Comunidad de Madrid
El 99,5% de las adjudicaciones de Sanidad que Ayuso firmó en pandemia fueron contratos menores

Los contratos menores en Sanidad en la Comunidad de Madrid fueron “la regla y no la excepción” durante el 2020, según una nueva investigación de la Asociación Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad). El informe indica que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) adjudicaron 408.133 contratos menores por 900 millones de euros. Los contratos menores representaron el 99,5% del total.

Esta asociación, acompaña de la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid en Defensa de la Sanidad, denunciará al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) ante la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) de Hacienda y ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, este jueves, 4 de diciembre, alegando un “uso abusivo” de este tipo de contratación. 

Un mecanismo de contratación, fijado para contratos de importe inferior a 40.000 euros, cuando se trata de contratos de obras, o a 15.000 euros cuando se trata de servicios o suministros. Tal y como establece la legislación, los contratos menores pueden adjudicarse directamente a cualquier empresario, sin necesidad de concurso público. “El contrato menor per se no es un contrato ilegal, lo que ocurre que la legislación lo contempla como excepción no como norma y en la Comunidad de Madrid el 99,5% del total de los contratos adjudicados se hacen utilizando esta figura”, valora para El Salto Vicente Losada, portavoz de Audita Sanidad.

Desde Audita Sanidad denuncian que han detectado “múltiples contratos menores, repetidos, con un mismo proveedor para un mismo producto, por importes que habrían justificado una licitación pública”

De fondo: la posible fragmentación de contratos, práctica prohibida por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Desde Audita Sanidad denuncian que han detectado “múltiples contratos menores, repetidos, con un mismo proveedor para un mismo producto, por importes que habrían justificado una licitación pública”. En el informe se detecta esta práctica en hospitales como el Clínico San Carlos, La Paz, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, 12 de Octubre o Infanta Cristina. Este informe sitúa también a los grandes hospitales como los que más utilizan los contratos menores: San Carlos, Ramón y Cajal y Príncipe de Asturias lideran el ranking.

En cuanto a las empresas adjudicatarias, la investigación recoge un ranking de las 20 primeras empresas “y están la práctica totalidad de las multinacionales farmacéuticas más importantes y las empresas de tecnología médica más importantes”, destaca Losada. Así, en primer lugar se sitúa Roche Farma, con casi 30 millones de euros en contratos, seguida de Medtronic Iberica, con 28 millones y Novartis y Janssen, con 25,8 millones cada una.

Analizando los contratos desde 2016

Según los datos que maneja esta organización, entre 2016 y 2020 se adjudicaron a dedo en la sanidad madrileña 2,35 millones de contratos menores por más de 4.000 millones de euros. Denuncian que estas adjudicaciones implican sobrecostes de un 25%, como indica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por lo que el “uso abusivo” de esta figura hubiera generado unos 818 millones de euros de más.

Además, no es la primera vez que llevan esta información ante las instituciones: lo llevan haciendo desde 2019. En estos años buscando justicia “hemos tenido respuesta pero todas fallidas”, valora Losada. En 2019 acudieron a cinco organismos, entre ellos la Fiscalía Anticorrupción. “La Fiscalía Anticorrupción nos dijo que teníamos que presentar algún elemento que pruebe la corrupción para poder intervenir”, explica Losada, mientras siguen tras la pista de este elemento.

En el año 2020, como consecuencia de la pandemia el Gobierno del Estado habilitó la contratación por la vía de urgencia mediante un decreto ley. “Nosotros pensábamos que como en 2020 tuvieron esa posibilidad se iba a producir un bajón en la adjudicación de contratos menores. Pero qué va, solo ha habido una disminución de 20.000 contratos menos de un total de más de 400.000. Han hecho lo que han querido por la vía de urgencia y, no contentos con eso, han seguido usando la técnica de los contratos menores”, valora Losada.