Residencias de mayores
Ayuso, el archivo de querellas por lo ocurrido en las residencias y la falta de investigación en los juzgados

“Había muertos en todas partes: en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor cuando iba a los hospitales también fallecía. Porque cuando una persona mayor está gravemente enferma con el covid y con la carga viral que había entonces no se salvaba en ningún sitio”. Con estas palabras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, minimizaba el pasado jueves 15 de febrero en la Asamblea de Madrid lo ocurrido dentro de las residencias en los peores meses del coronavirus y justificaba el no traslado de personas mayores que fallecieron dentro de las residencias. Lo hacía después de que la Cadena Ser revelara las actas de la policía municipal de aquellos días y después de que Más Madrid llevara el tema a la Asamblea. Ese día,  desde la bancada popular, festejaban el archivo de una de las querellas interpuestas por Mareas de Residencias en los juzgados de Parla.

Ayuso minimiza lo ocurrido en las residencias: los datos que muestran el desborde de muertes en estos centros

Sara Plaza Casares

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Residencias de mayores Ayuso minimiza lo ocurrido en las residencias: los datos que muestran el desborde de muertes en estos centros

Sara Plaza Casares

Durante marzo y abril, cuando se aplicaron los “protocolos de la vergüenza” para no trasladar a enfermos a los hospitales en función de su grado de dependencia, las muertes se incrementaron frente a 2019 en un 600% y un 953% respectivamente.

Para Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, desde el PP están utilizando el archivo de esa causa para tapar el ruido de las actas, que confirman la no derivación de personas mayores enfermas durante la primera ola. “Hay querellas que se están archivando, esta no ha sido la primera, ya hemos visto otros muchos autos así. Es su estrategia, sacar una cosa para tapar otra. Pero todavía hay muchos otros casos abiertos, hay tres en los que la Audiencia Provincial ha dicho al juez que abra diligencias para investigar a los aforados”, expresa López.

7.291 mayores fallecieron dentro de las residencias durante los meses más duros de la pandemia. Altos cargos del Gobierno de Ayuso firmaron hasta cuatro versiones de un protocolo que suponía la exclusión sanitaria de residentes contagiados por covid en función de su situación física o cognitiva.

Los familiares, agrupados en torno a Marea de Residencias, presentaron alrededor de 300 querellas por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. Entre otros señalaban a la presidenta Ayuso, al por aquel entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y al exconsejero de Justicia, Enrique López. El Salto ha tenido acceso al estado de estas querellas y se observa que en la mayoría de los casos estas han sido desestimadas sin abrir diligencias contra los cargos políticos. Así, el camino más común es: presentación de la querella, archivo de la causa, recurso ante la Audiencia y desestimación del recurso sin abrir diligencias contra los aforados.

"Los juzgados están archivando la mayoría de querellas sin investigar a los cargos políticos. El juez les puede llamar a declarar y ellos pueden decir que no van, pero sería importante que les citaran”

Así lo corrobora Carlos Vila, uno de los abogados de Marea de Residencias, quien incide en que aunque dos personas permanecen aforadas (Ayuso como presidenta y Enrique López como juez) podrían ser llamados a declarar por el juzgado de Instrucción. “Los juzgados están archivando la mayoría de querellas sin investigar a los cargos políticos. El juez les puede llamar a declarar y ellos pueden decir que no van a declarar, como cualquier imputado, pero sería importante que les citaran”, explica Vila. Así, los juzgados de primera instancia podrían realizar diligencias previas, elevando después el caso hasta el Tribunal Supremo, donde serían juzgados los aforados.

En cuanto a los argumentos utilizados para archivar las querellas, Vila relata que son “siempre los mismos”. “Se basan en los informes forenses, que suelen decir que la persona recibió un trato adecuado durante su muerte y a veces en contacto con el geriatra de enlace, cuando sabemos que ningún geriatra asistió en los centros, solo tuvieron conversaciones telefónicas”, explica Vila. “Nosotros lo que decimos es que si hubieran sido trasladados al hospital no se les habría quitado la oportunidad de disponer de todos los medios que hay para tratar a una persona; en las residencias no hay UCI ni oxígeno”, explica Vila. “Otros juzgados vienen a decir que la pandemia afectó a mucha gente y que los protocolos que se hicieron pudieron no ser correctos pero debemos reclamar indemnización por la vía civil. Según su argumentación, estas muertes no tiene relación directa con los protocolos, fueron decisiones administrativas irregulares que pueden dar lugar a una indemnización civil”, explica.

