Análisis
Cataluña: incendios reales e incendios políticos

El gobierno de Salvador Illa superó el pasado 2 de julio una de sus asignaturas pendientes y más complicadas, la de la aprobación del Proyecto de Ley de presupuestos de la Generalitat, con los votos a favor de los grupos parlamentarios de PSC-Units, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Comuns —los tres partidos que han pactado las cuentas— y en contra de Junts, Partit Popular de Catalunya, Vox en Cataluña, la Candidatura d’Unitat Popular-Defensem la Terra (CUP-DT) y las dos diputadas de Aliança Catalana (AC).

Se trataba de un objetivo importante para el Govern, tanto más cuanto que son los primeros que aprueba el Parlament en esta legislatura y, en realidad, desde 2023, ya que, desde entonces, habían venido prorrogándose. En cuanto a las cifras, suponen un aumento del 22,8 % (40.399 millones) respecto a los presupuestos de 2023, con un incremento de 13.840 millones en el Departamento de Salud, 8.356 millones en el de Educación y Formación Profesional y 4.248 en el de Derechos Sociales e Inclusión. No obstante, se trata de cifras nominales, que no tienen en cuenta el incremento del IPC ni el aumento de la población desde 2023. No obstante, el debate parlamentario fue prácticamente inexistente a este respecto. La diputada de la única formación de izquierda que se opuso al dictamen (CUP-DT), Laure Vega, evitó toda referencia a estas cuestiones. Tan solo el diputado de Junts, Antoni Castellà, la mencionó tangencialmente, pero sin aportar cifras y junto a la retórica neoliberal sobre la supuesta elevada presión fiscal existente en Cataluña.

Puede que Illa se haya quitado un peso de encima antes de irse de vacaciones, ya que la falta de presupuestos se había convertido en un estigma que el gobierno catalán quería sacudirse a todo trance. Con todo, antes de marcharse el presidente de ERC, Oriol Junqueras, exigió tanto al Gobierno de la Generalitat como al de España que cumpliesen los acuerdos suscritos por ERC con el PSOE y el PSC.

En cuanto al primero, Junqueras mencionó la condonación del 22 % de la deuda de la Generalitat con el Gobierno de España a cuenta del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), cifrada en 17.104 millones de euros, medida pactada en el acuerdo anunciado el 24 de febrero de 2025, y la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica, que, según los cálculos de ERC, supondría 4.700 millones adicionales para la Generalitat. No obstante, cabe recordar que la condonación del 20 % de la deuda por las transferencias de crédito del FLA ya figuraba en el acuerdo de investidura suscrito entre ERC y el PSOE en noviembre de 2023, mientras que el acuerdo PSC-ERC para la investidura de Illa, de 7 de agosto de 2024, hablaba de una “financiación singular” para Cataluña por el cual “sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña” y que debía “formalizarse durante el primer semestre de 2025”.

La tentación del PSC de usar la actual correlación de fuerzas, y más aún el futuro, para presionar a ERC no escapa a nadie. Los republicanos, por su parte, consideran los posibles cumplimentos tardíos y a la baja de los acuerdos suscritos con el PSOE y el PSC como “pequeñas victorias” y dicen confiar en que lleguen hasta los oídos de los votantes, superando un sistema mediático que aseguran copado por Junts, y puedan ir recuperando el terreno electoral perdido en los últimos años.

Los Comuns, por su parte, han insistido en su oposición a la ampliación del aeropuerto de El Prat, municipio en el que gobiernan desde hace décadas con sus consecutivas marcas electorales. Por una parte, su discurso está fundamentado por las consecuencias medioambientales de este proyecto —palpables en medio de una ola de calor como la que Cataluña está sufriendo— y el hartazgo con la saturación turística. No obstante, su representación parlamentaria, limitada al área metropolitana de Barcelona y su historial de concesiones al PSC los hacen más susceptibles a las maniobras de presión de los “socialistas”. Significativamente, un cargo de ERC ha declarado a El Salto que, a juicio de los Comuns, “el orden natural de Cataluña es un gobierno del PSC con ellos vigilándolo, o al menos creyendo que lo vigilan”.

