Ceuta
Amnistía Internacional documenta palizas de militares en Ceuta pese a que Defensa dijo que tomaría medidas

Desde el 30 de septiembre, cuando Amnistía Internacional publicó una primera investigación sobre malos tratos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a personas migrantes en Ceuta, esta organización ha seguido documentando casos de torturas y malos tratos por parte de militares contra personas migrantes en la ciudad, que se encontraban indefensas durmiendo en la calle. En total, son 28 los casos documentados.

De ellos, 18 han tenido lugar tras el anuncio del Ministerio de Defensa de investigar las denuncias de Amnistía Internacional, así como varios audios de elDiario.es; entre ellos se encuentran algunas de las torturas y humillaciones más graves llevadas a cabo por militares.

Fracturas de extremidades y también de órbitas, contusiones o policontusiones, heridas erosivas, hematomas en la zona lumbar o brechas en la cabeza compatibles con golpes de porra en zonas muy vulnerables en las que resulta peligroso golpear son algunas de las consecuencias de estas palizas.

Amnistía Internacional lamenta desconocer la respuesta de las autoridades hasta el momento ante un crimen de derecho internacional como la tortura, pero, en todo caso, de haberse dado, no ha impedido la comisión de nuevos actos de violencia contra personas migrantes en Ceuta. Por último, también ha recabado algunos testimonios sobre malos tratos por parte de miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil que también deben ser investigados.

El 30 de septiembre, tras el primer informe, el Ministerio de Defensa anunció que abriría una investigación sobre lo sucedido y que remitiría a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta el informe de Amnistía Internacional. En ese momento, la organización se dirigió por carta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y al de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, a quienes pidió acciones urgentes.

En total, desde el 30 de julio Amnistía Internacional ha documentado 50 casos de torturas, malos tratos y trato cruel, inhumano o degradante por parte de militares y otras fuerzas de seguridad del Estado

Las personas entrevistadas en ese primer informe, más de 65, explicaron a la organización los tratos vejatorios y la violencia a la que se habían visto sometidas estos días. El informe incluye 22 testimonios directos que atribuyen a militares que patrullan la ciudad “palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles”.

Pese al anuncio del Ministerio de Defensa, la situación persiste, algo que “muestra la impunidad con la que los perpetradores de violaciones de derechos humanos han actuado y, en algunas ocasiones, siguen actuando”. “El personal militar involucrado en hechos de violencia no parece haber sido apartado de sus puestos, tal y como señalan algunos testimonios recabados por Amnistía Internacional, que reconocen a sus agresores y han contado cómo los amenazan para impedir que cuenten o denuncien las torturas sufridas”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

En total, desde el 30 de julio, Amnistía Internacional ha documentado 50 casos de torturas, malos tratos y trato cruel, inhumano o degradante por parte de militares, en la mayoría de los casos, pero también de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado como la Policía Nacional o la Guardia Civil. Amnistía Internacional ha visitado Ceuta en dos ocasiones para recabar información sobre violaciones de derechos humanos: entre el 10 y el 15 de septiembre y entre el 23 y el 26 de octubre.

Descargas en el pecho mientras dormía

Entre los testimonios recogidos está el de R., padre de tres hijos, que en la madrugada del 24 de octubre se despertó cuando dormía en la carretera de Sidi Embarek por el contacto directo de un arma taser en el pecho. Le dieron varias descargas que lo dejaron aturdido. También se recoge el caso de M., tunecino de 40 años, que se encontraba a las siete de la mañana durmiendo en playa Benítez con otros tres chicos marroquíes cuando llegaron cuatro soldados y le dieron puñetazos en la cara hasta provocarle un hematoma que le ha impedido ver con un ojo durante dos semanas. Contó a Amnistía Internacional que era la segunda vez que sufría abusos por parte de los militares.

