Centrales nucleares
Las empresas propietarias de Almaraz no acuerdan una propuesta conjunta para alargar la vida de la central

Cuando todas las señales apuntaban a que Iberdrola, Naturgy, Endesa y EDP habían acordado presentar al Ministerio para la Transición Ecológica una iniciativa para extender la vida útil de sus centrales, que incluiría Almaraz, Naturgy y EDP se han descolgado del mismo.

Finalmente, solo Iberdrola y Endesa han presentado una propuesta para revisar el Protocolo de cierre firmado en 2019, y que por la parte empresarial incluía a Iberdrola, Naturgy, Endesa y EDP. Un movimiento que desde diversos observadores se ha considerado, fundamentalmente, una “declaración de intenciones” por completo dependiente de cambios regulatorios con especial incidencia en la fiscalidad.

Lo acordado en 2019 con la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) fue un calendario escalonado de cierre de todos los reactores, en el que Almaraz I (en el 2027) y Almaraz II (en el 2028) serían los primeros en dejar de funcionar. Atendiendo a la situación que se plantea con la planta cacereña, el hecho de que Naturgy no suscriba la petición significaría la inviabilidad de la misma, habida cuenta de que las centrales con varios titulares de explotación actúan bajo un régimen de comunidad de bienes que requiere la unanimidad de todos los partícipes, sin atender a sus porcentajes de participación, como ya ha sido recordado por la ministra Sara Aagesen.

En el caso de Almaraz, Iberdrola es dueña del 53%, Endesa del 36% y Naturgy del 11%. Atendiendo al resto de nucleares, este acuerdo parcial desde la parte empresarial solo podría llegar a afectar a Ascó I, Ascó II, Vandellós II y Cofrentes. 

El Ministerio [...] ha señalado que la iniciativa de las eléctricas no cumple con ninguna de las “líneas rojas” establecidas por el mismo, que serían garantizar la seguridad de las personas, la seguridad del suministro y no incrementar el coste para los consumidores

La petición de las dos multinacionales energéticas demanda, como ya se llevaba adelantando desde diversas fuentes las últimas semanas, la ampliación del plazo de cierre de Almaraz hasta 2030, una prolongación que llevaría aparejada una bajada sustancial de la tasa Enresa, acordada para financiar los costes de gestión de residuos y posterior desmantelamiento. 

Este aspecto fiscal, más allá de otras consideraciones, ha sido considerado como el eje fundamental de desencuentro entre eléctricas y Gobierno. Desde la propia Junta de Extremadura, y en palabras de su presidenta, la popular María Guardiola, se ha llegado a pedir, abiertamente, una rebaja impositiva que facilitara el mantenimiento de Almaraz, poniendo sobre la mesa un compromiso absoluto del gobierno extremeño con los intereses de las eléctricas.

La respuesta del Gobierno central ha sido inmediata. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha señalado, de hecho, que la iniciativa de las eléctricas no cumple con ninguna de las “líneas rojas” establecidas por el mismo, que serían garantizar la seguridad de las personas, la seguridad del suministro y no incrementar el coste para los consumidores.

Legalmente, en cualquier caso, todavía es posible que la propuesta sea reformulada, incluyendo a todas las compañías. En el caso de Almaraz, el límite de renovación del permiso de explotación está establecido en marzo de 2026. Hasta entonces, sin duda, se extenderá la presión del loby pronuclear.