Comunidad de Madrid
Sira Rego denuncia a la Comunidad de Madrid por vulnerar los derechos de los niños desahuciados en Moratalaz

En el desalojo ejecutado este miércoles 15 de julio por la Agencia Social de Vivienda de la Comunidad de Madrid trascendió la presencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, con la intención de mediar con el gobierno regional, pero no fue suficiente. Por la tarde se dio a conocer que su ministerio había remitido un escrito a la Fiscalía de Menores en el que solicita se investigue si la agencia autonómica ha vulnerado los derechos de los niños desahuciados en Moratalaz.

En su escrito, el ministerio alega que la actuación de ayer “socava derechos fundamentales y genera la desprotección de las personas menores de edad de la familia afectada” como consecuencia “del desalojo forzoso de su vivienda, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de la persona menor de edad con discapacidad”. Rego ha recordado el pronunciamiento del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que solicitó la suspensión cautelar del desahucio “para evitar posibles daños irreparables” a los cinco hijos de la familia, o en su caso, garantizarles una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades así como otras medidas que asegurasen la protección efectiva de las personas menores.

Para la ministra de Infancia, el desahucio de Dulce y sus hijos “podría y debería haberse suspendido hasta que los derechos de estas personas menores de edad estuviesen plenamente garantizados tal y como exigía el Comité de Derechos del Niño”

En este sentido, Rego ha señalado que el auto que ordenaba el desahucio obligaba a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid a coordinar su actuación con los Servicios Sociales municipales y a adoptar “las medidas de protección que fueran precisas para garantizar el amparo de las personas menores de edad afectadas”. Pero las opciones que se le ofrecieron a la familia, días antes y en el momento del desahucio, no cumplían estos requisitos, por lo que se ha generado “una situación de especial vulnerabilidad y riesgo”. La ministra de Juventud e Infancia considera que “no se ha atendido al interés superior del menor” y destaca el incumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de protección a la infancia y la adolescencia. Por todo ello se solicita al Ministerio Fiscal una investigación y que despliegue “las medidas necesarias que aseguren su plena protección”.

Para Rego, el desahucio de Herminio, Dulce y sus hijos ejecutado ayer “podría y debería haberse suspendido hasta que los derechos de estas personas menores de edad estuviesen plenamente garantizados tal y como exigía el Comité de Derechos del Niño”. No ha sido así, insiste la ministra, “no por incapacidad, sino por una falta de voluntad política por parte del Gobierno de Ayuso”. En esta línea, la ministra ha señalado la “insensibilidad de Ayuso y el sufrimiento que están provocando las políticas del PP en la infancia más vulnerable.

En Madrid, desde abril se han multiplicado los desalojos en pisos de las empresas de vivienda municipal y regional, que se ceban en promociones para realojar a residentes en antiguo chabolismos en los 90 y 2000 que ahora se encuentran en zonas de expansión inmobiliaria. 

Actualmente las empresas públicas de vivienda de Madrid se han convertido en los mayores caseros desahuciadores de la región, cebándose especialmente en poblaciones vulnerables de viviendas sociales donde se realojó a vecinos de chabolismos entre los 80, 90 y 2000, y en concreto, de población gitana. Aunque no existen fuentes oficiales, algunas asociaciones del movimiento de vivienda y abogados especialistas estiman un desalojo al día desde primeros de junio.

En la mayoría de los desahucios de vivienda pública ejecutados en los últimos meses –algunos cubiertos por este medio–, y no solo en la Comunidad de Madrid, ha habido menores implicados especialmente de familias monomarentales a quienes les ofrecen albergues municipales temporales que no ofrecen las condiciones adecuadas para los menores.