Andrés García Berrio: “En España hay un problema profundo de racismo institucional y social”

El portavoz del Centro Iridia de Defensa de los Derechos Humanos, un actor referente en la lucha contra la discriminación, reflexiona sobre el racismo en el Estado español.
Andrés García Berrio Abogado 1 de octubre proces
Álvaro Minguito Andrés García Berrio
Barcelona
24 feb 2021 10:00

En poco más de cuatro años, el Centro Iridia de Defensa de los Derechos Humanos se ha convertido en un referente en Cataluña de las luchas sociales contra cualquier tipo de discriminación. Además de proporcionar asistencia jurídica y psicosocial a las víctimas de la violencia institucional, incluido el racismo, su equipo de abogados se emplea a fondo en “litigios estratégicos” a través de los cuales se pueda elevar la protección de los derechos humanos al conjunto de la sociedad. Por ejemplo, gracias a su activismo se consiguió que el Parlament de Cataluña aprobara una ley que obliga a los Mossos de Esquadra a identificarse con un número para permitir depurar responsabilidades en casos de violencia policial. El Salto conversa con su portavoz, Andrés García Berrio, sobre la cuestión de la lucha contra el racismo, una de sus prioridades.

Se ha hablado mucho de la violencia racial en EEUU. ¿Existe un problema de violencia policial racista en España?
Sí, y es un problema que va más allá de lo que se ha podido visibilizar hasta el momento. Evidentemente, hay diferencias respecto a EEUU, sobre todo porque el uso de armas de fuego aquí es más bajo, y el nivel de la violencia también. Pero el racismo se manifiesta en otras actuaciones policiales, como en los criterios de selección de a quién se para por la calle, dónde se pone el foco de la lucha de la criminalidad. Se hicieron estudios que apuntan que dos de cada tres personas identificadas en la calle en Barcelona eran extranjeras. Hay toda una serie de estructuras que integran el sistema penal en su conjunto, y que operan desde el arresto de una persona, a la investigación, encarcelación y juicio, cuyas lógicas de actuación se traducen en la discriminación hacia las personas migrantes o racializadas.

No es casualidad que en un servicio de atención y denuncia de violencia institucional como el de Iridia, un 43% de los denunciantes sean personas migrantes y racializadas. Y la tendencia va en aumento

Los políticos aseguran que son casos aislados ...
No lo son, hay muchos ejemplos. El más claro es el del Tarajal, donde murieron decenas de personas después de ser disparadas con balas de goma al intentar entrar nadando a Ceuta, pero hay casos de palizas en los CIES, etc. No es casualidad que en un servicio de atención y denuncia de violencia institucional como el de Iridia, un 43% de los denunciantes sean personas migrantes y racializadas. Y la tendencia va en aumento. Por lo tanto, sí, hay un problema de racismo institucional.

¿Podemos hablar también de un racismo social, o sólo institucional?
Ambos se solapan. El problema no es que se digan comentarios racistas, sino de todo el racismo interiorizado por la sociedad. Vivimos en una sociedad que está normalizando que haya personas que gozan de menos derechos de forma estructural, aunque lleven aquí viviendo 15 o 20 años. Cualquiera que tenga rasgos diferentes a los blancos se considera que es una persona extranjera y se le asocian toda una serie de estereotipos. No hemos asumido que esta es una sociedad multirracial. El racismo social va mucho más allá del comentario racista. Tiene que ver con qué pienso yo del otro, cuando tengo miedo de alguien en base a qué perfil étnico.

¿Es la política migratoria un ejemplo de racismo institucional?
El racismo como eje estructural del pensamiento de la sociedad tiene una influencia en las políticas públicas, en cómo nos organizamos como sociedad, y eso se refleja en la política migratoria también. No se podría sostener una política migratoria basada en la discriminación continuada si no hubiera una lógica dominante racista que permite, por ejemplo, que se encierre a miles de personas en una cárcel a cielo abierto más de 72 horas, como ha sucedido en Canarias. Esa excepcionalidad se tolera solo hacia los cuerpos no blancos. Se naturaliza que no se respeten los derechos de los cuerpos no blancos para favorecer a una mayoría. Y esa es una lógica de jerarquización racista.

