produjo el desahucio de un piso en el bloque Llavors, un edificio del bario de Poble-sec de Barcelona. Según transmitieron entonces Mossos d’Esquadra a la Directa, la operación se saldó con tres personas investigadas por atentado contra los agentes, nueve por desórdenes públicos y unas sesenta personas denunciadas administrativamente por desobediencia a los agentes de la autoridad. De estos sesenta, de momento, veinte han recibido la notificación y, por tanto, están contabilizadas en el recuento.

Desde que se constituyó el nuevo Gobierno, las sanciones tramitadas se han acelerado: 220 por un importe total inicial de 137.719 euros entre los meses de junio, julio y septiembre

Para la activista de la PAHC Baces, Lídia Soler, “si nos están multando es porque nuestra lucha funciona y les les gusta”. De algún modo, el nivel de represión hacia el movimiento por el derecho a la vivienda va relacionado con el nivel de movilización y precisamente la PAHC Bages es una plataforma en la cual participa mucha gente y ha conseguido recuperar ocho bloques para la Obra Social, es decir, dedicados a alojar a personas en situación de vulnerabilidad. La plataforma no solo ha recibido sanciones por el caso de Rachida, sino que también acumula 33 multas por “obstruir […] el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales”. Se impusieron en el contexto del desahucio de Mohamed y su familia de una vivienda en la calle Roger de Flor de Manresa, propiedad de Sareb.

A raíz de la aplicación masiva de la ley mordaza, la PAHC Bages no se ha quedado de brazos cruzados. “No nos pararán y no nos harán retroceder mientras la vida y el techo de nuestras vecinas esté en peligro”, sentencia Soler, quien explica cómo organizaron un concierto solidario de Xavi Sarrià en la Sala Stroika para recaudar dinero para las primeras multas.

Para la activista de la PAHC Baces, Lídia Soler, “si nos están multando es porque nuestra lucha funciona y les les gusta”

Obstrucción, desobediencia y faltas de respeto

La primavera de 2019 fue el punto de partida de un goteo inacabable de notificaciones de sanciones a centenares de activistas por el derecho a la vivienda de trece grupos, PAH y sindicatos distintos de todo el territorio: 74 multas por el desahucio de la calle Còrsega en Barcelona; 33 más de la calle Roger de Flor en Manresa; 28 en Gran Via; 27 en el Bloc Gayarre (Barcelona), una veintena en la calle Aragó y otras veinte en el Bloc Llavors, entre otras.

La mayoría son sanciones de 601 euros, la parte baja del intervalo estipulado para infracciones graves, vinculadas a dos tipologías: “obstrucción a la justicia” (artículo 36.4) —más concentradas en los últimos meses de 2021— y “desobediencia” (36.6). Pero también hay algunas sanciones de cien euros por “faltas de respeto y consideración” (37.4), un delito que está clasificado como leve. Eva Pous, abogada de Alerta Solidària, explica que en los recursos que están presentando, además de “intentar evidenciar que lo que se persigue no es una acción individual sancionable, sino la acción colectiva”, señalan la dejadez de funciones de la administración: “A menudo, los expedientes sancionadores incluyen minutas abstractas y sin ningún detalle, que se tramitan sin hacer el ejercicio, que sería esperable, y que nos obliga la ley como garantes de derechos, de filtrar los procedimientos, de no actuar con automatismo”.

Desde el Departamento del Interior ponen énfasis en el hecho de que cuando se inicia el proceso incoador “hay una revisión de los hechos, se garantiza siempre la posibilidad de presentar alegaciones y se revisa la propuesta de sanción” y en que los casos que acaban en denuncias representan un porcentaje muy bajo del total. De los 57.207 desahucios que ha habido en Catalunya entre los años 2016 y 2020, según los datos aportados por Interior a la Directa, solo en 397 se ha producido algún tipo de incidente. De estos, añaden en 151 ocasiones se ha levantado acta administrativa de denuncia. Si tomamos como referencia los dos últimos años, entre 2020 y 2021, Interior asegura que se han incoado unos sesenta expedientes sancionadores, pero no especifican a cuántas personas iba dirigido cada uno.

