Ceuta
Tras la escalada de la crisis fronteriza de Ceuta, España y Marruecos apuestan por agilizar las devoluciones

En la tarde del 30 de julio, España y Marruecos anunciaban que trabajarán para devolver a quienes cruzaron en los últimos días la frontera con Ceuta a nado o a pie “lo antes posible”, según recogía Europa Press. Además, ambos países han culpado a las mafias de una crisis fronteriza en la que, al menos, 18 personas han fallecido ahogadas. Con este mensaje de calma y cooperación Madrid y Rabat han querido aplacar un clima de gran intensidad marcado por una jornada de un vértigo creciente en la que cientos de personas han atravesado la frontera de Ceuta y han intentado entrar también en Melilla, donde se ha cerrado la frontera. Desde el Gobierno se ha señalado que “las mafias querían aprovechar una sentencia que prohíbe el rechazo en frontera a quien llegue a nado a la ciudad”, una acusación que organizaciones de la sociedad civil vienen días cuestionando. 

La noticia de esa agilización de las devoluciones llegaba después de que todos los partidos ceutíes se uniesen para pedir al Gobierno el cierre de la frontera del Tarajal, el despliegue del ejército y la declaración de emergencia nacional. PP, PSOE, Vox y los localistas MDyC y Ceuta Ya!, integrantes de la mesa de portavoces de la asamblea de Ceuta, calificaban la situación vivida durante la jornada como un “salto cualitativo”, tras varios días en los que cientos de personas migrantes habían llegado a nado a la ciudad. Junto a quienes accedían a la playa del Tarajal a nado, durante la tarde del jueves, empezaron a llegar muchas más personas a pie, sorteando el espigón del lado marroquí.

La asamblea venía a respaldar al presidente de la Ciudad Autónoma, el popular Juan Jesús Vivas. En el cargo desde hace un cuarto de siglo, Vivas había pedido previamente al Ministerio de Interior que declarara la emergencia nacional, una petición que Fernando Grande-Marlaska le habría negado argumentando que su aplicación se limita a riesgos naturales y tecnológicos. Sin embargo, Grande-Marlaska aceptó desplegar el ejército y reforzar las fuerzas de seguridad comprometiéndose a viajar de urgencia el viernes 31 de julio. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también anunció que viajaría al enclave en la mañana del viernes, donde se reunirá con Vivas.

A las imágenes que han salpicado estos días los medios, con personas llegando a nado a Tarajal, en la tarde del jueves se sumaban capturas cada vez más impactantes de personas dirigiéndose a Ceuta desde Castillejos, nadando en grandes grupos, o desbordando a la guardia civil. Mientras que hasta el jueves, cuatro personas habían perdido la vida en el mar, en la madrugada del viernes el número ascendía a 18. La cifra de personas que habían conseguido cruzar bailaban, sin contar con un número oficial preciso, con medios hablando de 20.000 o 40.000 personas, partiendo de datos facilitados por sindicatos policiales o la Guardia Civil.

Vivas sí que ratificó que hasta la jornada de ayer eran más de 1.500 personas migrantes las que habían entrado en Ceuta en los quince días previos. En esa misma intervención denunciaba que las 512 plazas del  Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), estaban desbordadas, llegando a tener 700 residentes, y con 400 personas a la espera de ser registradas, una situación que solo horas después estaba totalmente superada. También puso sobre la mesa el colapso del sistema de protección de menores, afirmando que, con 262 menores más desde mediados de julio, acoge dieciséis veces su capacidad. 

De la narrativa del descontrol a la “entrega inmediata”

La sentencia de la que hablaba el Gobierno niega el rechazo en frontera en el caso en que las personas lleguen a territorio español a nado, o, dicho de otro modo, cuando no se interponen obstáculos, reservando el rechazo en frontera para los casos en que la entrada al territorio se de en embarcaciones o saltando una valla o un muro. En una rueda de prensa, esta semana, el propio Vivas apuntaba a esta sentencia como desencadenante de la llegada de tantas personas, pidiendo “modificar la ley de extranjería para recuperar el recurso que significaba el rechazo en frontera para aquellas personas que intentaban sortear la misma por vía marítima”. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles se insistía en esta hipótesis: “Lo advertimos: la sentencia del Tribunal Supremo podía provocar un efecto llamada y agravar todavía más la presión migratoria”.

