Opinión
La “prioridad nacional”, el asedio a las ONG y la demolición de la cooperación internacional

No podemos permitirnos renunciar a la solidaridad cuando más necesitamos cambiar las causas que producen esa crisis.
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Sevilla/Foro de la Sociedad Civil 2025 - IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Autoría CONGDEX

Director de Justicia Alimentaria

21 nov 2026 07:00

Durante décadas, Europa ha observado buena parte del mundo desde una posición de aparente seguridad. La inestabilidad política, las crisis alimentarias, la dependencia energética, la deuda, la volatilidad de los precios, la desigualdad extrema o las dificultades para garantizar el acceso a los recursos básicos parecían problemas propios de otros territorios. Eran realidades asociadas a países empobrecidos, economías dependientes y estados con instituciones más frágiles. Europa, en cambio, se concebía como un espacio de estabilidad, crecimiento, democracia y bienestar.

España también participó de esa percepción. Éramos, en cierta medida, los nuevos ricos que miraban hacia el Sur desde una posición de superioridad económica y política. La cooperación internacional y la solidaridad se entendían como una responsabilidad hacia quienes vivían en condiciones mucho más difíciles, pero rara vez nos preguntábamos hasta qué punto esas desigualdades formaban parte de un mismo sistema económico del que también nos beneficiábamos.

Hoy, esa distancia empieza a resquebrajarse. En menos de una década hemos encadenado una pandemia, una crisis energética, una guerra en Europa, el genocidio en Gaza, la guerra en Irán, nuevas tensiones geopolíticas, conflictos comerciales y una creciente inestabilidad internacional. A ello se suma un deterioro persistente de las condiciones materiales de vida, dificultades para acceder a una vivienda, encarecimiento de la alimentación, incertidumbre laboral y una sensación cada vez más extendida de que el futuro será peor que el presente.

Deberíamos reconocer que algunas de las vulnerabilidades que durante décadas hemos asociado al Sur Global están apareciendo también en nuestras sociedades. Y, sobre todo, que no son fenómenos independientes

No se trata de equiparar las condiciones de vida europeas con las de los países más empobrecidos. Las diferencias de renta, protección social, servicios públicos y capacidad institucional siguen siendo enormes. Pero sí deberíamos reconocer que algunas de las vulnerabilidades que durante décadas hemos asociado al Sur Global están apareciendo también en nuestras sociedades. Y, sobre todo, que no son fenómenos independientes.

Quizá estamos empezando a comprender que la estabilidad europea nunca estuvo completamente separada de la inestabilidad de otros territorios. Es posible que lo que está en cuestión no es únicamente una sucesión de crisis, sino es el modelo económico que las produce. Un modelo dónde experimentamos en nuestra vida cotidiana que el crecimiento económico no funciona ya como el principal indicador de que las cosas van bien. ¿Qué significa que una economía crezca cuando cada vez más familias tienen dificultades para pagar la vivienda, llenar la cesta de la compra o afrontar la factura energética? ¿De qué crecimiento hablamos cuando los beneficios de los grandes bancos, las empresas energéticas, las grandes cadenas de distribución y los fondos de inversión aumentan mientras se deterioran las condiciones de vida de una parte importante de la población? Por eso la pregunta no debería ser solamente cuánto crece la economía, sino para quién crece, quién se apropia de sus beneficios y quién paga sus costes.

Las crisis alimentaria, de la vivienda y energética han hecho especialmente visible esta contradicción. Mientras millones de personas ajustan sus gastos y reducen su consumo, determinados sectores empresariales encuentran oportunidades para incrementar sus márgenes y beneficios como nunca en la historia. La concentración económica permite que quienes controlan los mercados tengan una capacidad enorme para trasladar costes y riesgos al resto de la sociedad, vean si no lo que pasa con la alimentación, o lo que ocurre con la vivienda, convertida cada vez más en un activo financiero antes que en un derecho.

El problema, por tanto, no es que falten recursos o capacidad productiva. Es quién controla esos recursos, con qué objetivos y bajo qué reglas. Y cuando las instituciones democráticas son incapaces de garantizar unas condiciones materiales de vida dignas, la confianza en ellas se deteriora, y en eso estamos.

Cada vez más gente pensamos para cambiar las cosas las elecciones no bastan, votar es muy importante, pero no suficiente para transformar las estructuras económicas que condicionan nuestras sociedades. Podemos cambiar de gobierno una y cien veces y mantener intacta la concentración de los mercados alimentarios, la propiedad de la tierra, el poder de los grandes operadores energéticos, la financiarización de la vivienda, la dependencia de importaciones estratégicas o un modelo productivo basado en la extracción intensiva de recursos. Se trata de otra cosa. Se trata, en realidad, de abordar la distribución del poder, en la cadena alimentaria, en el sector inmobiliario, en el financiero, sino lo hacemos seguiremos expuestos a las mismas vulnerabilidades que serán dramáticas cuando venga la próxima crisis económica, que vendrá sin duda, y que se traducirá en inflación, desempleo, inseguridad alimentaria, desahucios y migración de nuestra población más joven, como ya pasó en el 2008.

