Catalunya
Admiten a trámite la demanda civil contra una policía infiltrada en Catalunya

El juzgado de primera Instancia número 3 de Girona ha admitido a trámite la demanda civil que el activista y extrabajador de Òmnium Cultural Òscar Campos ha interpuesto contra Maria I.T., la agente de la Policía Nacional con la que mantuvo una relación de pareja y convivencia con él para infiltrarse en el movimiento independentista y social de Girona. Maria I. T. fue la cuarta espía descubierta de la promoción del 2019 y uno de los casos que tuvo más eco mediático. El ahora denunciante llegó a conocer a la madre de la agente y a visitar su domicilio familiar. La madre de la funcionaria también estableció una relación telefónica estrecha con el espiado y su entorno en Girona, con quien compartió momentos íntimos. De hecho, María fue la única que vinculó a su familia con las personas espiadas y todavía se desconoce por qué lo hizo: si fue una iniciativa propia o seguía órdenes de sus superiores. También es conocida por reconocer a través de una llamada telefónica recogida en el documental Infiltrats, haber realizado el espionaje, algo también poco habitual en los casos de infiltración.

El activista pide que se condene a la agente infiltrada por intromisión ilegítima en su derecho fundamental a la intimidad y que se lo obligue a pagar una indemnización de 152.220.54 euros por el perjuicio clínico acreditado y en concepto de daño moral. Con esta demanda, la defensa de Campos abre la vía civil como camino complementario a la vía penal.

Actualmente, el caso está encallado en el Tribunal Constitucional, a la espera que se resuelva un recurso de amparo presentado contra la decisión de la justicia española de no investigar la actuación de la agente infiltrada. En el documento del archivo de la causa por la vía penal, la fiscalía utilizó el argumento de que “la relación sentimental es consentida durante su vigencia (aunque ahora se pretenda ‘viciada’), entre el querellante Òscar Campos y la querellada”.

En el caso de la querella presentada por un delito de abuso sexual por parte de cinco mujeres contra un policía infiltrado, la Fiscalía se posicionó pidiendo la no admisión a trámite. La vía civil, que se abre ahora, solo tiene como posible salida reparatoria el pago de una indemnización.

Campos denuncia que se le vulneró el derecho fundamental a la intimidad previsto en el artículo 18 de la Constitución Española y en el artículo 8 de la Carta Europea de Derechos Humanos, y expone que la agente de policía adoptó una identidad falsa para ganarse su confianza y establecer una relación sentimental para tener acceso a información de espacios, entidades y formaciones. Un acceso que nunca habría podido conseguir si se hubiera sabido que era policía, por lo cual considera que la funcionaría lo “cosificó”, convirtiéndolo en un simple “instrumento” para conseguir sus objetivos.

Durante dos años —del 2020 al 2022—, la infiltración afectó directamente la vida personal, familiar y el entorno de Campos, pero también sirvió para conseguir información confidencial sobre las actividades y el funcionamiento de Òmnium Cultural, los movimientos sociales y políticos en los cuales estaba implicado, y los procedimientos judiciales que tenía abiertos. De hecho, la agente llegó a estar presente en dos de los encuentros de Campos con sus abogados.

El denunciante reclama que la infiltración ataca directamente su dignidad personal

La demanda admitida a trámite expone que Campos sufre, desde el 2023, una situación de “profundo malestar psicológico y emocional derivado de un engaño sostenido en el tiempo” que ha afectado directamente su confianza personal, estabilidad emocional y la manera de relacionarse con los otros. Este engaño sostenido durante más de dos años ha atentado contra su dignidad y, según se establece a la demanda, “le ha provocado una ruptura intensa de sus esquemas afectivos y de confianza básica”.

La demanda, a partir de la doctrina del Tribunal Constitucional que establece la dignidad personal como fundamento del derecho a la intimidad, entiende que este derecho no es un “simple espacio de reserva o secreto individual” sino una “condición indispensable para que la persona pueda desarrollar libremente su personalidad, preservar su autonomía moral y mantener el control sobre las dimensiones más personales de su vida”. Sin este espacio propio exento de intromisiones ajenas, indica la pregunta, la persona queda “expuesta a la cosificación y a la pérdida de su autonomía”, un hecho que es incompatible con el respeto hacia su dignidad.

Una infiltración sin cobertura legal ni judicial

La ley regula la figura del agente encubierto para investigar delincuencia organizada y exige una autorización previa y control judicial. En el caso de Campos, no existía ningún procedimiento en el marco del cual se hubiera autorizado Isern a actuar como agente encubierta, con una identidad falsa, e infiltrarse en su vida personal, política y asociativa. El Ministerio del Interior defiende que estos policías “son “agentes de inteligencia”, una figura no regulada a la ley, y pretende así eludir las garantías exigibles en una actuación policial tan invasiva.

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha justificado la vía civil como complementaria a la penal ante la carencia de investigación judicial de las infiltraciones policiales. “Después de que la vía penal se cerrara sin hacer ninguna investigación, y mientras el Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver el recurso de amparo, tenemos que utilizar todas las vías disponibles para defender los derechos fundamentales vulnerados. Sabemos que la judicatura española no tiene ningún tipo de voluntad de aclarar responsabilidades por unas infiltraciones que no solo son reprobables moralmente con un daño personal gravísimo, sino totalmente improcedentes e ilegales”.

Antich también ha afirmado que “resulta aberrante que el espionaje del Estado español contra el movimiento independentista catalán se rebaje a prácticas tan degradantes e inhumanas”, pero ha insistido que “todavía resulta más preocupante que las garantías judiciales que teóricamente tendrían que amparar todos los ciudadanos del estado español no se activen, sino que, al contrario, redoblen los esfuerzos al taparlo todo, en lugar de proteger los derechos fundamentales de las personas. Es escalofriante y vergonzoso”.

El presidente de Òmnium Cultural ha recordado que la Organización de Naciones Unidas ha expresado preocupación por el uso de agentes de inteligencia infiltrados en movimientos sociales, que además, se hizo sin garantías jurídicas ni control judicial: “No es aceptable que, ante una vulneración tan grave de derechos fundamentales, la respuesta del Estado continúe siendo impedir que se investigue y que se asuman responsabilidades”.