Ceuta
El Gobierno cuestiona la paralización del traslado de personas al Puerto de Ceuta: “Quieren que hagamos magia”

La crisis de Ceuta sigue generando dolores de cabeza al Gobierno, que ve cómo las medidas propuestas para calmar la situación en la ciudad autónoma cuentan con el rechazo, al menos cautelarísimo, de policía y Audiencia Nacional. Ayer, 16 de septiembre, la Audiencia Nacional enviaba a Moncloa una notificación del tribunal de excepción que pedía la paralización del traslado de 1.800 personas a los campamentos provisionales que estaba programado para este jueves, jueves 17.

A instancias del sindicato-lobby policial Sindicato Unificado de Policía, la Audiencia Nacional establecía la medida cautelar de paralización del uso de dos parcelas de 16.000 metros cuadrados en el puerto y solicitaba el expediente administrativo bajo el que se están levantando las carpas en los terrenos de la autoridad portuaria —terrenos que dependen en última instancia del Gobierno y no de la administración de la ciudad autónoma. La decisión de la Audiencia Nacional se tomó sin escuchar las posibles alegaciones del Gobierno central y en base a los argumentos del SUP sobre seguridad de los agentes que estarán destinados en el campamento.

En declaraciones realizadas hoy a RTVE, el ministro de Transportes, Óscar Puente, de quien dependen los puertos, ha explicado que, tras el auto de la Audiencia Nacional, hay un plazo aproximado de dos días para la aprobación de una medida cautelarísima que debe esclarecer si se deniega o se autoriza la apertura de los campamentos. Si la AN deniega esas medidas, se trasladará a estas personas, que permanecen en la playa del Trampolín y otros espacios de la localidad africana. Allí, como explica Puente, se debe proceder a la filiación que establezca si las personas migradas son susceptibles de solicitar asilo o si las autoridades españolas proceden a su expulsión.

Queda abierto el otro supuesto, es decir, que la AN concede las medidas cautelarísimas al Sindicato Unificado de Policía. Puente se ha referido a ello: “Si las concede, a ver qué hacemos... Hay quien quiere que hagamos magia”.

El ministro ha recordado que inicialmente el Gobierno de Ceuta rechazó la posibilidad de que las labores de filiación de llevaran a cabo en el Puerto, también se descartaron los polideportivos y, después de llegar a un acuerdo sobre dos parcelas del puerto, el Gobierno de Ceuta votó en contra de la medida. Finalmente, el Ejecutivo aplicó un artículo de la Ley de Puertos para tomar control de los 16.000 metros cuadrados que se prevén para este uso de emergencia.

El Ejecutivo ha asegurado que llevará a cabo una investigación de índole ”interna“ sobre los malos tratos denunciados por parte de miembros del Ejército

Pese a que la decisión de la AN “no es habitual”, Puente no ha querido polemizar con el tribunal, aunque desde el Gobierno sí se ha usado la palabra “perplejidad“ para calificar la medida de paralización de los traslados. Puente se ha referido al uso de las parcelas portuarias para estos menesteres, aunque desde la izquierda, Podemos ha criticado que esta situación no se habría producido si las personas llegadas a Ceuta el 30 de julio hubiesen sido trasladadas a la península para su filiación.

No es la única crítica al Gobierno desde la izquierda que se ha producido en las últimas horas. El conocimiento de los malos tratos recibidos por decenas de personas migrantes en Ceuta, presuntamente por parte de miembros del Ejército, ha llevado al grupo confederal Sumar, cuyos partidos forman parte de la coalición de Gobierno a entonar la petición de responsabilidades. El Ejecutivo ha asegurado que llevará a cabo una investigación. Eso sí, de índole “interna".