No habrá transformación estructural sin una sociedad organizada que la impulse, la exija y la sostenga. Precisamente los mismos espacios que la extrema derecha quiere debilitar y deslegitimar. ¿Por qué será?

Por eso necesitamos cambios profundos, sociales, políticos y también en los marcos culturales desde los que interpretamos la realidad. Necesitamos nuevos objetivos colectivos y proyectos ambiciosos capaces de disputar el modelo económico dominante. Y para que eso ocurra hay un actores imprescindibles que con frecuencia quedan relegado en los análisis políticos, y de los grandes medios de comunicación llenos de tertulianos, hablo de las ONG de carácter transformador, los medios de comunicación independientes y los movimientos sociales emancipadores. No habrá transformación estructural sin una sociedad organizada que la impulse, la exija y la sostenga. Precisamente los mismos espacios que la extrema derecha quiere debilitar y deslegitimar. ¿Por qué será?

La extrema derecha ha entendido que existe un malestar social profundo y está consiguiendo capitalizarlo. Pero, en lugar de dirigir el conflicto hacia las estructuras que concentran la riqueza y el poder, lo desplaza hacia quienes tienen menos capacidad para defenderse, las personas migrantes, y así se construye un relato en el que los problemas de las mayorías sociales parecen tener su origen en la presencia o los derechos de otros grupos, y no en las decisiones económicas y políticas que determinan cómo se distribuyen los recursos.

La llamada “prioridad nacional" es una de las expresiones más claras de esta estrategia. Se presenta como una defensa de las clases populares, pero en realidad enfrenta a personas que comparten muchos de sus problemas. La trabajadora precaria de Zaragoza y la campesina latinoamericana no son necesariamente competidoras por unos recursos limitados. Ambas pueden estar sufriendo las consecuencias de un mismo modelo de acumulación, que concentra beneficios, debilita derechos laborales y expulsa a las personas de sus territorios. Convertirlas en adversarias no resuelve sus problemas, más buen protege a quienes se benefician de esa desigualdad.

No son decisiones aisladas: forman parte de una ofensiva política y cultural que pretende convertir la solidaridad internacional en un gasto prescindible y la defensa de derechos en una actividad sospechosa

Esta lógica tiene consecuencias concretas, y así vemos como las fuerzas políticas de la extrema derecha presentan a las ONG como organizaciones ajenas a los intereses del país, casi traidoras o colaboracionistas, y reclaman que los recursos públicos se destinen exclusivamente a una supuesta prioridad nacional. En Aragón, el proyecto presupuestario impulsado por el Gobierno de PP y Vox para 2027 ha planteado eliminar la partida de cooperación internacional, poniendo en riesgo una política pública que lleva alrededor de tres décadas de trayectoria. En Extremadura también se han producido recortes importantes. No son decisiones aisladas: forman parte de una ofensiva política y cultural que pretende convertir la solidaridad internacional en un gasto prescindible y la defensa de derechos en una actividad sospechosa.

Pero conviene observar también qué tipo de sociedad civil se quiere promover. No se trata necesariamente de eliminar todas las organizaciones, sino de establecer quién puede trabajar, en qué condiciones y hasta dónde puede llegar su capacidad de cuestionar al poder. La experiencia de El Salvador ofrece un ejemplo preocupante. En 2025, el Gobierno de Nayib Bukele impulsó una Ley de Agentes Extranjeros que obliga a registrarse a las organizaciones que reciben financiación internacional, impone un gravamen del 30 % sobre esos fondos y concede a las autoridades amplias facultades de supervisión y sanción, incluida la posibilidad de cancelar la personalidad jurídica de las entidades. Bajo el argumento de controlar la influencia extranjera, se estableció un marco que permite condicionar la continuidad de las organizaciones y restringir su capacidad de actuación.

Las consecuencias no han sido únicamente administrativas, decenas de las organizaciones de defensa de derechos humanos y defensa de las libertades, han cerrado sus operaciones en el país. La Asociación de Periodistas de El Salvador también trasladó su personalidad jurídica al extranjero. No estamos, por tanto, ante una simple reforma de las normas de financiación, sino ante un proceso que ha reducido el espacio de actuación de la sociedad civil independiente.

No hace falta que exista una lista oficial de organizaciones buenas y malas para que esa selección termine produciéndose en la práctica

Lo relevante es que este tipo de control no necesita prohibir todas las ONG como en décadas pasadas, simplemente pueden operar de una manera mucho más selectiva, dificultando la financiación, imponiendo cargas administrativas, condicionando los registros y reservando a las autoridades la capacidad de decidir quién puede continuar trabajando. Así se establece una frontera entre las organizaciones “buenas” o afectas al régimen que se decía antes de las que se limitan a prestar servicios o gestionar programas sin cuestionar las decisiones del poder y aquellas que investigan, denuncian vulneraciones de derechos, fiscalizan a los gobiernos o cuestionan intereses económicos. Las primeras pueden resultar funcionales al modelo, pero las segundas se convierten en un problema. No hace falta que exista una lista oficial de organizaciones buenas y malas para que esa selección termine produciéndose en la práctica.

