Comunidad de Madrid
La Fiscalía admite una denuncia contra el alto cargo de Ayuso que firmó los protocolos de las residencias

Felicita Florentina García Sánchez murió sola en una habitación de la residencia Las Camelias de Móstoles el 16 de abril de 2020. Su padre, Juan Antonio García Acero, murió en el campo de concentración de Gusel, (Alemania) el 23 de diciembre en 1941. “Cuando le colocaron el Stolpersteine, una placa de recuerdo en su nombre, mi madre dijo que por fin le había conseguido enterrar. Luego ella tuvo que morir sola y sin ser derivada a un hospital. Es muy injusto”, expresa Juan Miguel Nogales, hijo de Felicita, quien acaba de conseguir que la Fiscalía de Móstoles admita a trámite una denuncia contra el firmante de los protocolos de exclusión sanitaria y por aquel entonces alto cargo del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mur, que condicionaban el traslado de residentes enfermos en función de sus circunstancias físicas o cognitivas.

La fiscalía ha citado a Nogales para declarar este jueves 27 de noviembre dentro de las diligencias de investigación que se han abierto. En su denuncia se señala tanto a Mur como al jefe de Geriatría del Hospital de Móstoles, el cual fue asignado como Hospital de referencia de las personas residentes en la Residencia Las Camelias. “La idea es que la investigación escale y se investigue si ha habido responsabilidad de otros altos cargos”, explica Nogales a El Salto, quien indica que si esto es así posiblemente se abriría otra pieza para investigar a las personas aforadas en el Supremo, entre ellas Ayuso.

“La idea es que la investigación escale y se investigue si ha habido responsabilidad de otros altos cargos”, explica el familiar de la residente a El Salto

Desde la asociación a la que pertenece, Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores (DJRM), destacan que por primera vez en una denuncia se alude a vulneración de derechos sociales de la Carta Social Europea. En esta ocasión se ha utilizado una nueva vía y en la denuncia se hace alusión a la vulneración de los artículos 511 y 512 del Código Penal, que tipifican la denegación de un servicio público por motivos discriminatorios. Felicita tenía un deterioro cognitivo y los protocolos condicionaban la derivación hospitalarias para estas personas.

Bajo esta misma filosofía y aludiendo a la vulneración de dichos artículos del código penal, las asociaciones Marea de Residencias y Verdad y Justicia han presentado hasta 109 denuncias. La pasada semana la fiscalía abría la investigación para 17 de estos casos. Antes de estas, se presentaron unas 300 querellas por homicidio impudente, prevaricación y omisión del deber de socorro. De estas, la mayoría se han ido archivando, aunque actualmente, en los juzgados madrileños existen decenas en fase de instrucción y otras tantas ante el Tribunal Constitucional mediante recurso de amparo.

Juan Miguel Nogales puso una primera querella por homicidio imprudente que se archivó. “La Fiscalía General del Estado decidió archivar basándose en un informe infumable. Decía que a mi madre le habían atendido, que la residencia estaba medicalizada, que el personal estaba cubierto. Mi madre muere el 16 de abril y yo me presenté el día 13 abril para verla. Allí no había nadie y de medicalizada, nada”, describe Nogales, quien recuerda que el único tratamiento o soporte que tenía su madre era una vía de oxígeno en la nariz. “En noviembre del 2019 tuvo una crisis con posible ataque epiléptico, la derivaron al hospital de Móstoles donde la trataron. Ese mismo día por la tarde volvió a la residencia”, compara.