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Consultoras
Bilbao, sede norte del capitalismo de consultoría
Si alguien tuviera que honrar a Juan Mari Aburto con un distintivo en un lugar público por su gestión al frente del Ayuntamiento de Bilbao, probablemente lo colocaría en la Plaza de Euskadi. Ahí, donde las torres forales mueren y las oficinas corporativas conquistan el paisaje de la ciudad se encuentran la sede vizcaína de PriceWaterhouseCoopers, en las plantas décima y onceava, y la de KPMG, sólo unos pisos por debajo. Ambas fueron registradas en 2019 por la Ertzaintza. Las pesquisas de la Autoridad Vasca de la Competencia concluyeron con la sanción a los presidentes de ambas consultoras en el País Vasco y una multa a sendas firmas. Del expediente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) se desprende que los gestores de la villa bilbaína no sólo conocían, sino que participaban y organizaban estas cábalas corporativas.
De hecho, este es el argumento que los capitalistas de consultoría han esgrimido para demostrar su inocencia y evitar las sanciones de la CNMC: las administraciones tenía un rol fundamental en la manipulación de contratos. Y esa es también la misma posición que el Consistorio ha tomado por bandera en su actividad política. Hace unas semanas, el responsable de responder sobre la trama en Bilbao, Xabier Ochandiano, volvió a negarse a investigar el papel de su administración. Poco importaron las pruebas ofrecidas por la oposición: el Ayuntamiento había licitado con las consultoras expedientadas 1.12 millones de euros, la mayoría de ellos dependientes de Bilbao Ekintza, cuyo responsable es Ochandiano. Un total de 24 contratos de los 101 que afectan a la administración vizcaína, un volumen similar al del Gobierno Vasco. Esta práctica comprende los tiempos en que Aburto, Areso y Azkuna eran alcaldes del consistorio.
Bilbao contrata tras la sanción de la CNMC
Como se desprende de los boletines de contratación públicos analizados por Hordago-El Salto, el Ayuntamiento de Bilbao ha seguido contratando a las firmas del cártel. PricewaterhouseCoopers recibió hace un mes 144.000 euros para gestionar la regeneración de Zorrozaurre; denominado el nuevo Manhattan, o el pelotazo urbanístico más importante en la historia de la ciudad. Al mismo tiempo, el día en que se anunciaba el expediente de la CNMC, la Hacienda del Ayuntamiento de Bilbao entregó otro contrato de 115.000 euros a esta empresa para el “análisis, revisión y optimización de los procesos de gestión internos del Área de Hacienda”.
Más allá de la impunidad con la que operan tras ser multadas, mientras aún sobrevuela la prohibición de contratar, sabemos que las grandes firmas de consultoría (entre las que se encuentra PwC, pero también Deloitte y KPMG) han camuflado sus propias cuentas, operado en más de 80 oficinas en paraísos fiscales donde no se requiere que las empresas presenten informes financieros auditados y, según Tax Network, “no cumplen con los estándares requeridos de comportamiento esperado por la ley o los códigos éticos.” Según varios expertos en economía política, las actividades de PwC y el resto de capitalistas de consultoría como proveedores de servicios de auditoría y contabilidad, de asesoría y tramitación fiscal, o de servicios de asesoría financiera, sugieren que han actuado como “agentes proactivos en el negocio de la transferencia de beneficios y juegan un papel decisivo en el negocio de la defensa patrimonial”, especialmente del capital de las multinacionales.
Bilbao está en un bucle neoliberal: bloqueado el gasto público porque los clientes de las consultoras no pagan impuestos, además, debe invertir grandes sumas en externalizarles la gestión política
El contrato reciente con PwC refleja que el Ayuntamiento de Bilbao se encuentra sumida en un bucle neoliberal: el techo de gasto de las administraciones está bloqueado de manera indirecta porque los clientes corporativos de las consultoras no pagan impuestos y, además, tienen que gastar ingentes sumas de sus presupuestos en externalizar la gestión política. El negocio de estas firmas se mueve entre redactar esquemas para la evasión fiscal de las corporaciones, aquello que adelgaza las arcas a las Administraciones, y después cobrar importantes sumas a los organismos públicos por ajustarles y auditar sus cuentas. Esta es una característica sobre el capitalismo de consultoría que en el País Vasco va más allá de la corrupción à la madrileña o valenciana.
