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Cuidados
Cuidar mirando el Excel

La precariedad y la mercantilización del sector de los cuidados y la intervención social son la regla en Euskal Herria, un territorio donde fondos de inversión y grandes empresas se han hecho con el control de un lucrativo negocio.
17 ago 2023 06:45

Para sorpresa de muchas se han hablado de ellos en casi todos los debates electorales. Se trata de los cuidados, que se han colado en la agenda de los partidos en la últimas elecciones municipales y forales. Todos los partidos los han nombrado una y otra vez, con mucha preocupación, pero sin grandes concreciones programáticas. Se ha hablado de cuidados en general, pero no tanto de los recursos necesarios para la protección, fundamentales para asegurar, precisamente, los cuidados de las más vulnerables. Ahora, una vez constituidas las diputaciones —la institución que más competencia tiene en esta materia— sigue siendo un buen momento para reflexionar sobre un sector que en Euskal Herria está eminentemente privatizado y feminizado.

Izaskun, quien prefiere preservar su identidad de manera anónima, lleva tiempo trabajando en un centro de menores de la Comunidad Autónoma Vasca y asegura con rotundidad que “se anteponen los criterios económicos a los educativos”. Esa es la conclusión a la que llega tras años de trabajo en un recurso de protección que ha visto cambiar de manos más de una vez. “Van pasando empresas y va empeorando la calidad de la comida”, explica. Ahora les traen un catering desde fuera de Euskadi.

Los centros van cambiando de manos, pero el problema central se mantiene: no hay plazas suficientes para acoger a los menores que lo necesitan. Es una situación que convierte los propios espacios del centro en “lugares hostiles” y sobrecargados, donde los menores dejan señales en las paredes que recuerdan que en ese lugar, tres meses atrás, les dieron un puñetazo. Y sigue la marca. Izaskun manifiesta que, antes de la pandemia, el centro se abría a visitas de familiares de los menores, pero después de este periodo le da vergüenza hacerlo por el estado del mismo. Si algo se rompe habrá que cuadrarlo en un Excel para repararlo.

Los centros van cambiando de manos, pero el problema central se mantiene: no hay plazas suficientes para acoger a los menores que lo necesitan. Es una situación que convierte los propios espacios del centro en “lugares hostiles” y sobrecargados.

En el centro donde trabaja realizan un acompañamiento de los menores que se encuentran en una situación de desprotección grave y deben permanecer fuera de su domicilio familiar mientras gestionan un recurso de apoyo o sustitución familiar. Es una atención que va desde lo educativo hasta los acompañamientos judiciales o médicos, entre otras tareas. “Las reglas del juego son muy diferentes cuando la gestión del centro se hace desde la empresa privada o desde la pública”, asegura esta educadora, quien reconoce que ajustarse a unos presupuestos implica que, “aunque a nivel educativo vendrían bien algunas cosas, no se están haciendo porque se prioriza lo económico”. De nuevo, cuadrar el Excel. 

Este caso es solo un ejemplo. Lo que narra Izaskun es replicable en muchos centros que atienden a menores en situación vulnerable. Las políticas sociales en Euskal Herria no se salen del camino de la privatización, todo lo contrario. Están en una espiral profunda que acentúa la dependencia, por parte de las administraciones públicas, de empresas que gestionan recursos de atención a personas. Y esta dependencia externalizadora puede llegar a convertirse en redes clientelares, como muestran algunos trabajos recientes, como el libro Residencias SA (Txalaparta, 2021). El autor de la investigación, Ahoztar Zelaieta, señala que el sector de los cuidados en Euskal Herria, “con una rentabilidad que roza en algunos casos el 25%, ha pasado a estar copado, en poco más de 30 años, por multinacionales sin escrúpulos que gestionan residencias privadas o concertadas con la administración, en algunos casos cercanas al PNV”.

Las políticas sociales en Euskal Herria no se salen del camino de la privatización, todo lo contrario. Están en una espiral profunda que acentúa la dependencia, por parte de las administraciones públicas, de empresas que gestionan recursos de atención a personas.