Mientras, el líder de la oposición,  Alberto Núñez Feijóo, exigía un “despliegue de medios masivo”, en respuesta a lo que calificaba de “avalancha sin precedentes”. Por su parte la eurodiputada popular Dolors Montserrat subía la apuesta: “Ceuta está pagando el precio por la masiva regularización del Gobierno español”, afirmaba, sumándose a las voces críticas que desde la derecha europea han cuestionado el proceso de regularización. Por su parte, Santiago Abascal desembarcaba en las redes con un lenguaje sin formalismos ni dobleces: “Es una invasión. Son hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez para que asalten nuestras fronteras para que después deambulen por las calles de España diciendo ‘Viva Pedro Sánchez’”, denunciaba en X. 

Después de este diagnóstico de la situación, el líder de Vox calificaba a las personas migrantes como “sicarias” al servicio de un Sánchez descrito como jefe de la mafia. El mantra de la “invasión” ha sido replicado por grupos de extrema derecha como Núcleo Nacional o Falange Española, que han llamado a una concentración frente a la Embajada de Marruecos en Madrid en la tarde del viernes. Mientras, algunos vídeos que han circulado por las redes sociales mostraban tensión contra las personas migrantes, evocando malos recuerdos como los pogromos racistas de Torre Pacheco durante el verano pasado. 

En este contexto, con la regularización en el punto de mira de algunos discursos de la derecha, el Movimiento Regularización Ya compartía en redes su inquietud sobre qué puede implicar el despliegue securitario a las órdenes de Marlaska, criticado por su actuación tanto en la masacre de Melilla de junio del 2022, como ante la crisis de Ceuta de 2021, cuando se respondió a la entrada de miles de personas, con expulsiones ilegales a menores. Además, el colectivo denunciaba la externalización de las fronteras a países que no respetan los derechos humanos como una de las causas de la situación y expresaba su alarma ante el uso de términos deshumanizantes y alarmistas en los medios, recordando su efecto criminalizante. Por último, el movimiento interpelaba al gobierno para que agilizara  trámites como la toma de huellas, con un millón de personas atascadas en su proceso de regularización.

Una sentencia como excusa

La sentencia a la que se refieren los gobiernos del estado y de Ceuta, así como la Guardia Civil es resultado del litigio de un migrante argelino tras sufrir un rechazo en frontera mientras nadaba hacia Ceuta, y que ha sido acompañado en su denuncia por la Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita Migrante (SJM), colectivos que a principios de mes celebraban la contestada sentencia. En conversación con El Salto el jueves por la mañana, la abogada Patricia Fernández Vicens enmarcaba la crisis en una histórico más largo, recordando que en los últimos veranos “siempre hay noticias sobre fronteras”, antes de rebatir la narrativa que señala a la sentencia.

“El crecimiento de las entradas no tiene que ver con la sentencia del Tribunal Supremo, porque esta sentencia ratifica una serie de sentencias respecto al cruce  a nado que habían dictado primero el Tribunal de instancia de Ceuta y con posterioridad el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La primera de estas sentencias es de febrero del 2024”, explica Fernández que ve una clara intencionalidad política en este discurso.  “Si vemos los números, las entradas llevan creciendo muchísimos años y están vinculadas, entre otras cosas, con el retroceso en la ruta canaria. Esto siempre pasa: cuando se cierra una ruta se crea otra”, recuerda Fernández, quien afea que, en vista de la previsibilidad de un incremento en las llegadas, las autoridades no hayan preparado con tiempo los recursos para gestionar la situación. 

Patricia Fernández Vicens, abogada: “Si vemos los números, las entradas llevan creciendo muchísimos años y están vinculadas, entre otras cosas, con el retroceso en la ruta canaria”

Javier Moreno Gómez, abogado del SJM, insiste también en que la tan comentada sentencia del Tribunal Supremo no viene de la nada, sino que ya hace dos años una sentencia en Ceuta señalaba a las autoridades que el rechazo de las persona que accedían a los enclaves a nado no era acorde a derecho, quedando fuera de la de la Disposición Adicional 10ª de la Ley de Extranjería que regula el llamado “rechazo en frontera”. El activista reivindica el avance que supone la sentencia, y pone en valor la lucha del litigante. Litigar en esas condiciones, desde un país que no es el tuyo, “habiendo sido retornado de manera forzosa sin contar con los medios, pues es una situación que desde luego es muy compleja”, e implica una labor burocrática que deja a mucha gente afuera. “Obtener un poder notarial, legalizarlo, otorgar la representación a un abogado, a una procuradora”, no es fácil ante los plazos “superbreves” que permite la Administración. “Este chico lo ha tenido todo en contra para poder llegar a esta sentencia, que no solamente le afecta a él, ya sabemos que afecta a muchas más personas.” 

