Resistir en Ceuta: las personas migrantes se organizan frente a la amenaza constante de devolución

Redes de personas procedentes de Senegal, Camerún, Costa de Marfil y otros países cuyos ciudadanos ven rechazadas sus solitudes de asilo en Ceuta, denuncian devoluciones realizadas sin garantías y sin derecho efectivo al recurso.
Ceuta Jairo - 6
Un grupo de migrantes pasa las horas en una plaza del centro de Ceuta. Jairo Vargas
21 nov 2026 08:23 | Actualizado: 21 nov 2026 08:57

A medida que las semanas van pasando, y en plena campaña electoral, el foco mediático se va alejando de Ceuta. Según comunicaba el gobierno el pasado martes, quedarían algo menos de 5.000 personas en los recursos temporales de Ceuta, y  “poco a poco” se estaría “volviendo a la normalidad”. Una vuelta a la normalidad que para muchas personas migrantes se traduce en el miedo cotidiano de ser devueltas a Marruecos. Mientras en los debates y en los mítines se criminaliza la migración irregular, o se apuesta directamente por conceptos como la reemigración, en la frontera del foco mediático decenas de personas provenientes de países subsaharianos ven sus esperanzas de llegar a península desvanecerse.

“Me cogieron el lunes, eran las 15 o las 16h, nos han llevado allí, junto a Selif*. Nos han dicho que firmásemos. Nosotros dijimos que no íbamos a firmar ni a dejar nuestras huellas”, explica Sami* en un audio a Mamadou*. Este último sigue en el CETI, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes donde decenas de personas viven asustadas ante la posibilidad de ser enviadas en cualquier momento a Marruecos. 

Ante este miedo Selif y Sami, relata este último en el mensaje, empiezan una huelga de hambre “de dos o tres días” para evitar ser expulsados al país vecino. Sami explica que se sintió mal y fue llevado al hospital, a la vuelta, relata, cuando quiso pedir los medicamentos que necesitaba, le dijeron que tenía que firmar y dar sus huellas antes: “el miércoles me llevaron al juzgado, el juez me hizo preguntas, me han hecho leer mis derechos y me ha acusado de desórdenes”. Según el testimonio del senegalés, el juez le habría invitado a aceptar los cargos para reducir el castigo, algo que habría rechazado. “Prefiero que me condenen a aceptar delitos que no he cometido”, explica el joven.

“Es verdad que yo he entrado aquí ilegalmente, pero dado que España es un estado de derecho, para expulsarme debería hacerlo siguiendo la ley”. De Marruecos Sami no esperaba nada: “Todo el mundo sabe que Marruecos no es un país seguro para nosotros, los senegaleses”, y refiere los choques habidos tras la controvertida Copa de África, “siempre ha habido tensiones entre ambos países”.

Tras la vista, explica en su audio el joven, le dieron una cita en el juzgado, ya en enero de 2027, a la que debía presentarse para continuar con el proceso. “Me han pedido que firme ese papel, y lo he firmado, el abogado ha firmado y también lo ha hecho el intérprete. Entonces, de pronto, al volver con la policía, me han confiscado todos los documentos y me han conducido a la frontera con Marruecos. Una vez allí, han dicho a los guardias que yo estaba ahí voluntariamente”. De Selif, el compañero junto al que Sami fue retenido el lunes, no se sabe nada.

“Desde el viernes 23 de octubre de 2026 vemos nuestras esperanzas de una vida mejor, más segura y pacífica, transformarse en pesadilla, en tristeza y angustia” 

Sami relata en el audio, cómo una vez cruzada en la frontera separaron a los “africanos” —él mismo y un ciudadano marfileño— de los marroquíes, conduciéndole a un contenedor donde pasaron la noche y al que iba llegando más gente retenida. Tras confiscarles todo lo que llevaban “teléfonos, todo lo que podía serles útil” les metieron en vehículos hacia Argelia. Aún les esperaba un nuevo giro: en mitad de la travesía les ofrecieron bajarse del vehículo si pagaban. Sami no tenía dinero “pero hay personas buenas, le pregunté al marfileño, llevaba algo de dinero y pagó también por mí. Pero se han quedado con nuestros teléfonos, nuestro equipaje, nuestros abrigos. Nos bajamos como estábamos”, explica Sami, antes de añadir que no puede dar más detalles, pues teme que puedan tener consecuencias para “nuestros hermanos que aún están en el camino”. 