El informe El negocio de las residencias en Bizkaia, de Júlia Martí Comas y Flora Pozzobon Rodrigues, destaca que casi el 34% de las plazas de las residencias en Bizkaia están controladas por fondos de inversión y el 80% por grandes empresas y fundaciones corporativas. Este trabajo apunta que además se está produciendo una centralización de los contratos públicos en pocas empresas para reforzar que el 91% de las camas disponibles sean de gestión privada. “Esta concentración se ha intensificado a través de un proceso de fusiones y compras incentivado por la rentabilidad que ofrece la gestión de las residencias. Grandes multinacionales del sector —como las francesas DomusVi y Colisée— han visto en las residencias de Bizkaia un sector atractivo para invertir, comprando varias residencias que hasta entonces eran de pequeñas o medianas empresas vascas”, destacan.

De la entrada de empresas privadas en la gestión de los servicios sociales no se habla tanto como de la concertación educativa o de la privatización de la sanidad, pero es otra de las problemáticas en las que el dinero público se gestiona con objetivos mercantilistas. Lo que para la Administración es un recurso a gestionar con una lógica de coste y beneficio, para quienes necesitan este servicio —como los menores en situación de desprotección—, sin embargo, es un hogar. Un hogar al que en muchas ocasiones no se presta la atención que merece.

Cifras millonarias

Según los datos del Consejo General del Trabajo Social, la externalización de los servicios sociales en Euskadi alcanza ya un 36% —un 7% se destina al sector privado y un 29% a empresas del tercer sector—, una cifra superior a la media estatal, que se sitúa en el 24%. Nafarroa, por su parte, registra solo un 8%. Tampoco son buenas las cifras referentes a los estudios que miden y valoran la desigualdad o determinados aspectos relacionados con las necesidades sociales de la población. El índice de desarrollo de los servicios sociales que elabora la Asociación de Directoras y Gerentes de servicios sociales señala que, después de la pandemia, Euskadi se ha situado entre las comunidades que han empeorado la calidad de sus servicios. No existe ningún oasis vasco en lo que a protección se refiere. 

Lo que para la Administración es un recurso a gestionar con una lógica de coste y beneficio, para quienes necesitan este servicio —como los menores en situación de desprotección—, sin embargo, es un hogar.

En Euskal Herria son conocidas algunas empresas que gestionan desde hace tiempo con dinero público la atención a menores, residencias de mayores o servicios de atención domiciliaria (SAD). Es fácil ver en la vida laboral de cualquier educador nombres como Urgatzi y Babesten, ambas de la misma red empresarial (Urbiva). Estas empresas de referencia han conseguido en pocos años la gestión del SAD y centros residenciales en diversos municipios.

También se han encargado de decidir sobre cómo invertir cifras millonarias dedicadas a los cuidados, como aquella que adjudica la Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea (Bizkaia), por ejemplo. Hablamos de más de cinco millones de euros para el SAD en 2019 o más de cuatro millones del Ayuntamiento de Basauri para el mismo servicio. En el caso de Araba, la firma denominada Consulting es la encargada del centro de acogida de urgencia, a quien en 2020 le fue adjudicado un contrato por cerca de dos millones de euros. Por su parte, Urgatzi e Hijas de la Caridad se reparten el trabajo en centros de protección de menores. 

Grupo 5, con una fuerte implantación territorial, es otro ejemplo, así como Sacyr, empresa conocida en este sector, y que cuenta con una fuerte proyección mundial. Quien presume en su web de cotizar en el “selectivo Ibex 35”, también ha trabajado en los últimos años para diversos ayuntamientos, gestionando su servicio de ayuda a domicilio. Es el caso del Ayuntamiento de Leioa, en Bizkaia, donde se ha encargado de gestionar un presupuesto de 1,7 millones de euros. Sacyr está vinculada, además, a otros proyectos como la red ferroviaria a su paso por este territorio o a diferentes licitaciones de obras de edificación para el departamento técnico de Visesa (Vivienda y Suelo de Euskadi) que promueve viviendas protegidas.

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En el caso de los centros de menores, no solo son empresas como Babesten las únicas encargadas de su gestión, también lo realizan las empresas del tercer sector sin ánimo de lucro: cooperativas, asociaciones y entidades religiosas como Cáritas. Así lo recoge la última memoria del Departamento de Políticas Sociales de la Diputación de Gipuzkoa, fechada en 2021. Para todas ellas el dinero llega directamente mediante el concierto o la licitación pública. Los recursos que gestionan, además, están prácticamente todo el año al 100% de su capacidad. Para muchas, un negocio redondo.

