Comunidad de Madrid
El desmantelamiento de las residencias públicas en la Comunidad de Madrid cinco años después de la pandemia

La Gran Residencia (Carabanchel) tiene un pasado como palacete. De amplios pasillos y engalanadas salas, esta antigua morada aristócrata hoy ejerce como residencia pública, una de las 25 que gestiona la Comunidad de Madrid. De alrededor de 500 geriátricos, solo el 5% están gestionados directamente por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), dependiente del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y una de ellas es este antiguo palacete que, si bien vivió tiempos de boato, hoy alberga precariedad. Elvira García Borrego es Técnica de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) y miembro del comité de empresa. Asegura que de 400 plazas de trabajadoras, hay 100 sin cubrir. “En un ala con 76 camas, antes había diez TCAE. Ahora son siete-ocho y tocan a 10 residentes por persona”, explica. “Si antes disponías de 15 minutos para atender a una persona con grandes necesidades, ahora tienes 10 minutos para levantarle, asearle, vestirle, darle de comer...”, relata.

Tras la pandemia, y después de que 7.291 personas fallecieran durante los meses más duros del covid dentro de estos centros en la Comunidad de Madrid por los protocolos de la vergüenza, la situación dentro de los centros 100% públicos no parece haber mejorado, sino todo lo contrario. El verano y los procesos de estabilización de personal han generado la tormenta perfecta, explica Javier González, secretario del área de servicios sociales CSIT, sindicato mayoritario en el AMAS, quien alerta de una situación que ya es “insostenible”. “Las vacantes que hay en los centros no se cubren porque la gente ha renunciado. No es atractivo y se van a trabajar a los hospitales. Y para contratos temporales  de sustitución en verano sucede lo mismo”, explica González.

Desde el CSIT contabilizan que hay 900 plazas descubiertas de una plantilla de 7.000 trabajadoras que atienden a unos 6.300 usuarios. “La carencia la sufren los usuarios”

Las administraciones públicas, por mandato europeo reflejado en la Ley Iceta, han realizado procesos de estabilización del personal extras para llegar a 2025 con un 8% de personal interino como máximo. En las residencias públicas de la Comunidad de Madrid estas plazas, ganadas por oposición, están siendo rechazadas a la hora de hacerse efectivas. Desde el CSIT contabilizan que hay 900 plazas descubiertas de una plantilla de 7.000 trabajadoras que atienden a unos 6.300 usuarios. “La carencia la sufren ellos y ellas”, advierte González.

Camino hacia la privada

“Cada vez nos parecemos más a las privadas. Tenemos 38 grandes de dependientes atendidos por tres personas. Con eso está dicho todo. Emprendemos ritmos acelerados para darles un desayuno caliente y, al final, nos lesionamos”, relata Esther Fernández, delega sindical del Mats de la Residencia de Mayores de Alcorcón, 100% pública.

“Ha habido cadáveres de mayores hasta 38 horas en la cama”

Sara Plaza Casares

Coronavirus

“Ha habido cadáveres de mayores hasta 38 horas en la cama”

Sara Plaza Casares

Trabajadoras del MATS de las residencias de gestión 100% pública denuncian graves deficiencias en los protocolos de aislamiento, ausencia de cuidados paliativos y material de protección inexistente. “Al final acabaremos el 95% contagiados”, denuncian.

Fernández corrobora que en el proceso de estabilización no se han cubierto todas las plazas y hay jubilaciones que no se han repuesto. “Se ha ido todo encadenando, cuantas más bajas hay más bajas se producen. La gente tiene una carga de trabajo bestial y nos rompemos. Tienes que levantar a gente que a veces pesa el doble que tú”, relata Fernández. En su residencia asegura hay 13 bajas sin cubrir, más una jubilación y dos suplencias ofertadas que se han quedado al descubierto. Atienden a 200 usuarios y ahora lo hacen “como pueden”.

“Hace unos años la diferencia entre públicas y privadas era abismal, sobre todo en cantidad de personal y sueldo que se traducía en calidad de la atención. Y en vez de la privada parecerse a la pública ha pasado al contrario”, se queja la trabajadora del Mats

“Hace unos años la diferencia entre públicas y privadas era abismal, sobre todo en cantidad de personal y sueldo que se traducía en calidad de la atención. Y en vez de la privada parecerse a la pública ha pasado al contrario”, relata la delegada sindical del Mats.

