Comunidad de Madrid
Ayuso sigue perdonando impuestos a los altos patrimonios madrileños: en 2024 otros 732 millones

En 2023, tras intentar de forma fallida tumbar el nuevo impuesto a las grandes fortunas en el Tribunal Constitucional, el ejecutivo de la Comunidad de Madrid tuvo que modificar los mínimos exentos y bonificaciones del Impuesto de Patrimonio (IP) para acoplarlo a la nueva situación fiscal pero, siempre, intentando que los altos patrimonios que viven en Madrid paguen lo mínimo posible.

Hasta ese momento, la hacienda madrileña bonificaba al 100% el IP. Con esta estrategia, el PP madrileño ha perdonado más de 10.000 millones en impuestos a los altos patrimonios desde 2012. Pero el nuevo tributo, el Impuesto Solidario a las Grandes Fortunas, diseñado específicamente para que los ricos que no paguen el impuesto autonómico tengan que hacerlo en el estatal, dificulta que esos bolsillos acaudalados no pasen por caja de alguna de las dos arcas públicas. Con el nuevo impuesto, los contribuyentes con patrimonios superiores a los tres millones de euros debían pagar a la Hacienda central, pero ofrecía una bonificación equivalente a la cuota íntegra pagada en el IP en sus respectivas comunidades autónomas. Es decir, si pagabas Patrimonio en Madrid, te librabas de pagar el otro impuesto a Hacienda. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arrancó una campaña mediática y jurídica contra el tributo y el Gobierno central. Mientras se esperaba una respuesta por parte de los Tribunales, Ayuso acabó regalando 555 millones de recaudación del IP a las arcas estatales, que sumado a otras comunidades autónomas del PP que tampoco querían recaudar el tributo a los ricos mientras se dirimía en los tribunales, terminó con un regalo a las arcas centrales de 595 millones de euros.

Tras la resolución del Tribunal Constitucional que tumbaba las esperanzas del Partido Popular de salvar a los ricos del nuevo impuesto y seguir bonificando el autonómico, el gobierno madrileño decidió acoplar los límites exentos y bonificaciones para que los ricos pagaran lo mínimo posible sin tener que ceder ni un sólo euro a las arcas públicas del Estado. La Comunidad de Madrid modificó el IP, pero incluyó una bonificación igual a la diferencia entre los dos impuestos. De esta forma, los altos patrimonios superiores a tres millones de euros han tenido que pagar, pero se siguen librando los que tienen de un millón hacia arriba, que tan sólo pagan lo correspondiente entre uno y tres millones.

Ayuso ha librado a un grupo de unas 24.000 personas de pagar una media de unos 30.000 euros cada uno en impuestos

Esta modificación hizo que las arcas madrileñas volvieran a recaudar dinero por parte de los altos patrimonios. En el periodo anterior, correspondiente al año fiscal de 2023, la recaudación madrileña ha pasado de ser cero a recaudar 613 millones de euros. Pero Ayuso siguió bonificando gran parte del impuesto y volvió a perdonar otros 612 millones a un selecto club de algo más de 12.000 personas.

Pasado un año, la Agencia Tributaria ha publicado nuevos datos sobre el IP y las cifras son muy similares o incluso mayores que las observadas el año pasado. Además de demostrar que los multimillonarios han crecido más que nunca en 2024, los datos vuelven a señalar que Ayuso le ha perdonado otros 732 millones de euros a un pequeño grupo de ciudadanos acaudalados, un 20% más que en 2023. Los datos sobre la bonificación apuntan a que Ayuso ha librado a un grupo de unas 24.000 personas de pagar una media de unos 30.000 euros cada uno en impuestos. 

Pese a que ya es probable que el público esté acostumbrado a que Ayuso haga todo lo posible para recaudar menos dinero por parte de los millonarios, la realidad es que sigue sorprendiendo que se condonen estas cantidades de dinero cuando en la Comunidad de Madrid no hay becas comedor en las escuelas, sino ayudas que no cubren todo el gasto, mientras que las educadoras infantiles piden más recursos e incrementos de salario, cuando los municipios periféricos siguen pidiendo la apertura de centros de salud que se cerraron durante la pandemia, se ha recortado el presupuesto de las universidades públicas madrileñas y faltan más de 300 médicos y médicas de familia y más de 40 pediatras en la Comunidad de Madrid.