La lucha educa

Más debería preocupar al Govern el comienzo del curso político en septiembre, marcado por las consecuencias de los devastadores incendios que se han producido en el territorio y que en el momento de escribir estas líneas continúan, el cansancio de la población respecto a la masificación turística de un número creciente de ciudades, que sigue batiendo récords y cuyos beneficios nunca se distribuyen socialmente. Pero el principal motivo de preocupación política para el gobierno de Illa son las protestas de docentes y médicos, a las que, en el caso de Barcelona, se suman las del personal de las bibliotecas municipales.

El 11 de febrero, el personal de los centros de enseñanza del Departamento de Educación, de las escuelas municipales y de los centros de las diputaciones realizaron una huelga para exigir la recuperación del poder adquisitivo perdido durante los últimos años, la reducción de las ratios de alumnos y de las tareas administrativas, la estabilización de las plantillas y el aumento de la democracia en los centros, con la negociación de los curricula.

El 9 de marzo, el Departamento concluyó un acuerdo con Comissions Obreres y UGT de Catalunya, minoritarios en el sector, pero con los que esperaba doblegar la protesta, y que fue rechazado por el resto de sindicatos, que organizaron una consulta al respecto, que arrojó unos resultados de 40.780 docentes en contra y 2.188 a favor. Ello ha dado lugar a un largo conflicto, primero con huelgas entre el 16 y el 20 de marzo y durante el mes de mayo, con huelgas rotatorias territorialmente y en el conjunto de Cataluña. El 29 de mayo, el Departamento concluyó un preacuerdo con CCOO, UGT, la Unión Sindical de Trabajadores de la Enseñanza de Cataluña (USTEC), sindicato mayoritario en el sector, y la Asociación Sindical de Profesores de Enseñanza Pública de Cataluña (ASPEC-SPS). Sin embargo, el acuerdo fue nuevamente rechazado por los docentes en una nueva consulta, por un 65,1 % de votos contrarios y un 34,9 de votos favorables.

Resulta significativo que ni ERC ni Comuns hayan introducido el diálogo sobre los conflictos educativos y sanitarios en las negociaciones de los presupuestos con el Gobierno de la Generalitat

Los sindicatos contrarios al preacuerdo –la Intersindical-Confederación Sindical Catalana (CSC), la Confederación General del Trabajo de Cataluña (CGT), la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Coordinadora Obrera Sindical (COS)– reclaman al Departamento que negocie directamente con el Comité de Huelga. Lejos de resolverse el conflicto, la Asamblea Educativa de Cataluña, plataforma que agrupa a los sindicatos que no firmaron el acuerdo del 9 de marzo y a personas a título individual, ha convocado una nueva huelga para el próximo 8 de septiembre, día de inicio del curso 2026-27.

En lo tocante al conflicto con el personal médico de todo el territorio estatal con motivo del proyecto de reforma del Estatuto Marco del personal sanitario, en Cataluña ha dado lugar a doce jornadas de huelga. El sindicato Médicos de Cataluña ha destacado que la Administración de la Generalitat dispone de competencia para introducir mejoras en las condiciones laborales, ya que se trata de una materia transferida. Asimismo, desde el 5 de junio el personal de las bibliotecas públicas se halla en huelga indefinida todos los viernes y sábados, en protesta por la infradotación de personal, el déficit de inversión, las jornadas de hasta seis y siete días seguidos y los bajos salarios.

Resulta significativo que ni ERC ni Comuns –apegados, como en Madrid, al aparato sindical de CCOO– hayan introducido el diálogo y la resolución de ninguno de estos conflictos en las negociaciones de los presupuestos con el Gobierno de la Generalitat. Al parecer, ninguno de estos partidos han aprendido la enseñanza contenida en uno de los lemas de la protesta docente: “la lucha educa”.

