Derechos reproductivos
Un informe constata la desigualdad territorial en el acceso al aborto

Más del 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se realizan en centros privados acreditados, aunque estén financiadas por el sistema público de salud, lo que permite concluir que la externalización del servicio es uno de los principales obstáculos identificados para el acceso al aborto. 

Es una de las conclusiones del estudio El aborto en España: barreras y retos para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo realizado por la Federación Mujeres Jóvenes y presentado esta semana en el Instituto de las Mujeres en un acto con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández.

La falta de protocolos homogéneos, la insuficiente formación de profesionales, la falta de rigor y registros en la aplicación de la objeción de conciencia son algunas barreras en el acceso al aborto

El informe identifica otras barreras: la falta de protocolos homogéneos, la insuficiente formación de profesionales, la falta de rigor y registros en la aplicación de la objeción de conciencia y el estigma social configuran un escenario en el que la IVE, pese a estar reconocida como un derecho de salud sexual y reproductiva de las mujeres, se ejerce de forma desigual y condicionada por factores territoriales, psicosociales y económicos.

Unas desigualdades que, concluyen, “inciden especialmente en mujeres jóvenes, migrantes, con discapacidad o en situación administrativa irregular”. El estudio recomienda integrar la IVE en la red pública de salud, regular la objeción de conciencia, formar y capacitar al personal sanitario, establecer protocolos homogéneos e información clara, atender sin estigmas y con un enfoque feminista, garantizar el acceso inclusivo para colectivos vulnerables y promover una educación sexual integral.

El informe incluye además un análisis comparativo de cuatro territorios: Castilla La Mancha, Cantabria, Madrid y Cataluña. Un análisis que evidencia que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en España depende en gran medida del lugar de residencia, configurando un escenario de desigualdad geográfica. 

Cuatro comunidades, cuatro modelos

Castilla-La Mancha, una comunidad con gran ruralidad y dispersión geográfica deriva de forma sistemática a las mujeres a clínicas privadas: en 2023, de los 3.578 abortos realizados en Castilla-La Mancha, solo cinco se llevaron a cabo en centros públicos según los datos del informe anual del Ministerio de Sanidad, una cifra anecdótica. Además, solo existen dos clínicas privadas, las de Albacete y Ciudad Real. “Esta situación conlleva dificultades añadidas como desplazamientos forzosos —en ocasiones a otras provincias—, costes indirectos y barreras de acceso a la información en centros de atención primaria, donde en muchos casos no existen protocolos claros para orientar a las usuarias”, recoge el informe.

Una realidad cántabra es la elevada prevalencia del método farmacológico, de modo que mujeres que optan por el aborto instrumental se enfrentan a barreras muy claras

Cantabria, por su parte, presenta un modelo de acceso a la IVE relativamente integrado en la red pública, dice el informe, con una parte significativa realizadas en el Centro de Salud Sexual y Reproductiva La Cagiga. Los datos de Sanidad reflejan un avance a pesar de que mayoritariamente las IVEs siguen haciéndose en clínicas privadas. Si en 2022 el porcentaje fue del 94,5%, en 2023 fue del 89,3%, en una comunidad en la que no existen clínicas privadas.

Otra realidad cántabra en la elevada prevalencia del método farmacológico, de modo que “las mujeres que optan por el aborto instrumental se enfrentan a barreras muy claras, como la necesidad de desplazarse fuera de la Comunidad con el coste económico que ello conlleva y la falta de acompañamiento adecuado durante todo el proceso”. A estas dificultades se suman carencias en la formación de los y las profesionales sanitarios y la insuficiente garantía de una información clara y accesible para todas las mujeres.

Según el informe, Madrid “constituye uno de los ejemplos más evidentes de privatización estructural del servicio, con una escasa implicación de los hospitales públicos en la práctica de la IVE”. En Madrid, “las mujeres se enfrentan a obstáculos burocráticos que retrasan el acceso, reforzando el estigma y añadiendo una presión social adicional al proceso”, lo que tiene que ver con que, a diferencia de otras comunidades autónomas que han elaborado protocolos clínicos y asistenciales propios para regular el acceso y manejo de la interrupción voluntaria del embarazo(IVE), la Comunidad de Madrid no cuenta con un protocolo autonómico exclusivo. La existencia de grupos antiderechos que acosan a las mujeres en las clínicas es otra realidad que refleja el informe. 

Cataluña es “el territorio que muestra un modelo más equilibrado” según el informe de Mujeres Jóvenes 

El informe describe Cataluña como “el territorio que muestra un modelo más equilibrado”. Según los datos del Ministerio de Sanidad, aproximadamente el 52,5% de los abortos se realizaron en centros públicos en 2023 en este territorio. El modelo catalán se basa en un itinerario en Cataluña comienza preferiblemente en los centros ASSIR, aunque también se puede acceder desde los Centros Jóvenes de Atención a la Sexualidad (CJAS). En ambos espacios las mujeres reciben información, acompañamiento y asesoramiento sobre el método más adecuado. En caso de elegir el método farmacológico, pueden realizarlo en el propio ASSIR, mientras que las intervenciones instrumentales se derivan a clínicas acreditadas o, en casos específicos, a hospitales públicos. “Esta estrategia ha permitido integrar el aborto temprano en la Atención Primaria, reduciendo costes y evitando una medicalización innecesaria”, dice el informe de Mujeres Jóvenes. “Aun así, subsisten desigualdades internas entre áreas urbanas y rurales, donde la prestación es más limitada”, sigue, mientras que también se identifican barreras vinculadas a la objeción de conciencia y a la falta de homogeneidad en la organización de los circuitos sanitarios.

La ley del aborto fue reformada ampliamente en 2023. Uno de los objetivos más ambiciosos de la reforma era facilitar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos. El primer paso para lograrlo era la creación de un registro de objetores de conciencia que pudiera ayudar a organizar los servicios en la Sanidad pública.

Lucía Candeira, coordinadora del informe, cree que se trata de una buena reforma y de una buena ley, pero “necesitamos que se ponga en marcha”. Además, “no puede ser que el derecho al aborto dependa del código postal”. Candeiras cree que el objetivo debe ser abortar en la sanidad pública y con garantías, en un contexto que tenga en cuenta que la interrupción voluntaria del embarazo es una prestación sanitaria sobre la que a vece pesa un estigma que hay que eliminar.

Además, sigue, el estudio indica que debe haber un esfuerzo para garantizar la elección del método, también en la pública. Lo que parece mostrar el estudio es que garantizar el aborto en la pública está tendiendo a que se realice con el método farmacológico, “que es más barato pero no siempre es el mejor método”. “No entendemos el aborto farmacológico como una barrera, pero también tenemos que garantizar que las mujeres que decidan que prefieren el método instrumental puedan hacerlo en la pública”, explica: “Lo que es fundamental es que las mujeres puedan decidir informadamente”.