¿De verdad pensamos que algo parecido no puede ocurrir en España? Cuando se acusa a las ONG de actuar contra los intereses nacionales, se cuestiona su legitimidad por recibir financiación internacional o se pretende reducir su trabajo a la prestación de servicios, se está preparando el terreno para limitar su autonomía y libertad. El riesgo no es solamente que desaparezcan algunas organizaciones, sino que se debilite progresivamente su capacidad para denunciar, investigar, movilizar y proponer alternativas. Y cuando una organización sabe que cuestionar determinadas decisiones puede poner en peligro su financiación o su propia continuidad, aparece también la autocensura. ¿No está pasando ya?

Las organizaciones sociales identifican causas, generan conocimiento independiente, acompañan a las personas afectadas, hacen visibles conflictos que de otro modo quedarían ocultos y construyen alternativas

No todas las organizaciones sociales desempeñan el mismo papel. Algunas terminan limitándose a gestionar servicios, ejecutar programas o reproducir las prioridades de quienes las financian. Otras mantienen una actividad independiente de investigación, denuncia, vigilancia del poder y organización social. No es una división absoluta ni significa que prestar servicios carezca de valor. Pero sí hay una diferencia fundamental entre una organización que puede decidir libremente qué problemas señalar y otra cuya continuidad depende de no incomodar a quienes tienen capacidad para financiarla o regularla. La sociedad civil no puede reducirse a un conjunto de entidades que ejecutan tareas que las administraciones o los financiadores prefieren no asumir directamente.

Las organizaciones sociales identifican causas, generan conocimiento independiente, acompañan a las personas afectadas, hacen visibles conflictos que de otro modo quedarían ocultos y construyen alternativas. También vigilan y fiscalizan a los poderes públicos y privados, y mantienen viva la presión necesaria para que los derechos reconocidos sobre el papel se conviertan en realidades. Buena parte de los avances democráticos y sociales de nuestra historia no han surgido de concesiones espontáneas del poder, sino de la movilización y la organización de quienes se negaron a aceptar las condiciones existentes.

La cooperación internacional tampoco puede convertirse en una simple gestión de la pobreza, en una externalización de servicios o en la ejecución de las prioridades de los financiadores. Debe contribuir a fortalecer la autonomía de las sociedades, sus capacidades para organizarse y su derecho a decidir sobre su propio futuro. No puede exigir silencio a quienes reciben apoyo ni convertir a las organizaciones locales en simples intermediarias.

La cooperación debe servir también para cuestionar las relaciones comerciales injustas, la deuda que condiciona las políticas públicas, el extractivismo, la concentración de la tierra y el poder de las grandes corporaciones

La solidaridad internacional tampoco es un lujo que podamos permitirnos únicamente en tiempos de bonanza. Defender los servicios públicos y los derechos sociales en España no es incompatible con defenderlos en otros lugares. Al contrario: resulta difícil construir sociedades justas si aceptamos que los derechos de unas personas dependan de que otras vivan en condiciones de explotación, desposesión o ausencia de garantías.

La cooperación debe servir también para cuestionar las relaciones comerciales injustas, la deuda que condiciona las políticas públicas, el extractivismo, la concentración de la tierra y el poder de las grandes corporaciones. Debe aprender de las organizaciones campesinas que defienden otra forma de producir y distribuir alimentos, de las comunidades que protegen sus territorios frente a los proyectos extractivos y de los movimientos que reclaman control democrático y comunitario sobre los recursos. No se trata de llevar soluciones desde Europa a sociedades que supuestamente no saben cómo resolver sus problemas, sino de construir alianzas entre quienes, en distintos lugares, están disputando un modelo económico que genera desigualdad y destruye las condiciones que hacen posible la vida.

Necesitamos alianzas sociales y políticas capaces de cuestionar las causas comunes de esa desigualdad y de defender los derechos allí donde se vulneran

Quizá una de las lecciones más importantes de este momento sea precisamente que no podemos seguir pensando la solidaridad como una relación entre quienes tienen y quienes necesitan, entre quienes ayudan y quienes reciben ayuda. La crisis que atraviesa Europa no está separada de las crisis que llevan décadas soportando otras regiones del mundo. Tampoco sus soluciones pueden construirse de manera aislada. Necesitamos alianzas sociales y políticas capaces de cuestionar las causas comunes de esa desigualdad y de defender los derechos allí donde se vulneran.

No podemos permitirnos renunciar a la solidaridad cuando más necesitamos cambiar las causas que producen esa crisis.

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