Precariedad laboral

En términos generales, los servicios sociales son uno de los pilares de cualquier sociedad. En este sentido, serían la herramienta para garantizar los derechos de todas las personas, pero no ocurre así. El monopolio de la empresa privada en su gestión produce una precarización del servicio en general –en cuanto al estado de los centros, la comida que se reparte en los mismos o la priorización de lo económico sobre lo educativo y lo social– y ejerce, además, una mayor presión sobre el personal que está en primera línea de la atención a las personas que necesitan estos recursos. 

El monopolio de la empresa privada en la gestión de servicios sociales produce precarización y  una mayor presión sobre el personal que está en primera línea de la atención a las personas que necesitan estos recursos.

Según señala el Consejo General de Trabajo Social en el IV Informe sobre los Servicios Sociales en España y la profesión del Trabajo Social (ISSE IV), la alta externalización y desprofesionalización en los servicios sociales están unidas a la entradas de fondos que asumen lo social como un campo lucrativo, favoreciendo la precarización de las trabajadoras y empeorando el servicio. En definitiva, externalizar y privatizar implica abrir la puerta al paradigma de entender los cuidados y la protección como un negocio, muy rentable, por cierto, para las empresas, pero que precariza a quienes se encargan de ello.

Cláusulas sociales frente a propuestas económicas

Una de las soluciones que señalan las voces expertas para revertir esta precariedad estructural es la aplicación de cláusulas sociales en los pliegos de contratación. Las externalizaciones, mediadas por criterios que mejoren las condiciones de la plantilla de una empresa, sería una solución a corto plazo inmediata y efectiva. La mirada de la administración se suele poner en la propuesta económica que presentan las empresas, pero ¿por qué no valorar otros criterios?

A nivel estatal, la Ley de contratos obliga a incorporar criterios sociales y ambientales. “Establece un mandato genérico, pero imperativo. La cuestión y la letra pequeña es cómo y hasta dónde. Lo que la ley establece es un mandato obligatorio de incorporar los criterios sociales y ambientales, ahora bien, no hay más que una obligación concreta, el resto es todo opcional”, explica Santiago Lesmes, abogado y experto en cláusulas sociales y propuestas legislativas sobre políticas sociales. Si bien las administraciones están obligadas a incluir criterios de responsabilidad, “el alcance de estos es mínimo, ridículo”, denuncia Lesmes. 

Por ello, este abogado sugiere buscar otras opciones para blindar criterios de contratación más responsables a través de la baremación: “Por ejemplo, cinco puntos a quien mejore las condiciones laborales del convenio colectivo, cinco puntos a quien emplee al 50% de mujeres, cinco puntos a quien contrate a personas con discapacidad, cinco puntos a quien compre productos de comercio justo, cinco puntos a quien tenga una certificación o etiqueta energética”, propone. De esta manera, Lesmes asegura que “estos supuestos, que implican ejecutar un contrato público con criterios sociales y ambientales dan puntos y que determinan quién se lleva el contrato”.

Este abogado, que ha asesorado a diferentes administraciones públicas y organismos de ámbito social, asegura que la ley actual podría usarse para que verdaderamente repercuta socialmente. “La ley no dice qué peso ha de tener el aspecto económico, por lo que sería posible que en una licitación solo se valorarán aspectos de calidad técnica y las cláusulas sociales y ambientales”, explica. Primar lo humano y ambiental frente a lo económico y rentable supondría un cambio completo de modelo y de gestión, por lo que no es tanto una cuestión legal como de compromiso político. 

Primar lo humano y ambiental frente a lo económico y rentable supondría un cambio completo de modelo y de gestión, por lo que no es tanto una cuestión legal como de compromiso político.

Sin embargo, no todo son posibilidades. Lesmes reconoce que sigue habiendo mucho personal de las administraciones —interventores y juristas— que intentan ahorrar al máximo en los contratos públicos. “Si decides que el 70% de los puntos se dedicarán a la propuesta económica, se van a bajar mucho los precios. Que se haga barato conlleva una ejecución penosa, cláusulas ambientales cero, y terribles condiciones salariales y laborales para la plantilla”.

¿Quién es la patronal?