El informe recoge testimonios de personas menores de edad como el de Z., de 17 años, que fue agredido dos veces por parte de personal militar, el 18 y el 23 de octubre. Durante la primera agresión dormía entre coches en la zona de Los Rosales cuando aparecieron los militares por detrás y le dieron en la cabeza con la porra. Salió corriendo y, cuando quiso darse cuenta, estaba lleno de sangre. Consiguió llegar al hospital y le pusieron diez puntos en la cabeza, que le acababan de quitar cuando le entrevistó la organización. Durante la segunda agresión recibió golpes de porra en las piernas.

Varios de los adolescentes con los que se ha entrevistado la organización relatan abusos por parte de los militares, como porrazos, mientras duermen en la calle; también robos y rotura de móviles y otras pertenencias, incluida su propia documentación, así como amenazas de agresión y humillaciones.

M., de 15 años, relata que a comienzos de septiembre los militares le dieron un rodillazo en la boca y le intentaron partir la pierna golpeándola en sentido contrario al movimiento de la articulación

Todos los adolescentes entrevistados temen que les roben sus escasas pertenencias. “El móvil es la única forma que tengo de hablar con mi madre, pero cuando les pregunté por qué me lo rompían dijeron que me callara o me rompían a mí también”, lamenta M., de 15 años, que relata que a comienzos de septiembre los militares le dieron un rodillazo en la boca y le intentaron partir la pierna golpeándola en sentido contrario al movimiento de la articulación.

Los hermanos saharauis A. y H., de 17 y 16 años, también estaban durmiendo en la calle a principios de octubre, cuando llegó al lugar un grupo de unos ocho soldados. A. cuenta cómo lo despertaron a patadas, lo cegaron con linternas y, cuando les preguntó por qué les pegaban, la respuesta fueron varios bofetones en la cara, como se muestra en el vídeo publicado por elDiario.es.

Aunque las cifras podrían ser mayores, se estima que, más de tres meses después de la entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos, siguen durmiendo al menos 500 menores migrantes no acompañados en las calles de Ceuta. Si bien, según datos del Gobierno de la ciudad de Ceuta, 3.626 menores han sido ya registrados por las autoridades y sacados de las calles, cientos de menores continúan esperando un recurso de emergencia donde ser atendidos, en total desprotección, sin acceso a una alimentación adecuada y expuestos a la violencia, tanto de militares y de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como de particulares.

La organización también ha documentado en esta nueva investigación siete casos de malos tratos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algunos en el marco de operativos policiales para desalojar a migrantes de zonas donde duermen. Van desde persecuciones con porrazos que provocan caídas desde muros de gran altura y rotura de móviles en la cabeza hasta, sobre todo, tratos degradantes a la hora de ir a denunciar o pedir filiación para poder entrar en un centro, en el caso de los menores.

Torturas previas al 30 de septiembre

Además de 18 casos recientes de violación de derechos humanos a personas migrantes por parte de militares, la organización ha documentado diez casos más, cuatro de ellos contra menores, de torturas y trato cruel, inhumano o degradante, anteriores al anuncio de una investigación por parte del Ministerio de Defensa. De todos ellos, cuatro son casos muy graves que siguen un patrón similar al que la organización documentó en su primera visita a Ceuta y que consiste en un secuestro y traslado en vehículo militar a zonas apartadas, la imposición de bridas para inmovilizar sus manos y tratos inhumanos que pueden constituir tortura.

M. es un joven de 20 años que se ganaba la vida haciendo de mimo en las calles. Estaba por la zona de Los Rosales cuando unos militares lo subieron a un vehículo militar y lo condujeron, durante aproximadamente quince minutos, a un lugar, cree, cercano a la zona del CETI. Allí, después de llamar a más efectivos y rodeado de entre 16 y 17 soldados que se reían de él, lo llevaron detrás de uno de los vehículos militares y le obligaron a quitarse toda la ropa, incluidos los calzoncillos. Su cara seguía pintada de mimo cuando uno de ellos cogió un teléfono para grabarle y le ordenó que bailara. Como estaba en pánico y no podía hacerlo, empezaron a pegarle. Temiendo por su vida, bailó unos minutos, hasta que vio que su cuerpo no respondía más. Insistieron, le pegaron de nuevo y uno de ellos sacó un arma, la cargó y, apuntándole con ella, le espetó: “Como no bailes, te voy a enterrar aquí mismo”. “Desde ese día no duermo, apenas salgo a la calle y, cuando lo hago, tengo la sensación de que los militares me miran. Aquí me conoce todo el mundo por hacer de mimo. Aunque he denunciado, lo que me han hecho nunca lo voy a poder olvidar”, relata.

