Corrupción
La alcaldesa jeltzale de Barakaldo contrata irregularmente cientos de miles de euros a bufetes de abogados cercanos al PNV

A la alcaldesa de Barakaldo se le atragantan las externalizaciones de servicios públicos a los grandes despachos de abogados, algunos cercanos al Partido Nacionalista Vasco (PNV), a los cuales lleva varios años contratando para realizar funciones que puede asumir la institución pública. El interventor, responsable del área jurídico-administrativa y de fiscalización del Ayuntamiento de Barakaldo, ha advertido reiteradamente en sus informes técnicos que las contrataciones “vienen viciadas de nulidad de pleno derecho por prescindir totalmente del procedimiento legalmente establecido”.

Así ha sido hasta en decenas de ocasiones, aunque principalmente con Cuatrecasas, quien ha liderado la defensa de Alfredo de Miguel en el caso de financiación ilegal del PNV, Ipar Bilbao, y ACIES Abogados, este último ligado a un ex dirigente del PNV. Aunque el contrato es antiguo y no se ha hecho público, también podría estar involucrada incluso PFK Attest, creada por el ex vicelehendakari Jon Azua y gestionada por Iñaki Azua, su hermano.

La cifra de pagos irregulares a estas firmas es de 140,995.16 euros, aunque la oposición eleva el modus operandi a los 294.191,23 euros externalizados por diferentes entes públicos.

Itziar Celis, portavoz de la coalición Elkarrekin Barakaldo, formación compuesta por Podemos, Ezker Anitza-IU, Equo-Berdeak e Independientes, ha afirmado que “se está regalando el dinero de las barakaldesas y barakaldeses”, ya que no se han seguido los procesos de contratación que exigen las leyes y porque a los abogados propios del Ayuntamiento no se les está asignando su función por decisión de la propia Alcaldesa, quien cobra un sueldo de 74.100,96 euros. Además, la coalición advierte que la gravedad del caso es todavía más preocupante, ya que fuentes del consistorio aseguran que la cifra en contratos irregulares es aún mucho mayor.

Según la alcaldesa, todo es “absolutamente legal” y el consistorio opera con la “máxima transparencia''. No obstante, para llevar a cabo la denuncia, la oposición ha tenido que “buscarse la vida” en cientos de documentos y reparos del interventor municipal porque el Consistorio no quería facilitar las facturas y los gastos. Esto significa que alcanzar una cifra exacta de los servicios externalizados es harto complicado.

Externalizaciones irregulares

En la documentación hecha pública se observa que el Ayuntamiento de Barakaldo inicia el proceso irregular de contratación de Roberto Lacarra Barrondo y del bufete Acies Abogados S.L. para recibir asesoría jurídica con 13 contratos que van desde los 121 euros hasta los 9.771,96. En este sentido, la cantidad final asciende a 44.500,06 euros. 

Este bufete fue presidido por Iñaki Goikoetxeta hasta su jubilación en julio de 2021. Fue el abogado del entonces lehendakari José Antonio Ardanza, también fue miembro del Euzkadi Buru Batzar (EBB), la ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco. En la actualidad ostenta el cargo de patrono en la Fundación Sabino Arana.

Respecto a Cuatrecasas Goncalves Pereira, la cantidad asciende a 41.613 euros contratados, gasto público ejecutado mediante el recurso a varios contratos menores. De nuevo, según el informe del interventor, “se habría incurrido con ello en nulidad de pleno derecho de todo lo actuado”.

Cuatrecasas lideraba la defensa del exdirigente del partido en Álava condenado por corrupción, aunque pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo. También asesoraba a empresas investigadas por la trama de Hacienda de Bizkaia, en el conocido como caso Ybarra. El actual director de Hacienda, Aitor Soloeta, hizo el Máster con Cuatrecasas y trabajó para el despacho entre 1989 y 1994.

A su vez, el socio director de Cuatrecasas en el País Vasco es el abogado Joanes Labayen, esposo de la presidenta del Parlamento vasco Bakartxo Tejeria, quien ostenta el cargo desde 2012.

Por último, Iparbilbao Abogados (más conocido como Roca Junyent) ha facturado 45,375 euros a través de los letrados Félix Mercado y Javier Cortázar, según consta en otro informe de reparo. En este caso, existen 9 contratos menores que van desde 1,8000 euros hasta 10.000 euros. Como en el caso anterior, el informe del interventor demuestra “la existencia de un evidente fraccionamiento” de los contratos, lo cual “deriva en último término en vicio de nulidad de pleno derecho por ausencia de procedimiento”.

Roca Junyent es el despacho vinculado a la trama de las comisiones del 3% en Catalunya y encargado de la defensa de la Infanta Cristina por encargo de la Casa Real en el caso Nóos. Según ha publicado Ahoztar Zelaieta, uno de los socios de este bufete (Carlos Blanco) es el secretario de la gestora privada a la que el lehendakari Iñigo Urkullu cedió un fondo para impulsar pymes y donde el Gobierno Vasco participa a través del Instituto Vasco de Finanzas con 12 millones de euros en el fondo público-privado gestionado por Abe Private Equity Fund, donde a su vez ejerce como consejero su hermano, Manuel Blanco.

Por último, la consultora PKF Attest habría recibido 6.050 euros en un contrato fechado en noviembre de 2019 para realizar tareas que podrían haber sido efectuadas por el servicio público, si bien no ha sido posible encontrar el reparo que lo pudiera tildar de irregular.

Esta consultora nació de la mano del ex vicelehendakari Jon Azua, y es el socio único de Uliker-3, S.L. (Uliker), multada hace pocos meses la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) con 11.040 euros por “una práctica colusoria especialmente dañina para la sociedad al impactar adicionalmente en los fondos públicos”.

Casi 300.000 euros en subcontratas

Más allá de estos datos, existen decenas de contratos por tareas de representación jurídica y defensa letrada, como la denunciada por los interventores municipales, que podría ser susceptible de irregularidades porque ha seguido el mismo procedimiento. Concretamente, y según la oposición: 294.191,23 euros. Esto significa que el consistorio encabezado por Amaia del Campo, del Partido Nacionalista Vasco, habría contratado a bufetes privados para llevar a cabo tareas públicas que los técnicos llevaban varios años denunciando.

Para realizar el cálculo, la coalición de Elkarrekin-Podemos ha analizado todas las disposiciones de gasto y los miles de decretos que se publican cada año porque el Ayuntamiento de Barakaldo no ha querido hacer públicas las cuentas. A este respecto, los datos son demoledores: las contrataciones del Ayuntamiento de Barakaldo ascienden a 129.329,16 euros, pero las de sus entidades asociadas aún lo son más. Por ejemplo, Barakaldo Kirolak habría gastado 23.823 euros y Barakaldo Antzokia 96.342,87 euros.

Todas estas contrataciones se inician después de que el Ayuntamiento de Barakaldo abriera un expediente a un funcionario barakaldés acusado de prevaricación administrativa. En este contexto, el Ayuntamiento de Barakaldo inicia los procesos irregulares de contratación de Roberto Lacarra Barrondo y del bufete Acies Abogados S.L. para recibir asesoría jurídica, así como su dirección letrada en los distintos juicios que tienen lugar entre el consistorio y F.F.