Congreso de los Diputados
El Congreso aplasta el ‘escudo social’ del Gobierno

La moratoria de desahucios y de cortes de suministros para familias vulnerables del ‘escudo social‘, así como los descuentos en el transporte y en el bono social eléctrico quedan suspendidos tras la derrota del Gobierno en el Congreso.
Desahucio Mariano 22.01 - 1
Tercer y definitivo intento de desahucio de Mariano, en Madrid, este 22 de enero de 2025. Dani Gago
@MartinCuneo78
@martincuneo.bsky.social
22 ene 2025 17:00

La decisión del Gobierno de llevar la votación de decenas de medidas de diferente rango y contenido en una ley ómnibus y el voto contrario del PP y Junts ha acabado, al menos de momento, con lo que quedaba del ‘escudo social’, un conjunto de medidas lanzadas de forma temporal por el Ejecutivo de coalición durante la pandemia y la crisis originada por la guerra de Ucrania. Muchas de las 80 medidas incluidas en este megadecreto podrían ser recuperadas en el siguiente Consejo de Ministro o a través de otras leyes por separado. Algunas de ellas podrían contar con apoyos suficientes para salir adelante, según las declaraciones del PP y de Junts.

Mientras tanto, con la ley ómnibus derogada, decenas de miles de hogares vulnerables se ven expuestos a un posible desahucio y a potenciales cortes en el suministro de electricidad, agua o gas.

La moratoria de desahucios del ‘escudo social’ vencía el pasado 31 de diciembre y había sido ampliada por el Real Decreto-ley 9/2024, también conocido como ley ómnibus. Al no ser validado por el Congreso este 22 de enero, decenas de miles de familias han quedado expuestas a una “epidemia de desahucios”, tal como advertían desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Observatorio Desca. Según un informe presentado el pasado 10 de diciembre por este último organismo, la aplicación de esta moratoria de desahucios ha evitado que 24.659 familias perdieran sus hogares en desahucios entre 2021 y 2023, uno de cada cuatro.

Aunque este procedimiento está lejos de resultar útil para todas las familias vulnerables que lo necesitan por la libertad interpretativa que deja a los jueces y el exceso de burocracia, esta moratoria ha ayudado a decenas de miles de familias a seguir teniendo un techo. Al decaer la moratoria, advertían, “todos estos procedimientos pasan al sistema de intermediación prevista en la ley de vivienda”, un mecanismo que no está implementado en la mayoría de Comunidades Autónomas, dicen los autores del informe Impacto de la moratoria de los desahucios (2021-2023)

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Derecho a la vivienda La moratoria del ‘escudo social’ no ha servido para impedir tres de cada cuatro desahucios
Un redactado poco claro, que deja libertad a los jueces para saltarse la moratoria, limita su alcance. A pocas semanas de su fin, organizaciones de vivienda piden que sea mejorada, ampliada y convertida en permanente.

“Las consecuencias de permitir que la derecha mande aunque no gobierne son desastrosas para la gente. Qué tristeza, qué rabia que caiga el escudo social, que incluye la suspensión de miles de desahucios y las ayudas al transporte, y que tanto nos costó conseguir”, decía en redes sociales poco después de la votación la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

Con la derogación de la ley ómnibus también decae otro de los pilares del ‘escudo social’: la garantía de suministro de agua y energía a consumidores “en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social”, una moratoria parcial de cortes de suministro que se había enfrentado con los mismos límites que la de desahucios pero que había servido para contener los efectos de la crisis en miles de hogares vulnerables.

El decreto ómnibus también prorrogaba un año más los valores extraordinarios de los descuentos del bono social —del 25% al 65% y del 40% al 80% en función de la categoría—, aprobados en el contexto de crisis energética. La suspensión de estas medidas de contención afectarán de una forma contundente en las más de diez millones de personas que sufren la pobreza energética en sus diferentes formas, según ya denunciaba una veintena de organizaciones sociales el pasado diciembre ante el temor de que estas medidas decayeran.

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Las ayudas al transporte —que han beneficiado a 20 millones de personas— es otra de las medidas del ‘escudo social’ que quedan en el aire tras la votación en el Congreso, a la espera de que el Gobierno vuelva a negociar con sus aliados y otros partidos del hemiciclo o acepte, como le recomendaba el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que la legislatura ya se ha acabado.

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