Corrupción
Arranca el primer juicio penal contra Iberdrola, acusada de manipular el precio de la luz en 2013

En la sala 5 de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) arrancará mañana un juicio histórico: la fiscalía anticorrupción solicita a Iberdrola una multa de 84,9 millones de euros para Iberdrola por un delito contra el mercado y los consumidores, al considerar que manipuló el precio de la electricidad con el uso de sus pantanos en las cuencas hidrográficas del Duero, el Tajo y el Miño-Sil. La multa solicitada supone el 1,92% de los 4.339 millones de euros de beneficios extraordinarios obtenidos por la compañía en 2022. Y un 3,3% de los beneficios de 2013 (2.572 millones).
En el banquillo de los acusados se sentarán Ángel Chiarri —responsable de Gestión de la Energía—, Gregorio Relaño —exjefe de Optimización de Gestión de Recursos y Trading—, José Luis Rapún —responsable de Gestión de Activos— y Javier Paradinas —Mercados a Corto Plazo y Generación Global—. Los cuatro ejecutivos siguen ocupando cargos de responsabilidad en Iberdrola. Contra ellos, la Fiscalía Anticorrupción solicita dos años de prisión y una multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros. Las ocho sesiones del juicio se celebrarán a lo largo de octubre y noviembre.
Según la fiscalía, la operación causó un perjuicio de 107 millones, de los que 96,7 lo pagaron los consumidores y, el resto, las comercializadoras. Varias de ellas, así como aseguradoras y Facua se han presentado como acusación particular.
La instrucción duró cinco años y puso énfasis en averiguar cómo se tomó la decisión de cerrar los embalses dentro de Iberdrola Generación y quiénes la ejecutaron.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) ya sancionó en 2015 con 25 millones de euros a Iberdrola por estos hechos, que calificó de infracción muy grave de la Ley del Sector Eléctrico, pero esta multa está suspendida a la espera de que concluya el proceso penal, el primero de estas características al que se enfrenta Iberdrola.
La maniobra que queda recogida en la instrucción fue que, entre el 29 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, Iberdrola subió el precio del megawatio artificiosamente, alcanzando picos de 112 euros. Según la Fiscalía, Iberdrola habría cerrado intencionadamente los embalses para recortar la producción de energía hidroeléctrica, que es la más barata, para sustituirla por energías más caras, como las plantas de ciclo combinado.
La presunta manipulación de los precios se dio en un contexto de crisis económica y paró de forma abrupta ante la llegada de una ciclogénesis explosiva el 24 de diciembre de 2013, que redujo el precio ante el aumento de la energía de fuentes renovables vertida a la red eléctrica.
Facua, que ejercerá la acusación particular, solicita una multa de 107,5 millones y eleva la petición de cárcel para los cuatro directivos a tres años.
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