Ceuta
El gobierno prepara un decreto ley para agilizar las devoluciones a Marruecos

El 26 de septiembre la organización Elín denunciaba en sus redes sociales las devoluciones de ciudadanos sudaneses, senegaleses y chadianos a Marruecos, muchas de ellas en pleno proceso de solicitud de asilo. La organización, que lleva 25 años trabajando en la ciudad autónoma, y que desde julio está acompañando a las personas que atravesaron las frontera y que llevan semanas detenidas en un limbo y expuestas a la violencia, denunciaba la “falta de transparencia y garantías con la que se están llevando a cabo estos procedimientos”.

Procedimientos consistentes en citar a las personas a comisaría para “un asunto de su interés” —según recogía la organización— para después devolver a quienes se presentan ante las autoridades. Las personas, denuncian, fueron trasladadas en vehículos policiales hasta la frontera y obligadas a cruzar por un paso no oficial a territorio marroquí, donde, según su testimonio, fueron despojados de sus “documentos, pertenencias y teléfono móvil” para ser enviados en autobuses hacia el sur del país. 

La organización denuncia que las preguntas que se hicieron a los solicitantes de asilo fueron confusas, que se las mencionó la posibilidad de seguir su recorrido hacia otro país —una opción que no existe—, y que se ignoró la voluntad de quienes querían pedir asilo. Señalan además que se les hizo firmar un documento de triaje en español sin posibilidad de traducción, y resalta la indefensión de personas que eran potenciales solicitantes de asilo y que habrían sido devueltas mediante engaño a Marruecos, un país que, explican, no es seguro. “Devolverlas ahí es exponerlas a más desprotección, a desplazamientos forzosos y al riesgo de ser devueltos al país del que huyeron”, concluye Elín. 

Por su parte, Border Resistance recoge el caso de 14 solicitantes de asilo sudaneses devueltos a Marruecos. La organización interpela al propio Pedro Sánchez, cuestionando que se estén respetando las garantías en los procesos de solicitud de asilo: “¿Es esto estudiar las solicitudes? ¿o engañar a las personas que vienen de países de conflictos y guerras como Sudán?”, se preguntaban, recordando asimismo que Marruecos no es un país seguro.

Por su parte No Name Kitchen denunciaba esta misma semana lo que califica de “apartheid sanitario”: cómo las personas migrantes, muchas de ellas víctimas de violencia por parte de los militares —como han documentado los diversos colectivos— son sometidas a discriminación a la hora de acudir en busca de asistencia médica. “En Ceuta, la violencia y la exclusión sanitaria se están convirtiendo en parte del mismo ciclo”, explica la organización en una publicación que muestra fotos de los efectos de la violencia sobre personas migrantes.

“Estamos documentando casos de personas a las que se somete a triajes fuera del hospital, a las que se les niega el derecho a ir acompañadas, a las que se les deja sin intérpretes, a las que se les insulta con comentarios racistas, a las que se deja ir sin los informes ni el seguimiento adecuados y, en ocasiones, a las que se les niega el acceso por completo”, denuncia la organización, que señala además que a quienes han sido víctimas de agresiones, en muchos casos por parte de las mismas fuerzas de seguridad, se les niega la posibilidad de hacer partes de lesiones, con lo que ello implica médica y legalmente. 

“Echar al gobierno y a los invasores”

Las vulneraciones de derechos se dan en un contexto de presión política para proceder a la expulsión de las personas migrantes que aún permanecen en la ciudad autónoma. En el mediodía del sábado 26 de septiembre, una manifestación convocada por PP y Vox recorría el centro de Madrid exigiendo la devolución masiva de personas migrantes y el adelanto de las elecciones generales. Los convocantes usaban por segunda vez el nombre “Marcha de la dignidad” en una protesta en la que 20.000 personas, según la delegación de gobierno, y 180.000 según la organización, se manifestaron entre Cibeles y el Arco del Triunfo, y que contó con la presencia de Santiago Abascal y de Miguel Tellado. 

Mientras el secretario general del PP reclamaba “echar al gobierno”, y a “los invasores”, los manifestantes coreaban “Sánchez traidor, defiende a la nación”, e insistían en la demanda de militarizar el enclave y expulsar a Marruecos a la “totalidad de los invasores”.  El manifiesto de la marcha apuntaba como antagonistas a “una alianza tóxica de separatistas contumaces, herederos del terrorismo, extremistas de izquierda liberticidas, una banda cuya guarida es La Moncloa”.