Multinacionales
Multinacionales Cómo las Big Four han absorbido al Estado y sustituido a la burocracia
En el caso de la UEFA, por ejemplo, PwC se hace cargo de gestionar para el Ayuntamiento de Bilbao un evento que termina siendo cancelado y después cobra a la Hacienda del propio Consistorio para encajar en los presupuestos públicos todo esos desfases monetarios, contratos opacos y demás prácticas. Siguiendo la línea de Xabier Jiménez, concejal de Elkarrekin Podemos-IU en el Ayuntamiento de Bilbao, lo sucedido con la Eurocopa es la última expresión de un proceso en marcha de dilapidación del erario público. “En Bilbao la subcontratación de los servicios supone que hasta el 27% de lo destinado al mismo, no se destina al servicio, sino a otros gastos y los beneficios privados.”
La Agenda Digital, vanguardia del eCártel
La cuestión no es tanto que la administración pública siga contratando a firmas condenadas por manipular ofertas en contratos públicos, sino la cantidad de funciones públicas entregadas, de las que da buena cuenta el expediente de la CNMC. También la connivencia de los gestores públicos del Ayuntamiento, desde el funcionario raso hasta el mismo alcalde, en estas malas prácticas. Ambas evidencias aparecen en los contratos relacionados con la digitalización de la administración bilbaína -punta de lanza en buena parte de las estrategias regionales y nacionales en el marco de los fondos Next Generation. Según el organismo de competencia, todo comienza con la “Asistencia técnica para el desarrollo de la Agenda Digital Local de Bilbao” que Bilbao Ekintza encarga en 2010 a 97 S&F por 37.900 euros, IVA excluido. A partir de ahí se firman toda una retahíla de contratos similares relacionados con lo digital.
En aquellos años, siempre de acuerdo a la CNMC, las prácticas corruptas eran clamorosas. Así, la consultora 97 S&F, de la mano de su director Don Leandro Ardanza, conocido por sus sociedades en Panamá, remite un correo a una empleada del Centro Internacional de Formación de Autoridades Locales (CIFAL) de Bilbao, en el marco de otro contrato, el de la “Asistencia técnica para el desarrollo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento”. En este primer mensaje Ardanza pide a un cargo público “imaginar dos propuestas perdedoras”, quien acepta y explica que aplicará un modelo de contrato realizado previamente. Finalmente, la firma instigadora, 97 S&F, se adjudica los 41.520 euros del CIFAL, cuyas siglas son precisamente “Centro Internacional de Formación de Autoridades Locales”. Es decir, la institución que más ejemplaridad debía transmitir es la que desficalizaba las prácticas corruptas.
De hasta qué niveles estas actividades se han tratado de ocultar desde las administraciones públicas mediante estrategias de greenwashing puede dar cuenta un evento con Naciones Unidas que reunió a 26 personas de todo el mundo en Bilbao para asesorar a las autoridades locales en la reducción de la brecha digital. El citado CIFAL y el Gobierno Vasco, en colaboración con Unitar, Instituto para la Formación y la Investigación de la organización internacional, celebraron en el año 2005 el primer curso para mostrar a formadores de autoridades locales cómo se diseña una Agenda Digital Local, es decir, cómo se diseña e implementa la estrategia para construir la sociedad de la información en el ámbito local.
Los cursos contaban con 2 formadores expertos de Euskadi y Naciones Unidas, 3 ponentes internacionales del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, Microsoft y Gov2U, 6 observadores, y la presentación de 4 casos de éxito en eDemocracia, eInclusión, eGobierno y eBusiness. Mientras el Secretario de las Naciones Unidas, Kofi Anan, estrechaba la mano del presidente Juan José Ibarretxe, la CIFAL dopaba a un cártel voraz con contratos públicos irregulares.