A. fue llevado a un bosque después de haber sido aprehendido en la zona de las naves. Junto con O., el caso que Amnistía Internacional denunció en la anterior investigación, fueron amordazados y maniatados. Los amarraron a un árbol y les pegaron una brutal paliza con porras y puñetazos

A. fue llevado a un bosque después de haber sido aprehendido en la zona de las naves. Junto con O., el caso que Amnistía Internacional denunció en la anterior investigación, fueron amordazados y maniatados, y transportados en el maletero de un coche militar. Al bajar, los amarraron a un árbol y les pegaron una brutal paliza con porras y puñetazos. Cuando los soltaron, todavía con bridas en los brazos, “no sabía si aquello era un sueño o la realidad. Me quedaba inconsciente y volvía a despertar”, relata. Tuvo que esperar hasta que amaneciera para poder saber cómo volver al centro y acudir al hospital. A. es uno de los pocos que se han atrevido a denunciar su caso ante los tribunales: “Tengo esperanza en que la justicia española tome cartas sobre el asunto”, asegura, a pesar de que teme por su salud mental: “No consigo dormir hasta que está amaneciendo y, en ese pequeño espacio de tiempo en que logro dormir, me levanto sobresaltado, gritando. Tengo miedo de volver a Marruecos porque no sé si me voy a volver loco”.

B. compraba tabaco cuando vio aparecer a cuatro soldados; después llegaron más. Lo llevaron a unas escaleras apartadas de playa Benítez, vigiladas por un soldado a cada lado, y allí, maniatado con bridas, le empezaron a pegar: puñetazos en el ojo, patadas en las costillas, golpes en la cabeza con una carcasa de móvil metálica, pinchazos en la nuca con una navaja sin llegar a cortar la piel. Sacaron una pistola, la cargaron y le apuntaron en la cabeza: “Te voy a pegar un tiro en la cabeza, te voy a enterrar y nadie va a saber dónde estás”. Otro soldado le amenazó con que le iban a violar. También le apagaron cigarros en la piel.

N., de 22 años, iba con su primo hacia la zona de Loma Colmenar para dormir, sobre las 22:00 horas del 11 de septiembre, cuando llegaron varios militares. Intentaron engañarlos diciéndoles que les iban a ayudar pero, como no se lo creyó, intentó huir y, al hacerlo, quedó suspendido de un puente de unos cuatro metros de altura. Un militar le golpeó los nudillos hasta que cayó del puente y se rompió un tobillo. Desde arriba, los militares se reían mientras le hacían fotos. Una persona lo llevó al hospital en moto y tuvo que esperar en la calle durante tres horas hasta ser atendido, gritando y llorando por el dolor. Tras recibir asistencia de urgencia, lo echaron sin darle muletas y sin medicación para el dolor; solo una enfermera, por propia iniciativa, le proporcionó tres analgésicos.

Criminalización de las organizaciones de ayuda a personas migrantes

Amnistía Internacional ha investigado también la actuación policial bajo orden judicial que tuvo lugar el pasado 22 de octubre en la sede de la organización no gubernamental No Name Kitchen (NNK), se ha entrevistado con varios de sus miembros presentes en la misma y ha accedido a documentación pertinente. La organización ya denunció el hostigamiento contra NNK a través de detenciones de activistas, la circulación de fotografías de los documentos de identidad de sus activistas por grupos de WhatsApp y redes sociales, la atribución falsa de haber proporcionado espray pimienta a personas migrantes o el hecho ocurrido el 12 de septiembre, cuando su sede en Ceuta permaneció bloqueada por un vehículo militar, lo que dificultó el reparto de comida.

