Opinión
El desplazamiento forzado en Chiapas: metáfora de la vida desnuda

El desplazamiento forzado es una tragedia que miles de personas sufren actualmente en diversas partes del mundo. Según cifras del ACNUR, el número de personas desplazadas por persecución, conflicto y violaciones de derechos humanos alcanzó los 123,2 millones en 2024, una cifra que se ha duplicado en la última década y que apenas logró disminuir en un uno por ciento en abril de este año, por primera vez en más de una década. En el caso de México, la misma agencia de las Naciones Unidas se refiere a las estadísticas de 2020 del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que contabiliza más de 262.400 personas desplazadas por inseguridad o violencia entre 2015 y 2020, y a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024 (ENVIPE), que estimó en 320.700 el número de hogares que se vieron obligados a desplazarse dentro del territorio nacional para protegerse de la delincuencia.

América Alejandra Navarro López, doctora en Geografía e investigadora del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (CIMSUR-UNAM), ha dedicado gran parte de su trabajo profesional al análisis de este fenómeno. Nos reunimos un sábado por la mañana en un lugar de la ciudad de Morelia para hablar sobre el desplazamiento forzado en Chiapas, tema al que dedicó su artículo «Cincuenta años de desplazamiento forzado de indígenas en Chiapas, México. De los conflictos político-religiosos a los conflictos entre cárteles», publicado en la Revista de Geografía Latinoamericana en 2024. Una perspectiva de medio siglo basta para constatar la complejidad de un fenómeno cuyos aspectos locales, vinculados a la historia contemporánea del país, son a la vez una expresión de la lógica del capitalismo global que muestra la fragilidad del Estado (si no su complicidad) ante las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de individuos y comunidades enteras.

En su trabajo como investigadora, relacionado con la geografía cultural de Carl O. Sauer, y más aún con la geografía histórica, la académica destaca la noción de frontera, tanto la política y más visible como la cultural y más difusa, pero sobre todo destaca lo que ella misma llama la frontera colonial, que entiende como “un espacio en sí mismo, distinto de la línea”. En su opinión, el signo colonial aún se detecta hoy en día en ciertas prácticas que implican una naturalización de la dependencia del exterior, como sucede con el propio conocimiento, dirá, “en el que somos malinchistas porque, para validarme, recurro a una revista extranjera”. Apoyándose en el concepto de largo plazo del historiador Fernand Braudel, no ve fácil escapar de esta forma de proceder, internalizada durante siglos, y ya de forma estructural. Sin embargo, rechaza el victimismo y aclara su desacuerdo con el anterior presidente, “que culpaba a España de todo y exigía cosas absurdas. El objetivo consistiría más bien en hacernos conscientes de que arrastramos ese pasado, que todavía hoy nos hace muy coloniales”.

A lo largo de la historia —explica la investigadora—, el argumento del espacio vacío ha sido el que ha servido para la ocupación ilegítima y la colonización. Un argumento basado en una invención, ya que “normalmente, siempre hay alguien, alguna comunidad o grupo social, pero eso incomoda al gobierno de turno. En Chiapas, son los indígenas”. Esa referencia al vacío y a la colonia me recordó el libro de Eduardo Subirats, El continente vacío (Ed. Siglo XXI, 1994), una obra marginada en España debido a su crítica demoledora a la colonización, en la que el autor hace una hermosa descripción de la experiencia que tuvo en San Juan Chamula, un lugar cercano a San Cristóbal de las Casas, en 1992, cuando presenció cómo el interior de la iglesia estaba habitado por personas que realizaban cultos locales y ofrendas a los dioses indígenas mientras, al mismo tiempo, se celebraba la misa. La investigadora también vio algo muy similar en el templo mencionado, donde, me cuenta, “no hay bancas, sino curanderos con gallos, gallinas, huevos, y todo está lleno de velas en el suelo. Ahí es donde realizan las purificaciones. Se ve a los indígenas hablando en tzotzil y al padre dando misa en español. Allí, la gente sigue realizando estos rituales. Van a pedir por los enfermos, por el niño, por el que ya falleció. Y algo muy interesante: en las purificaciones, a veces ya no se usa agua, sino Coca-Cola”.

Al pensar en las comunidades desplazadas que estudia la profesora Navarro, cabe preguntarse qué logran llevarse y conservar quienes no tienen más opción que desplazarse por el territorio, perdiendo el suyo propio. La profesora me da el ejemplo de los huixtecos, del municipio de Huixtán, en los Altos de Chiapas, quienes, al partir hacia un entorno geográfico diferente en la Selva de los Chimalapas, “se llevaron el templo, el Santo Patrón, la fiesta, la vestimenta, la lengua tzotzil. Las sociedades llevan consigo este tipo de identidad, nutrida por la cultura, por las prácticas: eso es lo que se llevan”. Una selección de rasgos identitarios forzados por las circunstancias del desplazamiento y no exentos de traumas duraderos. Esto es lo que sugiere la investigadora cuando, acertadamente, señala que lo hacen porque no pueden llevarse el cerro ni el cementerio. De hecho, enfatiza que “para las personas desplazadas violentamente, una de las peores tragedias es tener que dejar atrás a sus muertos”.