En definitiva, la sentencia es la conquista de “personas yemeníes, sudanesas o argelinas”, a quienes se ha rechazado en frontera a pesar de estar “en clara necesidad de protección internacional, por lo que nos hemos visto obligados a ir a los tribunales”, algo que, insiste, se hubiera evitado si las cosas se hubiesen hecho bien. Los ataques a la sentencia le parecen “un chantaje al Tribunal Supremo, pretendiendo hacer ver que las entradas en Ceuta son consecuencia de su sentencia, cosa que no es cierta. Las entradas en Ceuta son consecuencia de las relaciones bilaterales de Marruecos con España”.  

El abogado se pregunta el por qué de señalar ahora una sentencia que no es nueva, y además, añade  “¿dónde existe un estudio empírico que indique que la reciente sentencia del Tribunal Supremo efectivamente está teniendo un efecto llamada, sin tener en cuenta el único dato riguroso que existe, que son los que publica el Ministerio del Interior y con los que se puede comparar: las llegadas del año 2024 y las llegadas del año 2025?”. Así, este señalamiento a la sentencia solo puede enmarcarse en “una agenda política que es la de aumentar los niveles de control migratorio en la frontera, impedirles entrar y realizar actuaciones que no están amparadas en el ordenamiento jurídico español”. 

Javier Moreno Gómez, abogado del SJM: “¿Dónde existe un estudio empírico que indique que la reciente sentencia del Tribunal Supremo efectivamente está suponiendo un efecto llamada?”

Además, recuerda Fernández por su parte, no es que el Tribunal Supremo prohíba devolver a las personas, sino que insta a hacerlo por los cauces legales pertinentes, a través de una orden de devolución. Lo que pasa, desarrolla, es que si bien Marruecos recepciona “pacíficamente” a personas no nacionales, en virtud del acuerdo de readmisión de irregulares para nacionales de terceros países, lo que vale para un argelino o un yemení no vale para un ciudadano marroquí.  

“Marruecos no admite entregas de ciudadanos marroquís por Tarajal porque reclama soberanía sobre esa parte de España”. No reconoce, en definitiva, la existencia de la frontera. Pero incluso en el caso de las personas marroquíes, cabe la posibilidad de devolución con las medidas legales que corresponden. “Lo que pasa es que esas medidas legales exigen garantías para los ciudadanos, y eso es lo que el gobierno no quiere aplicar”, denuncia Fernández.

La agenda del Gobierno debe ser otra, consideran los activistas, pues la inacción para evitar encontrarse un año tras otro ante la misma pinza de incremento de llegadas y falta de recursos para afrontarlas no puede ser casual. “Conocer con los datos trimestrales del Ministerio de Interior el aumento que existe de llegadas en estos periodos y no actuar es una inacción política que no puede ser atribuida a otro actor más que a la propia Administración, con lo cual la decisión es deliberada”, valora Moreno.

Así, las imágenes y narrativas de “caos”, “colapso” y “descontrol” desfilan año tras año:  “¿Por que si saben cuál es la capacidad máxima de plazas que tiene el CETI, no habilitan de manera urgente los traslados y permiten que las personas puedan ir pasando a península cuando tienen todo un marco regulatorio para poder hacerlo?”, se pregunta el abogado del SJM. Para Moreno la cuestión es otra muy diferente a la de la sentencia: las entradas desesperadas tienen mucho más que ver con que “las citas en cualquier consulado o misión diplomática en Marruecos a día de hoy son imposibles, habiendo tráfico de citas como aquí”. 

“Esto no pasa si Marruecos no quiere”

Como ya sucediera hace cinco años con la llegada de unas 8.000 personas migrantes a Ceuta —muchas de ellas menores— la posible instrumentalización de las personas migrantes como forma de presión por parte del país vecino está entre las principales hipótesis que asoman en los medios. A pesar de las afirmaciones por parte de Moncloa de que los eventos recientes no responderían a una agenda política marroquí, aún resuena cómo la crisis de Ceuta de 2021 sucedió como respuesta a la hospitalización en España del líder saharaui Brahim Gali.

