Pobreza
El Gobierno responde con “triunfalismo” a la reclamación colectiva contra el IMV presentada ante Europa

“Estamos comprometidos con reducir al máximo la pobreza y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha demostrado ser una herramienta poderosa, ya que no es solo una prestación económica, es una inversión en personas con la mirada puesta en el futuro”. Con estas palabras, la ministra Elma Saiz celebraba el pasado 9 de junio los cinco años de IMV. Pocos días después, el Comité  Europeo de Derechos Sociales admitía a trámite la reclamación colectiva presentada por la organización ATD Cuarto Mundo, entidad que lleva este último lustro acompañando a las personas perceptoras del IMV por un camino lleno de sobresaltos.

El 24 de octubre, la Abogacía General del Estado, en nombre del Gobierno, daba su respuesta ante los requerimientos del Comité afirmando que esta ayuda cumple con la Carta Social europea. El documento decepcionaba profundamente a ATD Cuarto Mundo, y a la Oficina Jurídica de Derechos Sociales (OJDS), entidades que han pasado años recopilando pruebas de las fallas del IMV a pesar de lo que señalan como una constante opacidad de los datos relativos al subsidio. Ambas organizaciones critican, en una nota de prensa, cómo el IMV aparece en la retórica del Gobierno como una medida “modélica, única en el mundo” y “alineada con el Pilar Europeo de Derechos Sociales”, sin que la Abogacía haya respondido en concreto a ninguno de los problemas que se documentaban detalladamente en la reclamación. 

Desde la OJDS, el abogado Juan Carlos Rois no se muestra sorprendido por la respuesta de la administración: “La contestación del gobierno es más bien una constatación. Primero pidieron un poco más de tiempo para contestar, se suponía que eso serviría para hacer algo elaborado y que tuviera una relación directa con las quejas que se planteaban. Y lo que hacen es dar una respuesta absolutamente genérica”.

Si hay algo que molesta a este activista y a las entidades firmantes es el triunfalismo con el que consideran que el Gobierno defiende una medida que provoca un sufrimiento con el que ellos se encuentran día tras día. “Asumen que con el IMV han hecho algo único en el mundo, debe ser que en los países del Consejo de Europa no existían este tipo de prestaciones”, ironiza, antes de recordar que desde los años 60 este tipo de prestación social es común en los estados europeos.

“Vamos a llevar al comité la gravedad de la situación que hay con datos lo más objetivos posibles, cuantitativos y cualitativos”

Rois estima que la información aportada por el Gobierno no le va a bastar al Comité. Mientras, las organizaciones preparan su respuesta: “Vamos a llevar al comité la gravedad de la situación que hay con datos lo más objetivos posibles, cuantitativos y cualitativos”, también esperan que el presidente del Comité invite a entidades sociales de la sociedad civil que clarifiquen las problemáticas del IMV.

Por su parte, en su nota de prensa, ATD Cuarto Mundo y la OJDS recuerdan cuáles son los incumplimientos señalados: “La insuficiencia de rentas; la discontinuidad de la prestación; las limitaciones por edad; las limitaciones por residencia legal; la falta de armonización con las prestaciones de las Comunidades Autónomas; las deficiencias del sistema de revisión y actualización de las prestaciones; las deficiencias en la concepción de la compatibilidad con ingresos de trabajo; el impacto negativo en personas con mayor, vulnerabilidad o el grave problema de los cobros indebidos”.

Deudas, suspensiones e incertidumbre

De la lista de problemáticas señaladas en la Reclamación Colectiva, Cristina, una madre separada con dos hijos residente en Galicia, ha sufrido unas cuantas. Perceptora de la ayuda por menor a cargo desde 2013 —cuando se divorció asumiendo la custodia de los menores—  dos veces al año le llegaban unos 300 euros, la cantidad que estipulaba este subsidio, del que se benefician en gran medida madres separadas. En 2020, y con sus hijos más mayores, Cristina aprovechó el parón para sacarse el carnet de conducir y acabar el grado de Psicología. Por aquellas fechas, el Gobierno presentaba el IMV apuntando a unos objetivos ambiciosos en términos cuantitativos. Para facilitar llegar a semejantes cifras, la Seguridad Social convirtió las prestaciones por hijo a cargo en Ingresos Mínimos Vitales. Lo hizo de oficio, sin que las personas perceptoras tuvieran si quiera que solicitarlo. Cristina fue una de las “beneficiadas”.

