Coronavirus
Más de 3.600 sanitarias en el paro mientras las comunidades contratan personal jubilado

El pasado 22 de diciembre, y al tiempo que anunciaba el retorno de las mascarillas en las calles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicaba que, como medida para sofocar el previsible colapso sanitario por el alto incremento de casos ocasionado por la variante ómicron, el gobierno ampliaba la posibilidad de contratar profesional sanitario jubilado y extracomunitario. Un día después, el Consejo de Ministros respaldaba esta alternativa, una baza que ya se utilizó el año pasado, mediante la aprobación del Real Decreto 30/ 2021, que posibilita la contratación de sanitarios jubilados hasta diciembre de 2022 y hace compatible el ejercicio de la profesión con el cobro de la pensión.

Tras el “sí” del gobierno, muchas comunidades autónomas se apresuraron a engrosar sus filas con personal jubilado. Días después, tanto Madrid como Galicia y Andalucía hacían un llamamiento para reclutar de manera voluntaria profesionales que ya habían colgado sus batas en labores que especialmente tienen que ver con el control de la epidemia: médicos y médicas de familia para el rastreo y la gestión de bajas médicas, y enfermeros y enfermeras para ejecutar la campaña de vacunación. A estas comunidades le seguía Aragón, que decidió buscar profesionales a través del Servicio Aragonés de Salud, o Euskadi, que ha hecho lo propio a través de Osakidetza. Hasta 129 sanitarios han recogido el guante en esta última comunidad.

El último informe del SEPE indica que 914 médicos de familia permanecen en el paro, 223 llevan inscritos más de doce meses y 649 son mujeres

Sin embargo, hay personal capacitado para trabajar en los puestos requeridos que se encuentra en edad laboral y a la cola del paro en plena pandemia. Así, según los datos de diciembre, en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) permanecen 3.677 sanitarios y sanitarias con las batas colgadas. El último informe de este organismo indica que 914 médicos de familia permanecen en el paro, 223 llevan inscritos más de doce meses y 649 son mujeres.

Además, más de 2.763 enfermeros y enfermeras duermen en las listas del SEPE: 350 especializados y 2.413 sin especialidad. De los primeros, 117 llevan más de 12 meses y 522 en el caso de los segundos. En ambos perfiles, la mayoría de paradas son mujeres, superando porcentajes de más de un 80%.

Hacer peonadas

En lugar de incrementar la contratación de personal parado, otra de las estrategias que están adoptando las administraciones es permitir que los profesionales realicen horas voluntarias. Así, a principios de enero, el Servicio Andaluz de Sanidad (SAS) autorizaba peonadas de hasta 12 horas para los médicos de familia. El SAS les abonará 40 euros por hora hasta un máximo de 2.000 euros al mes. Una medida que se ha enfrentado a un fuerte oposición sindical y más teniendo en cuenta que esta comunidad se deshizo de 8.000 sanitarios y sanitarias cuando la quinta ola tocaba a su fin.

Como Andalucía, otras comunidades han recurrido a las horas extraordinarias ante el colapso de la atención primaria. Es el caso de Madrid, donde los profesionales pueden alargar su jornada cuatro horas más en lo que se conoce como “prolongaciones de jornada”. Para María Justicia, portavoz del sindicato médico AMYTS, tanto la contratación de jubilados como las prolongaciones de jornada no son más que “parches”.

“Lo primero que se debería hacer es que trabajen los médicos que pueden trabajar y no lo están haciendo. Hay que tirar de ellos. Los médicos jubilados ya no deben trabajar”

“Lo primero que se debería hacer es que trabajen los médicos que pueden trabajar y no lo están haciendo. Hay que tirar de ellos. Los médicos jubilados ya no deben trabajar”, asegura Justicia. La prolongación de jornada “a la madrileña”, apunta, fue una propuesta de su sindicato en las navidades de 2019, “cuando ya faltaban muchos médicos”. “Fue una propuesta puntual, hasta que mejoraran las condiciones laborales y se contrataran más médicos. Y se ha extendido durante la pandemia porque cada vez hay menos médicos: ni se han mejorado las condiciones laborales, ni las condiciones económicas”.

“El problema de la administración es que no busca soluciones a la atención primaria, pone solo parches. Como parches que son, con ellos no mejoramos. No resuelven los problemas y solo sirven para hacer medicina de supervivencia, que es lo que estamos haciendo ahora mismo”, sentencia esta médica de familia.

Enfermeras en lucha

Unas medidas que, además, contribuyen a desplazar al personal operativo, tal y como denuncia el colectivo galego Enfermeiras en Loita. “A mí esta semana me han ofrecido dos contratos de un día. Me quedé sin contrato el lunes y me han llamado el martes para trabajar el miércoles. Nosotras no entendemos por qué contratan a profesionales jubilados durante tres meses y a nosotras nos ofrecen un solo día”, se queja María González, enfermera eventual de Vigo que pertenece a este colectivo.

“A mí esta semana me han ofrecido dos contratos de un día. Nosotras no entendemos por qué contratan a profesionales jubilados durante tres meses y a nosotras nos ofrecen un solo día”

Esta plataforma sanitaria se concentraba el pasado viernes en la puerta de los principales hospitales de Vigo, Ourense y Lugo. “La incorporación de jubilados, hace menos de una semana, ha provocado que muchos compañeros que llevan trabajando en condiciones precarias mucho antes de que comenzara la pandemia hayan sido desplazados a otros servicios y en algunos casos su empleo haya sido rescindido”, denunciaban en un comunicado.

Por su parte, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, salía al paso de las críticas afirmando que se han incorporado 86 médicos de atención primaria que estaban jubilados “porque no los había en las listas de contratación” y, en el caso de enfermería, indicaba que “solo un área sanitaria había solicitado enfermeras”. En declaraciones recogidas por GaliciaPress insistía en que “solo las utilizaremos allí donde no genere colisión con las contrataciones habituales”.

“Ha habido despidos. Han incorporado a los jubilados y han cesado los contratos a compañeras que estaban en los centros de vacunación. Eso es real. Se han quedado sin contrato”, insiste María González, quien pide condiciones dignas para no tener que recurrir a estos parches.