Como acostumbran a ser muchos de los sectores más precarizados, el de la intervención social es un sector profundamente feminizado. Las condiciones laborales del personal de intervención social están en cuestión desde hace años. Si bien en Araba, este año, han logrado actualizar el convenio colectivo, en Bizkaia, los últimos meses se han caracterizado por una veintena de reuniones de la mesa de negociación. Los sindicatos ELA, CC OO, LAB y ESK han trabajado para reclamar una serie de mejoras para el sector y acusan a las patronales de querer seguir precarizando las condiciones de un sector que “debe poder asegurar su poder adquisitivo en 2022”. 

El personal de intervención suele encontrarse en un limbo laboral respecto a la reclamación de sus derechos laborales. Según Iosu Balmaseda, asesor del convenio de intervención social para ESK, la Administración pública debería de ser la responsable absoluta de las condiciones laborales, pero “al subcontratar miran para otro lado y las empresas se escudan en que la administración no les da más dinero”, matiza Balmaseda. La patronal, por lo tanto, está difuminada. ¿Es solo la empresa o también las instituciones públicas?

En esta misma línea se pronuncia el abogado especializado, Santiago Lesmes, que recuerda que uno de los criterios de baremación de la ley de contratos es la mejora de las condiciones laborales y salariales. “Sabemos que el sector de intervención social es un sector precarizado, feminizado, de personal eventual, mal pagado... ¿Cuál es el problema? A veces las empresas tienen razón, porque la Administración dice que no se quiere gastar más dinero. Yo que doy decenas de talleres y que me reúno con cargos públicos y técnicos, siempre repito lo mismo: si queréis una ejecución del contrato con calidad, generar empleo digno y producir beneficios sociales y ambientales tenéis que destinar más dinero”, enfatiza.

Por su parte, Oihan Unai Ataun Rojo, responsable de intervención social en el sindicato LAB en Nafarroa, apunta que “mientras no se produce una publificación de este trabajo, se deben mejorar las condiciones laborales de profesionales que atienden y cuidan a personas que pueden estar en riesgo de exclusión”. Y añade: “Cualquier persona puede, en cualquier momento, estar en esta situación”. 

Convenios sin renovar y judicialización 

El sindicato ESK cifra en unas 5.000 personas afectadas en Bizkaia —aproximadamente el 70% son mujeres— por la no renovación del convenio colectivo de intervención social. Araba firmó este año su nuevo convenio y Gipuzkoa seguía en negociaciones al cierre de este reportaje en el mes de junio. En el caso de Nafarroa, que tiene el convenio desde el año 2021, después de la firma del mismo, la patronal de empresas dedicadas a servicios de intervención social decidió meter vía judicial el convenio. El pasado mes de abril se celebró el juicio y al cierre de este texto seguían a la espera de la resolución. 

Resistencias

Durante la negociación de los diferentes convenios colectivos, la demanda de mejoras salariales han sido denominador común. Desde las diferentes patronales del sector —Gizardatz, Hedatzen, Aisa y OEIS—, en un momento u otro de las negociaciones, se escudan en que no pueden realizar mejoras laborales si desde la administración no se dan pasos en este sentido. En el caso de Bizkaia, por ejemplo, el salario base se mueve en una horquilla de 19.900 a 30.000 euros, según su clasificación profesional que se centra en la complejidad, autonomía, formación, conocimientos y experiencia de la persona trabajadora. Sin embargo, el colectivo de intervención social es mayoritario en lo que el convenio clasifica como grupos 2 y 3 que engloba a educadoras, personal de terapia ocupacional o de integración social, con un salario base de entre 24.000 y 27.000 euros. 

En Euskal Herria unas 10.000 personas trabajan en intervención social. La pelota está en el tejado de las administraciones públicas, quienes ahora encaran nuevo mandato, y quienes deben decidir si seguir cuidando mirando excel o dotar de más presupuesto a un sector prioritario en nuestra sociedad.

“Las administraciones y las empresas saben que hay puestos y servicios que son de alto riesgo pues conllevan lesiones físicas, agresiones y cargas psicosociales. La patronal y las administraciones tienen que reconocer que existen estos riesgos”, añade Balmaseda, quien recuerda que no se puede olvidar que “hay que cuidar a quien cuida”. 

En Euskal Herria unas 10.000 personas trabajan en intervención social, según datos recabados por Hordago a partir de las cifras obtenidas de los sindicatos. Pero, sin duda, la pelota está en el tejado de las administraciones públicas, quienes ahora encaran nuevo mandato, y quienes deben decidir si seguir cuidando mirando excel o dotar de más presupuesto a un sector prioritario en nuestra sociedad.  

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