Recuerda cuando le llegó la que llama “la madre de todas las cartas”, o “la carta primigenia”: “Fui a recogerla a Correos, me puse a leerla por la calle. Me decían que la prestación por hijo a cargo se va a extinguir y que se va a sustituir por el IMV y que es una prestación distinta. Que es mensual y que la voy a cobrar de acuerdo a mi situación económica”. La carta se la manda la Seguridad Social, que sabía lo que ingresaba o cuál era su domicilio, por lo que nada le hizo sospechar.

Después habría una segunda carta, “me la envía el señor Jose Luis Escrivá [por entonces ministro] para garantizarme que el IMV me va a subir anualmente”, ironiza. Eso es a principios de 2021. Solo unos meses después llegó la carta fatal: la Seguridad Social le reclamaba, tras un año y medio de percibir la prestación, una deuda de 12.700 euros que debía abonar en el plazo de un mes mediante un pago único. “Al principio tú no estás familiarizado con este tipo de gestiones y hasta te suena raro, ¿no? Mis hermanos me han llegado a decir: ‘A ver si es una estafa, ¿no te ha llamado ningún funcionario?’”.

No era una estafa: al concederle de oficio el IMV, pese a tener todos los datos, la Seguridad Social no había tomado en cuenta la pensión por alimentación que Cristina percibía por sus hijos. “Ellos hicieron las cosas mal, ellos pagaron un dinero. Nueve meses después de la carta del ministro me mandan otra carta y me acusan porque yo he estado cobrando indebidamente. No señor, usted se ha equivocado. Yo no he cobrado indebidamente nada en mi vida”, denuncia Cristina. Lo que más le molesta es que la administración, en lugar de comunicarse con ella y con otras en su situación para informarle de que había cometido un error, y así buscar una forma de solucionarlo y renegociar las prestaciones, las acusó de cobrar indebidamente algo que ni siquiera habían solicitado. 

Nadie sabe a ciencia cierta cuántas cartas como la que recibió Cristina se han mandado, de lo que sí hay constancia es que han hecho estragos en la vida de gente que vive al límite, y que no puede hacer frente a semejantes deudas. Así lo consideran en el colectivo Afectados por el IMV, donde las personas comparten sus casos y su desesperación. La actualización tardía de las cuantías que les corresponden deja a mucha gente en estado de alerta. Por eso, cuando le pregunto a una de sus integrantes, Ana, cómo se han tomado la respuesta del Gobierno a la Reclamación Colectiva, pide que le deje respirar un momento para no soltar barbaridades. “Se están pasando tres pueblos porque ellos saben que el triunfalismo no es cierto”, consigue resumir esta mujer canaria, que ya ha sufrido la llegada de las famosas cartas de cobros indebidos, como resultado de trabajar temporalmente o percibir otras ayudas que en principio eran compatibles pero que en la práctica siempre le dejan a deber con la administración.

Paco (el entrevistado prefiere no dar su verdadero nombre) es voluntario de una gran entidad del tercer sector. Abogado jubilado, a su teléfono llegan consultas todo el tiempo, no solo del IMV. Quienes le conocen por su labor en la entidad se pasan el teléfono entre ellos para que les pueda echar una mano con las diversas prestaciones. Hace unas semanas, una usuaria le pidió a Paco que, como venía haciendo los últimos años su entidad, le hiciera un certificado de que las personas con las que comparte domicilio no guardan relación de parentesco con ella, es decir, que no son unidad de convivencia, la referencia en la que se basa la Seguridad Social para evaluar si se tiene derecho al IMV y con qué cuantía.

El 1 de octubre terminó el convenio que habilitaba a estas entidades para facilitar un trámite que se debe renovar anualmente. A partir de entonces, han de dirigirse de nuevo a los Servicios Sociales, donde se acumulan las gestiones. El empadronamiento es central para poder percibir la ayuda, pero arrastra una falencia importante. Muchas personas que podrían ser perceptoras carecen de contratos de alquiler regulares, viven atravesadas por la inestabilidad residencial, y se ven obligadas a compartir pisos con personas con las que no guardan relación de parentesco.