74 multas en la calle Còrsega

El 28 de octubre de 2020, Albert Aguilar recibió una sanción en su domicilio relacionada con el desahucio de la calle Còrsega, 219 de Barcelona. Vinculado al Casal Popular Lina Òdena, el activista respondió a la llamada que la Xarxa d’Habitatge de l’Esquerra de l’Eixamble y el Sindicat de Llogateres habían lanzado para evitar el desahucio de Estela, su marido, un familiar con un 65% de discapacidad, sus criaturas y un nieto de 7 años. A partir de las ocho de la mañana, se sumó un grupo de activistas que se situaron delante del portal: “Después de dos horas, llegó la Brimo y nos advirtieron de que si no nos marchábamos, nos identificarían. Pero nunca nos habían multado”. Guillem Jové, del Sindicat de Llogateres, también estaba, pero dentro del edificio: “En total, estábamos unas setenta personas”, recuerda. “Vimos cómo iban retirando a la gente de fuera y la iban identificando. Los Mossos accedieron a la escalera por una puerta lateral de un local y quedamos atrapados. Hubo violencia, a mi hermano le estiraron por la cabeza. Finalmente, en fila, nos identificaron uno a uno”. Con los datos recopilados, además de los golpes, el desahucio dejó una factura de 44.74 euros, 74 personas multadas.

La abogada Eva Pous subraya que el ahogamiento económico “es una forma de represión más sutil que las detenciones, con menor control y menos filtros y garantías”

Ambos consideran que se trata de una manera de “castigar” al movimiento y son conscientes de que puede dificultar la respuesta ante convocatorias. Aguilar añade que, además, quien puede poner el cuerpo para parar desahucios a primera hora de la mañana “normalmente son estudiantes o personas sin trabajo, en situaciones muy precarias”. En la misma línea, la abocada Eva Pous subraya que el ahogamiento económico “es una forma de represión más sutil que las detenciones, con menor control y menos filtros y garantías”. Ante esta situación, añade que es necesario “tejer una repuesta jurídica, pero sobretodo popular contra la represión, así como la organización de apoyo económico con el objetivo de evitar que militantes se tengan que encontrar ante la decisión de defender a sus vecinas o poder pagar el alquiler del mes”. 

Dos desahucios que también concentran un número muy elevado de sanciones son los que tuvieron lugar en el número 662 de Gran Via y en la calle Gayarre 42, en Barcelona. En el primero, la afecta era una mujer de 76 años y quien convocaba era el Sindicat d’Habitatge de l’Eixample Dret. Se saldó con 28 sanciones por “obstrucción”, cada una de 601 euros. El segundo, en el barrio de Sants, afectaba a diversas familias en situación de vulnerabilidad. El edificio, propiedad de Bardon Services Bcn, se okupó en febrero de 2019 y ya había sufrido una fecha abierta de deshaucio, y más tarde la intervención de la empresa de desalojos extrajudiciales Desokupa. Sujeto a otra fecha abierta, el Grup d’Habitatge de Sants (GHAS) hizo una llamada para parar el desahucio el 15 de diciembre de 2020, que al final se ejecutó, y 27 personas fueron denunciadas por obstrucción, con multas de 601 euros.

El primer desahucio, las primeras multas

La convocatoria del 21 de junio era la primera que lanzaba el Sindicat d’Habitatge de Tarragona, y el Sindicat d’Habitatge de Reus también se sumó. En Salou, querían desahuciar una mujer de 60 años que vivía en un piso de Gramina Homes y para llevarlo a cabo desplegaron un amplio dispositivo policial. Los agentes identificaron a diversos activistas que se concentraron en la puerta y una persona fue arrestada.

En total, y según la minuta policial, diez personas fueron sancionadas, ocho del sindicato de Tarragona y dos del de Reus, explica Carlota Vendrell. Pero en la recogida de datos solo aparecen cuatro, porque algunas aún no han recogido la multa. En cualquier caso, Vendrell denuncia que “6.000 euros es una cantidad inasumible, que puede generar un efecto desmovilizador”.

Sin identificar

Aunque en la mayoría de los casos las personas denunciadas han sido identificadas en el momento del desahucio, no siempre es así. Eva Pous explica que no solo se han encontrado con denuncias contra activistas a quien no les habían cogido los datos, sino con casos de personas “que no habían participado en una acción”.

Víctor, del Sindicat d’Habitatge de la Verneda y el Besòs, es una de las personas que no fue identificada y sobre quien recae la ley mordaza. Participó en una convocatoria del 1 de octubre de 2020 para evitar el desahucio de una vecina del barrio Ciutat Vella de Barcelona, a quien querían desahuciar por el impago de un mes de alquiler. Más de 200 personas se concentraron en el número 75 de la Rambla y consiguieron pararlo, pero no sin consecuencias. Dos personas recibieron sanciones por un delito de obstrucción, a pesar de que no identificaron a nadie. Concretamente, a Víctor, que estaba fuera del cordón policial, le acusan de aproximarse “ a la línea policial, increpando a los efectivos policiales de forma reiterada, reclamando a otras personas que se sumaran a su acción”.