El giro a la derecha de Junts termina en accidente

El 9 de julio se publicó el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), que reflejaba la consolidación de las últimas tendencias en el país: según el sondeo, el PSC se mantendría como primera fuerza, con un 23-25% de la intención de voto, aunque pasaría de los 42 escaños actuales a 36-38, siendo ERC segunda fuerza, con un 17-19% de votos y 24-26 diputados, y Junts, con un 11-13% de los votos, perdería el tercer puesto (de 35 diputados caería a 16-18), para cedérselo a AC, que llegaría hasta los 23-25 (actualmente tiene 2), con una intención de voto del 14-16%. Por detrás quedarían el PP, con unos 12-13 escaños, Vox, con el mismo número de escaños que los populares, los Comuns (4-5) y la CUP (4-5).

A la espera de lo que pueda suceder en unas eventuales elecciones —previstas para 2028, ya que el Gobierno planea agotar la legislatura—, los sondeos muestran de manera consistente cómo Junts sufre desde hace tiempo una fuga de votantes hacia la ultraderecha. La formación que preside Sílvia Orriols también está logrando la deserción de expolíticos y hasta cargos electos de Junts a sus filas; el último de ellos, el portavoz del partido en Cambrils, Enric Daza. Para AC, el barómetro del CEO supone la confirmación de que su estrategia de agitación en las redes sociales y desgaste del partido tradicionalmente conservador, en línea con otros partidos de la ultraderecha europea, está funcionando. Para Junts, en cambio, significa el fracaso de su volantazo a la derecha con el ánimo de no perder votantes. Los juntaires, que, como es sabido, no le hacen ascos a votar en contra de medidas sociales con el PP y Vox en el Congreso de los Diputados, siguen esperando que un eventual retorno de un Carles Puigdemont amnistiado les permita recuperar el terreno electoral perdido, pero lo cierto es que su figura se ha visto capitidisminuida y una parte del partido aspira cada vez más explícitamente a recuperar la capacidad que tenía el pujolismo de ir más allá de su espacio original, hasta el punto de pretender rehabilitar la figura de Pujol, que hoy se disputa con un PSC que se desprendió hace tiempo de su ala izquierda, aunque siga presentándose como “la izquierda”.

La ironía de este giro, si es que se pretendía “táctico”, es que Junts se queda un espacio reducido, hacia el que se ha dirigido él mismo. Si los posconvergentes querían importar las condiciones belgas, lo han conseguido como mínimo en una cosa: Junts se parece cada día más a la Nueva Alianza Flamenca (N-VA) –un partido neoliberal y xenófobo que ha ido acomodándose, a su manera, al federalismo y ahora hasta preside el gobierno belga, con Bart De Wever como primer ministro–, y AC se parece cada día más al Vlaams Belang, un partido flamenco retóricamente independentista de extrema derecha.

Se reduce el margen de maniobra del partido parlamentario judicial respecto a la amnistía

El 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó sendas sentencias sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional (AN) españoles contra varios preceptos de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. En lo tocante a la primera, el alto tribunal europeo respondió que el deber de los Estados miembros de perseguir “el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión”, establecido en el artículo 325 del Tratado de funcionamiento de la UE, no es incompatible con ninguna norma interna que amnistíe “los actos determinantes de responsabilidad contable, ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este” (STJUE de 16 de julio de 2026, Asunto C-523/24). En la segunda, el TJUE respondió al tribunal especial español que la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo, “no se opone a una ley nacional de amnistía que, para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación, establece la extinción de la responsabilidad penal de cualquier persona que haya cometido, en un período delimitado y en el contexto de un proceso de independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro, actos comprendidos en esta Directiva que no hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos” (STJUE de 16 de julio de 2026, Asunto C-666/24.