Las idas y venidas de estas vidas, se ven acompañadas de altas y bajas del padrón, que no quedan registradas inmediatamente en el Instituto Nacional de Estadística, que es la fuente que consultan en la Seguridad Social para ver cómo se conforman estas unidades de convivencia, explica Paco. Si los datos no cuadran, se suspende el IMV de manera cautelar. En un documento facilitado a las personas que necesitan estos certificados para demostrar que no tienen relación de parentesco con sus coinquilinos, se les sugiere que firmen un contrato por la habitación que arrendan, algo que no resulta fácil. Además, las condiciones para empadronarse se han complicado en los últimos tiempos, solicitándose más documentación, desarrolla.

“En la primera reclamación que puse, la chica que me atendió me confesó ‘mira esta prestación cada vez que viene alguien con algún tipo de pregunta nos echamos a temblar de lo mal que está hecha”

Para este abogado la cuestión del empadronamiento es una pescadilla que se muerde la cola: muchas personas no pueden acceder al IMV porque no están empadronadas, y como no tienen recursos no se consiguen empadronar: “Esas personas, si tuvieran desde el principio el IMV, sí podrían acceder en mejores condiciones al alquiler, y eso les permitiría vivir con más dignidad”. Ante las dificultades para empadronarse, explica, hay de hecho un mercado ilegal para comprar estos documentos. “Ya han dicho que van a luchar contra esto y me parece bien, pero hay que buscar una salida para todas esas personas que están metidas en ese círculo. ¿Qué haces si no? ¿Mandarles a la calle bajo un puente? Tienes que buscar una solución airosa, razonable y digna para ellas”.

Pero si Paco debe señalar un problema prioritario cuando le llegan llamadas de personas perceptoras del IMV desesperadas, es la cuestión de las deudas generadas cuando se actualiza la prestación o por errores de la administración. No entiende cómo, existiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos conocida como Cakarevic contra Croacia, esta no se aplica automáticamente. Se refiere al caso de una mujer croata a la que le fue reclamada una deuda por una prestación por desempleo que se le había asignado erróneamente. La afectada elevó su caso hasta el TEDH, en 2018 este determinó que la administración no podía reclamar una deuda cuando había sido originada por un error propio, la prestación constituía el sustento básico de la persona y esta no había actuado de mala fe. Esta jurisprudencia ya ha sido aplicada en España, pero Paco considera que debería legislarse para garantizar que todos los juzgados la tengan en cuenta.  

Cristina piensa que las trabajadoras de la Seguridad Social que la han atendido hubiesen querido darle una solución airosa y razonable a sus problemas con el IMV, pero que el diseño de la propia prestación se lo impidió. “En la primera reclamación que puse, la chica que me atendió sacó el libro de Petete, allí se puso a leerlo todo y me confesó: ‘mira esta prestación cada vez que viene alguien con algún tipo de pregunta nos echamos a temblar de lo mal que está hecha’”. Fue otra funcionaria la que, cuando fue a pedir explicaciones por la carta en la que le reclamaban 12.700 euros, le dijo, preocupada, que se buscara un abogado.

A Cristina no le aplicaron la doctrina Cakarevic en su juicio, así que ha recurrido al Supremo. Mientras tanto, se niega a pagar. Si consiguiera un trabajo la nómina le sería embargada. Ha pensado en hacerse autónoma y ofrecer algún servicio de acompañamiento psicológico. Pero la deuda le impide acceder a la cuota reducida. No es posible invertir en el futuro en su situación. “Estoy bloqueada”, lamenta. Ahora está decidida a esperar el tiempo que haga falta para ganar la batalla contra una deuda que considera injusta. Espera que esto suceda cuando su caso llegue al Supremo: “En los juzgados de provincias no se atreven a aplicar la doctrina. Básicamente es cobardía judicial, no quieren ese marrón”. 

Con sus abogadas de oficio ha compartido su desconcierto ante cosas que le resultan difíciles de entender. Como que a veces le apliquen la condición de familia monoparental y otras no. O que la sentencia le rebajara la cuantía de la deuda, pero sin embargo durante meses le llegaran los pagos fraccionados en base a la cuantía original. O tener que pagar para pedir un aplazamiento de la deuda. Hace unas semanas, le llegó una carta en la que le actualizaban la nueva cuantía de su IMV. Cero euros. “Yo te digo una cosa, tú coges a tres funcionarios de la Seguridad Social, les das mi caso y les dices ‘haz las cuentas’. Me apuesto la mano derecha a que no le sale a ninguno la misma cantidad”.  Detrás de esa cuantía “cero euros” Cristina imagina que está el hecho de que su hijo haya empezado a trabajar algunos fines de semana como camarero para sostener su recién iniciada vida universitaria. A ella también le gustaría poder pagar la matrícula del máster habilitante necesario para trabajar como psicóloga. Cuesta 12.000€. Prácticamente lo mismo que su deuda inicial, ironiza.