Etapas de la represión en Chiapas

Unos días antes de nuestra conversación, la académica había impartido una conferencia en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana, donde mostró varios mapas que indican el agravamiento de los desplazamientos forzados en la zona de Chiapas, al sur del país. Era el resultado de medio siglo de violencia de diversos tipos, que se dividió en tres etapas. La primera, durante la década de 1970, estuvo vinculada a motivos políticos, religiosos y de control caciquil. Por otro lado, el segundo, de los años 90 a 2010, tuvo que ver primero con la activación de los paramilitares durante la presidencia de Ernesto Zedillo para combatir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y luego con la militarización impuesta por el presidente Felipe Calderón, tras el Operativo Michoacán y la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, que llevó la violencia a su máxima expresión, provocando “una explosión en todo México de desplazados, desapariciones, asesinatos, secuestros, cuerpos desmembrados”, y provocando que poblaciones enteras comenzaran a desplazarse por el país. “En Chiapas, al mismo tiempo que esto ocurría, se otorgaban concesiones para la extracción de hidrocarburos y minerales”, destaca la investigadora.

La militarización siguió siendo una característica de la tercera etapa, que América Navarro ubica en el periodo de 2010 a la actualidad, algo que para ella justifica las críticas dirigidas al gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T) y al presidente Andrés Manuel López Obrador. “Es difícil dar crédito porque fue desde la izquierda, pero con López Obrador los militares salieron a las calles como algo normal. Su despedida del sexenio fue una modificación de la Constitución en la que se le otorgó mucho más poder a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA, actualmente Defensa) y en la que la Guardia Nacional pasó a formar parte de las Fuerzas Armadas. El país está militarizado de norte a sur. Eso es muy difícil para la población y, en términos de desplazamiento, intimida a las comunidades”. La investigadora también critica la simplificación que durante ese mismo sexenio hizo del narcotráfico el culpable de todo evento violento de cierta magnitud. “Obviamente -aclara-, no defiendo a los grupos criminales, pero digo que no son ellos solos, sino una diversidad de actores e intereses políticos los que están detrás de la violencia”.

El llamado crimen organizado y sus relaciones con las empresas trasnacionales que estaban interesadas en los recursos y el capital de la región

Los paramilitares, por ejemplo, fueron uno de esos actores ocultos que tuvieron impacto sobre el terreno. “Son grupos fuertemente armados que, en el caso de Chiapas, se han quedado. Muy pocos se atreven a decir que están ahí, sacando gente de los territorios”. Las cosas no eran nada sencillas. De hecho, resultaban complicadas al intentar separar la actividad de estos grupos de la del llamado crimen organizado, pero también al considerar sus relaciones con empresas transnacionales interesadas en los recursos y el capital de la región. “Esto está sucediendo a nivel mundial”, afirma la académica, “y lo vemos reflejado en Latinoamérica. Contratan a estos grupos criminales para que hagan el trabajo sucio, para “limpiar” el espacio o intimidar a la gente, con el fin de obtener titanio, por ejemplo, que es uno de los elementos, junto con la barita, que se encuentra en Chiapas. ¿Qué pasó en el norte del estado con las concesiones de hidrocarburos? Que Peña Nieto las detuvo en 2017, dado el activismo y la movilización política de la sociedad, al igual que en Acacoyagua. Pero están suspendidas, pero no canceladas. ¿Qué te dicen las personas que entrevistas en el campo? Bueno, están empezando a enviar grupos armados para intimidarlos. Pero no es algo que ocurra sólo en México”.

Por otro lado, el profesor detecta dos obstáculos principales que enfrenta el drama de los desplazamientos forzados en Chiapas y, en general, en México. Estos consisten, por un lado, en que no se respeta la ley del estado de Chiapas para atender a los desplazados y, por otro, en que no existe un marco general aplicable y que rija en todo el país. “Durante el sexenio de López Obrador, hubo varias leyes nuevas y reformas a la ley, pero no una ley general de atención a las personas desplazadas”, lamenta la académica, quien cree que para ayudar a frenar el problema, es urgente crear una ley general con una provisión de recursos que reconozca a los desplazados y prevea sanciones para quienes fuerzan el desplazamiento. La gente te dice: “¡Metan a la cárcel a quienes nos amenazan!”. Pero también, añade, “con base en esa ley, se le debe obligar a realizar un censo. La ONU lleva veinte años diciendo que faltan datos. Pero no se está haciendo, y no porque el gobierno desconozca el problema, sino porque no le interesa”.

