Corrupción
La puerta giratoria entre el Puerto de Bilbao y una consultora del cártel: nueve contratos a dedo y 86.000 euros

Las puertas giratorias entre el sector público vasco y las empresas del cártel norte de consultoras están bien engrasadas. Desde que Jon Anasagasti Bilbao llegó a la Autoridad Portuaria de Bilbao, en abril de 2017, nada más dejar su oficina en la consultoría Idom, el ente público ha adjudicado 86.140 euros a esta empresa en nueve contratos menores. Tres adjudicaciones a dedo en 2018, cinco en 2019 y una en 2020. Las cantidades van desde los 2.850 hasta los 14.900 euros, sumando 86.140 euros en total.

Un dato relevante en las decenas de folios de la investigación de la CNMC y los correos electrónicos que acabaron con una sanción de 6,3 millones de euros a las 22 firmas que conformaban el denominado “cártel norte” es que Jon Anasagasti Bilbao pudo manipular contratos públicos cuando estaba a sueldo de la consultora Idom, empresa multada con 630.000 euros.

La investigación de la CNMC, entre sus folios 16.599 y 16.609, se detiene en dicho nombre, hasta entonces desconocido. “Pásale a eriz contactos de Claudia en PA [Consulting Service, también multada] y Jon Anasagasti en Idom pf”. Este es uno de los mensajes originales que aparecen en una cadena de emails iniciada en noviembre de 2016 y vinculada a una contratación de PriceWaterHouseCoopers (PwC), castigadacon otros 630.000 euros por su participación en el cártel.

Puertas giratorias

La cronología curricular de Jon Anasagasti Bilbao, gestor público de ascendencia bermeotarra, es frenética. Estudió en la Universidad de Deusto hasta 2007, desde donde pasó inmediatamente a engrosar las filas de Idom. Diez años después, en abril de 2017, se incorporó a la Autoridad Portuaria de Bilbao, estrenándose como Responsable de Desarrollo Comercial. Anasagasti fue fichado para el departamento que dirigía Luis Gabiola, encargado de contratación pública del Puerto y señalado hasta en tres ocasiones por la propia CNMC debido a su facilidad para “organizar” contratos con Deloitte. A esta empresa se le ha impuesto una multa de 3,9 millones de euros.

Anasagasti Bilbao aparece en los documentos en los que la CNMC señala “amaños” y “cártel” como trabajador de Idom Consulting, consultora multada con 630.000 euros

Las investigaciones realizadas desde Hordago-El Salto muestran que la expresión más elevada de la opacidad en los procesos de contratación del Puerto de Bilbao es el caciquismo. En el amplio expediente de investigación de la CNMC se recoge que un tal “Luis” le indica a Ana Andueza, socia de Deloitte, cuáles son las reglas para “cumplir” con las normas en contratos menores y le ofrece licitar un nuevo servicio para contentar a la consultora. “Para hacer negociado sin publicidad son hasta 49.999 euros . El mes que viene hacemos otro parecido por otros 10.000 euros”. “Luis” es Luis Gabiola, directivo y responsable comercial del Puerto cuando Jon Anasagasti Bilbao llegó a su nuevo puesto de trabajo en el ente público. Ambas personas, involucradas en el cártel norte, se convirtieron en compañeros de trabajo.

Jon Anasagasti Bilbao pertenece a una familia muy vinculada a las aguas que bañan la costa vasca. Su padre, Jon Anasagasti Goikolea, de hecho, fue reconocido con el galardón Itsasoko Gizon Handia (Gran Hombre de Mar) por su larga trayectoria al servicio de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Recibió este premio en 2019 en Bermeo, su pueblo, delante de su hijo y de la mano de Carlos Alzaga, director del ente público. Anasagasti Goikolea, retirado de la actividad, estará, seguro, orgulloso de que la saga familiar siga tan presente en el Puerto de Bilbao. No consta si también lo está de cómo trabaja ahora su primogénito. En cualquier caso, todo queda en casa.

Desde que Jon Anasagasti Bilbao entró en el Puerto de Bilbao, el ente público ha adjudicado más de 86.000 euros a Idom, empresa para la que trabajó durante 10 años

Según denuncia la CNMC en su informe, “las relaciones de confianza personales y profesionales de algunos de los directivos (en ocasiones antiguos compañeros de trabajo) facilitaron el funcionamiento de estas redes [colaboración norte y nacional]”. Para el organismo regulador de los mercados y la competencia, “entre ellos, se solicitaban asistencia y colaboración, de forma recíproca para manipular los contratos públicos lanzados por las distintas administraciones afectadas; bastaba con el envío de un correo electrónico por una de las empresas de la red, que era aceptado sin más explicaciones por los destinatarios”. 

