Administrativa en un centro de salud: “Acusarnos de boicot es mentir”

Tras las polémicas palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, culpabilizando a los profesionales de los centros de salud del colapso de la atención primaria, cuatro organizaciones se unen en defensa de las unidades administrativas, las encargadas de levantar el teléfono que viven días de “estrés total”.
Centro de salud General Ricardos
David F. Sabadell Cola a las puertas del Centro de Salud General Ricardos, el pasado 20 de diciembre.

“Quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud en Madrid, porque no en todos los casos los ciudadanos tienen que estar esperando o haciendo colas y en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan o de repente no hay médicos”. Con estas palabras, emitidas en EsRadio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prendía la mecha de la indignación entre los trabajadores y trabajadoras de la sanidad madrileña. Ayuso, que dejaba caer la posible existencia de un boicot en los centros de salud para no atender a la población, no se ha movido un ápice de sus palabras, mientras las manifestaciones de repulsa y las concentraciones a las puertas de los centros crecen y se replican.

En esta ocasión, cuatro organizaciones la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, la Asociación Madrileña de Enfermería, la Plataforma de Centros de Salud de Madrid, y el colectivo Atención Primaria se Mueve— han emitido un comunicado en defensa de las Unidades Administrativas de Atención Primaria, las encargadas de descolgar los teléfonos, que en la actualidad y ante el repunte de contagios, viven una situación de “estrés total”.

“En mi centro de salud, que tiene dos equipos de administrativos, y atiende a una población de aproximadamente 40.000 personas, somos 18 personas pero tendríamos que ser mínimo cuatro más”

“En mi centro de salud, que tiene dos equipos de administrativos, y atiende a una población de aproximadamente 40.000 personas, somos 18 personas pero tendríamos que ser mínimo cuatro más”, explica Paloma, administrativa del Centro de Salud General Ricardos, que amanece todas las mañanas con colas físicas, a las puertas del centro, y virtuales, en las líneas telefónicas. “Las llamadas que se reciben al día no las podemos contabilizar, pero las líneas están totalmente colapsadas desde las 8 de la mañana. El sistema está todo el tiempo recibiendo llamadas telefónicas que no se pueden coger”, alerta esta trabajadora, que es integrante de la Plataforma de Centros de Salud de Madrid.

Mientras, se queja de que tiene que escuchar acusaciones de un supuesto boicot por parte de la presidenta de la comunidad. Acusaciones que consideran falsas. “No tiene ni idea de lo que habla y si dice eso no creo que sea por falta de conocimiento, sus asesores le deben estar poniendo al corriente. Ahí tiene los datos del portal de transparencia de la Comunidad de Madrid que dicen el volumen de llamadas y el volumen de citas. Debiera darse cuenta de que eso que dice es mentira”, insiste Paloma.

Una plantilla de 1.986 profesionales para atender a siete millones de personas, o lo que es lo mismo, un administrativo por cada 3.400 personas, con cifras de 2019, “que no han aumentado a fecha de hoy”, según se recoge en el comunicado de las cuatro asociaciones. Y con un trabajo que se ha multiplicado de manera exponencial en pandemia.

“Durante 2020 y parte de 2021, las citas no estuvieron disponibles para la web o la app de citas, y el centro de atención telefónica fue anulado, situación que llevó a que todas las llamadas entrasen a las unidades administrativas del centro de salud”

La memoria de la Gerencia de Atención Primaria recoge que los sistemas virtuales de cita gestionaron casi 50 millones de citas en 2020, nueve veces más que el año anterior.  “Debido a los continuos cambios de organización por la pandemia y por la escasez de plantilla, durante 2020 y parte de 2021, las citas no estuvieron disponibles para la web o la app de citas, y el centro de atención telefónica fue anulado, situación que llevó a que todas las llamadas entrasen a las unidades administrativas del centro de salud, además de gestionar casi la totalidad de esos 50 millones de citas que los otros sistemas les derivaban al no encontrar citas disponibles”, aseguran las organizaciones.

Multiplicidad de tareas

Y todo teniendo en cuenta que la gestión de citas es solo una de las tareas que se realizan desde las unidades administrativas. Así describe una jornada de trabajo Paloma: “ Primero, tenemos que revisar correos porque todos los días hay algún cambio que tenemos que ejecutar, luego revisar todas las agendas de todos los médicos y enfermeros ausentes para reasignar pacientes. Después, desde primera hora se están cogiendo todas las llamadas y los mostradores tienen un aluvión de personas también desde primera hora. Además, tenemos que estar cambiando constantemente datos del sistema informático para que la gente consiga sus justificantes de vacunación y sus tarjetas sanitarias virtuales, una de las cosas que nos está colapsando todo”, explica.

Además, y añadido a lo anterior, el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) ha dado de baja a más de 24.000 personas en situación irregular “que tienen derecho a ser atendidas y que, cada vez que piden cita, debemos de dar de alta”, asegura Paloma, quien advierte de que las tareas de administración cada vez son más complejas e incluyen el uso de hasta ocho aplicaciones informáticas diferentes,  “y todo en época de covid, cuando estamos hasta arriba”.

“Nosotras nos encargamos de preguntar al paciente qué es lo que le sucede y nosotras decidimos si son atendidos ya o más adelantes. Es una responsabilidad que se nos ha cargado porque no hay nadie que lo haga”

Por otro lado, la Gerencia de Atención Primaria, en su nuevo Plan Integral, considera que son las administrativas las que deben encargarse de decidir quién debe de atender a los pacientes y cuándo “poniendo en estos estos profesionales una responsabilidad para la que no tienen formación específica ni disponen de un marco legal específico al ser personal no sanitario. Además, no explicar a los pacientes esta nueva forma de gestión les supone múltiples discusiones en las que invierten mucho tiempo”, alerta el comunicado. “Nosotras nos encargamos de preguntar al paciente qué es lo que le sucede y nosotras decidimos si son atendidos ya o más adelantes. Es una responsabilidad que se nos ha cargado porque no hay nadie que lo haga”, se queja Paloma.

En este contexto, los trabajadores y trabajadoras piden a la gerencia de Atención Primaria y a las Direcciones Asistenciales que den la cara por ellos y ellas. Y exigen que, ante las acusaciones de Ayuso, “defiendan públicamente a los profesionales de Atención Primaria. En caso contrario asumen que la presidenta tiene razón, por lo que deberían plantearse su cese dado que el problema es su mala gestión de los recursos disponibles”, concluyen.

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