En este caso, la prensa ha puesto de relieve la visita reciente de Pedro Sánchez a Argelia, donde estrechó alianzas con el presidente Abdelmadjid Tebboune,  o la disputa por dónde se jugará la final de la próxima Copa del Mundo, todo ello con el transfondo Del día del Trono, cuando se celebran 27 años de la coronación del actual rey. “Cabe preguntarse qué está ocurriendo al otro lado de la frontera, qué papel está teniendo Marruecos y cuál es la respuesta que está dando ahora mismo frente a esta situación”, apunta Moreno mientras Fernández va más allá: “Marruecos ahora mismo tiene muchas cosas que negociar con España. Esto es una manera de posicionarse”. 

La externalización  “genera una dependencia política que deja a la Unión Europea expuesta al chantaje cada vez los gobiernos de estos países lo consideran adecuado”

En un comunicado hecho público en la tarde del jueves, la Federación Sur Acoge, con delegaciones en Ceuta, alertaba de la dimensión política de los acontecimientos “que debe abordarse desde las relaciones diplomáticas entre España, Marruecos y la Unión Europea”, recordando lo sucedido en 2021. Así, denunciaba la instrumentalización de la población marroquí por parte de Rabat al tiempo que criticaba a las administraciones españolas por no estar preparadas: “recordamos  que Ceuta, Melilla, Canarias, Baleares y las costas andaluzas forman parte de la frontera sur de Europa y que sus recursos de acogida deben dimensionarse para responder con garantías a situaciones como la actual”, contando sobre todo con plazas en recursos como el CETI o el sistema de acogida de menores. Respecto al trato a estos últimos recuerda otra sentencia, la de 2021, que invalidaba la devolución masiva de niños y adolescentes. 

En cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional, la Federación recordaba que ya en la jornada del jueves, las personas estaban ingresando a Ceuta por tierra, lo que se sale de las situaciones previstas por la sentencia. Por último, pide que se abra un debate sobre el modelo de política migratoria, señalando la externalización de fronteras como un marco problemático. “Europa ha delegado buena parte del control migratorio en gobiernos como los de Marruecos, Libia o Mauritania. Esta estrategia genera una dependencia política que deja a la Unión Europea expuesta al chantaje cada vez que los gobiernos de estos países lo consideran adecuado”, analizaban antes de reivindicar “una política migratoria propia con vías legales y seguras y basada en los Derechos Humanos” 

Meloni o el Frontex

Lejos de una Europa abierta al debate sobre el modelo, lo que ha aflorado a medida que la situación en Ceuta iba llamando la atención de los focos internacionales, es un consenso claro a la hora de instrumentalizar las entradas como una demostración de que son imperativas medidas más firmes, o bien reforzando el Frontex, como ha ofrecido el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, desde Bruselas, o incluso excluyendo a España de Schengen, como ha reivindicado Girogia Meloni, presta a confrontar con el gobierno español. 

 “Las imágenes que llegan desde Ceuta son impactantes y demuestran, una vez más, que la inmigración ilegal descontrolada supone una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas”, compartía la primera ministra italiana en X, aprovechando el momento para marcar agenda e insistir en los elementos que tan buenos resultados le han dado en Europa, el discurso securitario, la lucha contra los traficantes de personas, y las devoluciones de personas migrantes. Las palabras de Meloni han empujado al ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albarés, a convocar al embajador de Italia en España como forma de protesta. Llama la atención que en su respuesta a su homólogo italiano Antonio Tajani, el propio Albarés asume el relato de que lo sucedido responde a la sentencia del Tribunal Supremo.

Meloni no está sola, el propietario de la red donde ha publicado su polémico comentario, Elon Musk, ha aprovechado para criticar de nuevo las políticas migratorias del gobierno, señalando que la migración “acabará con los recursos en España”. No faltan post en las redes que emulen el lenguaje racista del magnate de las redes sociales, conocido también por la difusión de bulos y discursos de odio a través de sus cuentas. Tras unas horas de vértigo, la alerta sobre si Ceuta se convertirá en el centro de los discursos de odio y la narrativa racista de este verano, o si acabará incluso en la mira de grupos de ultraderecha con ganas de sumarse a otra cacería contra migrantes, convive con la incertidumbre sobre el destino inmediato de las personas que han cruzado la frontera ceutí.