Corrupción
Las instituciones vascas adjudicaron 1,2 millones a cinco consultoras del cártel tras ser multadas por manipular contratos

Las administraciones públicas vascas han adjudicado contratos por valor de 1,2 millones de euros a cinco firmas de asesoría pertenecientes al “cártel norte” desde que se hizo público el expediente sancionador de la CNMC en donde se apunta que el objetivo de estas empresas fue “manipular y adjudicarse a su conveniencia un número elevado de licitaciones públicas durante un periodo prolongado en el tiempo”. Bmasi Strategy, Indra, Altia Consultores, 97 S&F y Deloitte han conseguido formalizar seis contratos desde el 12 de mayo, fecha en la que se conoció la sanción por parte del organismo regulador.

Tan sólo cinco días después, el día 17 del mismo mes, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente encabezado por Arantxa Tapia adjudicó un contrato por 15.370 euros a la consultora liderada por Sabin Azua, hermano del ex vicelehendakari Jon Azua, considerada por la CNMC como una de las “instigadoras” o “responsables de la infracción” en la trama de consultoras en Euskadi. La consejera es una vieja conocida de Azua, quien aparece en docenas de correos electrónicos que muestran cómo se repartía adjudicaciones públicas negociadas sin publicidad, de lo cual da cuenta el hecho de que Tapia haya acudido incluso a la presentación de su último libro.

Tan sólo cinco días después de hacerse público el expediente sancionador de la CNMC, el Departamento de Arantxa Tapia adjudicó un contrato por 15.370 euros a la consultora liderada por Sabin Azua. Un viejo conocido de la consejera, que acudió a la presentación de su libro.

El concepto del contrato tiene como fin el “análisis de los rasgos de la situación actual e identificación de los principales retos y desafíos de futuro del sistema agrario vasco” y ha sido firmado por Iñaki Aldekogarai Labaka, un funcionario que fuera Auditor Adjunto del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, autoridad encargada de que se cumpla la legalidad de la actividad económico financiera del sector público vasco.

También el Servicio de Salud Vasco, Osakidetza, contrató a una firma multada. En este caso, Indra. La empresa participada por el Estado ha recibido casi un millón (901.031 euros) para el “mantenimiento del software Gestlab para la gestión de los laboratorios”, un sistema informático que proporciona soporte para la gestión de todos sus servicios de laboratorio a fin de lograr mejores decisiones clínicas y de gestión. Este es el tercer contrato que se adjudica la empresa en un año. Anteriormente, Indra recibió 423.296 y 18.149 euros para el mismo motivo, mantener un software capaz de externalizar la gestión de los distintos servicios de laboratorio.

A su vez, Indra se adjudicó el servicio de “mantenimiento del bus de servicios empresariales y del sistema integral de información del servicio de Euskotren” por una cifra de 133.100 euros. No obstante, la licitación de Eusko Trenbideak contempla la posibilidad de dos prórrogas anuales, lo cual ascendería el valor final del contrato a 396.000 euros. Por otro lado, si bien la licitación contempla largos pliegos técnicos que se extienden por varias docenas de páginas donde se detalla el soporte de la arquitectura digital (la de Oracle) que necesitan los autobuses, el único ofertante fue Indra. Un ejemplo más que apunta a la enorme dependencia tecnológica de la firma de los ferrocarriles vascos. Ejemplo que pone de manifiesto la problemática que se abriría de confirmarse la medida propuesta por la CNMC de prohibir la contratación de dichas firmas. 

Altia recibió una multa de 30.000 euros. No obstante, siete días después se adjudicó un contrato por parte del Ayuntamiento de Tolosa, regentado por la alcaldesa del PNV Olatz Peón, para “formación en protección de datos personales”.​​​​​​ La cifra del contrato que se adjudica, de 5.144 euros, asciende a cubrir más de una sexta parte de la cuantía de la condena.

Altia recibió una multa por parte de Competencia de 30.000 euros. No obstante, siete días después recibió un contrato por parte del Ayuntamiento de Tolosa, regentado por la alcaldesa del PNV Olatz Peón, para “formación en protección de datos personales”.​​​​​​ La cifra del contrato que se adjudica, de 5.144 euros, asciende a cubrir más de una sexta parte de la cuantía de la condena. Si bien no se especifica ni un sólo detalle más sobre este curso, según consta en su perfil de Linkedin, el Consultor Legal en Protección de Datos y Derecho TIC que lo imparte también es docente en el Master en protección de datos personales, ciber seguridad y derecho de las TICs de la UPV/EHU. En este contexto, surge la pregunta de si no sería posible delegar en las infraestructuras de educación pública la provisión de estos cursos, y por tanto, no en consultoras multadas por un “tipo de conspiraciones” que “desvía recursos de los contribuyentes” hacia empresas privadas.

