Coronavirus
Piden la liberalización de la patente de la vacuna española

En lo que va de año han muerto unas 250.000 personas a consecuencia del covid-19 en África, casi 7.000 personas al día, según los datos de Intermon Óxfam. Solo un 10% de la población africana ha recibido las dos dosis de vacunación. Las farmacéuticas siguen blindando el acceso al conocimiento y la tecnología para fabricar estas dosis en países de ingresos bajos, pero al mismo tiempo, y según un estudio de Médicos Sin Fronteras, hay más de 120 fabricantes de Asia, África y América Latina que reúnen el potencial para producir vacunas de ARN mensajero.

En este contexto, y con el objetivo de que España lidere un nuevo camino de buenas prácticas, una veintena de organizaciones de la sociedad civil como Salud por Derecho, Médicos del Mundo, la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, la Organización Médica Colegial, No Gracias, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y Amnistía Internacional, exigen por carta al gobierno de Pedro Sánchez que garantice el acceso global a la vacuna de Hipra, que se aproxima a su comercialización.

La vacuna, elaborada por esta multinacional catalana, acaba de recibir el visto bueno de la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) para comenzar con los ensayos en fase III y es la más avanzada de todos los proyectos españoles. 3.000 voluntarios y voluntarias en 20 hospitales de España, Portugal e Italia comenzarán a testear de manera inminente este fármaco.

“Entre otras partidas, ha obtenido 15 millones en ayudas públicas para ensayos clínicos, según anunció hace unos meses la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morat”

Las organizaciones recuerdan que para la investigación y el desarrollo de la vacuna la compañía ha recibido millones de euros de inversión pública. “Entre otras partidas, ha obtenido 15 millones en ayudas públicas para la fase IIb/III de los ensayos clínicos, según anunció hace unos meses la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morat”, aseguran.

Pero no se quedan solo ahí, piden que se actúe de la misma manera con todas las vacunas que están en vías de investigación, tres de ellas en el CSIC. Piden que los acuerdos de financiación firmados durante la pandemia entre instituciones o empresas “sean públicas o privadas” incluyan condicionas para que se garantice que los resultados de las investigaciones sufragadas con dinero público “tengan licencias no exclusivas para asegurar su acceso en todo el mundo, evitando los monopolios que provoca la propiedad intelectual cuando todo queda en manos de la industria farmacéutica”.

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Las vacunas españolas son más efectivas, más estables y buscan una mayor inmunidad, pero cuentan con equipos más reducidos y menos financiación.

“Consideramos que como mínimo, los estados que están financiando públicamente las vacunas están obligados a establecer que haya un retorno y el que proponemos es que no exista propiedad intelectual, que no haya patentes y que cualquier país del mundo pueda utilizar estos conocimientos desarrollados con dinero público para proporcionar a sus ciudadanos las vacunas adecuadas”, explica Rafael Gálvez, médico neurólogo y miembro de la Asociación para un Acceso Justo al Medicamento.

Gálvez considera que es un “disparate” que las farmacéuticas tengan el monopolio de la producción y que controlen cuándo, cómo y quién recibe la vacuna “cuando todas las que se han desarrollado hasta el momento actual han contado con financiación pública”. En el caso de la Hipra, basada en una proteína recombinante, cuenta con el apoyo económico del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, tal y como reconoce la propia compañía en su web.

Plataforma de intercambio de conocimiento

Las organizaciones firmantes de la misiva al gobierno de Sánchez recuerdan que, con el objetivo de compartir conocimientos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) creo la plataforma C-TAP, donde se pueden compartir los derechos de propiedad intelectual, "con una compensación razonable a la empresa por su esfuerzo económico”, señala la carta.

Plataforma que España estrenó, siendo el primer país del mundo en compartir la licencia de un producto para luchar contra el covid-19: un test de diagnostico desarrollado por el CSIC. Esta licencia permite a cualquier empresa acreditada fabricar el test, consiguiendo así que pueda ser accesible y asequible para todas las personas que lo necesiten, en cualquier país del mundo.

España fue el primer país del mundo en compartir la licencia de un producto para luchar contra el covid-19: un test de diagnóstico desarrollado por el CSIC

“Le decimos al gobierno que sea capaz de liderar otra vez este movimiento, que debería de tener carácter mundial, para exigir a las farmacéuticas que liberen y transfieran conocimiento. El primer ejemplo lo dio con el test”, asegura Gálvez quien piensa que aún estamos a tiempo. “Yo creo que nunca es tarde cuando estamos en una situación como la actual en la que pueden aparecer nuevas variantes”, afirma.

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Un informe de Amnistía Internacional denuncia que Pfizer/BioNTech y Moderna han asignado el 1% de sus entregas a países de ingresos bajos mientras Moderna ha destinado solo un 0,3%.

Una iniciativa que hasta ahora han liderado India y Sudáfrica, los dos países que han plantado cara al Consejo de los Acuerdos sobre los Derechos de Propiedad Intelectual con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En octubre de 2020 solicitaron una exención a las patentes de los medicamentos y vacunas contra el covid-19. La idea era democratizar el tratamiento, aumentar la producción y fabricar las dosis necesarias en estos países que aseguran contar con la tecnología necesaria. A día de hoy la OMC mantiene bloqueada esta petición.