Mientras el Secretario de las Naciones Unidas estrechaba la mano del lehendakari Ibarretxe, Bilbao dopaba a un cártel voraz con contratos públicos irregulares
Poco después, en 2003, Bilbao se convirtió en la sede de la II Cumbre Mundial de Ciudades y Autoridades Locales sobre la Sociedad de la Información, casi veinte años antes de adquirir otra condecoración por parte de la CNMC, feudo norte en el cártel de las consultoras. Bilbao Ekintza, centro neurálgico de operaciones, era la encargada de la organización de estos eventos sobre la sociedad y la administración digital. Y lo hacía mediante la externalización a firmas cercanas al PNV, como 97 S&F, Deloitte y PwC. Según se desprende de la documentación de la CNMC, estas empresas, literalmente, se repartían los contratos entre ellas mediante ofertas de cobertura en las que también participaban viejos amigos jeltzales, como Sabin Azua, hermano del ex vicelehendakari Jon Azua, quien en 2018 presentó su libro ‘Empresa, País, Vida’ junto al exlehendakari Ibarretxe. Por desgracia, no es posible conocer exactamente qué ocurría antes de 2008 porque el expediente del organismo regulador sólo llega hasta esa fecha, aunque las voces cercanas a la investigación apuntan a que estas lógicas vienen de muy atrás.
Los titulares de la trama
Buena parte del foco mediático del cártel se ha depositado en las firmas de consultoría, quedando los burócratas jeltzales exentos de todo escarnio público. No obstante, aparecen tres nombres de altos cargos públicos bilbaínos en los correos recabados por la CNMC. Uno de los nombres que puede sonar familiares al lector es el de Xabier Ochandiano, presidente de Bilbao Ekintza, quien aparece en los correos como “Xabier Otxandiano”, adaptación al euskera de su apellido realizada por Ana Andueza, socia de Deloitte, en uno de sus intercambios con Sabin Azua. “Yo soy Xabier Ochandiano”, expresaba ante el pleno, con una media sonrisa, el propio Ochandiano tras recordarle la concejal de Elkarrekin Podemos Ana Viñals su participación en el cártel norte. En el correo recogido en el expediente de la CNMC, Deloitte recibe una invitación de Ochandiano para cerrar un contrato. Para adjudicárselo, se entiende, debía buscar a otras dos empresas que se presentaran y le hicieran la “cobertura”.
En ese contrato también aparece Ricardo Barkala, en la actualidad director de la Autoridad Portuaria de Bilbao, organismo que, según la CNMC, ha tenido un “grave” rol en el cártel de las consultoras. Su nombre aparece en el correo sobre la cobertura del contrato para el “análisis de usos e impacto de la plaza de toros de Vista Alegre”. Barkala, como Primer Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao (2015 y 2018), era el responsable último de la adjudicación. No obstante, todavía no ha sido llamado a declarar.
Ochandiano también aparece con Azua, hermano del que fuera varias veces consejero del PNV, en eventos informales organizados por un periódico cercano al PNV, Estrategia Empresarial. En este caso, los correos dan a entender que el concejal de Desarrollo Económico preparaba las licitaciones, las comunicaba a los directivos de las consultoras (por ejemplo, Ana Andueza, de Deloitte) y éstas se encargaban del resto.
Otros de los cargos relacionados con el cártel de consultoría que tiene un papel importante en el expediente de la CNMC es Marita [Alba], quien en su Linkedin aparece como “Directora del Ayuntamiento de Bilbao”. Ciertamente, Marita era la Directora de Cimubisa, centro informático del Ayuntamiento de Bilbao, que gestiona todos los servicios de tecnologías de la información, tanto del propio Ayuntamiento como de las sociedades públicas municipales. La concejala Viñals preguntó en el Pleno por su papel en la trama a los representantes públicos sin que obtuviera respuesta alguna.
