We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Congreso de los Diputados
Así se ha fraguado (y ha cambiado) la ley del solo sí es sí
La Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, afronta este jueves su último trámite en el Congreso antes de ser enviada al Senado y después de que el pasado 18 de mayo la Comisión de Igualdad aprobara el dictamen sobre el proyecto de ley.
El texto, cada vez más cerca de su aprobación final —el Senado tendrá que dar luz verde y devolverla al Congreso para su aprobación definitiva— ha sufrido cambios de calado desde que se plantease por primera vez en 2018 como proposición de ley por Podemos y en marzo de 2020 como proyecto de ley del Gobierno.
Julio de 2018: un tipo penal para las manadas
En julio de 2018, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea —que entonces no estaba en el Gobierno— registró una proposición de ley con la que recogían y daban respuesta al debate público sobre la violencia sexual y, de manera más concreta, sobre el consentimiento, que abrió la sentencia de la Audiencia de Navarra sobre el caso de La Manada.
En esa proposición se contemplaba crear un tipo penal específico para los delitos de agresión sexual colectiva para “facilitar la calificación de las agresiones sexuales cometidas simultáneamente por más de una persona”. Una idea que decayó.
Violencia sexual
Podemos propone crear un delito específico para las “manadas”
Diciembre de 2019: blindar el sí es sí
El documento por el que se llega al acuerdo de formar un Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos incluye entre sus acuerdos “blindar que solo sí es sí”. “En cumplimiento de lo previsto en el Convenio de Estambul para combatir todas las formas de violencia que sufren las mujeres, se aprobará una Ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, que garantice la sensibilización, prevención, detección, atención, protección y reparación. En el marco de esta ley reformaremos la legislación penal para garantizar que el consentimiento de la víctima sea clave en los delitos sexuales, de manera que, si una mujer no dice SÍ, todo lo demás es NO. Es decir, «Solo sí es sí»”.
Marzo de 2020: el anteproyecto
El 3 de marzo de 2020 —a pocos días del 8 de marzo—, el Gobierno aprueba en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley de violencia sexuales. El núcleo de la ley aborda una reforma del Código Penal para borrar la diferencia entre abuso y agresión sexual, aunque el texto es más ambicioso y detalla diferentes tipos de violencias sexuales, entre ellas, el feminicidio sexual, la agresión sexual, el acoso sexual, la explotación de la prostitución ajena y las violencias sexuales cometidas en el ámbito digital.
En octubre de 2020, tras cerrar el periodo de alegaciones, se conoce un borrador más avanzado que incluye entre las novedades con respecto al texto anterior la incorporación en el Código Penal del delito de tercería locativa, es decir, el castigo a terceros que alquilen lugares donde se produce explotación sexual ajena. El Ministerio de Igualdad incluye así una medida abolicionista de la prostitución que pone en alerta a las trabajadoras sexuales, que advierten de que este artículo añadirá más clandestinidad para estas mujeres y en la práctica les impedirádefenderse de agresiones.
Además, en este periodo el texto se armoniza con la Ley Rhodes, la ley de infancia.
Violencia sexual
Legislación contra el machismo La ley del solo sí es sí plasma el grito feminista contra la violencia sexual
Julio de 2021: consentimiento en positivo
El 6 de julio de 2021 —una fecha también simbólica, pues la agresión de Pamplona que revolvió al movimiento feminista al grito de “no es abuso, es violación” se cometió en San Fermín—, tras un periodo de informes y debate, el Consejo de Ministros aprueba remitir el proyecto a las Cortes.
La definición de “consentimiento”, uno de los debates en torno a los que giró en un principio la ley, aparece ahora redactada en positivo tras las recomendaciones del Consejo Fiscal y después de que en febrero de 2021 los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votaran por unanimidad el informe sobre la ley que ponía en duda el concepto de consentimiento sexual que fijaba el anteproyecto.
“Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona” es la fórmula elegida y que sustituye a la planteada inicialmente donde se entendía que “no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente” su voluntad expresa de participar en el acto.
El 14 de octubre de 2021 el Congreso de los Diputados rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox y el texto fue admitido a trámite.
Mayo de 2022: el conflicto de la tercería locativa
La llamada “tercería locativa” ha centrado el debate de las últimas semanas y en él se refleja el conflicto que atraviesa al feminismo entre las posiciones abolicionista de la prostitución y no abolicionista.
Hace apenas una semana, Junts, ERC, PDeCAT, EH Bildu o PNV pactaron con Igualdad una enmienda para que las medidas incluidas en la ley sobre tercería locativa se eliminaran y fueran debatidas más adelante en la ley de trata que está desarrollando el Ejecutivo.
La negativa del PSOE a retirar este artículo llegó a poner en duda la posibilidad de que la ley siguiese adelante. Finalmente, el PSOE cedió y la Comisión de Igualdad del Congreso —que trabajaba en esta ley desde el 23 de diciembre de 2021— aprobó el 18 de mayo el dictamen de la ponencia de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual.
Sin embargo, el debate no está cerrado y, de hecho un día después, el 19 de mayo, el Grupo Parlamentario Socialista registró una Proposición de Ley para abordar una redacción efectiva del proxenetismo, de la tercería locativa y sancionar a los hombres que recurran a la prostitución, según anunció el grupo, una proposición que pretende modificar el Código Penal para castigar el proxenetismo de manera general sin exigir la relación de explotación.
Mientras tanto, el Ministerio de Igualdad trabaja en sacar adelante una ley de trata.
Lo último: formación para menores agresores
El texto que se debatirá y votará en el Congreso este jueves propone en una disposición final que regula la responsabilidad penal de los menores para que, en todas las sentencias por delitos relativos a la libertad sexual, sea obligatoria la medida accesoria de someterse a programas formativos sobre educación sexual y educación en igualdad.
Se trata de una enmienda a la norma de este mismo miércoles tras el acuerdo alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. El objetivo es reforzar la respuesta ante los casos de agresión sexual cometidos por menores de edad y reforzar la Ley penal del menor para evitar que el comportamiento machista y violento se siga repitiendo en estos adolescentes o jóvenes.
Además, recoge que en las decisiones judiciales sobre suspensión de las medidas, estas se condicione al cumplimiento de la medida accesoria de educación sexual y educación en igualdad. Del mismo modo busca que, en los casos de delitos contra la libertad sexual o de delitos relacionados con la violencia de género, el acto de conciliación entre víctimas y responsables del delito, esté condicionado a que sea la víctima la que la solicite de forma expresa.