Derechos Humanos
196 defensoras y defensores del medioambiente fueron asesinadas en 2023

El informe anual de Global Witness indica que la persecución y el asesinato de líderes y lideresas medioambientales continúa causando víctimas en todo el mundo. Casi 200 personas fueron asesinadas el pasado año por intentar proteger sus tierras y comunidades de la devastación ecológica.

De nuevo, Colombia es el país en el que se produjeron más atentados contra la vida de activistas medioambientales: 79 personas fueron asesinadas. Desde 2012, 461 personas han sido asesinadas por este motivo en el país cafetero. El año pasado, los asesinatos se debieron al activismo contra operaciones mineras (25), deforestación (5), pesca (5), agroindustria (4), carreteras e infraestructura (4) y energía hidroeléctrica (2). En la mayoría de los casos, los crímenes se asocian al crimen organizado y el paramilitarismo, dos prácticas siempre relacionadas. “Si bien el Gobierno del presidente Gustavo Petro se ha comprometido a reducir la violencia, sus promesas aún no han dado lugar a una disminución de las represalias”, señala el informe.

El 85% de los asesinatos se producen en América Latina

Según la ONG, desde que empezó a informar sobre los asesinatos de personas defensoras en 2012, en todo el mundo han muerto 2.106 activistas. Desde la aprobación, el 12 de diciembre de 2015, del Acuerdo de París sobre el cambio climático, han muerto asesinadas más de 1.500 personas que defendían sus tierras y el medioambiente. “Nuestros datos muestran que el número de asesinatos sigue siendo alarmantemente alto, una situación que es simplemente inaceptable”, ha señalado una portavoz de la organización.

Los asesinatos, indican, son solo la última expresión de una cadena que incluye “otras represalias generalizadas contra el activismo ambiental: actos de violencia, intimidación, campañas de desprestigio y criminalización organizados por Gobiernos, empresas y otros agentes no estatales”. Las desapariciones son otra vertiente de estas prácticas criminales. Entre el 1 de diciembre de 2006 y el 1 de agosto de 2023, solo en México han desaparecido 93 personas defensoras de la tierra. Más del 40 % de ellas aún no han sido encontradas.

El 85 % de los asesinatos de 2023 se produjeron en América Latina. Brasil es el segundo país en el que se producen más conflictos medioambientales con resultado de asesinatos: 25 personas murieron el año pasado.

En Centroamérica se han producido otros focos siniestros: 18 en Honduras, 10 en Nicaragua y 4 en la “pacificada” Panamá. Como detalla el informe, “juntos, los siete países que componen Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) tienen aproximadamente el mismo tamaño que Tailandia. No obstante, esta superficie tan reducida contiene el 12 % de la biodiversidad mundial”.

La estructura colonial previa es determinante para que se produzcan ese conflicto entre defensoras de la tierra y cárteles de empresa. “Casi la mitad de las personas defensoras asesinadas en Centroamérica en 2023 (17) eran indígenas”, señala Global Witness, “dos eran afrodescendientes y ocho se dedicaban a la agricultura a pequeña escala”.

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Los asesinatos han tenido lugar también en el norte. En México han perdido la vida 18 personas en 2023 y una fue asesinada en Estados Unidos durante el transcurso de una manifestación. Fuera de América, el foco principal de asesinatos es Filipinas. Desde 2012, 298 personas han sido asesinadas en el país del sudeste asiático.

Otra táctica de disuasión es la criminalización y judicialización de las defensoras del territorio que, señala Global Witness, “actualmente es la táctica que más se utiliza para silenciar a las personas defensoras de los distintos países”. Como señala el informe, en la última década los Estados han impuesto más restricciones a la capacidad de los grupos e individuos para organizarse. Este es el modelo preferido de represión en los países del llamado Norte global como EE UU, Reino Unido o los de la Unión Europea.

Pero el impacto de los intereses europeos va mucho más allá del territorio de la UE. Por este motivo, entre las recomendaciones lanzadas por Global Witness está el cumplimiento de la nueva directiva de la Unión Europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que obliga a las grandes empresas a aplicar medidas de diligencia debida en materia de derechos humanos y medioambiente a lo largo de sus cadenas mundiales de suministro, con especial hincapié en el apartado de los “productos libres de deforestación”, que afecta a materiales y alimentos como la madera, el caucho, el café, el aceite de palma o el cacao.

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