Y todo ello porque, como muy pedagógicamente recuerda el alto tribunal europeo, “la aprobación de una ley de amnistía se incluye en principio en la prerrogativa de que dispone cada Estado miembro, en especial en aras de un objetivo de reconciliación nacional o en la búsqueda de un compromiso político, de no enjuiciar ciertos hechos determinados, incluso constitutivos de delitos graves, pudiendo concebirse la amnistía concedida de esta manera como un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social mayor (Asunto C-666/24, § 66). Por eso, “los Estados miembros son libres de determinar las condiciones [...] en que se aplica una amnistía aprobada en aras del interés general" (Asunto C-523/24,§ 117). Y, por lo mismo, “[h]abida cuenta de esta especificidad de las leyes de amnistía, la falta de cualquier referencia a este mecanismo particular de extinción de la responsabilidad penal en la Directiva 2017/541 debe entenderse en el sentido de que las normas mínimas que esta establece, conforme a su artículo 1, en cuanto a la definición de las infracciones penales y las sanciones en el ámbito de los delitos de terrorismo, los delitos relacionados con un grupo terrorista y los delitos relacionados con actividades terroristas, no tienen por efecto excluir, como tal, el uso de la amnistía por los Estados miembros en el ámbito de aplicación de esta Directiva” (Asunto C-666/24, § 67).

ERC prefiere retener por el momento a Rufián como candidato al Congreso, pero sin ceder a sus peticiones de decidir quién lo acompaña, a sabiendas de su popularidad

Con ello, las maniobras obstruccionistas realizadas por los órganos judiciales o administrativos contra la aplicación de la Ley de amnistía parecen haber agotado su capacidad, al menos en lo tocante al planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE y en lo que respecta al grueso de afectados por procedimientos relacionados con la causa general contra el independentismo catalán.

No obstante, el Tribunal Constitucional (TC) sigue demorando la resolución de los recursos de amparo interpuestos por el expresidente Puigdemont y sus consejeros Antoni Comín, Lluís Puig, Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa contra la denegación por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) de la aplicación de la amnistía. Tras haber declarado la conformidad con la Constitución del grueso de la Ley (SSTC 137/2025, de 26 de junio, y 164/2025, de 8 de octubre), fuentes del TC apuntan a que el tribunal de garantías español esperaba a las respuestas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a las cuestiones prejudiciales planteadas contra la Ley.

El argumento resulta ciertamente confuso, toda vez que la existencia de cuestiones prejudiciales ante el TJUE pendientes de resolución no impidió al TC resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta parlamentarios del PP y la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TS. En segundo lugar, técnicamente los recursos de amparo interpuestos por el president Puigdemont y sus consejeros son independientes de las sentencias del TJUE de 16 de julio. Ello es así porque, en este caso concreto, el TS no cuestionó la Ley, sino que se acogió a las excepciones previstas en ella para inaplicarla a los hoy recurrentes (sí impugnó la Ley, en cambio, para resolver el recurso de casación interpuesto por dos jóvenes condenados por incidentes acaecidos en una manifestación contra la Sentencia del “procés”, pero no ante el TJUE, sino ante el TC, y la cuestión fue desestimada). La causa de que el máximo órgano judicial español no cuestionara la Ley en este caso concreto estriba en que la letra c del artículo cuarto de la Ley establece que la elevación de cuestiones prejudiciales al TJUE y de inconstitucionalidad al TC no paraliza el levantamiento de todas las medidas cautelares adoptadas contra los afectados por causas objeto de amnistía, de modo que ello habría obligado a suspender todas las órdenes interiores de detención de la causa especial 20907/2017 y, con ello, el retorno de Puigdemont.

Para evitarlo, tanto el magistrado instructor de la causa, Pablo Llarena, como el tribunal sentenciador, se acogieron a una intervención extravagante y “contra legem” de la Ley según la cual, por mucho que esta establezca como objeto de amnistía los “actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación” realizados “con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña” (art. 1.1.a LO 1/2024), en realidad no lo son, porque concurriría un “beneficio personal de carácter patrimonial” consistente en que los gastos para la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 no los pagaron los recurrentes (ATS de 1 de julio de 2024, FFDD 2.1.1 y 6.1), desfigurando por completo el concepto de malversación de caudales públicos tipificado en el artículo 432 del Código Penal.