La marcha era el colofón de una semana en la que la derecha a seguido centrando su agenda en el discurso criminalizador de las personas migrantes. El pasado martes la derecha parlamentaria votaba a favor de una iniciativa propuesta por el Partido Popular que exigía la devolución de todas las personas migrantes que entraron en Ceuta en los últimos días de julio. Los votos de Junts, Vox, UPN y PP respaldaban la exigencia de “hacer efectivo el retorno o la devolución de quienes entraron ilegalmente en Ceuta”, incluyendo a menores.  

Esta vez, la demanda de devolución masiva, tantas veces repetida en el hemiciclo por parte de las formaciones de derecha y ultraderecha, se vio eclipsada por una de las intervenciones desde las filas populares. La diputada Ana Vázquez mostró durante el debate de la iniciativa un spray de gas pimienta mientras afirmaba que ese era el “material escolar”, que llevaban las estudiantes en Ceuta, en un discurso que insistía en la inseguridad que se estaría sufriendo en la ciudad autónoma. La diputada fue obligada a salir del hemiciclo por llevar “un arma”, en palabras de la presidenta del Congreso, Francina Amergol.  Poco después el Congreso precintaba varios aseos y una cocina, después de que varias personas se vieran afectadas por la sustancia, después de que un asesor popular acabara de vaciar el bote en un baño de la Cámara baja. 

Mientras la derecha insiste en la devolución masiva de personas migrantes, el gobierno sigue levantando campamentos temporales para alojar a las miles de personas que llevan semanas a la intemperie. Entre estos espacios está acondicionando la zona “Cuesta de Caballería”, cerca de la playa del Trampolín y los asentamientos ubicados en la barriada de playa Benítez con el fin de albergar a entre 500 y 700 personas, según han afirmado a Europa Press fuentes del gobierno. 

También cerca de la playa del Trampolín, en la explanada del Guano, se ubicará otro de los espacios provisionales de acogida. La zona militar K.8, junto a la playa de Benzú, en la frontera de Baliones, es el espacio asignado para levantar el último de estos campamentos. El gobierno se ha comprometido a habilitar 10.000 plazas de acogida, afirma que son 6.000 las creadas y las nuevas ascenderán a 3.000. El último campamento habilitado, el del muelle de Poniente, afrontó obstáculos con la paralización por parte de la justicia. 

Mientras, continua el pulso entre Madrid y la ciudad autónoma, el gobierno ceutí ha acusado al gobierno de falta de información, afirmando que no se ha contestado a la oferta de otros dos espacios, en Piniers y en la nueva prisión, infraestructura penitenciaria que pertenece al ministerio de Interior. Desde el gobierno de la ciudad afirman que en los espacios propuestos se podría dar alojamiento a otras 2.000 personas. 

Un decreto ley para acelerar las devoluciones

El discurso que insiste en blindar las fronteras es agitado también por la Unión Europea, que ya hace diez días, el pasado 17 de septiembre, exigía una vez más agilizar las devoluciones de las personas que se encuentran en Ceuta. Así el pleno del Parlamento Europeo daba luz verde a una resolución que, por una holgada mayoría de 339 votos a favor, frente a 225 en contra y 16 abstenciones, pedía devolver a las personas a Marruecos e instaba a la instauración de mecanismos para suspender o incluso recuperar toda ayuda económica destinada a un estado que no cumple con el control de fronteras, una enmienda propuesta por Vox.

Mientras que el presidente de gobierno se presenta como una alternativa al reclamo de devoluciones inmediatas que resuena en el Estado y en Europa, en entrevistas como la que protagonizó a principios de semana en la CNN, donde la afirmación: “Las personas migrantes no son ganado. Son seres humanos”, le valió el aplauso internacional, en Ceuta se repiten los testimonios de violencia contra las personas migrantes con imágenes de militares persiguiendo y golpeando brutalmente a las personas, y solicitantes de asilo que denuncian haber sido devueltos a Marruecos. 

Además, el gobierno trabaja en una directiva que endurece el procedimiento de asilo para agilizar las devoluciones. El Decreto Ley, iniciativa del ministerio de Interior, será presentado el próximo martes 29 de septiembre en el Consejo de Ministros. El gobierno lo ha defendido como una herramienta para recortar los plazos de las solicitudes de asilo presentadas tras el 30 de julio. Esta iniciativa enfrenta la oposición de Sumar, el socio minoritario del gobierno que exige que se respeten los procedimientos de protección internacional. En caso de ser aprobado el próximo martes, el decreto será debatido en el Congreso ya en las últimas semanas de octubre.