Un miedo que no cesa

Sami es una de las personas no marroquíes que en el último mes han sido expulsadas de la ciudad. Ahora, desde distintos lugares de Marruecos, explican a quienes siguen en Ceuta, personas con las que han compartido semanas de convivencia y miedo desde que llegaron hace casi cuatro meses, qué es lo que les ha sucedido una vez devueltos al país. Quienes continúan en la ciudad autónoma, temen correr la misma suerte que los expulsados. Entre ellos está Mamadou, quien persiste en denunciar la situación en la que siguen desde el CETI.

“Desde el viernes 23 de octubre de 2026, nosotros, migrantes subsaharianos llegados a Ceuta en la entrada masiva de los días 29 y 30 de julio, vemos nuestras esperanzas de una vida mejor, más segura y pacífica, transformarse en pesadilla, en tristeza y angustia”, empieza un comunicado firmado colectivamente por representantes de los países francófonos difundido recientemente. “Antes de llegar a España, muchos de nosotros han conocido Libia, Túnez, Argelia y Marruecos. Han afrontado los peligros del desierto, las torturas, el maltrato, el hambre, las humillaciones y la desesperanza. Algunos han visto a sus amigos morir, otros los han visto ser encarcelados injustamente”, continúa la carta, escrita 111 días después de la llegada a Ceuta, y que da fe del miedo que sufren estas personas.  

Un miedo que les hizo plantarse el pasado lunes 16 de noviembre, cuando, ante la llegada, una vez más, de la policía al CETI, muchos se levantaron y empezaron a corear que no querían ir a Marruecos. Dos días antes, eran siete las personas africanas que habían sido trasladadas a la frontera desde allí. Durante la mañana del lunes Mamadou mandaba varios vídeos por whatsapp documentando la acción que pretendía evitar que los agentes se llevaran a alguien más. Aquella mañana, la intervención del director del Centro, explicaba Mamadou, facilitó que la policía se fuera. Durante los días siguientes, a pesar del temor a una nueva redada, no volvieron a aparecer, constataba el senegalés ayer viernes en conversación con El Salto. 

De fondo de este pulso, una crisis humanitaria que, sobre todo en las primeras semanas, se convirtió en carne de aprovechamiento político por distintos partidos, un endurecimiento de las legislación migratoria a nivel europeo y estatal, una generalización de la violencia contra las personas migrantes para acelerar su marcha de la ciudad autónoma, y una ofensiva contra el derecho al asilo, que se codificó en un Real Decreto Ley que las organizaciones señalaron como el fin del principio de no devolución. Aunque la normativa no fue aprobada debido al adelanto de las elecciones, muchas de las medidas que incluía, y que tienen que ver con la aceleración de las expulsiones, se están aplicando de facto, según han denunciado las organizaciones en terreno.

“Cuando llegamos a Ceuta, nos explicaron que nadie podría llegar a la península sin solicitar asilo. Así fuimos orientados, o más bien, empujados, a presentar demandas de protección internacional”, explica el comunicado difundido por los representantes de países francófonos, que detalla cómo la gran mayoría de estas solicitudes — realizadas por personas que proceden principalmente de Senegal, Benín, Costa de Marfil, Chad o Camerún, son denegadas. 

“Después del rechazo de nuestras solicitudes, presentar un recurso supone un desafío, nos encontramos con grandes dificultades para obtener los documentos necesarios, entender los procesos, y hacer valer nuestros derechos”, explican antes de demandar que se investigue lo que consideran mala praxis por parte de algunos abogados, y expresar su preocupación ante la percepción de que “nuestra dignidad y sufrimiento no son tomados en serio”. Los recursos que presentan, recuerda, no suspenden los procesos, así, una vez denegadas las solicitudes “la  policía puede venir a buscarnos en cualquier momento al CETI, para llevarnos ante las autoridades marroquíes”, lamenta el comunicado, que pide ayuda a la sociedad civil para interrumpir esta dinámica que somete a cientos de personas al miedo cotidiano. 

