Derechos sociales
UGT y Comisiones Obreras convocan movilizaciones el 2 de febrero por la derogación de la ley ómnibus

La derogación de la ley ómnibus el pasado miércoles 22 de enero en el Congreso ya tiene una respuesta por parte de algunos sindicatos: UGT y Comisiones Obreras (CC OO) se movilizarán el domingo 2 de febrero “para rechazar la anulación de todas las medidas de protección social y financiación de la Seguridad Social rechazadas con el voto conjunto de Junts, PP y VOX”. Así se han expresado los sindicatos mayoritarios en un comunicado conjunto la mañana de este jueves, el primer día de decaimiento de varias medidas de protección social, la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte o a los afectados de la DANA. Muchas de las 80 medidas podrían ser recuperadas en el Consejo de Ministros del próximo martes, y algunas de ellas podrían contar con el apoyo de PP y Junts, según han declarado las formaciones conservadoras.

UGT y CC OO consideran la derrota del Gobierno el pasado miércoles en sede parlamentaria como un ejercicio de “oportunismo político con elevadísimos costes sobre las espaldas de la ciudadanía”. La no convalidación de la ley donde el Ejecutivo había incluido multitud de medidas de diferentes ámbitos y normas de distinto rango podría afectar a millones de personas: pensionistas que no verán revalorizada su pensión, perceptores del SMI y el Ingreso Mínimo Vital, personas usuarias del transporte o aquellas en situación de vulnerabilidad.

UGT y CC OO consideran la no aprobación de la ley una “agresión sin precedentes a la mayoría social”, e instan al Gobierno a recuperar las medidas vía Real Decreto Ley

“Hablamos de una agresión sin precedente a la mayoría social, y especialmente a personas vulnerables, clase trabajadora y clases populares en general”, denuncian las centrales sindicales en el comunicado enviado a medios. Por ello, invitan a “todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas” a sumarse a las movilizaciones si aprueban sus reivindicaciones: aprobación por el Gobierno de un nuevo paquete de medidas y convalidación posterior de las normas por parte del Congreso.

Junts ya ha afirmado que apoyará la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte si el Gobierno presenta las medidas en decretos separados. Además, el Ejecutivo podría aprobar vía decreto las medidas decaídas en el próximo Consejo de Ministros (agendado para el martes 28).

Los efectos

El decaimiento de las medidas entró en vigor la mañana de este jueves. Algunas son inmediatas, pero otras tardarán unas semanas en notarse y dan margen para que el Ejecutivo actúe para evitar que la ciudadanía sufra su derrota parlamentaria.

Algunas comunidades autónomas, como Galiza, La Rioja, Andalucía, Aragón o Madrid, ya han anunciado que asumirán el coste de seguir bonificando el abono de transporte para que no vuelva al precio anterior a la entrada en vigor de las medidas excepcionales para luchar contra la inflación derivada de la guerra de Ucrania. Otras comunidades no asumen la parte de la bonificación de la que se encargaba el Estado, pero seguirán manteniendo la ayuda autonómica: Cantabria, Euskadi, Castilla y León, Catalunya, País Valencià o la Región de Murcia así lo han anunciado. No se sabe durante cuánto tiempo se harán cargo de esta ayuda. Castilla-La Mancha ha sido la única comunidad, por el momento, que ha declarado que no mantendrá ninguna bonificación.

Algunas comunidades autónomas se harán cargo de la totalidad de la bonificación al transporte. La revalorización de las pensiones y el IMV se percibirán en enero, pero decaerán el próximo mes. Ha quedado derogado el SMI, pero el Gobierno ha movido ficha para evitar que las nuevas contrataciones estén por debajo de los 1.134 euros mensuales

Sobre la revalorización de las pensiones, el alza del 2,8%, del 6% de las mínimas y del 9% en las no contributivas se percibirá en enero, al igual que el Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, estas medidas decaerán en febrero si no se le pone remedio.

La ley ómnibus también incluía una prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2024, que se fijó en 1.134 euros brutos mensuales, hasta la aprobación de uno nuevo este año. Esta retribución mínima ha desaparecido por los votos de PP, Vox y Junts. Ante esta situación, la Dirección General de Trabajo ha emitido un Criterio interpretativo para tratar de evitar bajadas salariales: la instrucción determina que la desaparición de la prórroga no afecta a los salarios vigentes y que las nuevas contrataciones no deben tomar como referencia un salario mínimo inferior al fijado en el SMI de 2024. “La Inspección de Trabajo vigilará que las personas trabajadoras reciban puntualmente la remuneración pactada y verificará el cumplimiento estricto de esta obligación empresarial”, asegura un comunicado emitido por el Ministerio de Trabajo.