Amnistía Internacional considera que el registro de la sede de No Name Kitchen y el procedimiento penal por cargos de organización criminal no tienen, hasta ahora, bases sólidas de acusación y suponen una escalada en el intento de acallar a quienes ayudan y proporcionan ayuda humanitaria a personas migrantes.

Para Amnistía Internacional resulta especialmente preocupante el posicionamiento adoptado por la Fiscalía en este caso, solicitando prisión provisional para dos activistas

Para la organización resulta especialmente preocupante el posicionamiento adoptado por la Fiscalía en este caso, solicitando prisión provisional para dos activistas y promoviendo que la declaración de tres testigos pasase a ser prueba preconstituida sin presencia de las personas investigadas, petición que fue rechazada por el juzgado que investiga el caso. Una actuación de la Fiscalía de Ceuta que contrasta radicalmente con la falta de proactividad en la investigación de alegaciones de torturas y malos tratos por parte de personal militar.

“En los últimos años hemos denunciado cómo en Europa se ha amenazado, difamado, intimidado, hostigado y castigado en los tribunales a personas que han prestado ayuda a población refugiada y migrante, simplemente por el hecho de ayudar a quienes lo necesitaban. Estamos empezando a ver, en Ceuta, una tendencia similar, y nos preocupa. Ya habíamos mostrado nuestra inquietud por el hecho de que miembros de las fuerzas de seguridad obstaculizaban, en algunos casos, la acción de ONG al intentar repartir compresas y otros productos de higiene a las mujeres, como contó una activista de Brigadas de Apoyo Mutuo a Amnistía Internacional. Miembros de otras organizaciones locales como Luna Blanca también fueron objeto de insultos y acoso por parte de particulares por su labor humanitaria, que consistía principalmente en proporcionar comida caliente a las personas migrantes”.

“Lo único que hacen estas organizaciones en Ceuta es proporcionar alimentos, atención médica y acompañamiento a personas muy vulnerables, la mayoría de las cuales están viviendo en la calle. Criminalizarlas es impedir que trabajen y dejar aún más desamparados a quienes ya se encuentran en una situación precaria”, declara Esteban Beltrán.

Peticiones de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional se ha dirigido por carta a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Defensa, pidiendo órdenes expresas para el cese de la violencia contra migrantes en Ceuta y solicitando información acerca de la investigación anunciada por el Ministerio de Defensa, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento. Tampoco conoce la organización las diligencias de oficio llevadas a cabo por parte de la Fiscalía y los juzgados de Ceuta sobre las violaciones de derechos humanos denunciadas por Amnistía Internacional y algunos medios de comunicación, como exigen los estándares internacionales. Por ello, insiste en que es fundamental que se lleve a cabo una investigación que permita determinar responsabilidades.

En este sentido, Amnistía Internacional recuerda a la Fiscalía de Ceuta la obligación de cumplir con la Observación General número 3 de la Convención contra la Tortura, que incide especialmente en la necesaria protección a las víctimas que buscan justicia y que “debe protegerlas en todo momento, así como a sus familias y testigos de la intimidación y las represalias antes, durante y después de las actuaciones judiciales, administrativas o de otra índole…”.

Amnistía Internacional ha reclamado a la Fiscalía instar a la concesión de autorizaciones temporales de residencia a las personas que interpongan denuncias por la violencia sufrida por parte de militares

Por ello, ha reclamado a la Fiscalía instar a la concesión de autorizaciones temporales de residencia a las personas que interpongan denuncias por la violencia sufrida por parte de militares, así como a quienes puedan ser presentados al procedimiento como testigos y se encuentren en situación administrativa irregular.

Por último, y a la luz de los procedimientos judiciales abiertos a organizaciones como No Name Kitchen, considera que se debe cerrar la investigación por organización criminal e insiste en que se debe garantizar que periodistas, personal de organizaciones humanitarias y activistas de derechos humanos puedan ejercer su labor en Ceuta sin ser objeto de agresiones, amenazas ni obstáculos.