Opinión
Recordando las más de 7.291 muertes en residencias en 2020

La angustia de las familias empezó un 9 de marzo de 2020 con el cierre de puertas en las residencias y seis años después aún no se ha terminado por qué no hemos obtenido justicia. El 11 de marzo se crea el mando único de hospitales públicos y privados. A esa reunión asisten Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez y los dos consejeros de Sanidad y Hacienda.

Antonio Burgueño, asesor sanitario de la Comunidad de Madrid ,se reúne con Ayuso, Lasquetty y Ruiz Escudero para medicalizar las residencias, nunca se hace. Ayuso en varios comunicados a la población nos miente.

El 18 de marzo de 2020 se firmó el primero de los cuatro protocolos de discriminación sanitaria a usuarios de residencias en situación de dependencia por parte de la Comunidad de Madrid, esos protocolos les condenaron a una muerte segura y cruel. Los protocolos fueron redactados por Peromingo y 22 geriatras de enlace creados por Ruiz Escudero. Mur los coordina, revisa, firma y los remite a Ana Dávila.

Una decisión política que no tenía sentido puesto que había medios materiales y humanos para poder atender a esas personas vulnerables. Quiero recordar esos medios, más de 1.500 sanitarios que se podían haber enviado a las residencias y así medicalizarlas, el IFEMA al que solo se derivaron a 23 residentes leves, hospitales privados, a los que solo fueron derivados residentes que tenían seguro médico privado, y los hoteles  medicalizados.

Ninguno de estos recursos se utilizaron y muchos de ellos morían ahogados en sus flemas, agarrados a los barrotes de la cama, compartiendo habitación vivos y muertos, y miles historias a cual más cruel y dolorosa para las familias. Cuando llegaron la UME, Bomberos y Policía Municipal a las residencias, el panorama que allí se encontraron fue dantesco.

En las declaraciones que se hicieron en la Comisión Ciudadana, José Antonio Martín Pallín, Presidente de esa Comisión, en una entrevista, dijo que en los años que había asistido a Juicios nunca se encontró con tanto dolor.

Las familias interpusieron más de 700 querellas, algunas se han archivado, otras siguen a la espera de juicio y otras están en el Tribunal Constitucional con un Recurso de amparo

Las familias interpusieron cientos de querellas, algunas se han archivado, otras siguen a la espera de juicio y otras están en el Tribunal Constitucional con un Recurso de amparo. Ha declarado Carlos Mur, el firmante de esos protocolos que avisó que podían ser ilegales, lo mismo que hizo Alberto Reyero. También ha declarado Francisco Javier Martínez Peromingo y en la actualidad se está a la espera de que declare Pablo Busca, Gerente del SUMMA 112 en Madrid.

Las familias no pedimos nada raro, solo justicia, reparación y garantía de no repetición. Hay muchas parejas de esos fallecidos que por edad han ido quedando en el camino y las que sobreviven no tienen esperanza de ver que se haya hecho justicia.

Es una pena que en pleno siglo XXI se esté dilatando en el tiempo la investigación del mayor homicidio de la democracia

Es una pena que en pleno siglo XXI se esté dilatando en el tiempo la investigación del mayor homicidio de la democracia. Todo el mundo se quedó con la cifra de 7.291, pero fueron más, incluidos los fallecidos en domicilio que eran dependientes, a los cuales se les aplicaron los mismos protocolos discriminatorios.

En cada una de esas cifras hay una vida, una familia y unos derechos vulnerados. El duelo sigue abierto y el dolor, la rabia y la impotencia crece día a día ante el abandono de las instituciones. Nadie se ha preocupado de las familias ni de los daños colaterales que tanto dolor ha provocado.