Consultoras
Consultoras investigadas y condenadas por manipular contratos públicos se reparten la gestión penitenciaria de Euskadi

Las competencias de Prisiones ya no dependen del Gobierno central, sino de Euskadi. Este cambio en la gestión de un área crucial de la administración pública ha colocado a las consultoras afines al Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el centro de una nueva polémica debido a prácticas de externalización de dudosa ética. Así se desprende de un contrato para la gestión penitenciaria adjudicado a la consultora Ibermática el 12 de septiembre por parte del ente público EJIE, la Sociedad Informática del Gobierno Vasco. Si bien la licitación estaba valorado en 141.630 euros, la oferta económica de la consultoras fue de 105.889 euros, varios miles de euros por debajo de las presentadas por sus competidoras: Deloitte e Inetum.

En este momento, Ibermática e Inetum están siendo investigadas desde la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) por irregularidades en la adjudicación de contratos. Precisamente, contratos de la EJIE, quien acaba de iniciar otro proceso con las mismas consultoras vinculadas a presuntas tramas de corrupción y un largo historial clientelar. Por ejemplo, Deloitte, una de las conocidas como 'Big Four', fue sancionada el año pasado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El motivo, integrar un cártel que manipuló contratos en Euskadi en connivencia con la Administración Pública Vasca, según reconoce la consultora en sus alegaciones judiciales.

El contrato de la EJIE adjudicado a Ibermática tiene por objeto los “servicios de consultoría para la elaboración del Plan Director de Sistemas de Información de la gestión penitenciaria de Euskadi”. Consiste en aportar “servicios de diseño y apoyo a la estrategia corporativa en materia TIC de la Consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, para la gestión penitenciaria y el organismo Aukerak”. La agencia de reinserción social del Gobierno Vasco, Aukerak, hereda las funciones y parte del personal de un organismo estatal llamado Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

No es el primer contrato

Todavía no se ha adjudicado el contrato del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que tiene como concepto la asistencia técnica para la “elaboración de un plan estratégico de infraestructuras de las Instituciones Penitenciarias de Euskadi”, y que cuenta con un presupuesto de 308.550 euros destinado a la “asistencia técnica para la elaboración del Plan Estratégico 2022-2030 de los Centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco”. Sin embargo, la licitación ha recibido una única oferta por parte de Idom, también sancionada el año pasado con 640.000 euros por integrar el cártel de consultoras que se repartían contratos de la Administración Pública Vasca.

También está pendiente de adjudicar el contrato de la EJIE para “suministros y servicios para la renovación de la infraestructura de red de Justicia penitenciaria”, con un presupuesto de 544.500 euros y al que aspiran ocho licitadores cuyas ofertas se harán públicas el 14 de octubre. En este caso el contrato consiste en “acometer la renovación de la red LAN de los centros penitenciarios de Bizkaia y Araba”.

Por otro lado, el segundo mayor contrato en materia de prisiones que había licitado el Gobierno Vasco, cuyo objeto es el abastecimiento de los economatos, resultó desierto en su primera convocatoria. En la segunda convocatoria ha presentado oferta la sevillana Plataforma Femar, pero la mesa de contratación se ha decantado por la valenciana Same Ships Suppliers.

No obstante, la firma sevillana Femar es la encargada del “suministro de materias primas para la alimentación de las personas internas de los Centros Penitenciarios de Martutene, Basauri y Zaballa”. En 2014 se vio envuelta en un caso de corrupción entre militares que se habían apropiado de fondos destinados a comida para los estudiantes universitarios de la residencia San Hermenegildo de Sevilla. 

Por último, el “suministro de productos de limpieza y aseo para los centros penitenciarios” fue adjudicado a Gaska Garbitasuna Higiene, vinculado al Grupo Gasca, miembro del cártel de comedores escolares de Euskadi sancionado en 2016 por la AVC.

Recientemente se ha conocido que Lakua no prevé medidas contra firmas que amañaron licitaciones públicas o llevaron a cabo prácticas “colusorias”. Según las declaraciones del consejero de Economía, Pedro Azpiazu, el gobierno no “debería adoptar medida alguna” en esta materia pese a que afectan a contratos con administraciones públicas. No sorprende, pues el Gobierno vasco, y concretamente el PNV, asienta gran parte de su gestión en externalizar funciones públicas a firmas privadas que han formado parte de tres cárteles distintos: el de las consultoras, el de las informáticas y el de los comedores.