Organizarse pese a todo

Los videos de lo sucedido en el CETI no llegan a El Salto solo por parte de Mamadou. Hassan*, quien ya tiene concedida la protección internacional pero que desconoce cuándo podrá finalmente seguir su camino hacia la península, resume la situación vivida durante la semana: “Unos cien ciudadanos senegaleses vieron cómo sus solicitudes fueron denegadas. Han recurrido la decisión y están esperando una respuesta”, explicaba el lunes, reportando cómo, después de que el fin de semana se deportara a siete personas, la policía había llegado en la mañana para llevarse a otras cinco personas. La negativa de las personas afectadas, junto a la movilización del resto de solicitantes de asilo, habían forzado la salida de los agentes con las manos vacías. Con todo, Hassan* no estaba tranquilo. “Lo que más me preocupa es que la policía pueda venir temprano cualquier día para ejecutar las deportaciones. Esto ya pasó con los residentes marroquíes”, explicaba el lunes. 

Una vez deportada, la gente sigue organizándose y clamando por sus derechos. En un mail enviado a distintos medios y organizaciones, las 16 personas que fueron deportadas el 23 de octubre denuncian su situación detallando las vulneraciones de derechos sufridas: malas traducciones hechas por intérpretes no cualificados, la “trampa” de ser convocados y notificados del rechazo de sus solicitudes en anuncios descubiertos “por casualidad en la página web del BOE”. La “estratagema” con la que fueron expulsados el 23 de octubre con “falsa información de un regreso al centro, detención en celda, y devolución sumaria nocturna hacia Marruecos en violación del derecho al recurso, y el “silencio y ausencia total de reacción” por parte de los abogados. 

“Nos preguntamos: ¿desde cuándo el hecho de ser migrante se ha convertido en un crimen?”

En el comunicado difundido por los representantes de los países francófonos profundizan en la situación del grupo expulsado el 23 de octubre, denunciando que fueron retenidos tres días en la frontera, sufriendo maltrato y la confiscación de sus pertenencias antes de ser conducidos hacia el desierto. En la descripción de los hechos reseñan dinámicas parecidas a la que vivió Sami: como la oferta de pagar a los policías para poder quedarse en el camino. Respecto a las siete personas deportadas el 13 de noviembre, el texto relata cómo han sido informados, gracias a que una de ellas pudo esconder y así conservar su móvil, de que fueron abandonados en Zagora, cerca de la frontera de Argelia. Las personas firmantes comparten su preocupación y llaman a la intervención de organizaciones de derechos humanos. “La policía viene a veces a buscarnos al CETI con el pretexto de simples controles administrativos. Y al final nos obligan a firmar esposados antes de ser remitidos a las autoridades marroquíes”, señalan, alertando de que muchas de las personas devueltas son presentadas en Marruecos como gente que ha optado voluntariamente por el retorno, o como delincuente. “Nadie debería ser presentado como alguien que ha aceptado un retorno voluntario sin que haya dado realmente su consentimiento libre y lúcido”, recuerdan. 

Por último, el comunicado da cuenta del sufrimiento psicológico sufrido tras cuatro meses de incertidumbre y miedo, con personas que, con la tensión, han protagonizado altercados, siendo acusados de desórdenes públicos y condenados a dos años de prisión, que, al ser expulsados a Marruecos, tendrán que cumplir allí. “Entonces, nos preguntamos: ¿desde cuándo el hecho de ser migrante se ha convertido en un crimen? ¿Desde cuándo la proximidad de una frontera puede justificar que los derechos fundamentales de una persona sean menos respetados? Los derechos humanos no deberían depender del lugar al que una persona llega, de su nacionalidad o del color de su piel”, concluyen.


Los nombres de las personas han sido cambiados para proteger su identidad.

 


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