“Ponte a trabajar”

Tras la indignación por la respuesta del gobierno, ATD Cuarto Mundo y la Oficina Jurídica de Derechos Sociales junto a otras entidades que viven cotidianamente las fallas del IMV, se han puesto a trabajar para que el Gobierno cumpla. Rois es optimista en este sentido, aunque no tienen una bola de cristal, prevé que el Comité publicará una decisión en la que obligue a España a cambiar la  legislación: “Van a decir que la regulación española del ingreso mínimo no es conforme con los criterios de mínimos que establece la Carta Social”. No sería la primera vez, España ya ha sido condenada en otras ocasiones por las limitaciones de sus rentas mínimas autonómicas. “Han condenado a España en cuatro cosas que esta normativa perpetúa: uno, que las prestaciones son insuficientes en términos económicos. Dos, que limitan el derecho condicionándolo a la posibilidad de empadronamiento. Tres, que excluye a las personas extranjeras en una situación irregular, y cuatro, que no se puede suspender la prestación mientras dura la necesidad”.

Mientras las perceptoras siguen luchando por sus derechos se sienten solas: por un lado escasea la atención mediática por lo que sufren, por otro lado, se les estigmatiza. Incluso por parte de quienes en principio deberían ayudarles. “Tuve una abogada que era una señora estupenda que trabajaba en un despacho estupendo en el centro de Vigo. Y hablando de la deuda, llegó a decirme con un aire muy suficiente: ‘lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar’. Le respondí: ‘¿Tú crees que yo me estoy resistiendo a ello?’”, se indigna Cristina, quien concluye que aquella abogada debía pensar que “los que cobramos prestaciones somos una especie de parásitos que estamos buscando un agujero en las políticas sociales para poder vivir cómodos”.

“A ojos de la sociedad somos personas pobres, somos los de las paguitas. Ya no sabemos qué más hacer, como no sea lanzarnos a la calle a manifestarnos”

“A ojos de la sociedad somos personas pobres, somos los de las paguitas”, reflexiona por su parte Ana, quien, tras años de apoyo mutuo, de informarse y de organizarse, afirma: “Ya no sabemos qué más hacer, como no sea lanzarnos a la calle a manifestarnos”. Le desanima sentir que no van a tener apoyo social, ella también se topa con este discurso del “ponte a trabajar” en las redes. “Mi respuesta siempre es una pregunta: ‘Vamos a ver, ¿has usado una guataca en tu vida? Si no la has usado y no sabes lo que es, entonces tampoco sabes lo que es trabajar de verdad’”, afirma rotunda, en referencia a la azada que estuvo usando para limpiar los efectos de la erupción volcánica de la Palma en 2021. Normalmente le sirve para callar a los trolls.

Lo que ve que no sirve es tanta retórica: “Tenemos un Gobierno con una muy buena oratoria, pero nada de lo que dicen se lleva después a la práctica”. Considera que si el Estado no se hace responsable de garantizar una vida digna a las personas, la situación se va a volver insostenible, tendiendo la sociedad a los extremos. “Yo la extrema derecha no la quiero volver a vivir, que ya viví el franquismo, pero tampoco estoy de acuerdo con ir ocupando casas”, puntualiza, antes de añadir: “por ley, se debería de procurar vivienda a cada persona”.

El abogado de la Oficina Jurídica estima que el problema es que el IMV no se diseñó pensando en la gente pobre. “La norma está pensada desde un despacho, por una persona [Escrivá] que actualmente es Gobernador del Banco de España. Con los criterios que está pensada, solo puede servir para producir pobreza, no para salir de ella”.  Si, como defiende Rois, la norma no está pensada para las personas empobrecidas, surgen dos problemas para quien percibe este ingreso: uno, que es pobre y dos, que lo va a seguir siendo, que la norma le va a imponer una deuda antes o después con el Estado”. Por su parte, la derecha viene con su propio proyecto: en septiembre el PP anunciaba que destinaría el IMV solo a la gente que ha cotizado. “Si la alternativa de la derecha consiste en demonizar aún más a la gente pobre y en ser más aporofóbica, pues estamos entre mal y muy mal”, lamenta el activista de la OJDS.