La Audiencia Provincial ha dado hasta tres “toques” a los juzgados de instrucción por no practicar diligencias sobre los cargos políticos

Además, destacan desde Marea de Residencias, la Audiencia Provincial ha dado hasta tres “toques” a los juzgados de instrucción por no practicar diligencias sobre los cargos políticos.

El pasado 2 de octubre, en un auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Villalba, el tribunal aceptó el recurso interpuesto por un familiar de un residente del Centro Residencial Torrelodones-Sanitas Mayores, cuya causa fue archivada en primera instancia, y acordó con la Audiencia Provincial de Madrid la continuación del procedimiento respecto de los tres políticos “con la práctica de las diligencias pertinentes y necesarias para poder concluir si concurren o no indicios de la comisión de un delito de homicidio o lesiones imprudentes y/o omisión del deber de socorro”. En el auto además se citaba a declarar a tres testigos: Alberto Reyero, por aquel entonces consejero de Políticas Sociales, Carlos Mur, el alto cargo de Ayuso que firmó los protocolos y Yolanda Fuentes, ex directora de salud pública. Testigos que ya han declarado en sede judicial en varias ocasiones.

La Audiencia Provincial de Madrid reabre una causa contra Ayuso por las muertes en las residencias

Sara Plaza Casares

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Protocolos de la vergüenza La Audiencia Provincial de Madrid reabre una causa contra Ayuso por las muertes en las residencias

Sara Plaza Casares

Por primera vez un juzgado de instrucción ordena la investigación de Ayuso por los “protocolos de la vergüenza”, que condicionaron el traslado de residentes enfermos en función de sus características físicas o cognitivas.

El 25 de octubre, la Audiencia Provincial solicitaba al Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid la reapertura de una causa por la muerte de siete residentes en el centro de Amavir Ciudad Lineal. El auto de la Audiencia indica que durante la fase de instrucción de la demanda, que fue archivada provisionalmente en primera instancia en abril de 2023, el juzgado instructor ha omitido cualquier pronunciamiento en cuanto a los tres referidos aforados “en cuanto a la existencia o no de indicios de criminalidad en relación a las personas aforadas, no existiendo pronunciamiento expreso en cuanto a la inadmisión de la querella respecto de los mismos". “Dicha omisión supone la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva invocada por la parte recurrente”, aseguran.

La Audiencia pide la reapertura de otro caso contra Ayuso por la gestión de las residencias

Sara Plaza Casares

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Protocolos de la vergüenza La Audiencia pide la reapertura de otro caso contra Ayuso por la gestión de las residencias

Sara Plaza Casares

La Audiencia Provincial de Madrid pide que se reabra una causa contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por los protocolos de exclusión sanitaria, tras su archivo en primera instancia sin realizar las indagaciones suficientes.

Una decisión similar se expresa en otro auto del 30 de octubre de la Audiencia de Madrid en su sección 15, que ordena la reapertura del caso al juzgado de instrucción número 8 de Villalba por hechos ocurridos en la residencia Orpea de Torrelodones. El auto revoca el sobreseimiento provisional acordado en relación a Ayuso, Ruiz Escudero y López.

Querellas que siguen adelante

Y frente al discurso del PP y sus medios afines, la portavoz de Marea de Residencias insiste en que algunas querellas siguen su camino. Según los datos a los que ha tenido acceso El Salto, una treintena siguen vivas o bien en juzgados de instrucción o bien en la Audiencia Provincial, más de una decena en Madrid capital. Además continúan causas abiertas en juzgados de municipios como Alcorcón, Arganda del Rey, Collado Villalba, Coslada, Majadahonda, Móstoles, Navalcarnero, Pozuelo o San Lorenzo del Escorial. También en Leganés, donde el anterior Gobierno socialista emprendió un camino en la justicia, con una demanda contra la inacción de la Comunidad de Madrid ante la crisis de las residencias.

Frente al discurso del PP y sus medios afines, la portavoz de Marea de Residencias insiste en que algunas querellas siguen su camino

Por otro lado, casi 50 de estas querellas se encuentran ya ante el Tribunal Constitucional, tras ser desestimadas en primera instancia y en la Audiencia Provincial. “Todo va a depender de sí nos da la razón el Constitucional que aún no se ha pronunciado. A él le pedimos que obligue a investigar los hechos porque se ha vulnerado la tutela judicial efectiva. Si conseguimos una sentencia favorable, solicitaríamos la reapertura en todos los demás casos en base a esta sentencia”, explica Vila.

“Veremos si finalmente la justicia nos da la razón a nosotros o a ellos. En cualquier caso, no la tienen, y eso lo sabemos todos. Dejó morir a 7.291 personas en las residencias de una forma cruel y sin atención sanitaria que era su derecho”, sentencia Carmen López.