¿Cómo se podría cambiar esta situación tan arraigada?
La lógica racista, con [la creación de] sus estereotipos, opera igual que en otras categorías sociales, como el género. De la misma forma que hemos asumido que debe haber una revisión personal, cultural, e institucional de lo que son las relaciones machistas, de la discriminación de género estructural, se debe hacer lo mismo con el racismo. Sin esa asunción, es imposible transformarlo. Pero no existe en el ámbito político el reconocimiento de que existe ese problema. Es políticamente incorrecto reconocer que hay discriminaciones profundas.

Un estudio ha demostrado en Alemania que algunos grupos de extrema derecha se han infiltrado en las fuerzas de seguridad. ¿Podría pasar lo mismo en España?
Esto está aquí poco estudiado, no lo podemos saber. Yo creo que en los cuerpos policiales, probablemente, haya más o menos el mismo nivel de racismo social que en el resto de la sociedad. Todas las personas parten del mismo punto de partida en cuanto a prejuicios. Por ejemplo, en la creencia de que las personas no blancas delinquen más. Pero es cierto que hay prácticas o lógicas corporativas internas no revisadas que pueden llevar a que se persiga más a personas no blancas.

¿Lo mismo se puede decir de otras instituciones, como jueces o fiscales?
Sí, en parte, el problema es que tenemos una homogeneidad racial en estas instituciones. La diversidad de nuestra sociedad no encuentra su expresión dentro de la administración. Eso genera un marco que facilita la discriminación, ya que la capacidad de empatizar de los organos judiciales es más fácil cuando el perfil [de la víctima] es más cercano al suyo. Por ejemplo, es más fácil empatizar con alguien como Esther Quintana, que podría haber sido cualquiera, que con un mantero. He escuchado expresiones de fiscales diciendo que hay que tener mano dura con los extranjeros para aleccionarlos y que aprendan a adaptarse a nuestras normas.

En España cuesta mucho que se dicte una condena contra un policía ...
En España hay un problema profundo de falta de investigación de los delitos que comete el Estado, que pueden llegar al maltrato, la tortura o incluso la muerte. En vez de revisar cada pequeña actuación que pueda ser irregular generando un escenario de tolerancia cero hacia estas actuaciones, se prima el corporativismo, creando un marco de impunidad. Esto es así también para todo el mundo, pero esto se agrava cuando las personas son racializadas. Se debería hacer una revisión desde una lógica de normalidad democrática de cualquier actuación policial con el objetivo de elevar los estándares de los derechos humanos, pero no se hace. Recae entonces en la sociedad civil la responsabilidad de investigar estos casos. Y cada vez la sociedad está más movilizada, se presentan más denuncias. Se está perdiendo el miedo.

En España hay un problema profundo de falta de investigación de los delitos que comete el Estado. En vez de revisar cada pequeña actuación que pueda ser irregular generando un escenario de tolerancia cero hacia estas actuaciones, se prima el corporativismo, creando un marco de impunidad.

¿Cree que este marco de impunidad es una herencia del franquismo?
Sí, los 40 años de dictadura influyen porque no hubo una renovación en algunos cuerpos policiales y judiciales. Pero no es la única explicación, y ahí tenemos el ejemplo de los Mossos d'Esquadra, que caen en problemas similares. Me enoja especialmente cuando una administración señala a otra porque ha actuado mal, pero no aplica la misma exigencia a sus agentes.

¿Cuál la solución para cambiar esta situación?
La existencia de una sociedad civil movilizada. Es porque esta hizo su trabajo que, después de un proceso de una fuerte lucha social, se consiguió que los Mossos de Esquadra se identificaran por delante y por detrás. Este tipo de cambios son fruto de un ciclo de luchas. Hasta que se hayan elevado los estándares de protección [de los Derechos Humanos] el papel de la sociedad civil es elemental. Hay una lógica presente en todos los estados de no asumir su propia responsabilidad.

¿Hay algún ejemplo concreto de una práctica aplicada en el extranjero que se podría copiar?
Sí, en Inglaterra existe un cuerpo independiente que investiga las actuaciones policiales. No es un modelo perfecto, pero es mejor. Aquí es el propio cuerpo [policial] el que se investiga a sí mismo, y eso no funciona. Se debería crear un cuerpo independiente vinculado a un Ministerio de Derechos Humanos que dispusiera de competencias de investigación judicial para los casos de violencia en los cuerpos públicos.

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