Comunidad de Madrid
Imputados dos altos cargos de Ayuso por los protocolos de exclusión sanitaria en las residencias

Por primera vez, un juzgado llama a declarar como investigados a Carlos Mur y a Francisco Javier Martínez Peromingo, ambos colaboradores de los protocolos por los que se impidió el traslado a hospitales de mayores dependientes.
Ayuso inicio de curso
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Las 109 denuncias presentadas por Marea de Residencias y 7.219: Verdad y Justicia por denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria han impulsado la primera imputación de altos cargos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las residencias de mayores durante la primera ola del covid. Así, el juzgado número 3 de Madrid llama este lunes 26 de mayo a declarar a Carlos Mur, por aquel entonces director de Coordinación Sociosanitaria y firmante del conocido como “protocolo de la vergüenza”, y a Francisco Javier Martínez Peromingo, coordinador del llamado Protocolo técnico, que complementaba al primero y que sustituyó a Mur en su cargo.

Comunidad de Madrid
Exclusión sanitaria La Fiscalía admite una denuncia contra el alto cargo de Ayuso que firmó los protocolos de las residencias
Un familiar de una fallecida en la residencia Las Camelias de Móstoles denuncia a Carlos Mur, quien era director general de coordinación Sociosanitaria, tras la no derivación hospitalaria de su madre que enfermó de covid y tenía deterioro cognitivo.

Dichos protocolos establecían excepciones en la derivación hospitalaria de mayores enfermos en función de su grado de dependencia o su discapacidad. Durante marzo y abril de 2020 fallecieron dentro de las residencias 7.291 ancianos y ancianas sin recibir asistencia médica. 

“Es un asunto que estaba archivado hace tres años y ahora la fiscalía ha cambiado de criterio y es toda la información que tengo”, ha expresado Ayuso al ser preguntado por el caso durante una rueda de prensa que ha tenido lugar este viernes durante la inauguración de unas obras para un nuevo centro de salud.

En octubre de 2024 los familiares presentaban 109 denuncias en representación de 115 residentes, de los cuales 111 fallecieron sin recibir asistencia médica. Después de esto, fiscalía les llamaba a declarar en enero. El pasado 1 de abril, el juzgado de instrucción número 3 de Madrid decidió reabrir una de las causas, a petición de la fiscalía, una causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes. Las víctimas argumentan que los altos cargos de Ayuso habrían cometido un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del código penal.

Los familiares están seguros de que la responsabilidad política no se frena en Mur y Peromingo por lo que les piden “que cuenten la verdad y desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad, Ruiz Escudero y de la propia Ayuso”

Desde Marea de Residencias y 7.219: Verdad y Justicia celebran que altos cargos de Ayuso sean llamado a declarar por primera vez como imputados “ya que hasta ahora las instrucciones judiciales nunca se habían dirigido contra ellos. Todas las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora se centraron en directores o médicos de las residencias, pero nunca en quienes elaboraron, dictaron y aplicaron los protocolos”, aseguran.

Avisan además de que están seguros de que la responsabilidad política no se frena en Mur y Peromingo por lo que les piden “que cuenten la verdad y desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad, Ruiz Escudero y de la propia Ayuso.

Más de 300 querellas

Antes de esto, las familias interpusieron más de 300 querellas por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro que apuntaban a Ayuso, Ruiz Escudero, así como al resto de altos cargos y directores de residencias.  La mayoría de estas querellas se han ido archivando sin siquiera abrir diligencias previas, aunque algunas se mantienen vivas en los juzgados de instrucción y otras permanecen pendientes de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

En esta segunda remesa de demandas colectivas se apunta al incumplimiento de otro artículo del código penal, el 511 que establece penas de prisión para el encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho.

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El Juzgado 3 de Madrid es el primero que decide reabrir una causa sobreseída previamente, tal y como solicitó la Fiscalía Provincial. Desde las organizaciones informan de que una decena de Juzgados acordaron hasta ahora mantener el archivo dictado en su día, en contra del criterio del Ministerio Público. “En todos estos casos, los denunciantes han presentado recursos, al igual que la Fiscalía. El resto de Juzgados todavía tienen que pronunciarse”, alegan.

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Luis M
25/5/2025 11:59

¿Está la fiscalía espabilando y utilizando los métodos de la extrema derecha a la hora de elegir dónde y cuando entran las denuncias?

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RamonA
23/5/2025 16:22

Nadie firma los protocolos sin la autorización previa de la presidencia de la Comunidad de Madrid.

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Nui
23/5/2025 13:29

Ninguna esperanza de que esto prospere.. ninguna esperanza de que haya una justicia real en este país con un poso tardo franquista inquebrantable.. todo atado y bien atado. Que el último apague la luz y cierre la puerta..

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B.
23/5/2025 19:02

Yo también creo que no va a prosperar,cuanto me gustaría equivocarme aún así...
Viendo como está la judicatura es difícil imaginar que algún juez/a decida arriesgar su carrera y su futuro laboral llendo hasta el final de esta locura.
Todo mi respeto a los familiares de los 7291 fallecidos en las residencias madrileñas.

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