En cualquier caso, dado que el propio TC ya ha declarado la constitucionalidad de la LO 1/2024 y lo absurdo de la argumentación del TS para no aplicarla a los líderes políticos del “procés”, parece razonable esperar que el TC, finalmente, conceda el amparo. Harto más imprevisible es lo que haga entonces el TS, que ha dado sobradas muestras de creatividad interpretativa cuando no quiere aplicar la ley.

Rufián lleva su salón del ángel exterminador por las Españas

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, mantiene su gira por España –a mediados de junio estuvo en Valencia, donde presentó su propuesta en compañía de Mónica Oltra–, sin que se hayan producido cambios fundamentales en la situación: falta de concreción de la iniciativa, escepticismo de la mayoría de las formaciones restantes de la izquierda y ausencia de apoyo desde las propias filas, que no quieren diluirse en una coalición cuando las encuestas les pronostican una recuperación en Cataluña. Por otra parte, ERC prefiere retenerlo por el momento como candidato al Congreso, pero sin ceder a sus peticiones de decidir quién lo acompaña, a sabiendas de su popularidad. Esta estrategia permite a la cúpula republicana no desprenderse de un activo y, a un mismo tiempo, si éste decide ir por libre, toparse con la realidad de tener que construir un bloque político, una tarea que exige algo más que gracejo y habilidad en el chascarrillo y las redes sociales.

A pesar de todo lo anterior, las especulaciones siguen, y hay quien ha sugerido que, ahora que Oltra se concentrará en conseguir la Alcaldía de la ciudad de Valencia para Compromís, Ada Colau –que actualmente ocupa la presidencia de la fundación Sentit Comú y no ha dado muestras de interés– podría ser la candidata de compromiso. Pero si algo revela este baile de sillas es que las izquierdas no han invertido muchos esfuerzos durante todos estos años en promover una nueva generación que sustituya a la del ciclo anterior, para lo cual tendrían que haberse dedicado a promover luchas sociales, que son desde donde surgen de manera natural estos dirigentes.

Respecto a la CUP, que ha recibido con desdén esta iniciativa, hasta el punto de ni pronunciarse oficialmente, aparentemente sigue, como el Barón de Münchausen, intentando salir de la semioscuridad en la que se encuentra tirando de sus propias botas. A pesar de que desde sus canales de comunicación y desde el atril del Parlament presente propuestas razonables, la escasez de cobertura desde los medios de comunicación y, seguramente, la ausencia de una orientación estratégica clara, a pesar del llamado procés de Garbí que había de resolverla, hacen que todas ellas caigan en saco roto. Guanyem Girona, la plataforma con otros partidos que le permitió alcanzar la Alcaldía de esa ciudad, ha visto cómo Junts abandonaba la coalición de gobierno, bajo la presión de la ultraderecha, pensando en aumentar sus posibilidades de cara a las elecciones municipales de 2027. En cualquiera de los casos, es un torpedo a la línea de flotación de Guanyem Girona, que podría perder la Alcaldía.

En Barcelona, la CUP, después de dos intentos infructuosos por volver a tener representación municipal (en 2019 y 2023), ha alcanzado un acuerdo con Comunistes de Catalunya, con el que algunos militantes esperan revitalizar a su base. Sin embargo, conviene dudar que una formación de cientos de militantes, una incidencia social escasa y que, en los últimos años, ha logrado su supervivencia institucional en coaliciones con los Comuns o ERC, pueda aportar ni los suficientes votos ni el suficiente músculo en la campaña como para favorecer sus resultados, y sí, en cambio, generar tensiones por su pasado político con otros movimientos y actores sociales y partidos políticos que estuviesen interesados en sumarse a este nuevo intento de la CUP.

Por lo demás, la presentación misma evidenció la incoherencia discursiva de la formación de la izquierda independentista, pues si de lo que se trata es de construir un “frente amplio”, ¿por qué no hacerlo con la candidatura de Gerardo Pisarello, que sostiene exactamente ese mismo discurso con esos mismos términos? El espectro político catalán está tan quemado como el suelo de los bosques incendiados. En él —ya lo dicen las encuestas– únicamente crecen las malas hierbas.