Otra de las firmas contratada tras el escándalo del “cártel norte” es Deloitte. En este caso, la contratación corre a cargo de EJIE, la Sociedad Informática del Gobierno vasco, y está presupuestada por la Ley del Parlamento Vasco, con una cuantía de adjudicación de 133.100 euros en concepto de otra externalización de asesoría bajo el título “servicio de análisis, diseño y construcción de los procedimientos de Aire en Ingurunet“.​​ Deloitte es la compañía que recibió la multa de mayor cuantía, con 3,99 millones de euros. El 31 del pasado mes de mayo, pocos días después de recibir esa condena, a Deloitte le llovió un contrato. ​​​

De los papeles de Panamá a la Diputación de Bizkaia

Uno de los casos más claros de 'capitalismo de consultoría', donde “las administraciones“ actúan ”como testaferros de las transferencias de beneficios corporativos”, en muchos casos conseguidos mediante la evasión fiscal facilitada por las firmas de consultoría, puede encontrarse en el contrato firmado entre BEAZ, entidad local dependiente de la Diputación de Bizkaia, y la consultora 97 S&F. Hablamos de 43.560 euros para la “asistencia técnica en la iniciativa Bizkaia Orekan Sakonduz (BOS)”, una estrategia que pretende impulsar la competitividad de las empresas del territorio de manera equilibrada. 

Leandro Ardanza, apoderado de la consultora 97 S&F, fue sancionado con una multa de 55.000 euros, dirigida por Pedro Altamira, exdirector de la UTAP de la Ertzaintza,  ambos formaron una sociedad en Panamá con Carlos Lambarri, exvice Consejero de Hacienda, llamada Hub de las Americas.

Esto debe colocarse en el siguiente contexto: Leandro Ardanza, apoderado de la consultora 97 S&F, fue sancionado con una multa de 55.000 euros y que esta misma empresa se encuentra dirigida por Pedro Altamira, exdirector de la UTAP de la Ertzaintza, y conocido por los alias de “El Cajas” y “El ladrón de Bagdag”. También cabe mencionarse que ambos formaron una sociedad en Panamá con Carlos Lambarri, exviceconsejero de Hacienda, llamada Hub de las Americas. Pedro Altamira Echave figura como presidente, Ardanza como secretario y Lambarri lo hace como director.

Por último, entre los otros dos licitadores que trataron de llevarse el contrato destaca Competividad, Desarrollo e Innovación, una firma multada por la CNMC con 14.823 precisamente por un “modus operandi” que ”se basaba en solicitar 'ofertas de cobertura' para evitar competir y que una de las empresas resultase adjudicataria.” Esto es, la empresa que solía adjudicarse el contrato pedía a las otras dos que se presentaran ofertas a sabiendas de que no ganarías, manipulando así el proceso de licitación pública en su propio beneficio.

A este respecto, el expediente de la CNMC contenía una serie de emails entre Leandro Ardanza, encargado de de 97 S&F, y otros empresarios, que dibujaban el espíritu y forma de operar del cártel. En este caso concreto, Ardanza hablaba de una licitación del Ayuntamiento de Bilbao en estos términos. 

​​​​​​​​​​​​​​Más sombras que luces

Esta serie de nuevas contrataciones desde la apertura del expediente de la CNMC llegan tras conocerse que la actual presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) adjudicó un contrato menor para la elaboración de su Plan Estratégico 2018-2022 a la misma consultora (Bmasi Strategy) a la que la Consejería de Desarrollo Económico del Gobierno vasco ha confiado el análisis de los retos y desafíos de futuro del sistema agrario vasco. Entonces, la AVC se defendió ante este medio de comunicación alegando que dicho contrato se formalizó antes de que la CNMC los metiera en el expediente sancionador de hace una semanas. “Desde septiembre de 2017, que se asignó el expediente a la CNMC, la Autoridad Vasca de la Competencia perdió todo el conocimiento e información sobre los detalles del asunto”.

Desde luego, este no es un argumento que puedan esgrimir ahora desde las filas de Tapia, ni mucho menos desde la AVC, encargada de que se garantice la competencia. A este respecto, la Presidenta del organismo regulador vasco, Alba Urresola, incluso dudó el 17 de mayo de si ampliar la investigación del cártel de las consultoras a los años 2018-2021 era “la decisión más correcta”. Recordemos que ese mismo día la Dirección de Servicios de la Consejería de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente firmaba la adjudicación a la empresa Bmasi Strategy. Además, desde el 14 de febrero de 2019 se conoce que la CNMC había iniciado un expediente sancionador contra 22 empresas de servicios de consultoría y varios directivos de algunas de ellas, así como los nombres de estas empresas, entre ellas, la mismísima Bamsi Strategy. Ello no impidió al Departamento de Arantxa Tapia firmar hasta dos contratos por valor de 109.989 euros con la consultora. Ambos, el 23 de diciembre.

En definitiva, la externalización de servicios por parte de organismos públicos a golpe de contratación a cinco de las 22 firmas sancionadas por la Competencia se ha realizado tras el conocimiento público de la propia sanción. Son adjudicaciones que atraviesan las diputaciones vascas y alcanzan a la Consejería del Gobierno vasco de Arantxa Tapia, poniendo de manifiesto la enorme dependencia que tienen las administraciones para llevar a cabo la gestión pública sin tener que confiar en empresas condenadas precisamente por el expolio de lo público.

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