Javier González corrobora esta situación y barrunta que, detrás de todo esto, hay una intencionalidad por desmantelar y acabar privatizando. “Las residencias públicas debieran ser punteras pero se están desmantelando. Tradicionalmente, el deterioro de los servicios públicos ha acabado en la privatización de los mismos”, asegura.

A vueltas con las ratios

La ausencia de personal suficiente es una demanda histórica dentro de este sector. En la Comunidad de Madrid, hasta hace poco, las ratios las marcaba una ley de 1990, cuando la tipología de residentes era diferente y el porcentaje de grandes dependientes era menor. Estos número se situaban en 25 trabajadoras por cada 100 residentes no dependientes y 35 por cada 100 dependientes. En 2024 se emitió la orden 2680 que establece unas ratios de 45 profesionales de atención directa por cada 100 residentes, en los centros de más de 50 plazas.

El Estudio sobre el personal mínimo necesario en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid presentado en 2024 por CCOO, UGT y la asociación Pladigmare demuestra que, teniendo en cuenta el tiempo de atención digna para cada usuario, los números son insuficientes. Para poder realizar un “trabajo digno” se necesitaría la presencia de 83 profesionales por cada 100 residentes durante todo el día; 37 en el turno de mañana, 34 en el de tarde y 12 en el de noche.

Las residencias de Madrid necesitan el doble de personal para prestar un “servicio digno”

Sara Plaza Casares

Residencias de mayores

Residencias de mayores Las residencias de Madrid necesitan el doble de personal para prestar un “servicio digno”

Sara Plaza Casares

Un informe elaborado por CC OO, UGT y la Plataforma PLADIGMARE incide en que las gerocultoras son uno de los colectivos que encabezan el ranking de siniestralidad laboral por la sobrecarga de trabajo.

El portavoz del CSIT afirma que “sobre papel” las residencias públicas cumplen la normativa de 1990 pero a la hora de la verdad llegan hasta a incumplir estos mínimos. Se queja de las “excusas” que ponen desde el AMAS ante la ausencia de personal. “Dicen que no hay profesionales, pero es que no se les motiva ni se les incentiva económicamente para que se quedan”, denuncia.

Unas profesionales que cobran nóminas que rozan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con nóminas de 1.200-1.300 euros y con turnos que pueden ser nocturnos o en fines de semana.

Unas profesionales que cobran nóminas que rozan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con nóminas de 1.200-1.300 euros y con turnos que pueden ser nocturnos o en fines de semana. Desde este sindicato denuncian que el AMAS ha optado por contratar a personas sin la formación adecuada y han detectado 140 contrataciones por circunstancias de la producción de Técnicos Auxiliares. "Esta otra categoría no está capacitada para manipular medicación ni para manejar residentes, la mayoría polimedicados", relata Javier González.

Puré de callos

El 15 de mayo de 2025 en la Residencia Santiago Rusiñol, de Aranjuez, también gestionada por el AMAS, se comió puré de callos. El plato típico de Madrid, en el día del patrón, había quedado muy duro y tuvieron que pasarlo por la batidora. Ese día los y las residentes “comieron una crema de callos que era vomitiva”, explica Teresa Pérez, cuyos padres llevan ocho años en este centro. “El pescado congelado está crudo por dentro, la fruta,  pequeña y dura...” enumera Pérez para describir otro aspecto precario: la comida.

“Mi experiencia es que desde la pandemia todo ha ido a peor. Hay un declive impresionante”, se queja Teresa Pérez, familiar de residentes de la Residencia Santiago Rusiñol

“Mi experiencia es que desde la pandemia todo ha ido a peor. Hay un declive impresionante”, se queja esta familiar. Y este declive, además de en la comida o en la falta de personal, se nota en la climatización. Cuenta que esta residencia tiene 53 años y sus instalaciones han quedado suspendidas desde entonces, con los mismos muebles y con instalaciones eléctricas que no soportan modernidades. No hay aire acondicionado en las habitaciones, solo en las zonas comunes. Y, a veces, ni eso. “En uno de los comedores llevan 20 días con el aire acondicionado estropeado”, denuncia.

Cuenta que en la habitación de sus padres se alcanzan los 30 grados, incluso con un aire acondicionado portátil enchufado. Ellos entregan el 85% de su pensión para pagar su estancia: casi 2.000 euros en total. “La residencia la están dejando caer. Si hubiera otra pandemia, no sé yo lo que pasaría...”, deja en suspensión Teresa Pérez. Como la Gran Residencia, Santiago Rusiñol también vivió tiempos mejores. Del lujo del pasado, ya solo queda el recuerdo, mientras la sombra de la privatización cada vez es más alargada.