Desahucios
Nuevo desahucio vinculado al alquiler en Málaga

Ayer, 22 de mayo, se produjo en Carrera de Capuchinos (Málaga) un nuevo desahaucio a una familia sin alternativa habitacional. Nada nuevo bajo el sol.

Bajo la impotencia de los activistas que trataban de detenerlo, la UIP (los conocidos como antidisturbios) procedió a desalojar la vivienda en la que hasta ayer vivía Khadija con sus tres hijos, uno de ellos menores. A pesar de los esfuerzos de la abogada del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga, los propietarios del inmueble no quisieron dar un mes más de prórroga a la familia para que pudiera encontrar una vivienda en la que rehacer su vida.

Esta urgencia por desalojar la vivienda tiene que ver, según la portavocía del sindicato, con la intención de los dueños de convertir dicho piso en un apartamento turístico. El dueño de la vivienda desalojada, que según los allí presentes mantuvo una actitud jocosa durante todo el suceso, posee la propiedad de todo el edificio; dos de los siete pisos ya están destinados a alquiler turístico. En realidad, los propietarios tienen motivos para estar contentos. Según los últimos datos aportados por Inside Airbnb, los propietarios de la que hasta ayer era la vivienda de Khadija gestionan además al menos 4 pisos turísticos más en dicha plataforma. Es decir, un total de seis pisos en la ciudad de Málaga. Gracias a ellos pueden obtener unos beneficios diarios que rondan los 390 euros (aproximación calculada de la suma del precio de la estancia por noche en cada uno de los apartamentos). Ello podría estar llegando a reportarles unos beneficios de más de 9.000 euros al mes.

La situación vivida por Khadija y su familia se repite cada día más en nuestras ciudades, con causas que son ya sobradamente conocidas. Para empezar, la llegada a Málaga de SOCIMI y fondos de inversión nacionales y extranjeros, además de la multiplicación de apartamentos turísticos de medianos y grandes propietarios. Nadie quiere quedarse sin su trozo del pastel en este festín especulativo.

Según el último informe sobre Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales publicado por el Consejo General del Poder Judicial en España, durante 2018 los lanzamientos por impago de alquiler no pararon de crecer con respecto al año anterior, llegando a su cifra más alta en el tercer trimestre (un 7,9%). En dicho período Andalucía fue la segunda región que mayor número de lanzamientos registró, por delante de comunidades más pobladas como Madrid.

De hecho, desde hace dos años, dichos procedimientos judiciales han superado ya los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias, que presentan una tendencia decreciente hasta el último trimestre de 2018, cuando volvieron a incrementarse brevemente. Por su parte, Málaga lleva encabezando este vergonzoso ranking desde 2013, cuando comenzó el registro. Si hablamos de lanzamientos relacionados con el alquiler en 2018, es seguida de lejos por Sevilla (840), Cádiz (801), Granada (550), Almería (449), Córdoba (311), Huelva (245) y Jaén (200).

En la provincia malagueña se registraron el año pasado 1.697 lanzamientos relacionados con la LAU. Málaga continúa con esta tendencia desde 2014, con un crecimiento del 2,4% cada año hasta el 2018, cuando se registró el mayor aumento (un 6.8%). Para hacernos una idea de la magnitud, el número de lanzamientos por impago del alquiler se incrementó un 19'89% en 2018 con respecto a 2014.

Todo esto ocurre en una provincia que, según los datos del 2016 de la Estadística de declarantes del IRPF publicada por la Agencia Tributaria, tiene una renta bruta media por hogar de 22.631 euros anuales , situándose como una de las más bajas del conjunto estatal.

Posturas políticas

Ante esta situación, y en plena campaña electoral, los partidos políticos que pugnan por la alcaldía de Málaga tienen mucho que decir. O no.

Desde el Partido Popular, que gobierna en la ciudad desde 1995, proponen impulsar promociones de viviendas protegidas en alquiler con y sin opción a compra y para ello abre la puerta a que el sector privado acceda a la construcción de dichas promociones. Otra de sus medidas estrella es el plan de ayuda al alquiler para menores de 35 años, lo que deja fuera a muchos afectados por la subida del alquiler de otros rangos de edad. Por otro lado promete bonificaciones fiscales para el fomento del alquiler de larga duración.

Respecto a las viviendas turísticas, abogan por regular el número de las mismas siempre y cuando cuente con el beneplácito de la comunidad de vecinos-propietarios, pero prometiendo tener en cuenta la saturación de los barrios. En cuanto a las inspecciones de viviendas turísticas ilegales, los populares malagueños echan balones fuera, desviando dicha responsabilidad hacia la administración autonómica o central, aunque se compromete a colaborar con ambas.

Ciudadanos, socios de gobiernos del PP, aportan medidas muy generales en su programa electoral en materia de vivienda. Prometen crear un parque público de vivienda en alquiler sin especificar cuántas serán ni cómo lo harán. Asume también la fórmula del PP y busca la participación del sector privado para la promoción de viviendas protegidas en régimen de alquiler. De manera también general, prometen la facilitación de una vivienda temporal a las personas afectadas por desahucios. Sin embargo, no tienen medidas para evitar la posibilidad de un desahucio para las familias sin alternativa habitacional.

El PSOE malagueño propone, entre otras medidas y de forma general, la creación de viviendas públicas de protección oficial y de alquiler público. Buscan poner coto a las viviendas turísticas ilegales investigando aquellas denunciadas por vecinos afectados. Y, al igual que el PP, permitirá que cualquier vivienda pueda tener un uso turístico siempre y cuando cuente con la aprobación de la comunidad de vecinos.

La candidatura municipalista Málaga Ahora detalla en su programa un Plan Municipal de Vivienda Digna con medidas más concretas, como bonificaciones para los bienes inmuebles de particulares que se destinen a alquiler y penalizaciones para las viviendas desocupadas permanentemente. La movilización de viviendas vacías aparece de una u otra manera en los programas de todos los partidos exceptuando Ciudadanos, quién según un informe del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Málaga, es contrario a esta medida.

Málaga Ahora apuesta por destinar el 30% de las viviendas de nueva construcción y procedentes de rehabilitaciones integrales a vivienda social protegida y priorizando el régimen de alquiler. Son además estrictos con las medidas para la regulación de los alquileres turísticos ilegales, actualizando el registro de las viviendas turísticas actuales, identificando y restringiendo las viviendas turísticas en zonas ya saturadas y obligando a adquirir licencias de negocio de hospedaje profesional para alquileres que superen 90 días al año.

Por último, muchas de las medidas de Adelante Málaga (coalición formada por IU y Podemos Málaga) son coincidentes con las de Málaga Ahora. Mediante el Plan Municipal para el fomento de la vivienda en alquiler buscan crear ventajas fiscales para los propietarios que pongan su vivienda en alquiler asequible. También promueven la creación de un 30% de vivienda social protegidas y fomentan, y al igual que MA y PP (aunque este último en términos más generales) la creación de un Observatorio Municipal de la Vivienda.

En definitiva, todos estos partidos parecen dilucidar que el acceso a la vivienda es una problemática a abordar en la siguiente legislatura, pero hasta este domingo 26 de abril todo son promesas. No obstante, como aseguraba la abogada del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Málaga "preocuparse no es suficiente, necesitamos medidas". De momento, esta semana Khajida y su familia dormirá en un hostal a la espera de que los servicios sociales les ayuden a encontrar una vivienda de alquiler asequible. Al igual que ella, muchos de los afectados esperan que la buena voluntad de la campaña electoral se traduzca en mejoras reales para la población malagueña.