Según la Fiscalía, existen más de 1400 registros de personas desaparecidas en Chiapas entre 2006 y finales de 2024

La investigadora aprovecha la oportunidad para aclarar que los datos que utiliza en su trabajo son públicos, obtenidos tanto de la Fiscalía del Estado como de la Federal. Lo que hace es procesarlos, extrayendo de cada expediente la información referente a la persona desaparecida (nombre, edad, hora de la desaparición, lugar, nivel de estudios...) y geo-referenciando la información, “ya que cada uno tiene una coordenada geográfica”. La integrante del CIMSUR-UNAM intenta actualmente cruzar esta información con la de las desapariciones forzadas, una de las peores tragedias que sufre el país, y que, según algunas organizaciones, alcanzó las 128,064 personas desaparecidas en 2025. Esto llevó a la ONU, a través del Comité contra las Desapariciones Forzadas, a emitir una resolución que califica las desapariciones en México como “sistemáticas y generalizadas”. La académica afirma que, según la Fiscalía, existen más de 1400 registros de personas desaparecidas en Chiapas entre 2006 y finales de 2024, desapariciones que se dispararon entre 2018 y 2024. “Estoy haciendo el análisis del mapa. Aún no he terminado, pero puedo decirles que donde observo que hay más desapariciones es en zonas urbanizadas y también donde hay coordinaciones de la Guardia Nacional. ¡Explícamelo!”.

La académica considera que debemos hacernos conscientes del impacto que tiene nuestro consumo global en comunidades como las que ella estudia

Nuestra conversación termina llena de desplazamientos, vacíos y desapariciones. Esto plantea una pregunta: ¿es el capitalismo hoy más que nunca un enemigo de la vida? La investigadora responde mencionando a Agamben y su noción de “vida nuda”, que apunta a “aquellos sujetos —dice— que no tienen nada más que vida, y a quienes se les puede arrebatar porque son desechables. Sobre todo, se trata de la población joven”. Luego, añade: “¿Qué hizo Donald Trump? La misma gente que votó por él y que tenía ciertos programas sociales, de repente se los quitó porque los odiaba. Y ese discurso de “¡ay, nos traen fentanilo y nos hacen mucho daño!”, cuando en realidad parece que odia a esa pobre gente, que su existencia le molesta. En Chiapas, sólo el 8.1% de la población en 2023 no era pobre ni vivía en condiciones precarias. ¡Eso es gravísimo!”. Pronuncio la palabra exterminio para comprender la lógica que subyace a este deseo de muerte, de la muerte del otro. La profesora Navarro lo encuentra muy fuerte -y lo es-, pero admite que, “aunque es una lógica sutil, sí que extermina”.

A sus ojos, la industria extractiva que anida detrás de ciertos consumos no lleva al final nada bueno a las comunidades

Finalmente, la académica cree que debemos tomar conciencia del impacto que nuestro consumo global tiene en comunidades como las que ella estudia. Me pone el ejemplo del titanio, que, según su investigación, se utiliza principalmente para producir el color blanco. “Vivimos en un mundo muy cool, con espacios diseñados de cierta manera, y parece que no hay relación entre una cosa y otra, pero la hay”, dice. En su opinión, la industria extractivista que se esconde tras ciertos consumos no aporta nada bueno a las comunidades. “Solo reciprocidad negativa, como dice el antropólogo Claudio Lomnitz, a quien conoces. Lo veo desde la colonia, pero también lo veo hoy. Mis entrevistados viven en una reciprocidad negativa: siguen siendo pobres; de hecho, ahora son más pobres y tienen cáncer por trabajar en las minas. ¿Y qué ha pasado con la comunidad? Nada. Les ofrecieron una escuela o les dieron el concurso de Señorita Maquiladora en el norte de México. ¿Y qué? Es absurdo”.

Por desgracia, es en este absurdo donde vegetamos actualmente, en un nuevo tiempo de oscuridad apenas iluminado por la luz estridente, artificial y pulsante que hierve en un batallón de pantallas para autómatas. Desde allí, es desde donde vemos genocidios mezclados con el entretenimiento más vulgar, la repugnante trivialización de la guerra y los cortocircuitos de una sensibilidad —la nuestra— en medio de un proceso de autodestrucción. Un colapso total que nos lleva a consumir la visibilidad de objetos que solo sirven para invisibilizar el sufrimiento real de los desplazados y el rastro de los ya desaparecidos. Con ellos, lo que desaparece es la sensación de una vida plena y decente, de una existencia digna de ser vivida al abrigo de la ambición y la violencia que tiñen de luto el planeta y atan el nudo de la vida desnuda —la vida en carne viva— alrededor del cuello de millones de personas, hasta el punto de matarlas. ¿Y entonces no sienten lo difícil que nos resulta respirar?