De nuevo, los documentos a los que ha tenido acceso Hordago-El Salto reflejan un modus operandi similar al de las puertas giratorias como prefacio a grandes adjudicaciones de dinero público. Un consultor toma la puerta giratoria desde el sector privado hacia el público y, pocos meses después, se firman contratos entre ambas empresas. En este caso, entre Idom Consulting y la Autoridad Portuaria de Bilbao.

Esta práctica, en ambos sentidos, de lo privado a lo público, y viceversa, ha sido frecuente en la red de empresas del norte, con sostenidos vínculos con la Administración vasca, y más concretamente con el anquilosado sector nacionalista en el Gobierno vasco, a su vez enlazado a la creciente externalización de servicios. La Autoridad Portuaria de Bilbao dispone de otros ejemplos. Como ha contado Ekaitz Cancela, Asier Atutxa, hijo del ex-consejero de Interior del Gobierno Vasco, Juan María Atutxa (PNV), siendo directivo de la entidad portuaria adjudicó a PwC la “asistencia técnica para la elaboración del Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Bilbao (2018-2022)”. Ocurrió a principios de 2017 y, apenas un año después, Atutxa llegaba a la empresa beneficiada con los 150.000 euros de esa adjudicación. 

Falta de transparencia

Hordago-El Salto ha contado recientemente que las cuentas claras no son una de las características de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Por ejemplo, los contratos menores firmados durante gran parte del año 2020 han desaparecido de la plataforma de transparencia de la propia Autoridad Portuaria de Bilbao. Los documentos en PDF que pueden descargarse desde esta plataforma están limitados y responden con un error cuando se trata de descargarlos. Esto atenta contra las prácticas y leyes de transparencia y buen gobierno impulsadas por la Unión Europea, a las que se han acogido el Gobierno de España y administraciones autonómicas. Los portales de transparencia son un elemento básico en las democracias, sirven para el control social y público de los gastos que realizan las administraciones.

La documentación del Portal de Transparencia del Puerto de Bilbao está limitada y atenta contra las leyes de buen gobierno

Otro de los problemas a los que se enfrenta la contratación pública en estos organismos es que no es posible conocer cuántas licitaciones se han formulado. Además, en ocasiones, la información sobre estos asuntos sólo se conoce por los acuerdos empresariales sin registro público, lo que dificulta su rastreo. Por ejemplo, Puerto de Bilbao News, el boletín de noticias de la Autoridad, destacaba en septiembre de 2018 sus diferentes apuestas por la renovación y la transformación digital. Entre esos objetivos, destaca uno por su confianza, de nuevo, en la empresa Idom. “Trabajando juntos en la mejora continua e innovando en competitividad para promover el puerto de Bilbao, porque los avances no se producen solos”, especifican. Se trata de un proyecto de “machine learning” e inteligencia artificial: “Este tipo de herramientas aprovechan la gran cantidad de datos generados por los distintos sistemas de Información que suelen existir en los puertos modernos”. De nuevo, se firma el contrato sin publicarse en las plataformas de transparencia, donde se debe informar sobre el coste de este servicio y otros datos indispensables cuando se trata del erario público.

El realismo capitalista vasco ha conseguido reducir las prácticas caciquistas de la órbita jeltzale a una breve expresión: “Nada nuevo bajo el sol de Bermeo.” No obstante, la prohibición de contratar a las consultoras multadas acecha a las instituciones públicas desde que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicara sus investigaciones sobre las prácticas anticompetitivas en el sector de los servicios de consultoría. Recientemente, como adelantó El Mundo, el diputado de Podemos Roberto Uriarte ha reclamado a la ministra de Hacienda María Jesús Montero que aclare el criterio que utilizará la Junta Consultiva de Contratación Pública con las 22 consultoras. “Las instituciones debieran tener la capacidad de tomar decisiones propias, con los funcionarios y asesores, sin recurrir sistemáticamente a consultoras”, denunciaba Uriarte aportando documentación elaborada por la Abogacía del Estado en casos precedentes.