En otro correo (en la imagen superior), la presidente de Deloitte comunica a otra filma multada en la trama, Altia, que han dado su nombre a la directora encargada de adjudicar el contrato para una cobertura. Además, en su informe, la CNMC enfatiza la parte del texto en que se cita a Marita. Se sabe por los contratos del Ayuntamiento de Bilbao que la Smart City es una forma de canalizar dinero público hacia empresas privadas, cuyos proyectos estaban diseñados por las grandes consultoras, las denominadas Big Four
Todo pasa por Azkuna Zentroa
Las prácticas sancionadas por la CNMC se remontan hasta 2010, cuando Iñaki Azkuna era alcalde de Bilbao. Una de las contrataciones manipuladas en aquella fecha fue la “Asistencia técnica para la definición de los procedimientos de atención a la ciudadanía y visitantes de Alhóndiga Bilbao”. En el folio 4.350 del expediente del ente regulador nacional aparece una captura de pantalla obtenida en la inspección realizada en la sede de 97 S&F. Ahí puede leerse, bajo la referencia “Cobertura Deloitte Alhóndiga Bilbao”, un enlace a una carta de renuncia por parte de 97S&F a la licitación a la que había sido invitada. En palabras del organismo regulado, “de ello cabe inferir que, con independencia del resultado de la licitación, se produjo un contacto entre ambas empresas con la intención de ofrecer cobertura.”
La Smart City bilbaína es una forma de canalizar dinero público hacia empresas privadas, cuyos proyectos estaban diseñados por las grandes consultoras
También en el contrato para la “Asistencia Técnica para la Definición de los Procedimientos Internos de Gestión y Control de Alhóndiga Bilbao” se puede observar, en la expediente de la autoridad de competencia que quienes participaron en la licitación fueron las empresas Deloitte (adjudicataria por importe de 55.000 €), Bmasi (59.000 €, exactamente el presupuesto base de licitación), 97 S&F (58.500 €) y una tercera empresa no incoada. Las actividades de la Alhóndiga durante el mandato de Azkuna han sido una de las pruebas clave en la investigación del organismo regulador.
A escasa distancia de la calle Ercilla, sede de Deloitte, se encuentra la Alhóndiga de Bilbao. Este es el espacio simbólico del capitalismo de consultoría, pues ahí ocurren las relaciones sociales y se tejen las redes de poder del nuevo caciquismo vasco. Sin ir más lejos, el 27 de junio del 2018, el periódico Estrategia Empresarial celebraba su 25 aniversario con una jornada en Azkuna Zentroa a la que acudieron 400 invitados. El evento fue organizado por la empresa M.B.N. Comunicación, la firma que asesora a la Autoridad Vasca de Competencia. Ahí se vieron las caras Pedro Azpiazu, Arantxa Tapia, Iñigo Urkullu y Juan Mari Aburto. También asistieron al evento la plétora de consultores multados: Ana Andueza, sancionada como apoderada de Deloitte con 55.000 euros, o Sabin Azua, administrador único de Bmasi Strategy quien deberá de pagar 35.000 euros. En la lista de asistentes aparecen también miembros de Idom Consulting, compañía multada por la CNMC con 640.000 euros (a lo que hay que sumar otra sanción contra sus directivos, Marta Álavarez Ochoa e Iñigo San Emeterio, de 12.000 euros y 24.000 euros respectivamente).
Consultoras
Cártel norte El evento entre la AVC y el cártel tuvo lugar meses antes del expediente
Sin hacer apenas un sólo comentario sobre el cártel en los últimos meses, Juan Mari Aburto ha seguido como antaño. Por ejemplo, ayer presentó en el Foro de Alto Nivel de las Naciones Unidas el proyecto Bilbao Ciudad de Valores como “experiencia inspiradora para avanzar en el desarrollo sostenible de las ciudades”. A estas alturas, resulta más fácil imaginar el fin del capitalismo vasco que asistir a cómo las administraciones públicas investigan el cártel norte.